La ciudad de Los Ángeles (California) atraviesa días de máxima tensión. Las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desataron un sinnúmero de protestas por parte de inmigrantes latinoamericanos que fueron respondidas con represión por parte de las fuerzas policiales. Sin embargo, ante la evidente insuficiencia para sofocarlas, el gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de 700 Marines y 2000 efectivos de la la Guardia Nacional, una medida que fue rechazada por las propias autoridades gubernamentales del Estado de California.
Todo comenzó el viernes por la mañana, cuando agentes del ICE irrumpieron en Ambiance Apparel, un mayorista de ropa ubicado en el Fashion District de Los Ángeles. El operativo, en el que participaron decenas de agentes con equipo táctico y vehículos blindados, resultó en la detención de al menos dos personas en al menos tres locaciones. Según los testigos, los trabajadores fueron alineados contra una pared, requisados e increpados uno por uno.
Ese mismo día, se registró otro operativo del ICE en un Home Depot del suburbio de Paramount, donde varios jornaleros de origen latinoamericano suelen agruparse en busca de empleo. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional negó oficialmente que se tratara de una redada, el temor se propagó rápidamente.
Las protestas estallaron de inmediato. El viernes por la tarde, manifestantes se enfrentaron con agentes federales frente al centro de detención al que habían sido trasladadas algunas de las personas arrestadas. Volaron objetos, gases lacrimógenos y proyectiles no letales. Las imágenes, que rápidamente dieron la vuelta al mundo, muestran una ciudad en llamas: barricadas, patrulleros incendiados, corridas y policías disparando incluso contra trabajadores de la prensa internacional. Ante la magnitud de las movilizaciones, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) declaró una “asamblea ilegal”.
Trump y la Guardia Nacional: una decisión unilateral
El domingo, el conflicto escaló aún más. En un mensaje difundido por la red Truth Social, el presidente Trump calificó a Los Ángeles como una ciudad “invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales”. Afirmó que los “disturbios sin ley sólo fortalecen nuestra determinación” en relación a su severa política de deportaciones, y anunció una ofensiva directa: ordenó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a la fiscal general, Pam Bondi, “tomar todas las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la invasión de inmigrantes”.
De esta manera, en el día de ayer, unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional fueron desplegados en la ciudad por decisión de Trump. Se trata de una medida sin precedentes en la historia reciente, ejecutada sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom. El gobernador, junto a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó la medida, repudiaron los métodos del ICE y llamaron a la comunidad a manifestarse de manera pacífica.
“El envío de las Guardia Nacional sólo va a empeorar las cosas”, declaró Newsom durante una entrevista exclusiva de Fox News. Además, calificó a Trump como un “mentiroso de sangre fría” e incluso desafió a Tom Homan, el ex director del ICE y actual “zar de la frontera” de la administración Trump, a detenerlo. En las horas previas, Homan había sugerido que podían llegar a detener a Newsom y a la alcaldesa Bass por “excederse en sus competencias”.
Trump justificó esta decisión alegando que se registró “una forma de rebelión” en los disturbios, un subterfugio que le permitió invocar la Ley de Insurrección (Insurrection Act), la cual autoriza al presidente a desplegar a la Guardia Nacional dentro del país para reprimir rebeliones armadas, disturbios u otras circunstancias extremas. Esto habilita al personal militar a ejecutar excepcionalmente actividades propias de las fuerzas del orden interior —como realizar arrestos y efectuar allanamientos— que normalmente están prohibidas por otra ley, la Posse Comitatus Act.
La última vez que un presidente ejecutó una medida similar, sin la anuencia del gobernador, fue en 1965, cuando el entonces presidente Lyndon Johnson decidió enviar tropas federales al Estado de Alabama durante la Marcha de Selma a Montgomery, un hito en la historia de la lucha por los derechos civiles. Lideradas por Martin Luther King, aquéllas movilizaciones lograron conquistar el derecho al voto para la comunidad afroamericana.
El hartazgo de los migrantes con los operativos del ICE
Durante el domingo, cientos de personas —incluyendo familias con niños pequeños— marcharon desde el Ayuntamiento hasta el edificio federal que alberga una cárcel de ICE, custodiado por efectivos de la Guardia Nacional. Los manifestantes increparon a los soldados por obedecer las severas órdenes presidenciales y rechazaron el uso de las fuerzas armadas contra civiles. No obstante, la policía volvió a responder con balas de goma y gases lacrimógenos.
Poco después, un importante grupo de manifestantes bloqueó la Autopista 101, generando un corte de varias horas. Durante el operativo para reprimir las protestas, la policía de Los Ángeles reportó incendios de vehículos, uso de bombas molotov, levantamiento de barricadas con mobiliario urbano y pintadas contra el ICE en espacios públicos. Además, reportaron que dos agentes resultaron heridos cuando un grupo motociclistas intentaron atravesar la línea de contención; ambos conductores fueron detenidos.
En las calles, la diversidad de la comunidad quedó reflejada en las banderas ondeadas por los manifestantes —mexicanas, salvadoreñas, guatemaltecas, entre otras— y en las consignas contra el ICE y las políticas migratorias de la Casa Blanca. Se estima que casi un millón de inmigrantes irregulares de origen latinoamericano viven en el condado de Los Ángeles, en su mayoría trabajadores.
“Era hora de alzar la voz. Esta es mi gente. Esto nos toca a todos”, dijo María Gutiérrez, una manifestante de origen mexicano. Su declaración condensa el sentir de una comunidad cansada de vivir con miedo y decidida a resistir las políticas migratorias extremas impulsadas por la administración Trump. El clima que se respira entre las comunidades migrantes es de auténtico terror: muchas personas temen salir de sus casas, ya sea para trabajar o incluso para asistir a citas judiciales destinadas a regularizar su situación migratoria. Se han documentado, incluso, casos en los que agentes del ICE detienen a migrantes cuando se presentan voluntariamente a cumplir con los requisitos legales para trabajar y permanecer en el país.
Al momento del cierre de esta nota, en conformidad con la conferencia de prensa brindada por el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, se registran al menos 56 personas detenidas por las protestas que tuvieron lugar este fin de semana.
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