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Una investigación de Documented revela cómo Ángel fue presuntamente enviado sin juicio a la megacárcel CECOT de El Salvador.

(Documented NY) – En los días previos a su arresto por agentes de ICE, Ángel Blanco Marin, de 22 años, viajó a Nueva Jersey a visitar a su amigo, Fabian Olmos, con quien creció en Venezuela. Los dos cantantes ensayaron una canción y grabaron un video musical en el garaje de Olmos. Luego, Ángel regresó al Bronx, donde trabajaba repartiendo comida para UberEats. 

Dos días después, el 24 de febrero, cerca de la medianoche, se reunió frente a un edificio de apartamentos en el Bronx con dos amigos.

Aquella noche todo cambió. Como Documented reportó anteriormente, agentes de ICE arrestaron a Merwil Gutiérrez, de 19 años. Presuntamente lo deportaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Su caso, narrado por su padre, Wilmer Gutiérrez, atrajo la atención de congresistas y medios internacionales.

Lo que entonces se desconocía era con quién estaba Merwil: Joen Suárez Fuentes, de 23 años, y Ángel Blanco Marin, de 22.  Los dos venezolanos, como Gutiérrez, habían migrado en busca de un futuro mejor.

Ninguno de los dos tenía antecedentes penales en Venezuela.

Según testigos que solicitaron el anonimato por temor a represalias, cerca de una docena de vehículos con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) rodearon el edificio. Los oficiales actuaron rápidamente, arrestaron a los tres jóvenes y los llevaron en vehículos separados.

Ángel, Suárez y Gutiérrez pasaron esa noche en una comisaría, sin conocer los motivos de su detención. Después, fueron trasladados a centros de detención en Filadelfia y Texas, hasta llegar a lo que sería su destino final: al CECOT.

Del Bronx a El Salvador

Fabián Olmos (izquierda) y Ángel (derecha), juntos. (Foto cortesía de Fabián Olmos).

Cuando Ángel fue arrestado, llamó primero a Olmos, quien aún no cree que su amigo sea uno de los 238 detenidos por los que el presidente salvadoreño Nayib Bukele cobra 20.000 dólares anuales por cabeza, según un reportaje de Associated Press.

Ángel y Olmos llegaron a EE. UU. en 2022 —Olmos con una visa y Ángel cruzando la frontera sur desde México. Los dos se conocían desde la infancia.

“Se siente horrible, jamás pensé que él fuera a terminar en ese sitio”, dijo Olmos, de 21 años, a Documented. “Ángel no es un amigo cualquiera, es alguien a quien conozco desde niño, era lo más cercano a una familia que tenía acá”.

Ángel relató a Olmos que, el día de su detención, los agentes lo llevaron por Fordham Road antes de trasladarlo a una comisaría cercana. Luego, fue transferido a Pensilvania y más tarde al Centro de Detención El Valle, en Texas.

En llamadas nocturnas a Olmos, Ángel apenas hablaba de su vida en el centro de detención. “Me llamaba para motivarme, para que no dejara de hacer lo que estaba haciendo”, contó Olmos. “Alguien que esté en una banda, no estaría trabajando con una bicicleta de deliveries en El Bronx”.

‘La mayoría no tienen antecedentes penales’

Ángel se asentó en Nueva York hace tres años tras una travesía de casi dos meses por Centroamérica. Al llegar a la frontera sur, se entregó a las autoridades migratorias y, por ser menor de edad, fue enviado a un albergue en Nueva York. Posteriormente, alquiló un cuarto junto a Olmos en el Bronx. 

Llegó el momento en que, según Olmos, “las cosas se pusieron difíciles”.

Con el tiempo, ambos perdieron sus empleos y, junto a Suárez, vivieron bajo una carpa en un parque. Se bañaban en un gimnasio cercano y buscaban comida donde podían. Tras casi dos meses, lograron salir de la calle.

El 13 de marzo, casi dos semanas después de su arresto, Ángel llamó desde la prisión a su amiga Silvery López, de 21 años. Le contó que ganaba unos 4 dólares la hora limpiando en el penal.

Él hablaba con López casi todos los días desde su arresto, pero la noche del 13 de marzo, la conversación fue diferente. Ángel le pidió que avisara a su padre en Venezuela que sería deportado al día siguiente. 

Ángel Blanco, padre de Ángel, es empleado del Ministerio de Salud y tiene 58 años. Él contestó la llamada de López desde su casa en Venezuela, donde vive con su esposa y su hijo menor. Cuando López dijo que su hijo sería deportado, Ángel Blanco preparó el cuarto de su hijo. “Pinté su cuarto, se lo arreglé para cuando llegara, le compré globos”, contó desde su casa en Santa Cruz de Cúa.

Ángel Blanco Marín prepara la habitación de su hijo en la región de Valles del Tuy, en Venezuela. (Foto: Keny Loaiza para Documented)

“Me puse contento porque venía”, dijo. No pudo negar que estaba feliz, aseguró a Documented por medio de una llamada telefónica. 

El 14 de marzo, Ángel Blanco se levantó temprano y viajó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el estado de La Guaira, donde los vuelos con personas deportadas desde EE.UU. suelen llegar. “Estuve hasta por la tarde y pregunté en todos lados, pero mi hijo nunca llegó”, dijo. 

López llamó al centro de detención en Texas para confirmar si Ángel había sido deportado. “Pregunté por Ángel, di todos sus datos y me dijeron que sí, que estaba detenido ahí todavía”, dijo. “Les pregunté que si estaba ahí por qué no llamaba, y la persona que me contestó me dijo que quizás él no tenía dinero o estaba ocupado. Yo no le creí, me pareció que me mintieron desde el principio”.

Ángel Blanco Marín esperaba con ansias la llegada de su hijo a Venezuela, pero descubrió que su nombre figuraba en la lista de migrantes enviados a la megacárcel CECOT en El Salvador. (Foto: Keny Loaiza para Documented)

Días después, la familia y los amigos de Ángel vieron en las noticias las mismas imágenes que aterrorizaron al mundo: decenas de detenidos, completamente rapados y esposados, en el CECOT, tras el acuerdo entre los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele para enviar a migrantes deportados a El Salvador. La administración republicana, eludiendo una orden judicial que había bloqueado temporalmente las deportaciones, recurrió a la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, que había utilizado para justificar la expulsión de inmigrantes que la administración consideraba “enemigos del país”.

Ni el padre de Ángel ni sus amigos lo reconocieron en las imágenes difundidas, pero supieron que lo deportaron a El Salvador luego de que CBS News publicara una lista con los nombres de 238 personas enviadas a la megacárcel. Así fue también como Wilmer Gutiérrez, el padre de Merwil, se enteró de que su hijo había sido deportado al mismo país centroamericano.

“A Ángel lo llevaron engañado hasta allá”, dijo López. “Le dijeron que lo iban a deportar a Venezuela y no fue así. Desde entonces no he podido saber más de él”. 

El padre de Ángel no comprende por qué su hijo fue detenido. Lo describe como un “muchacho tranquilo,” quien soñaba con cantar, ahorrar dinero y, eventualmente, regresar a Venezuela. Ángel Blanco piensa que, aunque los tatuajes de su hijo no están relacionados con la pandilla del Tren de Aragua, su hijo fue detenido porque tenía tatuajes, un argumento que la administración ha usado como pretexto para detener a inmigrantes. 

Su padre dijo que él discutió con su hijo cuando él se hizo su primer tatuaje. 

“Nunca me dijo que se iba a hacer un tatuaje, eso era una marca para toda la vida”, dijo. Se trata de una frase escrita en su cuello que dice ‘Valles represent’, en alusión a su ciudad natal, Valles del Tuy, que sirve como una especie de recordatorio de sus raíces.. 

El resto de sus tatuajes se los hizo un tatuador con quien compartía alquiler en el Bronx. En su cuello, dedos y brazos tiene tatuados una nave espacial, un pequeño Pato Donald de los Looney Tunes, un caracter chino, el nombre de su madre y el de Katherine, una amiga.

Aunque la administración de Trump ha utilizado los tatuajes para vincular a migrantes con la pandilla El Tren de Aragua, el padre de Ángel insiste en que su hijo no tiene antecedentes penales. Documented revisó el registro de Ángel y confirmó que el joven venezolano no posee historial policial ni en Colombia ni en Venezuela, países donde ha residido.

Ángel Blanco Marín, que comparte nombre con su hijo, revisa fotos antiguas de ambos en su casa en Venezuela. (Foto: Keny Loaiza para Documented).

Sin embargo, no tener registros de crímenes no fue suficiente para escapar de lo que se considera la “mayor deportación” en la historia de Estados Unidos, que el presidente Trump busca implementar. 

Según Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, que investiga los casos de los detenidos en El Salvador, de al menos 50 casos evaluados, la mayoría “no tienen antecedentes penales”. Una investigación de CBS 60 reveló que el 75% de las 238 personas identificadas y deportadas ala megacárcel no tienen antecedentes penales en Estados Unidos ni en Venezuela, y algunos tampoco en otros países donde han residido, como Colombia o Perú.

“Hay pocos con antecedentes penales graves, y muchos con delitos muy menores como el de cruzar la frontera de forma ilegal,” explica Pappier. Afirma que, sin embargo, “hay muchas indicaciones de que en realidad estas personas son acusadas de ser del Tren de Aragua por sus tatuajes, a pesar de que, según los expertos, los tatuajes no son algo que los miembros de la banda usan de forma consistente”. 

Lo que Human Rights Watch ha podido confirmar coincide con lo que muchos denuncian ante el gobierno de Estados Unidos: la “violación del debido proceso” al enviar a los migrantes a El Salvador sin brindarles la oportunidad de comparecer ante un juez o comunicarse con sus abogados o familiares. La Corte Suprema dictaminó que los venezolanos amenazados con la deportación deben recibir ciertas garantías procesales y la oportunidad de pelear su expulsión de Estados Unidos.

 “Estamos ante desapariciones forzadas, porque no solo se les ha incomunicado, sino que constantemente se les ha impedido a sus familiares tener información sobre el paradero o la suerte de estas personas”, Pappier dijo a Documented.

‘Secuestraron a nuestros hijos para negociar como si fueran mercancía’

El padre de Ángel no tiene dudas de que se trata de un “secuestro”, especialmente después de que, a finales de abril, el presidente Bukele propusiera al presidente Nicolás Maduro, de Venezuela, intercambiar a los presos venezolanos en el CECOT por presos políticos detenidos en cárceles venezolanas.

“Nos secuestraron a nuestros hijos para negociar como si fueran mercancía”, dice Ángel, quien también culpa al gobierno de los Estados Unidos de ser “el principal responsable” de todo lo que están atravesando. “Cada lágrima, cada sufrimiento, cada día sin dormir, todo el maltrato a nuestros hijos, es absoluta responsabilidad de Estados Unidos”, asegura. 

La vida del padre cambió desde entonces. Hay días en que no tiene apetito, no siente deseos de ir a su trabajo y apenas duerme. “Lloro de saber que mi hijo está preso, en un infierno”.

Ángel Blanco Marín califica la deportación de su hijo como cercana a “un secuestro”. (Foto: Keny Loaiza para Documented).

Hay días en que el padre de Ángel se pregunta si su hijo ha comido, si se ha bañado, como solía hacerlo cuando era pequeño. “Yo lo bañaba, lo vestía, lo llevaba al béisbol, al teatro, le hacía la comida”, contó. 

Nunca quiso que su hijo se fuera de Venezuela, pero entendió su decisión. Hubo días en que hacían largas filas en el pueblo para comprar dos libras de arroz. Apenas tenían suficiente para comer. “La situación que teníamos era fuerte”, dijo el padre. “Cuando estábamos en la casa, Ángel se quería comer todo el arroz él solo y yo le decía que no podía ser así”. 

Cuando Ángel llegó a Nueva York y empezó a trabajar, su padre le repetía que no quería dinero. “Yo siempre le decía: ‘no me mandes dinero, mándame tranquilidad’”. 

Ahora es precisamente eso, la tranquilidad, todo lo que le falta.

Artículo original publicado en Ángel Blanco Marin, un músico de 22 años, deportado desde Bronx al CECOT en El Salvador


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Carla es una periodista cubana radicada en Nueva York. Es fundadora de la revista El Estornudo y ganadora del Premio Mario Vargas Llosa de Periodismo Joven. Contribuye regularmente a El País. Tiene una maestría en Comunicación por la UNAM y en Periodismo Bilingüe por la Craig Newmark Graduate School of Journalism. Es una apasionada del periodismo de compromiso y cubre temas como migración, derechos humanos, género, salud, medio ambiente y sociedad. Es miembro de la NAHJ.


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