Johan Sebastián Durán Guerrero, un joven colombiano oriundo de Bucaramanga, murió el pasado lunes 13 de julio por los disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford, Maine. El agente —identificado esta semana como David Michael Brouillette, de 37 años— no llevaba cámara corporal y, según reconoció el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el joven no era la persona buscada. Su muerte, la segunda de este tipo en menos de una semana, llevó a ICE a suspender las detenciones vehiculares en todo el país. Sin embargo, el presidente Donald Trump revirtió esa decisión y exigió mantenerlas.
Johan Sebastián Durán Guerrero, un joven colombiano oriundo de Bucaramanga, murió el pasado lunes 13 de julio tras recibir los disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Biddeford, en el sur del estado de Maine, Estados Unidos. El hecho ocurrió pasadas las siete de la mañana, cuando el joven conducía hacia su trabajo y agentes federales intentaron detener su vehículo en el marco de un operativo migratorio que —según reconoció el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS)— no lo tenía a él como objetivo.
Su muerte reavivó el reclamo por la ausencia de controles sobre los operativos del ICE, derivó en una suspensión nacional de los controles y detenciones vehiculares de los agentes federales, aunque pocos días después, el presidente Donald Trump ordenó dar marcha atrás con esta medida, ya que según el presidente estadounidense, los agentes del ICE «están haciendo un gran trabajo».
Un operativo que no lo tenía como objetivo
Según la versión oficial del ICE y de la Fiscalía General de Maine, los agentes federales realizaban tareas de vigilancia para ubicar a una persona con una orden final de deportación cuando interceptaron el auto de Durán Guerrero —un sedán blanco que utilizaba para repartos— a metros de su vivienda. Las autoridades sostienen que el joven intentó huir y que el agente disparó al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública. Sin embargo, las imágenes de una cámara de seguridad cercana, obtenidas por la agencia de noticias Associated Press (AP), muestran un vehículo blanco desplazándose en círculos junto a la intersección antes de que un auto sin identificación (como suelen desplazarse los agentes federales) le bloqueara el paso.
Horas después del hecho, funcionarios del DHS confirmaron a legisladores de Maine —entre ellos el senador Angus King y la representante Chellie Pingree— que Durán Guerrero no era la persona buscada: la orden apuntaba a otra persona que habría salido de la misma vivienda.
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Una versión oficial que cambió con las horas
La reconstrucción de los hechos por parte de las autoridades se modificó en cuestión de horas, un punto que alimentó las sospechas de la comunidad. En un primer momento, según relató el senador King, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó que el agente había abierto fuego después de que el conductor intentara «usar su vehículo como arma». Más tarde, el DHS ofreció una versión pública distinta: sostuvo únicamente que Durán Guerrero «intentó huir» y que el agente disparó «temiendo por la seguridad pública», sin detallar por qué consideró que el joven representaba una amenaza.
Quién era Johan Sebastián Durán Guerrero
Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en septiembre de 2023 y vivía en Biddeford junto a su esposa y su hija. Antes de emigrar residía en el barrio La Victoria de Bucaramanga. Trabajaba en tareas de limpieza —en una clínica veterinaria, según su padre— y como repartidor para plataformas de reparto, alternando ambos empleos en jornadas extensas. Su padre, Omar Durán, lo describió desde Colombia como un hombre juicioso, cariñoso y disciplinado, con «muchos sueños por cumplir», y afirmó no comprender por qué las autoridades actuaron de esa manera contra un joven trabajador.
Las organizaciones locales de defensa de personas migrantes, como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (Maine Immigrants’ Rights Coalition), indicaron que el joven contaba con autorización de trabajo vigente y un número de Seguro Social, y que se presentaba de manera rutinaria ante las autoridades migratorias.
El DHS, por su parte, señaló que Durán Guerrero había ingresado de manera irregular y que pesaba sobre él una orden de deportación, y remarcó que la autorización de trabajo no equivale a un estatus migratorio regular.
El agente: un veterano con antecedentes de salud mental
Uno de los datos que emergió con mayor fuerza en los días posteriores fue la identidad del agente. Aunque las autoridades federales no lo identificaron oficialmente, el diario Portland Press Herald y la agencia AP lo señalaron como David Michael Brouillette, de 37 años, veterano del ejército estadounidense y reclutado recientemente por el ICE.
Su exesposa declaró a la prensa que él la llamó tras el hecho para admitir que había disparado y para pedirle que mintiera y «encubriera su reputación». Según su relato, revisó los videos del lugar y en ninguno se observa que el auto del colombiano embistiera al agente. Añadió que su exmarido arrastra un largo historial de problemas psiquiátricos y que en el pasado ya había alertado a superiores militares sobre su salud mental. Tras los hechos, el agente fue puesto en licencia administrativa, conforme al protocolo habitual en casos de uso de fuerza letal.
Brouillette, además, no llevaba cámara corporal, según confirmó el DHS. La ausencia de registro audiovisual propio de la agencia dejó la reconstrucción de los hechos en manos de cámaras de seguridad de comercios cercanos y de testimonios de vecinos, lo que profundizó los cuestionamientos sobre la transparencia del operativo. Tras este nuevo caso de uso de la fuerza letal, el DHS se comprometió a desplegar «rápidamente» cámaras corporales entre sus agentes a nivel nacional, una promesa que las organizaciones de derechos recibieron con escepticismo.
Horas después del hecho, cientos de personas se manifestaron en Biddeford y en una sede del ICE, donde hubo vigilias y protestas. En el lugar donde murió asesinado Durán Guerrero se formó un memorial improvisado con flores, velas y mensajes de apoyo a su familia, entre ellos carteles que reivindicaban el aporte de las personas migrantes a la ciudad. La delegación del Congreso de Maine exigió una investigación «completa, transparente y expedita».
Un patrón que se repite: el caso de Lorenzo Salgado Araujo
La muerte de Durán Guerrero ocurrió menos de una semana después de que un agente del ICE matara a Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador de la construcción mexicano de 52 años con unos 35 años de residencia en Estados Unidos, durante un control vehicular en Houston, estado de Texas, el 7 de julio. También en ese caso el DHS reconoció que la víctima no era el objetivo del operativo. Los acompañantes que viajaban en su camioneta disputaron la versión oficial, según la cual Salgado Araujo habría «convertido su vehículo en un arma». Su muerte figura entre las al menos nueve o diez ocasiones en que el ICE ha usado fuerza letal desde el inicio de la segunda gestión de Donald Trump.
Tras ambos hechos, el ICE ordenó a sus agentes suspender la mayoría de las detenciones vehiculares en todo el país. El «Zar de la frontera» de la Casa Blanca, Tom Homan, describió la medida como una «pausa breve» para revisar la seguridad de los agentes, y no como un cambio de política. Sin embargo, al día siguiente, el propio presidente Trump revirtió públicamente la decisión de su administración: sostuvo que las detenciones vehiculares son una de las herramientas más importantes del ICE en su ofensiva migratoria y exigió mantenerlas. La reversión evidenció tensiones dentro del gobierno, aunque el propio Homan la refrendó en las últimas horas.
La reacción desde Colombia
La Embajada de Colombia en Washington reclamó explicaciones al DHS y confirmó que brinda acompañamiento consular a la familia. El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó lo ocurrido como un «asesinato» en la red social X y sostuvo que el joven fue tratado como «un ser inferior sin derechos».
Los padres de Durán Guerrero viajaron a Bogotá para gestionar la repatriación del cuerpo hacia Bucaramanga. Asimismo, una campaña de recaudación creada por allegados en la plataforma de donaciones GoFundMe —destinada a cubrir gastos legales, funerarios y de repatriación— reunió el respaldo de miles de donantes en pocos días, con montos que, según medios colombianos, superaron los 600.000 dólares hasta el momento.
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