En respuesta a las restricciones del gobierno nacional sobre las comunidades migrantes, el encuentro «Territorios Migrantes» reunió a funcionarios provinciales y municipales en La Plata para unificar criterios y políticas de inclusión territorial.
El pasado mes de abril, la ciudad de La Plata fue sede del encuentro «Territorios Migrantes», una iniciativa impulsada por el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para fortalecer la coordinación entre organismos provinciales, municipios y organizaciones de la sociedad civil en materia migratoria. La apertura estuvo a cargo de Juan Manuel Padín, Subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, y la jornada se estructuró en tres paneles: el modelo de gestión provincial, el rol de los gobiernos locales como garantes de derechos y las redes estratégicas para la protección de derechos de la población migrante.
El encuentro tuvo lugar en un contexto de retroceso en la política migratoria nacional. El DNU 366/25, puesto en vigencia en mayo del año anterior, modificó la Ley Nacional de Migraciones 25.871, multiplicando los obstáculos para regularizar la situación documentaria y profundizando una lógica de securitización que empuja a las personas migrantes a la irregularidad. Frente a ese escenario, la provincia de Buenos Aires sostiene una apuesta diferente orientada a construir respuestas articuladas, con perspectiva de derechos y anclaje territorial. Para conocer los alcances y desafíos de esta iniciativa, dialogamos con Micaela Palacios, socióloga y Directora de Asuntos Consulares del Ministerio de Gobierno.
—Qué es la Mesa Interministerial de Migraciones, cuándo surgió y cada cuánto se realizan estos encuentros?
La Mesa Interministerial de Migraciones es un espacio que se impulsó en 2022 para ordenar y fortalecer el trabajo que ya se venía haciendo en distintas áreas de la gestión provincial. Ese mismo año también se había decidido crear un área específica, la Dirección de Migraciones Internacionales, hoy Dirección de Asuntos Consulares, entendiendo que hacía falta un equipo especializado que pudiera dedicarse a este tema y a construir líneas de trabajo que acorten las brechas en el acceso a derechos de estas comunidades. Su funcionamiento es sostenido, con reuniones periódicas y, hace dos años, organizamos el trabajo en comisiones con encuentros mensuales. Eso nos permitió avanzar en líneas más concretas y fortalecer la coordinación. Todo esto entendiendo que, si bien las personas migrantes tienen trayectorias diversas, por su condición de migrantes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad. Si bien la migración es un tema transversal a todos los organismos provinciales, la Mesa nos permite tener una mirada común y, sobre todo, construir respuestas articuladas entre los distintos organismos. Esto último es especialmente importante en la actualidad, por el contexto en el que nos encontramos: fuerte ajuste a nivel nacional, reforma migratoria mediante el DNU 366/25 y un aumento de discursos que estigmatizan a la población migrante. En definitiva, la Mesa Interministerial de Migraciones no es solo un espacio de coordinación técnica, es una definición política: abordar la migración de manera transversal, articulando áreas, líneas de trabajo y una perspectiva unificada de la gestión provincial.
—¿Cómo pensaron el encuentro «Territorios Migrantes»? ¿Qué dimensiones sociales y políticas incluyeron como prioritarias y qué temas quedaron afuera?
El espacio «Territorios Migrantes» surgió a finales de 2024, a fin de profundizar el trabajo conjunto con los municipios. Para poder garantizar derechos y atender las urgencias que este contexto trae, entendemos que la gestión tiene que ser necesariamente multinivel. Es decir, no alcanza con el trabajo provincial si no hay articulación real con los municipios y también con las organizaciones de la sociedad civil. Esta jornada, en particular, se pensó como un espacio de intercambio entre los equipos provinciales de la Mesa Interministerial de Migraciones, los y las referentes municipales en materia migratoria e instituciones que vienen trabajando en el tema. En un escenario donde están creciendo las situaciones de vulnerabilidad en múltiples sentidos, con un fuerte giro restrictivo en materia migratoria, el Encuentro estuvo enfocado en fortalecer herramientas concretas para intervenir en el presente y mejorar la capacidad de respuesta del Estado a nivel provincial y local.
—¿Podrías describir el objetivo de cada una de las tres mesas (Gestión, Gobiernos Locales y Redes)? Contanos cómo fue el desarrollo de las mismas.
El objetivo de las tres mesas fue poner en común lo quecada equipo viene haciendo, profundizar las líneas de coordinación y avanzar en el diseño de estrategias conjuntas en este contexto. A partir de ese objetivo general definimos tres ejes que responden a temas muy concretos de gestión y gobernanza, y que se corresponden con cada una de las mesas de diálogo: la coordinación interministerial a nivel provincial, con aportes de funcionarios del Ministerio de Salud, el Ministerio de Comunicación Pública y la Dirección Provincial de Estadística; el rol de los gobiernos locales, a partir de las experiencias de Avellaneda, Quilmes y Moreno; y el fortalecimiento de redes estratégicas, con aportes clave de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Esto permitió un diálogo entre quienes abordan problemáticas similares y, desde ahí, recuperar fortalezas, experiencias como «buenas prácticas» a replicar y también desafíos o dificultades. La participación fue muy amplia y las tres instancias fueron profundamente enriquecedoras. En este contexto, encontrarnos, compartir herramientas y construir estrategias comunes también es una forma de fortalecer redes de inclusión y resistencia frente a discursos y políticas cada vez más restrictivas.
—¿Qué se espera lograr con esta iniciativa a corto y mediano plazo?
A corto y mediano plazo, el objetivo es consolidar herramientas de trabajo y coordinación que nos permitan dar respuestas cada vez más integrales frente a este contexto, por demás preocupante. Este Encuentro funciona, al mismo tiempo, como síntesis de un proceso de trabajo que venimos construyendo hace años y como punto de partida para profundizar nuevas líneas de acción en un escenario especialmente complejo para la población migrante. En el corto plazo, buscamos fortalecer los canales de intercambio entre Provincia, municipios y organizaciones, compartir herramientas de gestión y mejorar la capacidad de acompañamiento frente a situaciones concretas que aparecen todos los días en el territorio. Y en el mediano plazo, el desafío es consolidar políticas públicas sostenidas que permitan reducir brechas de acceso, fortalecer la presencia del Estado y seguir construyendo una política migratoria basada en derechos, inclusión y trabajo territorial, incluso en un contexto nacional cada vez más restrictivo.
—Desde tu formación como socióloga y tu rol en la gestión, ¿cuáles considerás que son los problemas y obstáculos más urgentes que enfrentan hoy las migraciones en la provincia?
Hoy hay una decisión muy clara del gobierno nacional de profundizar una política de securitización, persecución y restricción, importando una lógica migratoria al estilo Trump. Eso se expresa no solo en discursos estigmatizantes hacia la población migrante, sino también en medidas concretas que empujan a miles de personas migrantes a la irregularidad y a situaciones de mayor vulnerabilidad. La reforma migratoria del año pasado implicó un retroceso profundo en materia de derechos, endureciendo requisitos, desconociendo la realidad de los y las migrantes, y multiplicando obstáculos para acceder a una residencia. Además, el DNU 366 no solo modificó la Ley de Migraciones, sino también normativas vinculadas a educación y ciudadanía. En la práctica, regularizar la situación documentaria es cada vez más difícil. Aumentó la discrecionalidad en la aplicación de los criterios, se piden requisitos distintos en situaciones similares y eso genera incertidumbre, desinformación y miedo. La lógica es tenebrosa: primero se dificulta la regularización y después se utiliza esa misma irregularidad como argumento para justificar políticas de control y persecución. Todo esto, además, está acompañado por una fuerte proliferación de discursos y mitos que buscan responsabilizar a las personas migrantes por problemas como la inseguridad o el desempleo, cuando en realidad esos problemas están profundamente vinculados al contexto de ajuste económico y deterioro general de las condiciones de vida. Esa construcción discursiva después se traduce en un aumento de los operativos de control y permanencia, con una hiperespectacularización y con fuerte presencia de fuerzas federales, en una lógica que remite claramente al modelo del ICE estadounidense. Frente a ese escenario, el desafío en la Provincia es fortalecer las herramientas de acompañamiento, regularización y acceso a derechos, para que los y las bonaerenses migrantes no queden solas frente a políticas que buscan empujarlas a la exclusión.
—¿Cuáles son, a tu criterio, las políticas actuales más inclusivas que se están implementando hoy en territorio bonaerense para la población migrante?
Las políticas que venimos impulsando en la provincia de Buenos Aires se organizan, principalmente, en cinco ejes de trabajo, que apuntan a fortalecer las herramientas de inclusión y acceso a derechos para la población migrante en el territorio bonaerense. El primero es la formación y sensibilización en áreas estratégicas de la gobernanza migratoria, particularmente salud y educación. En un contexto, como venimos mencionando, de desinformación y retroceso en materia de derechos, trabajamos en la formación de equipos provinciales para fortalecer una perspectiva de derechos, mejorar las herramientas de atención y garantizar prácticas inclusivas y libres de discriminación. En esa misma línea, también impulsamos junto con el IPAP (Instituto Provincial de la Administración Pública) instancias de formación abiertas para aportar a la discusión pública y desmontar discursos de odio, desinformación y mitos sobre las migraciones. El segundo eje es el fortalecimiento de la Mesa Interministerial de Migraciones como ámbito permanente de coordinación entre organismos provinciales para dar respuestas integrales. El tercero está vinculado con las herramientas de información y acompañamiento para la población migrante. En esa línea desarrollamos el Newsletter Infomigrante y el IVR de Asistencia Migrante en la línea 148, que brinda orientación sobre trámites migratorios y articula derivaciones con municipios en caso de requerirse atención presencial. El cuarto eje apunta al acompañamiento y fortalecimiento de los equipos municipales, que son quienes sostienen gran parte de la atención cotidiana. Ahí trabajamos especialmente en el seguimiento de casos complejos y en garantizar el acceso a la regularización documentaria, entendiendo que acceder a una residencia y al DNI es también acceder al derecho a la identidad. A su vez, también brindamos formación sobre migraciones para estos equipos. Y el quinto eje se refiere al trabajo territorial, coordinando abordajes junto a distintos organismos provinciales y consulados para acceder servicios y respuestas concretas a aquellos barrios donde viven las comunidades migrantes.
—¿Participaron personas migrantes del encuentro?
—Sí, hubo compañeras migrantes participando del encuentro. Si bien fue una instancia institucional, muchas de las referentes que forman parte de estos espacios, sobre todo de gestión, son migrantes o hijas de migrantes. En muchos casos, además, se trata de mujeres con una larga trayectoria personal, militante y de gestión en el tema, que han sido parte de debates clave, como la sanción y defensa de la Ley 25.871, y de la creación de las primeras áreas migratorias en municipios bonaerenses. Esas trayectorias y recorridos aportan una mirada clave para pensar y diseñar las políticas públicas.
—¿Qué particularidades y desafíos específicos tiene el hecho de ser mujer y migrante en el contexto actual?
—Ser mujer y migrante implica estar atravesada por múltiples desigualdades al mismo tiempo. No es solo la condición migratoria, sino cómo se cruza con el género, y también con procesos de racialización y de clase. Hoy sabemos que cada vez más mujeres migran de manera autónoma, y eso es un dato importante. Pero al mismo tiempo, muchas se insertan en sectores laborales muy precarizados, como el trabajo de cuidado o doméstico, y están más expuestas a situaciones de informalidad, discriminación y violencia. Por eso es clave pensar la gestión desde una perspectiva interseccional: entender que no todas las personas migrantes atraviesan las mismas condiciones, y que las mujeres migrantes, en particular, suelen enfrentar mayores niveles de vulnerabilidad. En el contexto actual, además, esto se agrava por la proliferación de discursos estigmatizantes, donde muchas veces se combinan xenofobia, racismo y desigualdades de género.
—¿Qué impresión te dejó el encuentro «Territorios Migrantes»?
El encuentro «Territorios Migrantes» nos dejó un diagnóstico y una tarea muy claros. Por un lado, la necesidad de seguir encontrándonos y fortaleciendo estos espacios de diálogo y articulación multinivel. Y por otro, la urgencia de profundizar líneas de trabajo que den respuesta a este contexto. El desafío es concreto: ser escudo y red, de manera coordinada, frente a los discursos discriminatorios y las políticas restrictivas, y seguir construyendo una gestión que garantice derechos. Pero también empezar a pensar y construir una alternativa a futuro que nos permita dejar atrás esta etapa de exclusión, persecución y retroceso en materia migratoria que hoy encabeza el gobierno de Milei.
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Docente en Historia. Nacida y criada en el norte del conurbano bonaerense. De raíces familiares francesas e italianas.
