La externalización del control migratorio se impone como un modelo global que prioriza el control fronterizo sobre las personas migrantes en detrimento de los derechos humanos. Bajo acuerdos opacos y discursos de cooperación, Estados Unidos y la Unión Europea trasladan sus políticas migratorias a países del sur global, generando represión, corrupción y violencia estructural. Este sistema, financiado con fondos públicos, no solo detiene los desplazamientos: multiplica el sufrimiento de quienes migran.
El muro ya no está solo en la frontera entre México y Estados Unidos. Hoy también se extiende por el río Suchiate, atraviesa los retenes de Chiapas y se ramifica por los ríos y montañas de Guatemala y Honduras. Con esa imagen comienza el informe “Externalización: caos, corrupción y control migratorio bajo la apariencia de cooperación europea”, publicado por la Fundación porCausa en abril de 2024. El informe documenta cómo algunos de los gobiernos más poderosos del norte han desplegado una política sistemática de externalización del control migratorio.
Dicha estrategia consiste, básicamente, en delegar la gestión de sus fronteras a países de tránsito —especialmente en países del sur global— mediante mecanismos de contención financiados con fondos públicos y presentados como cooperación internacional. Las consecuencias de estos acuerdos son devastadoras para los derechos humanos.
Desde hace muchos años los países más poderosos del mundo invierten millones de dólares para externalizar sus fronteras. En la actualidad, existen claros paralelismos entre las políticas migratorias de Estados Unidos en América Latina y los recientes acuerdos entre la UE y regímenes de Medio Oriente y el norte de África, como los firmados con Túnez, Egipto y Líbano.
En esta nota, tomando como marco de referencia el informe de porCausa, buscamos ofrecer un panorama actualizado de este fenómeno global, que ha adquirido nuevas y preocupantes dimensiones en lo que va de 2025, especialmente tras el retorno de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. y del anuncio del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) de la Unión Europea (UE).
Represión, militarización y racismo
En este modelo, la contención no solo es policial: también es militar y racista. Las personas migrantes —especialmente las negras, indígenas y LGBTIQ+— enfrentan perfiles raciales, violencia sexual, detenciones arbitrarias y expulsiones sumarias, muchas veces sin acceso a asilo ni asistencia legal.
Dicha estrategia consiste, básicamente, en delegar la gestión de sus fronteras a países de tránsito —especialmente en países del sur global— mediante mecanismos de contención financiados con fondos públicos y presentados como cooperación internacional. Las consecuencias de estos acuerdos son devastadoras para los derechos humanos.
En Marruecos, se ejecutan redadas masivas y desplazamientos forzosos hacia el sur, una estrategia replicada en México, donde migrantes centroamericanos y caribeños son perseguidos, detenidos y deportados. En América Central, países como Panamá, Costa Rica y Honduras han sido convertidos en depósitos migratorios a pedido de Estados Unidos, recibiendo expulsados sin que estos siquiera pudieran solicitar asilo.
En El Salvador, el caso más alarmante ha sido la reciente reclusión de migrantes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel gestionada por el gobierno de Nayib Bukele que destinó parte de sus instalaciones para las políticas de deportación del gobierno de Donald Trump. Estos acuerdos han sido severamente cuestionados por distintos organismos de derechos humanos a nivel internacional.
En Europa sucede algo similar. A partir de 2023, la Unión Europea ha firmado acuerdos migratorios con Túnez, Egipto y Líbano, países que no garantizan derechos mínimos y carecen de marcos legales sólidos. La Italia de Giorgia Meloni firmó un acuerdo con Albania para trasladar allí centros de detención migratoria fuera del territorio de la UE. Y paralelamente, España ha impulsado la construcción de centros similares en Mauritania, un país donde muchas personas migrantes —incluidos niños— son abandonadas en el desierto.
Negocio transnacional y cinismo legal
El informe de porCausa también denuncia la existencia de una Industria del Control Migratorio (ICM): un complejo entramado de empresas de seguridad, agencias públicas y proveedores tecnológicos que lucran con la vigilancia, detención y expulsión de personas en movimiento.
En este modelo, la contención no solo es policial: también es militar y racista. Las personas migrantes —especialmente las negras, indígenas y LGBTIQ+— enfrentan perfiles raciales, violencia sexual, detenciones arbitrarias y expulsiones sumarias, muchas veces sin acceso a asilo ni asistencia legal.
Tanto en Europa como en Estados Unidos, la lógica dominante es clara: si las personas migrantes no pisan suelo europeo o estadounidense, no hay obligación legal de protegerlas. Esto da lugar a las llamadas “fronteras verticales”, que empujan las políticas migratorias cada vez más al sur, trasladando la frontera efectiva lejos del territorio nacional.
En EE.UU., la administración Trump ha llevado esta estrategia al extremo, en el marco de su plan de llevar adelante la mayor deportación de inmigrantes de la historia de los Estados Unidos. Bajo la figura de externalización total, ha implementado expulsiones sin base jurídica explícita, apelando incluso a leyes arcaicas como la Alien Enemies Act de 1798. En algunos casos, los migrantes fueron subidos a aviones de forma exprés, antes de que las cortes pudieran emitir órdenes judiciales. En respuesta a una acción de la ACLU, un juez ordenó detener un vuelo ya en el aire, pero el gobierno ya había transferido la custodia a fuerzas salvadoreñas sin explicación legal válida.
El objetivo es claro: evitar cualquier tipo de responsabilidad judicial sacando las decisiones fuera del alcance de los tribunales estadounidenses, usando países terceros como pantalla legal. Esta tendencia también se ha consolidado bajo la administración Biden, que utilizó vacunas COVID-19 como moneda de cambio para presionar a gobiernos centroamericanos a actuar como gendarmes migratorios de Washington.
La situación de las rutas migratorias en lo que va de 2025
Según datos recientes publicados por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), durante el primer trimestre de 2025 se registró una disminución del 27 % en los cruces irregulares hacia la Unión Europea, con una caída especialmente marcada en la región de África Occidental (–34 %). En la ruta hacia Canarias, las llegadas se redujeron en un tercio respecto al año anterior, con 10.424 cruces registrados hasta marzo, y solo 977 durante abril. Las personas migrantes provenientes de Malí, Senegal y Guinea fueron las más numerosas.
Tanto en Europa como en Estados Unidos, la lógica dominante es clara: si las personas migrantes no pisan suelo europeo o estadounidense, no hay obligación legal de protegerlas. Esto da lugar a las llamadas “fronteras verticales”, que empujan las políticas migratorias cada vez más al sur, trasladando la frontera efectiva lejos del territorio nacional.
Otras rutas como la del Mediterráneo Oriental, Occidental y los Balcanes Occidentales también mostraron caídas importantes, aunque la del Mediterráneo Central sigue siendo la más utilizada, con 15.718 cruces en lo que va del año. En contraste, la ruta hacia el Reino Unido a través del Canal de la Mancha aumentó un 5 %, alcanzando los 18.120 intentos de ingreso.
Aunque las cifras muestran un descenso, no necesariamente implican una mejora del sistema ni menos presión migratoria. Según expertos y organismos de derechos humanos, estos descensos suelen estar vinculados a mayor represión, militarización y externalización, no a una mejora en las condiciones de vida en los países de origen. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) contabilizó 555 muertes en el mar entre enero y abril de 2025, una cifra más baja que en 2024, pero que sigue reflejando la peligrosidad extrema de las rutas marítimas. El año anterior fue el más mortífero registrado para las personas migrantes, con al menos 8.938 muertes en rutas migratorias a nivel mundial, siendo el ahogamiento la principal causa. Solo en julio de 2024 se registraron 1.130 personas muertas o desaparecidas.
Para la OIM, estas cifras reflejan una tragedia evitable y profundamente humana, producto de políticas que siguen priorizando el control por sobre la protección.
Un sistema violatorio de los derechos humanos
Pese a las cifras millonarias y los esfuerzos represivos, el modelo fracasa en su propio objetivo: detener la migración. En España, el colapso del sistema de asilo es evidente. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a fines de 2024 había más de 242.000 personas esperando una resolución de su solicitud de asilo, una cifra que refleja la arbitrariedad, lentitud e inhumanidad del sistema. A esto se suman los acuerdos de deportación con regímenes como el mauritano, que han permitido enviar a personas procedentes de países en guerra, como Malí, a situaciones de altísimo riesgo.
Este modelo no solo fortalece a los gobiernos más autoritarios y debilita la cooperación al desarrollo, sino que además viola de forma sistemática los derechos humanos. Aunque suele presentarse bajo el eufemismo de “cooperación técnica” o “gestión migratoria”, sus efectos concretos son la fragmentación institucional, el aumento de la represión interna y, en última instancia, la consolidación de una mirada deshumanizante sobre una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo.
La solución es clara. Y aunque la coyuntura actual lo haga parecer improbable, se trata de poner fin a la externalización a todos los fines, garantizar vías legales y seguras de migración, proteger a las organizaciones que asisten a personas en tránsito y asumir con honestidad las responsabilidades internacionales.
Mientras Estados Unidos, Europa y sus aliados convierten a países del sur global en paredes invisibles y centros de detención extraterritoriales, miles de personas siguen arriesgando su vida por el derecho a vivir con dignidad.
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