La movilización y denuncia de la sociedad civil, con el apoyo de legisladores, logró que se despejaran dudas sobre el derecho a la nacionalidad de niños y niñas nacidos en Chile de padres en situación migratoria irregular. El Registro Civil tuvo que volver a pronunciarse en una circular.
Bajo la advertencia de que el monitoreo debe continuar, organizaciones sociales, comunidades migrantes y defensores de derechos humanos recibieron la emisión de la Circular DN N.º 16, fechada el 4 de mayo de 2026 por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile. El documento despeja las dudas generadas por una instrucción anterior y precisa que la situación migratoria irregular de los padres no altera el reconocimiento de la nacionalidad chilena para sus hijos e hijas nacidos en territorio nacional.
La nueva Circular DN N.º 16 viene a precisar la instrucción emitida el pasado 13 de abril (la N.º 14), que ordenaba inscribir a estos niños como «hijos de extranjeros transeúntes», rompiendo con la práctica de años anteriores. En este nuevo documento, el Registro Civil aclara que la Ley de Migración no introdujo cambios en la materia y confirma que los hijos de padres en situación irregular deben seguir siendo inscritos como chilenos, respondiendo así a las preocupaciones de la sociedad civil.
Michel-Ange Joseph, presidenta del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional de Migraciones y de la Fundación CIJYS (Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales), fue enfática al describir que «ningún niño debería cargar con el peso de una condición administrativa que no le pertenece. La nacionalidad es mucho más que un documento, es identidad, pertenencia, protección y dignidad». En esa línea, llamó a garantizar que todos los niños y niñas nacidos en Chile puedan acceder plenamente a sus derechos, en cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado.
Para Gabriela Hilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante Chile (SJM), que siguió el proceso, la Circular DN N.º 14 representaba un retroceso. «Chile había avanzado mucho en materia de protección del derecho a la nacionalidad y prevención de apatridia en las últimas décadas», señaló, explicando a su vez que la jurisprudencia de la Corte Suprema había consolidado el criterio de que la condición de extranjero transeúnte no se aplica a quienes demuestran ánimo de permanencia y residencia en el país, y la circular de abril ignoraba ese estándar al pedirle a los funcionarios que aplicaran la excepción de forma automática al momento de inscribir nacimientos.
Desde Organización Migrantas, su directora Catalina Bosch expresó que «está en juego algo fundamental: el derecho a la nacionalidad de todos los niños y niñas, consagrado no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales que Chile ha firmado y ratificado». Bosch advirtió además que la exposición a la apatridia no es solo una privación de documentos: aumenta de manera significativa los riesgos de vulneraciones graves, incluyendo situaciones de trata y explotación sexual o comercial en las que niños y niñas pueden verse involucrados.
Apoyo desde las instituciones
En este contexto, la Circular DN N.º 16 también se difunde luego del oficio ingresado ante la Contraloría General de la República por parte de un grupo de congresistas y organizaciones de la sociedad civil que solicitaron un pronunciamiento sobre los alcances de la anterior Circular DN N.º 14, alertando sobre la necesidad de explicitar ante cualquier ambigüedad que pudiera afectar el acceso a la nacionalidad de niños y niñas nacidos en el país.
El documento fue suscrito por los diputados y diputadas Matías Fernández Hartwig, Jaime Araya Guerrero, Héctor Ulloa Aguilera, Carlos Cuadrado Prats, Carlos Carvajal Gallardo, José Montalva Feuerhake, Nelson Venegas Salazar, Marcos Barraza Gómez, Boris Barrera Moreno, María Francisca Bello Campos, Lorena Fries Monleón, Ana María Gazmuri Vieira, Coca Ericka Ñanco Vásquez, Carolina Tello Rojas, Consuelo Veloso Ávila, Andrea Parra Sauterel, Andrea Macías Palma y Emilia Schneider Videla.
Días atrás, la Defensoría de la Niñez ya se había pronunciado públicamente sobre la materia. A través de una declaración, el organismo dio a conocer su preocupación ante la Circular DN N.º 14, indicando que la medida representaba «un retroceso respecto de los avances que el Estado ha venido impulsando en materia de protección de derechos de niños y niñas en contexto de movilidad humana». La institución alertó sobre el riesgo de apatridia que generaba el mecanismo, con consecuencias directas en el acceso a la salud y la educación, y cuestionó que la circular introdujera un criterio fundado en la condición administrativa de los padres y no en la situación propia del niño o niña, lo que consideró incompatible con el enfoque de derechos de la niñez. En su momento, la Defensoría exigió que la aplicación de esa instrucción fuera revisada conforme a la normativa nacional y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Para las organizaciones que han acompañado este proceso, la rectificación del Registro Civil confirma que la articulación y movilización social logró instalar la preocupación y exigir una precisión institucional.
¿Qué es la apatridia y cuántas personas afecta en el mundo?
La apatridia es la condición de quienes no son reconocidos como nacionales por ningún Estado. Según la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, un apátrida es toda persona que ningún país considera su nacional conforme a su legislación. Esta condición no es solo una privación documental: quienes la padecen enfrentan barreras para acceder a educación, atención médica, empleo formal y libertad de movimiento, y quedan expuestos a mayores riesgos de abuso y explotación. En el caso de la niñez, el impacto es especialmente grave. Un informe de ACNUR reveló que los niños y niñas apátridas se describen a sí mismos como «invisibles», «extranjeros» o «marginados en la sombra», y que la apatridia puede condenarlos a una vida de discriminación desde la infancia. ACNUR y UNICEF han advertido además que uno de cada cuatro niños menores de cinco años en el mundo no es inscrito al nacer, lo que los expone directamente al riesgo de quedar sin nacionalidad.
Las cifras más recientes de ACNUR confirman la magnitud del problema. A mediados de 2025, se estimaba que 4,4 millones de personas eran apátridas o de nacionalidad indeterminada en todo el mundo, cifra que representa un ligero aumento respecto de años anteriores. Más del 70 % de esas personas viven concentradas en apenas diez países, siendo los rohingyas de Myanmar el grupo más numeroso, con 1,8 millones de personas. No obstante, el organismo advierte que el número real podría ser considerablemente mayor, dado que menos de la mitad de los países comparte datos sobre apatridia con ACNUR y muchas personas apátridas viven al margen de la sociedad sin documentos de identidad. Aproximadamente un tercio del total registrado son niños y niñas.
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Comunicador social y periodista colombiano radicado en Chile. Fundador de la Red de Periodistas Migrantes. Se vincula a iniciativas en derechos humanos y migración desde la comunicación crítica, el periodismo y el enfoque intercultural.
