Desde el año 2020, un equipo de investigadores del CONICET —junto a más de cuarenta organizaciones migrantes— se dedica a medir cómo viven y a qué derechos logran acceder efectivamente las personas extranjeras que habitan en todo el país. Así nació la Encuesta Nacional Migrante en Argentina (ENMA), una herramienta construida colectivamente que proporciona datos concretos sobre las comunidades migrantes, sus necesidades y derechos, con el objetivo de incidir en las instituciones y las políticas públicas.
En un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias, la Encuesta Nacional Migrante en Argentina (ENMA) se convirtió en el principal instrumento impulsado por las organizaciones sociales y el CONICET para medir cómo impactan las políticas migratorias en la vida cotidiana y el acceso a derechos de las personas migrantes en el país. La tercera edición se realizará en septiembre-octubre del corriente año.
Las organizaciones migrantes llevaban años reclamando información propia, datos que no dependieran de instrumentos oficiales, sino que pudieran reflejar de manera representativa, objetiva y periódica la situación de las personas extranjeras en todo el territorio del país. Ese vacío fue el punto de partida de la Encuesta Nacional Migrante en Argentina (ENMA). El proyecto había comenzado a tomar forma en 2019, cuando organizaciones migrantes elaboraron la Agenda Migrante 2020, un documento presentado al gobierno de Alberto Fernández que enumeraba deudas pendientes y desafíos por abordar. Si bien la necesidad ya existía, la pandemia aceleró todo. La exclusión de miles de personas migrantes en situación irregular del acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en 2020, condujo a tomar acciones urgentes.
En diálogo con Refugio Latinoamericano, Natalia Debandi puntualiza que en 2020 «se armó una primera consulta abierta, para ver la situación de las personas migrantes durante la pandemia. Se llegó a 1.500 respuestas, todo un éxito para el contexto social que se atravesaba». Estos datos fueron utilizados de inmediato por diferentes organismos internacionales, y la experiencia sirvió de puntapié para que un grupo de investigadoras del Eje Migración y Asilo de la Red de Investigaciones en Derechos Humanos del CONICET —liderado por Natalia Debandi, Julieta Nicolao y Ana Paula Penchaszadeh—, pusieran en marcha lo que se convertiría en una iniciativa inédita no solo en Argentina sino en toda América Latina: una encuesta nacional de personas migrantes, producida desde el sur global, con enfoque de derechos humanos, reconocida luego como buena práctica por organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El espíritu de la ENMA es el reflejo de una demanda que viene del territorio y de las propias organizaciones migrantes. «Desde la academia no queremos competir con las fuentes oficiales, sino retomar el paradigma de los derechos humanos y plantear un mecanismo de producción de datos e información que provenga de las mismas organizaciones, de su activismo y capacidad de agencia», explica Debandi.
El sesgo del formato digital
Debido a la pandemia de COVID-19, la primera edición fue completamente digital. A pesar de las múltiples limitaciones, el resultado fue notable y se obtuvieron 3.114 respuestas válidas. Pero ese formato dejó expuesto un sesgo que había que corregir: las comunidades con menor alfabetización digital —principalmente boliviana, paraguaya y chilena— estaban subrepresentadas. Las que respondían masivamente eran las comunidades venezolana, colombiana y brasileña, grupos con mayor presencia en redes y más familiarizados con la dinámica de formularios online.
Para la edición 2023, se diseñó una estrategia mixta. Un 70 % de recolección digital y un 30 % presencial, en territorio, a cargo de las propias organizaciones migrantes y destinado a cubrir exactamente los vacíos que dejaba el formato digital. Se focalizó en la comunidad boliviana en el NOA, la paraguaya en el NEA, la chilena en la Patagonia, y en el AMBA se hicieron esfuerzos especiales para alcanzar comunidades de extra-Mercosur como la cubana, haitiana, dominicana y senegalesa.
El resultado de esta encuesta arrojó una muestra mucho más representativa: 4.679 respuestas válidas —alrededor de 1.500 respuestas válidas más que en 2020—. El salto no fue solo cuantitativo sino cualitativo. Para lograrlo, las encuestas presenciales las realizaron personas migrantes provenientes de organizaciones territoriales, capacitadas para el trabajo de campo y remuneradas por su labor. La herramienta que usaron —KoboCollect— permite cargar respuestas sin conexión a internet y sincronizar cuando hay señal, lo que resultó fundamental para llegar a zonas con conectividad precaria. El cuestionario, además, se tradujo a cinco idiomas: español, creole haitiano, wolof, chino e inglés.
Preguntar desde el territorio
La ENMA de distingue de cualquier otra herramienta de medición sobre migración por su escala y por el modo en que fue construida. Las investigadoras diseñaron las preguntas junto a las personas que iban a responderlas. El proceso participativo implicó rondas abiertas de revisión del instrumento donde personas migrantes, referentes de organizaciones, académicos y funcionarios de organismos internacionales debatieron cada pregunta: cómo formularla, qué opciones de respuesta ofrecer, cómo garantizar el anonimato, cómo evitar reproducir en el propio instrumento los sesgos que se querían medir.
En 2023, más de 150 personas participaron de las rondas de revisión, realizadas en modalidad virtual para garantizar el carácter federal del proceso. Esta lógica no es un detalle metodológico menor, sino que es la columna vertebral del proyecto. La academia pone las herramientas y el rigor estadístico; las organizaciones migrantes ponen el conocimiento situado, la legitimidad territorial y, sobre todo, la pregunta política de fondo: ¿qué necesitamos saber para defender mejor nuestros derechos? El rol de las investigadoras del CONICET es, en este esquema, el de facilitadoras de un proceso que le pertenece a la comunidad. Una inversión deliberada de la lógica extractivista que suele dominar la producción académica sobre poblaciones vulnerables.
¿Qué dicen los datos?
El Anuario Estadístico Migratorio 2023, que condensa estos resultados, ofrece una radiografía detallada y, en varios puntos, sorprendente de la población migrante en Argentina.
Documentación
La regularización de la documentación de las personas migrantes en el país de destino es fundamental para garantizar el acceso a un conjunto de derechos, servicios y bienes comunes. En este sentido, dicho eje representó uno de los hallazgos más positivos: en 2023 el 93 % de las personas encuestadas tenía DNI argentino, cuatro puntos más que en 2020. Este aumento se debió principalmente a la implementación de medidas normativas y burocráticas por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, entre 2021 y 2023. La Ley de Migraciones 25.871 establece que es responsabilidad del Estado regularizar la situación migratoria de quienes residen en el país. Ese mandato, al menos en términos de documentación, se estaba cumpliendo.
Salud
En cuanto al acceso a la salud, que al igual que la educación están plenamente garantizados por el Estado, el 29 % de los encuestados señaló haber tenido problemas para acceder a los servicios públicos, al menos alguna vez. Ese número bajó respecto del 33 % de 2020. Sin embargo, algunos gobiernos provinciales —como Río Negro, Misiones o Salta— comenzaron a imponer aranceles al acceso a la salud pública para personas migrantes, retrocediendo sobre lo que la normativa nacional garantiza.
Vivienda
En el panorama habitacional, el 23,9 % de las personas migrantes residen en barrios populares, villas o asentamientos. Entre las personas paraguayas, ese número llega al 44,9 %; entre las bolivianas, al 39 %; entre las peruanas, al 33 %. La dificultad más citada para acceder a la vivienda no es la discriminación explícita sino los mecanismos formales del mercado inmobiliario, entre ellos, los aumentos de alquiler, la imposibilidad de acceder a crédito, los requisitos de garantía y recibos de sueldo, que muchas personas migrantes no pueden cumplir.
Discriminación
En discriminación, los datos revelaron que el 47 % de las personas migrantes en Argentina experimentó situaciones de discriminación por su condición de migrante, al menos alguna vez. La calle es el principal escenario (43,9 % de los casos), seguida por el trabajo (23,5 %) y el transporte público (20 %). La discriminación se intensifica entre quienes tienen ascendencia afro (72 %) o indígena (60,2 %), lo que revela que el racismo estructural opera con una lógica propia, más allá del origen nacional. Natalia Debandi señala la relevancia de dicha información al afirmar que «son cifras que no se tenían y que son muy fuertes».
Trabajo
Sobre la inserción laboral, los datos arrojados por la ENMA 2023 desmienten dos mitos extendidos. El primero, que las personas migrantes compiten deslealmente con los trabajadores argentinos. Más de la mitad de los encuestados trabaja, en condiciones que reflejan la misma precarización que afecta al conjunto de los sectores populares en Argentina. El segundo, que acceden desproporcionadamente a planes sociales. Además, se observó una segmentación por nacionalidad en el acceso al trabajo, donde la comunidad venezolana, con niveles educativos relativamente más altos, logró una inserción más rápida en el mercado formal.
Finalmente, uno de los datos más significativos para pensar el proyecto migratorio en Argentina es que el 73 % de las personas encuestadas tiene vocación de permanencia. Quieren quedarse, si Argentina les da las condiciones para hacerlo. «Creo que en la comunidad migrante hay una percepción de que en Argentina hay garantía de un buen acceso a determinados derechos como la salud y la educación», enfatiza Natalia.
Anuario-ENMA-2023El apoyo económico, una deuda pendiente
La ENMA fue concebida desde el inicio con el propósito de incidir en políticas públicas, y sus resultados llegaron a manos de organismos internacionales, de defensorías del pueblo a nivel provincial y de algunos gobiernos locales que los usaron como insumo de diálogo. Sin embargo, el apoyo económico ha sido uno de los grandes desafíos para afrontar tamaña tarea.
La edición 2023 combinó recursos indirectos —el propio sistema científico-tecnológico del CONICET, que sostiene las carreras de las investigadoras— con financiamiento directo del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), y el apoyo de organismos internacionales como la Plataforma R4V, ACNUR y OIM para sobremuestreo focalizado en colectivos específicos. Una arquitectura de financiamiento compleja, construida relación por relación, que el equipo tuvo que gestionar en paralelo al trabajo de campo.
Tal como afirma Debandi: «el trabajo que se hace desde la academia está sostenido por el sistema científico-tecnológico, sumándose a las tareas de investigación que regularmente se llevan a cabo». Es un esfuerzo sostenido por investigadoras que ya cargan con agendas exigentes, y cuya continuidad en 2026 se ve amenazada por el desfinanciamiento estructural del sector científico. En este sentido, la entrevistada resalta que «lo que más se necesita es financiamiento para las encuestas presenciales, que las realizan las organizaciones migrantes y es a quienes queremos apoyar y fortalecer».
2026: la edición del giro restrictivo
Argentina atraviesa un momento de inflexión en materia migratoria que hace que la tercera edición de la ENMA sea, quizás, la más importante de las tres. Desde 2024, el país viene acumulando reformas normativas regresivas: modificaciones en la Ley de Migraciones, en la Ley de Refugio y en la Ley de Ciudadanía, introducidas por decreto o por vía legislativa, que amenazan con desmantelar décadas de construcción de un marco de derechos que fue referencia regional y mundial.
Por eso el equipo de investigadoras llama a esta edición «la del giro restrictivo». Es un diagnóstico, más que un nombre de impacto. Y la ENMA es el único instrumento disponible para monitorear el impacto concreto de esas modificaciones sobre la vida de las personas migrantes. Sin esta encuesta, no habría forma de medir si las reformas están generando más irregularidad documentaria, más barreras al acceso a salud, más precariedad laboral. Los datos oficiales no lo harán.
Natalia Debandi destaca que, en la edición 2026, la ENMA pondrá especial atención en cómo las modificaciones normativas realizadas durante la actual administración impactan en la tasa de regularización documentaria, el acceso a la salud y en la situación económica de quienes ya residen en el país. La paradoja es que las personas migrantes que encuestaron muestran un fuerte sentido de pertenencia a Argentina, se sienten parte, quieren quedarse. Pero el país parece estar perdiendo la capacidad de estar a la altura de esa elección.
En este contexto, la ENMA es una apuesta a que los datos protejan los derechos de las personas migrantes. Que sea más difícil ignorar lo que se puede medir. Que las organizaciones migrantes tengan en la mano no solo su experiencia sino también sus números. Y que cuando alguien diga que estas comunidades son un problema, haya evidencia sólida, producida colectivamente, para responder.
La tercera edición de la ENMA está prevista para septiembre-octubre de este año. A pesar de no tener hasta el momento un financiamiento confirmado, Debandi afirma: «Se hará igual, aunque no tengamos financiamiento vamos a hacerlo con el activismo, la academia y todos aquellos que se presten a trabajar». Con este objetivo, el pasado 21 de abril se llevó a cabo la primera reunión informativa, que continuará con distintas mesas de discusión en los próximos meses.
Para consultas, acceso a la base de datos o sumarse como organización de apoyo a la edición 2026, la información se encuentra disponible en el sitio web: encuestamigrante.ar
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Amante del Jazz, el tenis, el yoga y los idiomas.
La temática migrante condensa algunos pilares que, desde mi punto de vista, son de suma importancia en cuanto seres intrínsecamente sociales: la empatía, el diálogo y el intercambio cultural como formas de construir una mundo más justo, sustentado en el amor y la hospitalidad.
