La Eurocámara avaló el Reglamento de Retornos con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. El texto habilita centros de deportación en terceros países y amplía la detención migratoria muy por encima de los límites vigentes. España votó en contra y más de 250 organizaciones de derechos humanos anticipan «agujeros negros» en materia de derechos humanos.
El Parlamento Europeo respaldó este miércoles, en su sede de Estrasburgo, el Reglamento de Retornos, en una votación que sumó 418 apoyos, 218 rechazos y 30 abstenciones. Celebrado con casi un minuto de aplausos por la derecha y la extrema derecha —que coreó «Send them back»— y respondido con gritos de «Shame on you» desde la izquierda, el texto aprobado consolida la externalización de la política migratoria de la Unión Europea con el objetivo de acelerar las expulsiones.
La reforma faculta a los Estados miembros a trasladar a personas en situación irregular hacia instalaciones gestionadas fuera del territorio europeo, centralizando los procesos de expulsión de quienes no obtengan protección internacional. Sustituirá a la directiva de retorno vigente desde hace casi dos décadas.
Qué establece la nueva normativa
La norma permite trasladar a personas con resoluciones de expulsión vigentes a los denominados centros de retorno, que se instalarán en territorios de países ajenos a la Unión Europea que acepten albergarlos mediante acuerdos bilaterales previos. Estos espacios podrán operar como destino final o como centros de tránsito hacia el país de origen u otro tercer Estado, incluso cuando la persona expulsada no tenga ningún vínculo con el Estado al que sea enviada.
Las infancias no acompañada quedan expresamente excluida de estos traslados. Las familias con niñas y niños, en cambio, sí podrán ser recluidas, un punto que desató una ola de críticas de organizaciones humanitarias. Las personas adultas afectadas por estas órdenes estarán obligadas a cooperar plenamente con las autoridades durante todo el procedimiento, bajo amenaza de sanciones más severas.
El reglamento amplía además, de forma sustancial, los plazos de privación de libertad respecto del marco vigente. La detención por falta de cooperación, riesgo de fuga o amenaza a la seguridad podrá fijarse en 24 meses y prorrogarse seis meses adicionales, hasta un máximo de 30 —muy por encima del techo de la directiva que esta norma deroga—. El texto también eleva los vetos de entrada de cinco a diez años, con posibilidad de prohibición permanente, y elimina la suspensión automática de las órdenes de expulsión mientras se resuelven las apelaciones. Las instituciones europeas sostienen que los acuerdos solo podrán cerrarse con países que respeten el principio de no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución o tortura.
Alianzas estatales y aplicación
La mayoría se formó con el Partido Popular Europeo (PPE), el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), las formaciones de ultraderecha Patriotas por Europa y Europa de Naciones Soberanas (ESN), y parte del grupo liberal Renovar Europa. Los socialistas y la izquierda votaron mayoritariamente en contra.
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El reglamento da además cobertura legal a modelos de externalización ya existentes, como el acuerdo firmado por Italia con Albania. En el plano operativo, y según el comunicado del propio Parlamento Europeo, cinco Estados —Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia— ya negocian de forma conjunta con terceros países el establecimiento físico de estas instalaciones. La normativa exige que, antes de ponerlas en marcha, las autoridades nacionales informen a la Comisión y al resto de los Estados miembros.
El gobierno de España formalizó su oposición ante la Unión Europea mediante un documento crítico presentado el 11 de junio. A través del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuestionó la proporcionalidad jurídica de retener a personas en situación irregular por plazos superiores a los previstos para delitos graves. Si bien el texto aún no es ley, deberá ser adoptado formalmente por el Consejo de Ministros de Interior y publicarse después en el Diario Oficial de la Unión Europea antes de entrar en vigor. Una vez completado ese trámite, algunas disposiciones —entre ellas las relativas a los centros de retorno, la evaluación de la edad de los menores y la dimensión exterior de los retornos— se aplicarán sin el período de transición de doce meses previsto para el resto de la norma.
Advertencias de la sociedad civil y el impacto en derechos humanos
Más de 250 organizaciones defensoras de los derechos humanos firmaron un pronunciamiento conjunto en el que denuncian el carácter punitivo del paquete legislativo, al considerar que las instituciones europeas convirtieron la criminalización, la vigilancia y la discriminación en herramientas por defecto de la gobernanza migratoria, en contraposición a la protección y la inclusión social. Sus objeciones apuntan a detenciones prolongadas, expulsiones a países sin vínculo real con la persona y dificultades para garantizar asistencia jurídica y control independiente. Diversos juristas y eurodiputados especializados coinciden en calificar el texto como la normativa migratoria más restrictiva en la historia de la Unión; el Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea, por su parte, anticipó que lo impugnará ante los tribunales europeos por vulnerar la Carta de Derechos Fundamentales.
La eurodiputada de Sumar y extitular de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, advirtió al medio español El Salto que la normativa no contempla ningún mecanismo de supervisión de los derechos humanos y que el objetivo es alejar la mirada pública de lo que ocurra en esos centros. La eurodiputada sostuvo que se están creando «agujeros negros de derechos», donde la capacidad europea de denuncia será mínima, y alertó sobre la posibilidad de repetir las imágenes de niñas y niños detenidos por la policía migratoria que ya se ven en Estados Unidos con el ICE.
En la misma línea, la eurodiputada neerlandesa Tineke Strik, especialista en Derecho de Ciudadanía y Migración, señaló que el reglamento impone numerosas obligaciones a las personas migrantes y a sus países de origen, pero casi ninguna a los Estados miembros, y que la transferencia inmediata de responsabilidad hacia terceros países puede dejar a las personas atrapadas en un limbo legal o en una detención indefinida. Para los defensores de derechos humanos, los centros externalizados corren el riesgo de convertirse en «Guantánamos migratorios» fuera de todo control judicial.
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