El país andino acumula cuatro semanas ininterrumpidas de protestas y bloqueos, con epicentro en La Paz. Apenas unos meses después de asumir, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta una conflictividad social en ascenso que responde más a sus propios errores políticos que a una estrategia de desestabilización opositora. El escenario se torna complejo por un combo crítico: una crisis económica de magnitud, un vicepresidente abiertamente disidente desde el primer día y una escalada represiva que preocupa. Sin una salida institucional a la vista, cobra fuerza la posibilidad de que el Ejecutivo recurra al estado de sitio.
Con bloqueos distribuidos en 58 puntos de siete departamentos, Bolivia atraviesa semanas de protestas y bloqueos de rutas que han puesto en jaque al gobierno del presidente Rodrigo Paz, el primer mandatario de centroderecha en dos décadas. Las medidas que tomó desde que asumió la primera magistratura del país andino en noviembre de 2025 derivaron en movilizaciones que hoy mantienen en vilo a la región: trabajadores que reclaman aumentos salariales, usuarios privados y transportistas afectados por combustible adulterado y campesinos e indígenas que exigen la anulación de una ley que afecta la posesión de sus tierras.
Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y sobrino nieto de Víctor Paz Estenssoro —una de las figuras centrales del histórico Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y primer presidente tras la Revolución Boliviana de 1952—, Rodrigo Paz está lejos de ser un outsider en la política boliviana. Sin embargo, los errores no forzados que cometió desde su asunción parecen cobrarle factura. Los acuerdos que tejió con las distintas fuerzas sociales que lo llevaron a la presidencia no se vieron reflejados en la conformación de su gabinete, y en buena medida esa falta de representación forma parte del malestar que hoy se expresa en las calles.
Las protestas concitaron la atención de toda la región y también a nivel internacional. En ese sentido, ocho países latinoamericanos —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú— emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación por la situación humanitaria y rechazando «toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático». El respaldo de Estados Unidos fue aún más explícito: el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró su apoyo «sin reservas» al gobierno de Paz, y fue más lejos al referirse a los manifestantes como «delincuentes y narcotraficantes» que buscan derrocar al gobierno.
El contrapunto vino de Colombia. El presidente Gustavo Petro calificó las movilizaciones como parte de una «insurrección popular» en respuesta a «la soberbia geopolítica» y expresó su solidaridad con los manifestantes. La respuesta del gobierno boliviano fue inmediata: expulsó a la embajadora colombiana Elizabeth García, abriendo una crisis diplomática que añade una nueva capa de tensión a un escenario ya sobrecargado. La polarización internacional replica, en clave regional, la misma polarización que atraviesa al país: quienes leen las protestas como una amenaza a la democracia y quienes las leen como una respuesta legítima al abandono de las mayorías populares.
El rol de Argentina añade otra arista internacional al conflicto. El gobierno de Javier Milei envió dos aviones Hércules C-130 a Bolivia: el gobierno argentino habló de asistencia humanitaria; la oposición boliviana denunció que transportaban material antidisturbios. La carga, sin embargo, no fue determinada de manera certera y derivó en un pedido de informes del diputado Juan Marino en el Congreso argentino, con referencias al envío de armamento que realizó el gobierno de Macri al régimen de Áñez en 2019.
Una crisis extendida y el perfil de las protestas
Para entender lo que ocurre hoy en Bolivia también es necesario retrotraerse al último mandato masista. Rodrigo Paz asumió en noviembre de 2025 con una economía debilitada, producto de años de deterioro acumulado durante el gobierno de Luis Arce Catacora. El país enfrentaba una inflación que entre enero y noviembre de 2025 alcanzó el 19,69%, muy por encima de las proyecciones oficiales, un déficit fiscal de doce años consecutivos y una retracción en las exportaciones de gas natural —el principal sostén de la economía boliviana— que cayeron un 34% entre enero y octubre de 2025. El propio Paz, al asumir, declaró que recibía un país «devastado» y con un «mar de deudas». Pero la herencia económica no alcanza para explicar todo: las primeras decisiones del nuevo gobierno —en particular la eliminación del subsidio a los combustibles, vigente por más de veinte años, aplicada de manera abrupta mediante un decreto— profundizaron el malestar social en un contexto de bolsillos que ya se encontraban golpeados. La crisis no fue creada directamente por Paz, pero sus errores la aceleraron.
Además del factor político, las protestas responden a múltiples motivaciones económicas que aúnan reclamos sectoriales de maestros, campesinos, indígenas de tierras bajas y trabajadores mineros. Las demandas por un nuevo aumento salarial —el gobierno de Paz había concedido en febrero un incremento del 20% en un contexto de inflación que cerró en 20% durante 2025— se intensificaron con el aumento de los combustibles. El abrupto fin de los subsidios energéticos, decidido por la nueva administración, se vio agravado por la distribución de combustibles adulterados o gasolina «basura» que afectaron al parque automotor, tanto a usuarios privados como a los trabajadores camioneros y unidades del transporte público. Frente a ese malestar generalizado, el gobierno respondió con una ayuda económica percibida como insuficiente y burocráticamente engorrosa para compensar las reparaciones de los vehículos dañados. Si bien el presidente Paz intentó apaciguar los ánimos con esta medida y culpabilizó por el desastre a una presunta red internacional dedicada al sabotaje de combustibles, la crisis golpeó a su gobierno y derivó en cambios de gabinete, al tiempo que se anunciaron nuevas medidas de fiscalización de los combustibles.
En este contexto, la Central Obrera Boliviana (COB) también expresa un fuerte rechazo al paquete de reformas e iniciativas de ajuste impulsado por el presidente Rodrigo Paz. Mientras la central sindical denuncia que este paquete legislativo representa un plan de privatización encubierta, la dirigencia mantiene congelada la posibilidad de un diálogo con el Ejecutivo hasta que se libere a los trabajadores detenidos durante las manifestaciones. En respuesta, el mandatario descartó de forma tajante los rumores sobre privatizaciones y aumentos de tarifas en el sector eléctrico, e instó a deponer de inmediato las medidas de fuerza.
A esto se sumó el rechazo a la Ley 1720, promulgada en abril pasado. Se trata de una normativa que permite convertir pequeñas propiedades en medianas para facilitar el acceso a créditos bancarios, algo que grupos indígenas y campesinos denuncian como un mecanismo para transferir tierras históricamente protegidas a bancos y empresarios. La ley establecía que, una vez realizada la reconversión, la propiedad cambiaba de categoría dentro del catastro agrario y quedaba sujeta a verificación de la Función Económica Social (FES) en un plazo de diez años. Para el Gobierno, la norma buscaba que pequeños productores pudieran financiar inversiones usando sus tierras como garantía. Pero para las organizaciones indígenas y campesinas, permitir que esas propiedades ingresaran plenamente al mercado financiero implicaba el riesgo de que terminaran hipotecadas, vendidas o absorbidas por sectores con mayor capacidad económica. Diversos sectores denunciaron además que la ley fue promulgada sin un proceso de diálogo, pese al peso político y constitucional que tiene el tema territorial en Bolivia.
En ese contexto, el rechazo derivó en movilizaciones en distintos departamentos. Una gran marcha de referentes indígenas de Beni y Pando recorrió cerca de 100 kilómetros durante aproximadamente un mes en dirección a La Paz, exigiendo la abrogación total de la norma. El 24 de abril, el Poder Ejecutivo intentó contener el conflicto mediante un acuerdo con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), con el fin de incorporar un nuevo artículo destinado a reforzar la protección de territorios colectivos e indígenas. De ahí que la Asamblea Legislativa aprobara una nueva norma que establece un plazo de 60 días para elaborar un nuevo marco normativo sobre las tierras con participación de los sectores involucrados, preservando expresamente la protección de las Tierras Comunitarias de Origen. Si bien la Ley 1720 fue finalmente abrogada el 13 de mayo pasado, el conflicto político y social no se cerró.
Lara, el vicepresidente que se declaró opositor desde el inicio
La crisis del gobierno de Paz no es solo externa. Desde el día siguiente a la investidura presidencial, la relación con su vicepresidente, Edmand Lara, comenzó a deteriorarse, y el quiebre se hizo público apenas semanas después de la asunción. En noviembre de 2025, Lara declaró a través de TikTok que «ya no forma parte del Gobierno» y calificó a Paz de «mentiroso». Luego fue más lejos: lo llamó «corrupto» y «hábil para engañar», y criticó a los ministros por «causar una convulsión social» al eliminar el subsidio a los combustibles.
La ruptura tiene una dimensión política concreta. Lara, excapitán de policía con perfil popular en redes sociales y referente principal del Partido Demócrata Cristiano (PDC), acusó a Paz de gobernar con personas a las que él mismo había criticado durante la campaña. «Se ha olvidado del discurso que aplicó en campaña y ahora está gobernando con los que él criticaba», señaló, en referencia al ministro de la Presidencia José Luis Lupo, a quien Paz criticaba durante los debates electorales. Lara anunció además un proyecto de ley para frenar los decretos presidenciales que considera inconstitucionales, entre ellos el que eliminó el subsidio a los combustibles y el que habilitó a Paz a ejercer funciones desde el exterior mediante medios digitales. El Gobierno, por su parte, ha optado sistemáticamente por minimizar las declaraciones del vicepresidente.
La fórmula Paz-Lara fue descrita por muchos analistas bolivianos como un «matrimonio político por conveniencia» que nunca tuvo bases programáticas sólidas. Las dos figuras se unieron poco antes del cierre de las listas —después de que el primer candidato a vicepresidente de Paz renunciara a la postulación— y desde el inicio operaron con agendas divergentes. Hoy, el vicepresidente, que también preside la Asamblea Legislativa (aunque no tiene mayoría propia en el parlamento), se ha convertido en uno de los principales focos de presión institucional contra el Ejecutivo, en un escenario donde Paz ya debe lidiar simultáneamente con la movilización social en las calles, las exigencias de la derecha conservadora de Santa Cruz y los reclamos de renuncia desde los movimientos campesinos e indígenas.
Desabastecimiento, represión y la amenaza del estado de sitio
Los bloqueos en La Paz y otros distritos han generado un severo desabastecimiento de alimentos y medicinas en al menos siete departamentos, profundizando el descontento social. Los históricos sectores conservadores de Santa Cruz le exigen al presidente Paz una salida militar al conflicto y le pusieron un plazo, que venció este mismo fin de semana (del 23 y 24 de mayo), y amenazaron con reprimir los bloqueos por cuenta propia si el Ejecutivo no actuaba.
En ese contexto, el gobierno apostó por la construcción de un corredor humanitario en la vía La Paz-Oruro mediante el operativo denominado «Banderas Blancas», una iniciativa que fracasó casi de inmediato. El operativo dejó como saldo la muerte confirmada de Víctor Cruz Quispe, un joven comunario de 24 años oriundo de Vilaque, en el departamento de La Paz. Los forenses certificaron que la causa de muerte fue una fractura de vértebra cervical por proyectil de arma de fuego. Quispe es la quinta persona fallecida en el contexto de las protestas, que se suma a los casos de un niño y tres mujeres que murieron por no recibir atención médica adecuada.
La noche del sábado, el vocero presidencial José Luis Gálvez había descartado públicamente la existencia de víctimas fatales y asegurado que las fuerzas del orden solo habían empleado gases lacrimógenos. Fue recién este lunes, tras la emisión del certificado de defunción del Hospital de Clínicas de La Paz y las declaraciones de la Fiscalía Departamental, que el propio Gálvez reconoció el deceso y reclamó una «investigación profunda». Ante la gravedad de los hechos, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto emitieron un comunicado conjunto exigiendo una investigación urgente, independiente y transparente.
En paralelo, el Senado aprobó la abrogación de la Ley Eva Copa (o Ley 1341), una normativa sancionada en 2020 que limitaba las facultades presidenciales para decretar medidas extraordinarias. Con respaldo mayoritario y la sola oposición de tres legisladores ligados al vicepresidente Lara, la Cámara Alta eliminó el control parlamentario previo y la obligatoriedad de fijar límites temporales a este tipo de decretos. De obtener la sanción definitiva en la Cámara de Diputados, Rodrigo Paz contará con el camino despejado para dictar el estado de sitio sin restricciones del Poder Legislativo, algo que se podría definir mañana martes.
Los movimientos sociales y el sobredimensionado rol de Evo Morales
A pesar del malestar generalizado, las protestas distan de obedecer a un liderazgo unificado. Las protestas no responden a un liderazgo único ni a un frente organizado con una agenda común. Pero el pedido de renuncia de Paz ya excede ampliamente al evismo o a los sectores más radicalizados: es una consigna que se extiende a medida que el gobierno criminaliza la protesta y pierde respaldo popular.
Sin embargo, algunos sectores de las derechas latinoamericanas y la administración Trump han acusado públicamente al expresidente Evo Morales de ser el responsable directo de las protestas. Esta lectura es avalada de forma errónea por ciertos medios y sectores progresistas, que insisten en situar al exmandatario en la centralidad de las protestas. Este diagnóstico resulta sumamente conveniente para el gobierno de Paz: al acusar a Morales de instigar las movilizaciones, intenta ocultar su propia responsabilidad en la crisis actual, incluso a riesgo de devolverle centralidad política.
Lo concreto es que la vasta pluralidad de reclamos sectoriales no está alineada con Morales ni responde a su liderazgo. El exmandatario tiene arraigo circunscrito a su territorio: El Chapare, el distrito cocalero situado en el trópico de Cochabamba. Sus seguidores se sumaron a las protestas luego de los primeros bloqueos, priorizando una agenda que exige el fin de los procesos judiciales contra el exmandatario (que enfrenta cargos por trata de personas y estupro) y la renuncia del presidente Paz. En ese marco, el propio Morales pidió la renuncia de Paz y exigió que se realicen elecciones en 90 días para poner fin a la crisis.
Un gobierno debilitado que abrió demasiados frentes
Más allá de las demandas económicas coyunturales, la inestabilidad evidencia fracturas históricas ligadas a la pobreza y a una profunda exclusión sociocultural y étnica. Las organizaciones sociales sienten que fueron utilizadas durante la campaña y luego desplazadas del poder. Como señalan algunos analistas, el gabinete de Rodrigo Paz no se parece a su electorado: mientras el bloque popular campesino e indígena carece de representación en la toma de decisiones, el mandatario ha privilegiado el acercamiento con empresarios, sectores agroindustriales y también con las derechas más conservadoras. En gran medida, lo que se está expresando en las calles de La Paz no es solo una reacción a la crisis económica: es también la proyección de una tensión histórica irresuelta entre los sectores populares de origen indígena y campesino frente a las clases medias y las élites de Bolivia.
En un intento por calmar las aguas, el presidente Paz anunció una reducción del 50% de su salario como presidente y cambios en su gabinete. Sin embargo, también apela a una táctica ambigua: convoca al diálogo y al mismo tiempo criminaliza la protesta. El jueves designó a Williams José Bascopé, abogado de origen aymara, como nuevo ministro de Trabajo, y aseguró que no dará marcha atrás porque el modelo del pasado no funcionó. Sin embargo, al mismo tiempo amenaza con avanzar hacia una salida militarizada mediante la posibilidad de declarar el estado de excepción, algo que preocupa sobre todo por la designación del General Rodolfo Montero Torrico como el viceministro de Seguridad Ciudadana. Cabe recordar que el militar se encuentra imputado por la Fiscalía boliviana por genocidio y fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de la cadena de mando responsable de las masacres de Sacaba y Senkata de 2019. Nombrar a un militar con tamaño historial represivo al frente de la seguridad interior, en el momento en que se evalúa declarar el estado de excepción, no debería pasar inadvertido en estos momentos.
Otro aspecto importante de la crisis tiene también una dimensión que concierne directamente al ejercicio del periodismo. Reporteros Sin Fronteras (RSF) registró al menos 14 ataques contra periodistas y equipos de medios nacionales e internacionales entre el 12 y el 18 de mayo de 2026, en cuatro zonas del país, mientras cubrían las manifestaciones sociales. Una semana después, ese número ascendía a al menos 25 periodistas agredidos. Según indicó la organización, los ataques incluyeron intentos de detención policial, golpizas, agresiones con piedras y hondas, uso de dinamita y gases lacrimógenos, daño de equipos y amenazas de linchamiento. Los reporteros fueron atacados tanto por las fuerzas de seguridad como por parte de algunos de los propios manifestantes.
Contenidos relacionados:
Estados Unidos y su intervención militar en Venezuela: crónica de una jornada sin precedentes
Externalizar la migración: los negocios de Trump con África para endurecer las deportaciones
Los Ángeles en llamas: las masivas protestas contra las políticas migratorias de Donald Trump
Consultor en comunicación estratégica. De raíces criollas y mestizas, sus antepasados se remontan a la historia del Alto Perú y también a la llegada de migrantes españoles en el siglo XIX. Apasionado por la historia y cultura latinoamericana.
