El Gobierno dominicano acelera su plan de miles de repatriaciones semanales en medio del colapso de Haití. La medida reaviva el debate sobre la vulneración de derechos y la dependencia económica de la mano de obra migrante.
En un contexto de creciente tensión transfronteriza, la República Dominicana ha registrado cifras récord de expulsiones en el primer bimestre de 2026. Bajo las directrices del presidente Luis Abinader, el Estado prioriza las expulsiones masivas de personas migrantes, impactando no solo a recién llegados sino a miles de personas nacidas en suelo dominicano que hoy enfrentan la apatridia.
De acuerdo con la Dirección General de Migración (DGM), en los primeros dos meses de 2026, la República Dominicana deportó a 68 mil personas migrantes, de las cuales, según consigna el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR). 22,966 son personas nacionales de Haití. Este volumen operativo es el reflejo práctico de la meta establecida por el presidente Luis Abinader en 2024 de deportar a 10 mil personas migrantes por semana. Según la perspectiva del gobierno dominicano, esta aceleración sin precedentes de las expulsiones forma parte de un plan de contingencia para gestionar el movimiento migratorio en un contexto de inestabilidad regional aguda. Sin embargo, la ejecución de estas medidas plantea interrogantes fundamentales sobre el respeto al debido proceso y a las convenciones internacionales sobre derechos humanos.
En conformidad con las órdenes del presidente Abinader, el Estado prioriza las salidas masivas como estrategia de seguridad nacional, afectando, según denuncian ONG locales y organismos internacionales, tanto a recién llegados como a personas en riesgo de apatridia. La estrategia de «interdicciones migratorias» involucra el envío de unidades de la DGM y del Ejército a áreas de alta concentración de personas inmigrantes, como los barrios periféricos de Santo Domingo y Santiago. Informes de monitoreo del propio GARR indican que la celeridad de estas operaciones a menudo imposibilita la verificación individual de documentos de residencia o visados de trabajo, resultando en detenciones de personas que poseen un estatus migratorio regular, pero que no cuentan con el tiempo suficiente para presentarlo durante las redadas.
Este fenómeno obedece al colapso social e institucional de Haití, marcado por la pobreza extrema y la violencia, que empuja a la población hacia la vecina República Dominicana. De acuerdo con informes de Human Rights Watch, el control de coaliciones de bandas como la Viv Ansanm (Viviendo Juntos, en créole) sobre aproximadamente el 80 % de la capital, Puerto Príncipe, resultó en el desplazamiento de 1,4 millones de personas. Sumado a ello, la inseguridad alimentaria aguda y el colapso del sistema de salud crean un escenario donde la migración forzada es la única alternativa de supervivencia. Relatos recogidos en centros de acogida del GARR describen la desesperación de quienes cruzan: «No salimos por voluntad, salimos porque la violencia de las bandas no nos deja otra opción de vida», afirma un joven de 22 años bajo condición de anonimato, evidenciando la presión continua sobre la línea terrestre dominicana.
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Marcos legales y denuncias de vulneración
Sin embargo, esta respuesta estatal plantea serias dudas éticas y jurídicas. En el campo del derecho internacional, la principal crítica reside en el incumplimiento del Protocolo de Entendimiento sobre Mecanismos de Repatriación, suscripto por la República Dominicana y la República de Haití en 1999. Este tratado establece directrices claras: prohíbe la separación de familias nucleares y determina que las repatriaciones no deben ocurrir durante la noche. Informes de campo de Amnistía Internacional y de la Red de Encuentro Dominico Haitiano Jacques Viau (REDH-JV) exigen el fin de las deportaciones de personas haitianas y las prácticas de violencia institucional aplicadas para con esta población.
Las organizaciones humanitarias señalan, asimismo, que la prioridad por las expulsiones masivas perjudica los procesos judiciales individuales. Un ejemplo técnico es la falta de acceso a asistencia jurídica gratuita en los centros de recepción como Haina, donde las condiciones de detención se caracterizan por el hacinamiento y el procesamiento acelerado que impide defensas legales. Según la propia DGM, solo en 2025, más de 300 mil personas fueron expulsadas, y el ritmo en 2026 se mantiene intensivo. Este volumen inviabiliza el principio de non-refoulement, que protege a las personas migrantes de ser devueltos a territorios donde su vida peligre, un presupuesto central de la Convención de 1951.
La justificación oficial se basa en la soberanía y la incapacidad de gestionar la crisis haitiana. El Gobierno argumenta que la protección de la frontera es esencial para la estabilidad nacional. No obstante, esta política se alimenta de una herencia histórica de «antihaitianismo». El uso de la retórica del «enemigo externo» y el muro fronterizo son vistos por investigadores y organizaciones sociales como herramientas de cohesión interna, movilizando el sentimiento nacionalista en momentos de tensión política doméstica.
Impacto económico y crisis de identidad
Existe, además, una paradoja económica documentada por el Instituto Nacional de Migración de República Dominicana(INM RD): sectores como la construcción, la agropecuaria y el turismo dependen estructuralmente de la mano de obra haitiana. De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), los trabajadores migrantes y sus descendientes aportaban el 9,54 % del PIB dominicano —por encima de su peso demográfico—, y específicamente el 29 % del valor agregado del sector construcción y el 28 % del sector agropecuario. En el sector construcción, alrededor del 28-30 % de los trabajadores son extranjeros, en su gran mayoría haitianos (98,5 %, según el INM RD, 2025). Estudios de la OIT y de OBMICA documentan, además, que esta fuerza de trabajo opera mayoritariamente en condiciones de informalidad —85 % en la construcción, 86,6 % en la agricultura—, lo que abarata costos laborales pero genera un ciclo donde el trabajador es económicamente necesario, pero jurídicamente rechazado.
Asimismo, las deportaciones afectan a personas dominicanas de ascendencia haitiana nacidas en suelo dominicano bajo los efectos de la sentencia TC/0168/13. Esta decisión, dictada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional, reinterpretó retroactivamente el régimen de la nacionalidad y estableció que los hijos e hijas de inmigrantes en situación irregular nacidos entre el 21 de junio de 1929 y la reforma constitucional de 2010 no debieron haber sido considerados dominicanos, aun cuando el Estado les había emitido actas y documentos por décadas. Aunque la Ley 169-14 (2014) intentó mitigar las consecuencias mediante un régimen de naturalización, su implementación ha sido insuficiente: organismos internacionales estiman que más de 200.000 personas permanecen en situación de apatridia de facto o riesgo de apatridia. Al ser deportadas —muchas sin haber salido nunca de la República Dominicana—, estas personas pierden el acceso a derechos básicos en un país que tampoco las reconoce automáticamente como nacionales, configurando un caso de destierro de facto, como denuncia el propio Movimiento Reconoci.do, que articula redes de resistencia civil contra la apatridia.
En última instancia, la frontera vive hoy una profunda crisis ética. El muro físico y las deportaciones masivas sirven como soluciones paliativas para problemas estructurales que exigen cooperación global. La dependencia mutua indica que la solución no reside en la exclusión, sino en la regularización y la estabilización del país vecino. Mientras la comunidad internacional mantenga a Haití bajo un «olvido selectivo», la República Dominicana continuará gestionando la frontera bajo la lógica de la emergencia, transformando la crisis de derechos humanos en una estadística semanal de miles de expulsiones. Desde luego, ello no exculpa a los gobernantes dominicanos de las violaciones a los derechos humanos.
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Consultor en comunicación estratégica. De raíces criollas y mestizas, sus antepasados se remontan a la historia del Alto Perú y también a la llegada de migrantes españoles en el siglo XIX. Apasionado por la historia y cultura latinoamericana.
