La medida, anunciada este sábado 20 de junio, busca restablecer el tránsito tras más de 50 días de bloqueos y protestas. Sin embargo, persisten varios puntos de corte vial pese a la declaratoria. Reportes de la Defensoría del Pueblo de Bolivia registran al menos 14 fallecimientos vinculados al conflicto, en su mayoría por falta de atención médica oportuna.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, decretó oficialmente el estado de excepción por noventa días en todo el territorio nacional, en un intento drástico por desactivar la crisis social que mantiene al país semiparalizado. La medida se adoptó tras cumplirse 51 días de intensos bloqueos de carreteras impulsados por movimientos sociales y sectores campesinos e indígenas, quienes exigen la renuncia del mandatario que asumió la jefatura del Estado el pasado noviembre. La decisión ejecutiva ordena el despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para restablecer el libre tránsito terrestre y mitigar el severo desabastecimiento de alimentos, combustibles, insumos médicos y oxígeno medicinal.
El decreto firmado por el primer mandatario establece la suspensión temporal del derecho a la libre circulación en rutas estratégicas de la nación, prohíbe de forma absoluta las asambleas en vías públicas y restringe las actividades nocturnas. Asimismo, las autoridades instruyeron la aplicación de la «Ley Seca» en las regiones geográficas intervenidas directamente por las fuerzas de seguridad. La Asamblea Legislativa Plurinacional refrendó la medida durante la madrugada. La sesión parlamentaria, en principio convocada en la noche del sábado, había comenzado en horas de la medianoche y concluyó a las dos de la madrugada con la aprobación de la medida excepcional.
A través de una alocución televisada difundida por su oficina de prensa, el jefe de Estado justificó la adopción de la decisión excepcional argumentando que su administración priorizó todos los mecanismos de diálogo y negociación antes de recurrir al uso legítimo de la fuerza estatal. Paz calificó las movilizaciones como una estrategia organizada de desestabilización política y un «golpe intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo» que atenta contra el nuevo ciclo político inaugurado tras el fin de la era del MAS.
La ruptura del frente de protesta y la persistencia de las protestas territoriales
La tensión interna alcanzó su punto álgido luego de que las organizaciones indígenas y las agrupaciones de productores cocaleros rechazaran un preacuerdo de pacificación refrendado el pasado viernes por los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), en la cual el primer mandatario se comprometió a no avanzar con la privatización de las empresas estatales mineras.. Los sectores campesinos desconocieron las resoluciones del principal sindicato obrero del país y ratificaron la continuidad de los piquetes viales permanentes. Debido a esto, agrupaciones como la Federación de Campesinos Túpac Katari mantienen bloqueados los accesos terrestres que conectan con la ciudad de La Paz.
Por su parte, las bases cocaleras sostienen firmes las barricadas en los caminos principales del departamento de Cochabamba. Los manifestantes, alineados con el expresidente Evo Morales, rechazan la orientación económica de la administración de Paz y exigen la dimisión del mandatario.
La crisis de desabastecimiento y el impacto en la economía
Las consecuencias más severas de la parálisis del transporte terrestre se concentran en el eje urbano de La Paz y El Alto. Los bloqueos impiden el ingreso regular de alimentos básicos, combustibles, medicamentos y también del oxígeno medicinal, un insumo crítico para el funcionamiento de los hospitales y centros de salud, cuya escasez eleva al máximo la vulnerabilidad de los enfermos.
De acuerdo con los informes oficiales de las autoridades sanitarias, 13 de las 16 muertes registradas durante este ciclo de protestas obedecieron a la falta de asistencia médica oportuna, dado que las ambulancias y transportes de emergencia no lograron sortear los bloqueos en las carreteras principales.
En el plano económico, las estimaciones difundidas por la presidencia de la nación sitúan los perjuicios materiales directos por encima de los 3.000 millones de dólares. Este colapso económico está provocando un incremento sostenido de los precios de la canasta alimentaria familiar y disparando los índices inflacionarios en todo el territorio nacional.
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