El despliegue conjunto de la Policía Federal y la Dirección Nacional de Migraciones en avenida Avellaneda pone de nuevo sobre el tapete las paradojales restricciones de las políticas migratorias del gobierno libertario: un Estado que limita las residencias permanentes y que, sin embargo, persigue a quienes se encuentran en situación irregular.
La Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) realizaron este jueves por la tarde un «control poblacional migratorio» en el barrio de Flores, Ciudad de Buenos Aires. El operativo —que incluyó cortes de calles y agentes realizando operativos biométricos— identificó a seis personas en situación migratoria irregular y derivó en la detención de un hombre acusado de trata de personas y tráfico de drogas. Lo que los comunicados oficiales no dicen es que estar en situación irregular no constituye un delito en Argentina, sino la consecuencia más visible de un sistema de regularización que el gobierno de Javier Milei ha vuelto deliberadamente inaccesible para la mayoría de las personas que migran.
Nuevamente se puso en marcha un operativo de gran despliegue para detectar seis irregularidades administrativas. El procedimiento fue coordinado por la Policía Federal Argentina (PFA), actuando como policía migratoria auxiliar a pedido de la DNM. En el terreno trabajaron 36 agentes de inspección escoltados por personal judicial y con unidades de la Policía Montada. Para la identificación se utilizaron, nuevamente, los dispositivos del sistema biométrico Morpho RapID, que permite cotejar huellas digitales en tiempo real en la vía pública.
El resultado: un despliegue de dimensiones considerables para detectar a seis personas en situación migratoria irregular. Desde luego, ninguna de ellas cometió un delito penal por el hecho de estar en esa condición, pero el gobierno nacional insiste en homologar esta condición: «Extranjero que delinque o permanece en el país de manera ilegal será expulsado y no podrá volver a ingresar a la Argentina». La irregularidad migratoria es una infracción administrativa, no una conducta penalmente punible. La única detención que sí tuvo lugar durante el operativo correspondió a un hombre acusado de trata de personas y tráfico de drogas —delitos federales que nada tienen que ver con la condición migratoria de las demás personas identificadas—, aunque la simultaneidad del anuncio tiende a generar una asociación que los organismos de derechos humanos señalan como sistemáticamente estigmatizante.
«Irregulares» en un sistema diseñado para que no puedan regularizarse
Comprender por qué hay personas en situación migratoria irregular en Argentina requiere mirar el sistema que produce esa situación. Desde la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, el gobierno de Javier Milei modificó de manera sustancial los requisitos para acceder a la residencia permanente, introduciendo exigencias que organismos especializados califican como barreras estructurales.
Entre los requisitos incorporados por la reforma figura la acreditación de solvencia económica: la persona solicitante debe demostrar ingresos o bienes suficientes para sostenerse sin depender de empleos informales. El problema, tal y como señalan organizaciones como la Comisión de Asistencia al Refugiado y al Migrante (CAREF), es que ese umbral resulta inalcanzable para la gran mayoría de las personas migrantes en Argentina, cuya inserción laboral ocurre mayoritariamente en la economía informal. Pero no solo para ellas: en el contexto de crisis económica que atraviesa el país, ese estándar de solvencia sería difícil de cumplir para una porción significativa de la población nacida en Argentina.
Los datos oficiales confirman el impacto de la reforma. Entre 2021 y 2024, el Estado argentino aprobó un promedio de 90 000 residencias permanentes por año. En 2025, ese número cayó a 41 000, menos de la mitad. No porque hayan dejado de llegar personas migrantes, sino porque el sistema administrativo se cerró sobre sí mismo. Como documenta CAREF, la consecuencia directa es un incremento de la irregularidad que el propio Estado genera y luego persigue.
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La securitización migratoria: un fenómeno regional y global
Este operativo no es un hecho aislado. Se inscribe en una tendencia más amplia de securitización de las políticas migratorias —es decir, el tratamiento de la migración como una amenaza a la seguridad nacional antes que como un fenómeno social y económico que requiere políticas de integración—. Esta lógica se ha consolidado en las últimas décadas a escala global, con expresiones notorias en la política de deportaciones masivas de la administración Trump en Estados Unidos, el endurecimiento de los controles fronterizos en la Unión Europea y el auge de retóricas antimigratorias en varios países de América Latina.
En Argentina, la retórica securitista se expresa en operativos como el de Flores, o los que tuvieron lugar en Liniers, Once y Villa Celina: despliegues de alta visibilidad, tecnología de identificación biométrica y bloqueos de calles en zonas habitadas mayoritariamente por comunidades de origen boliviano, paraguayo y peruano. Para CAREF y otras organizaciones, esta lógica no solo no resuelve los problemas de integración, sino que los agrava al generar miedo, desconfianza institucional y mayor vulnerabilidad entre las personas migrantes —incluyendo a quienes están en proceso de regularización o cuya situación podría resolverse con una política de ventanilla accesible—.
El impacto en el barrio: además de la crisis económica, el miedo
La intervención afectó directamente la dinámica del corredor comercial de avenida Avellaneda, donde el sector de indumentaria ya viene golpeado por la crisis económica. Algunos comerciantes señalaron a los medios que el despliegue policial desalentó la circulación de personas en pleno horario laboral. Incluso algunos destacaron el hecho de que el rubro también atraviesa dificultades derivadas de las restricciones sobre los denominados «tours de compras».
Referentes de colectivos migrantes consultados por este medio señalaron que este tipo de operativos genera temor e incertidumbre incluso entre quienes tienen documentación en trámite o residencia vigente.
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El derecho a migrar frente a la política de los muros administrativos
La reforma migratoria establecida por el decreto 366/2025 impone requisitos restrictivos para el acceso a la residencia permanente. El resultado, documentado en las propias estadísticas oficiales, revela una caída del 54 % en la aprobación de residencias permanentes en un solo año.
Estar en situación migratoria irregular, en este contexto, no revela una falta de voluntad de las personas que migran para regularizarse. Revela, ante todo, la paradoja de un Estado que promueve la irregularidad y al mismo tiempo la criminaliza.
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Docente en Historia. Nacida y criada en el norte del conurbano bonaerense. De raíces familiares francesas e italianas.
