El endurecimiento de los requisitos migratorios amplió las barreras para acceder a la residencia regular en Argentina. Frente a los nuevos obstáculos impuestos desde el Estado, las comunidades migrantes sostienen desde hace décadas redes propias de asistencia y organización. Tal es el caso del Club Deportivo Paraguayo.
El acceso a la ciudadanía es un derecho fundamental para las personas migrantes. Sin embargo, las trabas burocráticas no adecuadas a la realidad de la mayoría de quienes migran y los altos costos económicos dificultan la regularización de la residencia. Ante la falta de respuestas estatales, históricamente, las comunidades organizadas tejen redes de apoyo mutuo.
Un joven de 23 años llegó desde Panamá con el objetivo de jugar al fútbol en Argentina. Ese sueño se cumplió cuando se incorporó al plantel del Club Deportivo Paraguayo. Pero al no tener regularizada su situación migratoria, ese anhelo se pausó. El club intentó colaborar. El presidente de la institución, Salomón Ramírez, diseñó una estrategia para protegerlo. Viajó con el futbolista a Uruguay para luego reingresar y tener así tres meses de gracia, ya que la residencia precaria tiene una validez de 90 días corridos. El objetivo era ganar tiempo para tramitar la radicación.
El proceso fue largo, pero finalmente, el futbolista obtuvo su residencia. Esta historia real tiene casi 30 años —se protege la identidad del protagonista— y es la historia de muchas personas en la actualidad. Porque la situación no mejoró; al contrario, las barreras burocráticas y económicas que enfrentan las personas migrantes se han acrecentado en los últimos años, con la llegada al gobierno de Javier Milei.
La organización comunitaria como resistencia
La historia del futbolista y el rol del Club Deportivo Paraguayo introduce un eje central de esta trama: la importancia de la organización comunitaria para la defensa de derechos y la preservación de la cultura. Fundado en 1961 por un grupo de exiliados paraguayos que huyeron de la dictadura de Stroessner, se convirtió en uno de los pilares de la colectividad paraguaya. Si bien su actividad principal está centrada en el fútbol, también desarrolla actividades culturales, tales como charlas sobre la historia de Paraguay, y presentaciones de libros, entre otras cosas.
La colectividad paraguaya es una de las comunidades más organizadas del país. El censo nacional realizado el 27 de octubre de 2010 —día del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, quien impulsó una legislación que cambió el paradigma migratorio pasando del de la seguridad nacional al de derechos humanos— registró 550.713 personas de origen paraguayo residiendo en el país, aunque la cifra bajó a 522.598 en el censo de 2022. Actualmente, las proyecciones estadísticas que cruzan los datos censales con los registros de radicación de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) estiman que el número real de residentes de la «nación guaraní» se ubica entre los 720.000 y 750.000 habitantes. Quienes no acceden a la documentación formal a veces caen en redes que venden documentos apócrifos, ya que el trámite tiene sus vericuetos.
El proceso de radicación exige que la persona registre su ingreso a Argentina por un paso habilitado antes de tramitar su condición de permanencia ante la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Las opciones legales son la residencia transitoria, aplicada a estancias cortas como turistas sin fines de arraigo; la residencia temporaria, que otorga un plazo de uno a dos años bajo subcategorías como estudiante o el criterio de nacionalidad MERCOSUR; y la residencia permanente, el estatus definitivo alcanzado por vínculos familiares o tras dos años de residencia continua. Durante el análisis del trámite en el sistema RADEX (Radicación a Distancia de Extranjeros), el Estado emite una residencia precaria por 90 días que otorga legalidad laboral provisoria.
En la plataforma RADEX, se crea un usuario y se abonan las tasas migratorias y del Documento Nacional de Identidad (DNI). Luego, se debe adjuntar la documentación digitalizada: pasaporte o cédula vigente, antecedentes penales apostillados de su país y de Argentina, comprobante de domicilio y la estricta acreditación de «medios de vida lícitos» (ingresos formales). Una vez validados estos datos preliminares, el sistema emite una residencia precaria de 90 días. Finalmente, el solicitante asiste a una cita presencial para la toma de datos biométricos, obteniendo la aprobación de su residencia y la posterior emisión de su DNI físico.
Para colaborar en todo este recorrido, las comunidades organizan sus propias redes de asistencia. La Iglesia Católica, los clubes deportivos, organismos municipales y las asociaciones de residentes brindan asesorías para acceder a la documentación.
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Las cambiantes políticas migratorias en Argentina
La migración hacia la Argentina tiene una larga historia de políticas cambiantes. A finales del siglo XIX, el Estado promovió activamente el asentamiento de personas de origen europeo. En la década de 1970, el debate sobre la regularización ya estaba presente en la agenda pública. En ese contexto, el Director de Migraciones del tercer gobierno peronista, Lelio Mármora, planteó la problemática de las personas en situación de irregularidad desde una perspectiva inclusiva. La respuesta política de la época fue ordenar la regularización inmediata de forma sencilla.
Son las personas migrantes de países no limítrofes quienes enfrentan los mayores obstáculos administrativos. Quienes provienen de naciones del Mercosur tienen, teóricamente, mayores facilidades de radicación. Sin embargo, las crisis económicas locales suelen utilizarlas como chivos expiatorios, sumado a los discursos estigmatizantes que acusan a las personas migrantes de colapsar la salud pública, la educación universitaria o quitar puestos de trabajo.
La columna vertebral de la política migratoria es la Ley N° 25.871 (sancionada en 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner), que establece que la migración es un derecho humano y garantiza el acceso universal a la salud y la educación. Pero el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 del gobierno de Milei introdujo un enfoque centrado en el control, la selectividad económica y el endurecimiento de las condiciones de permanencia.
Con esta decisión ejecutiva, la Dirección Nacional de Migraciones ha convertido en un requisito estricto la acreditación de «medios económicos suficientes» independientes para acceder o mantener residencias. La falta de criterios claros da lugar a interpretaciones restrictivas, afectando a quienes trabajan en la informalidad o la economía popular, derivando muchas veces en conminaciones a hacer abandono del país. También se acotó el otorgamiento de residencia permanente para quienes demuestren haber residido de forma continua durante al menos dos años o realicen inversiones de relevancia.
Además, los migrantes en Argentina enfrentan severas trabas económicas debido al impacto indexatorio de la Unidad de Medida de Servicios Migratorios (UMSM), implementada para actualizar las tasas de radicación de forma periódica con una base inicial de $1.000. Bajo el vigente DNU 366/2025, el trámite base cuesta 50 UMSM ($50.000) para países del Mercosur, y 100 UMSM ($100.000) para el resto, sumado a los $20.000 del Documento Nacional de Identidad (DNI). Estas cifras, multiplicadas al legalizar documentos de origen, asfixian a quienes tienen un empleo no registrado —situación que alcanza entre el 45 % y el 51 % de la población extranjera— , según datos del informe «La población migrante en el mercado laboral argentino» del año 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Al no poder bancarizar ingresos o demostrar «medios de vida lícitos», las personas migrantes quedan excluidas de la regularidad, debiendo también pagar un seguro de salud obligatorio para no ser aranceladas en hospitales públicos.
Además del costo financiero, los requisitos administrativos aumentaron de forma considerable. Se exige demostrar un ingreso por frontera habilitada, es decir, que la persona ingrese al territorio nacional únicamente a través de los pasos internacionales oficialmente autorizados por el Estado (aeropuertos, puertos marítimos o fluviales, y puentes o pasos terrestres fronterizos). A eso se suma que deben declarar datos familiares detallados, y que se requiere un domicilio postal exacto para el envío del DNI. Esto dificulta el trámite para quienes habitan en barrios populares por las dificultades para identificar las direcciones.
Organizados para defender derechos
A Salomón Ramírez («Salo», como le apodan cariñosamente) hoy le tocó la responsabilidad de ser vicepresidente del club. Desde su experiencia acompañando situaciones como las del futbolista panameño, afirma que «obtener un documento, una regularización, significa tener una identidad legal en el país y también derechos y obligaciones».
Las organizaciones trabajan bajo la consigna de que migrar es un derecho humano fundamental, y que, para garantizarlo, el Estado debe transformar su modelo de inserción de las personas migrantes. Si las trabas se mantienen, Argentina dejará de ser un destino viable para las personas que buscan construir un nuevo futuro.
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Esta nota fue elaborada con la asistencia de Chatbot Migrante, la herramienta de inteligencia artificial generativa de Refugio Latinoamericano para la producción de notas periodísticas, a partir del reporte de su corresponsal. El contenido fue revisado y editado por el equipo editorial antes de su publicación.
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