La Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal realizaron un nuevo operativo migratorio de gran escala en el barrio porteño de Once, en el marco del cual detuvieron a siete personas migrantes en situación irregular. Organizaciones de derechos humanos y referentes de colectividades advierten sobre vulneraciones al debido proceso y un escalamiento en la estigmatización de las comunidades migrantes.
La Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina desplegaron este viernes un importante operativo de control migratorio en el barrio porteño de Once, en la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento se orientó a identificar a personas migrantes en situación irregular y a quienes registraran requerimientos judiciales, mediante el uso de tecnología biométrica y requisas en la vía pública. La acción se enmarca en la aplicación del Decreto 366/2025 de Reforma Migratoria, vigente desde mayo de 2025, que modifica la Ley de Migraciones 25.871, endurece los mecanismos de expulsión y restringe el acceso a derechos sociales para la población sin residencia permanente. Como resultado, siete personas fueron demoradas y trasladadas bajo custodia. Según cifras difundidas por la Dirección Nacional de Migraciones, el operativo se sumó a 2780 procedimientos similares que el organismo afirma haber realizado en lo que va de año en todo el país.
El despliegue se concentró en sobre Avenida Pueyrredón, en sentido al norte, donde los efectivos policiales establecieron un perímetro que llegó a extenderse por tres cuadras e incluyó el cierre parcial de la calle Sarmiento. Con el correr de las horas, el operativo se fue replegando hasta concentrarse sobre la calle Perón, pero sostuvo una presencia ininterrumpida desde la media mañana hasta entrada la tarde, lo que alteró la actividad comercial en uno de los principales polos mayoristas de la ciudad.
Leonardo Arias, referente de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos y vecino del barrio, estuvo presente durante el despliegue. «Salí de cursar de la facultad, vi el operativo, me quedé un rato y después regresé. Seguían ahí», relató a este medio. Arias describió un ambiente de temor entre las personas que se encontraban en la zona, una sensación que, según remarcó, se diferencia de otros procedimientos similares ocurridos en Liniers y Lomas de Zamora.
Por su parte, el abogado Sergio Cárdenas, una persona migrante de origen boliviano, se encontraba en el barrio realizando trámites personales cuando fue alcanzado por el operativo. «El control fue bastante discriminatorio porque apuntaban a la colectividad migrante. Directamente, si te veían distinto, te pedían documento, y si no te dejaban pasar», relató a este medio. Cárdenas describió calles cortadas con patrulleros sobre Pueyrredón en dirección a Perón. Para el profesional, la lógica del operativo responde a una estrategia política más amplia: «El gobierno quiere encontrar un enemigo para justificar su forma de gobernar. Es una doctrina de siempre, que hablamos en su momento con el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, y creo que la están adoptando porque no se están pudiendo sostener».
Durante el operativo, según los testimonios, los efectivos ingresaron a locales comerciales y solicitaron documentación a quienes se encontraban dentro. «Hubo allanamientos. Se metían a los locales, sacaban los documentos de toda la gente. Era intempestivo», describió Arias. El referente estudiantil migrante también señaló que observó un trato diferenciado según la nacionalidad de las personas controladas: mientras a quienes presentaban DNI argentino se les permitía continuar tras una verificación rápida, a las personas migrantes se les solicitaban datos biométricos y se realizaban cruces completos de información.
Detenciones por vencimiento de residencia precaria
De las siete personas demoradas durante el procedimiento, algunas tenían la residencia precaria caducada —el documento transitorio que la Dirección Nacional de Migraciones entrega por períodos de uno a tres meses según cada trámite— y otros tenían el DNI vencido, y fueron notificadas mediante un acta de intimación. La séptima, una persona de nacionalidad peruana con antecedentes por robo, enfrentaría un proceso de expulsión, cuyo estado procesal y notificación formal no fueron precisados por las autoridades al momento de esta publicación.
«Identificaron cerca de 800 personas para encontrar una con una sentencia que ni siquiera el Código Penal tipifica como grave», cuestionó Arias, quien remarcó que el procedimiento también alcanzó a vendedores ambulantes y a personas menores de edad, a quienes, como ocurrió en operativos recientes, se les solicitaron datos biométricos.
Este tipo de operativos ha sido defendido por el organismo migratorio a través de sus canales oficiales. En su cuenta de Instagram, la Dirección Nacional de Migraciones sostuvo que trabaja para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y que quienes permanezcan en situación irregular y cometan delitos serán detectados y expulsados del país. Las acciones se enmarcan en un cambio institucional del organismo, que actualmente depende de la estructura del Ministerio de Seguridad Nacional encabezado por Alejandra Monteoliva.
La figura de flagrancia y la falta de apego al debido proceso
El sustento legal de estas intervenciones es el Decreto 366/2025, que introduce modificaciones significativas en la gestión migratoria. Uno de los puntos más cuestionados es la incorporación de la flagrancia como causal de expulsión inmediata. Según la normativa, una persona extranjera sorprendida cometiendo un delito de acción pública o ingresando por pasos no autorizados puede ser expulsada de manera sumarísima por la autoridad administrativa, incluso sin que exista una condena firme por parte del Poder Judicial.
Organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) han advertido que estas medidas vulneran el principio de presunción de inocencia. Los especialistas señalan que la reducción de los plazos de apelación administrativa y judicial coloca a las personas migrantes en un estado de indefensión. La nueva norma eliminó los recursos de reconsideración y redujo a 15 días el tiempo para recurrir ante la Justicia, obligando a que el proceso inicie directamente en una Cámara de Apelaciones, lo que incrementa los costos y la complejidad de la defensa legal.
Especialistas consultados por este medio han señalado, además, que la aplicación de detenciones administrativas y expulsiones sumarísimas podría generar tensiones con los compromisos asumidos por Argentina en el marco del Acuerdo de Residencia del Mercosur, que facilita la radicación de personas nacionales de los Estados parte.
Para Arias, lo que está en juego es un cambio de paradigma: «Me preocupa el giro de un modelo garantista de los derechos humanos a un modelo securitista. Me preocupan las expulsiones, los operativos que criminalizan a la migración, que estigmatizan y buscan el efecto mediático».
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Restricciones en el acceso a la salud y la educación superior
El nuevo esquema también transforma el acceso a derechos que históricamente fueron universales en Argentina. El decreto habilita a los centros de salud públicos a cobrar por la atención médica a personas extranjeras que no posean residencia permanente, y limita la gratuidad exclusivamente a situaciones de emergencia con riesgo de vida. Además, establece la obligatoriedad de contar con un seguro de salud para ingresar al territorio nacional, lo que representa una barrera económica considerable para quienes huyen de crisis humanitarias y podrían requerir protección internacional.
A nivel local, el referente estudiantil señaló que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, avanzó con una normativa (Decreto n° 142/26) que prioriza la atención sanitaria de residentes porteños por sobre personas de otras jurisdicciones y nacionalidades, relegando también a las personas migrantes que cuentan con residencia temporaria o precaria. «Salvo que te estés muriendo, te mandan al final de la fila», resumió.
En el ámbito educativo, las universidades nacionales fueron autorizadas a arancelar la enseñanza para personas estudiantes extranjeras que no cuenten con residencia definitiva, según lo dispuesto en el Decreto 366/2025. El argumento oficial sostiene que la medida busca la sostenibilidad del sistema, aunque sectores académicos advierten que ello constituye un porcentaje ínfimo y que, por sobre todas las cosas, ignora el aporte social, cultural, científico y profesional de las personas migrantes en la comunidad estudiantil .
La falta de respuesta organizada, una preocupación
Más allá de los efectos inmediatos del operativo, Arias advirtió sobre lo que considera una dimensión igualmente preocupante: la ausencia de una respuesta contundente por parte de las federaciones y asociaciones de colectividades migrantes frente al avance de estas políticas securitistas. «Las asociaciones civiles que estamos organizando conversatorios, talleres y actividades de defensa somos contadas», sostuvo, y mencionó al Bloque de Trabajadores Migrantes, la Asociación Civil 18 de Diciembre y AMUMRA entre los espacios que sí se encuentran activos.
El referente cuestionó el silencio de federaciones con estructura y financiamiento consolidado: «Las federaciones de bolivianos, peruanos, chilenos, paraguayos tienen muchísima estructura, financiamiento también de las embajadas, y no dicen nada». Como ejemplo, mencionó la realización del evento Buenos Aires Celebra América, del que su asociación decidió no participar. «Lo hacen en el contexto de estas redadas. Van a instrumentalizar el Buenos Aires Celebra como un show para demostrar que las asociaciones civiles están alineadas con el gobierno», cuestionó.
Arias también señaló lo que considera una omisión de los Estados de la región: «El gobierno de Milei puede impunemente empezar a criminalizar y expulsar a migrantes, y los gobiernos de los países que forman parte del Mercosur no se pronuncian». El referente advirtió, además, sobre los riesgos de no revertir la tendencia: «Va a llegar un momento en que, por la falta de organización política de las asociaciones y federaciones que deberían defender los derechos humanos de sus colectividades, podemos llegar a lamentar muertes que pudieron haberse evitado».
Imagen de portada: operativo migratorio de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal en el barrio porteño de Once | Foto: gentileza de Leonardo Arias
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