La falta de financiamiento internacional y la violencia generalizada dejan a más de un millón de personas en la precariedad absoluta, con un impacto crítico en mujeres y niños. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, la inestabilidad política ha sido una constante en Haití. Después de que el primer ministro Ariel Henry fuera obligado a dimitir en marzo de 2024 desde Puerto Rico, se abrió paso a un Consejo Presidencial de Transición (CPT), encargado de organizar elecciones para febrero de 2026. Pero el objetivo del CPT no ha sido cumplido. Mientras tanto, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), las pandillas criminales que operan en Haití han formado alianzas que les permiten controlar entre el 80 y 90 % de la capital haitiana, Puerto Príncipe, y áreas clave de los departamentos de Artibonite y Central.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en diciembre de 2025 se registraron 1 450 254 personas desplazadas internamente en Haití, es decir, el 12 % de la población total del país. De estas, el 52 % pertenece a la infancia y el 54 % son mujeres (adultas y niñas). Desde el final de 2022 hasta el final de 2025, el número de personas desplazadas se incrementó en un 835 %. Además, de acuerdo con información de la OIM, en marzo de 2026, 22 060 personas haitianas fueron deportadas de los países hacia donde se desplazaron (el 99 % desde República Dominicana), lo cual representa un aumento del 23 % con respecto a marzo de 2025. De estas, el 36 % fue detenida caminando en la ruta, el 26 % en el trabajo y el 25 % en casa. El 49 % estuvo detenida entre uno y tres días previo a su deportación y el 21 % entre cuatro y siete días. Además, el 44 % reportó haber recibido tratos degradantes. El 85 % de la población desplazada vive con familias de acogida, y el 15 % restante utiliza refugios.
En febrero de 2026, un informe de Médicos sin Fronteras (MSF) retomado por Refugio Latinoamericano dio cuenta de la situación de violencia sexual contra mujeres y niñas, de especial preocupación entre quienes viven en condiciones de pobreza extrema y las poblaciones desplazadas. A esto se suman los hallazgos de Mercy Corps, organización que reportó en marzo de 2026 que el 95,6 % de las personas que utilizan los refugios no los considera seguros y que son lugares «de supervivencia, no de seguridad». Una informante clave del estudio de Mercy Corps lo planteó de este modo: «La asistencia humanitaria no cubre todas las necesidades de las jóvenes. Necesitan más que jabón y papel higiénico. Necesitan ir a la escuela, aprender un oficio, tener oportunidades de trabajo. Algún programa que diera capacitación o pequeños trabajos sería más útil para nosotras que la ayuda escasa y ocasional».
Las condiciones de violencia y escasez también impactan en los refugios. Las mujeres entrevistadas por Mercy Corps reportaron situaciones donde la negativa a satisfacer demandas sexuales las ha llevado a «la exclusión, el aislamiento y la pérdida de posibilidades de asistencia».
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La crisis en la seguridad alimentaria
De acuerdo con una encuesta llevada a cabo por la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) entre julio y agosto de 2025 con familias desplazadas en Haití, el consumo de lácteos en las familias es de una vez por semana, el de carne, pescado y huevo de dos días por semana y lo que más se consume son grasas, cereales, raíces y tubérculos cinco veces por semana. Dentro de las denominadas «estrategias de emergencia» por la crisis alimentaria, el 50 % de las familias desplazadas viviendo en refugios reportó haber gastado sus ahorros, el 56 % pidió prestado, el 51 % redujo los gastos en alimentación y el 47 % tuvo que mendigar por alimentos. Con una reducción de fondos del 40 % en 2025, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) realizó un diagnóstico en cinco países con emergencias alimentarias (Afganistán, Níger, Sudán del Sur, Uganda y Haití). De acuerdo con este informe, la falta de presupuesto se ha traducido en disminuciones de raciones de comida y de personal a cargo de operaciones humanitarias, carencias de logística para entrega de alimentos y suspensión de algunos servicios.
Para el PMA, la crisis alimentaria es consecuencia de la violencia crónica que trajo consigo el cierre de mercados, el desplazamiento forzado de personas, limitantes a la movilidad por temas de inseguridad, falta de acceso a campos de cultivo, cosechas y ganado abandonados o destruidos. Esto se traduce hoy en un 64 % de hogares sin acceso a la canasta básica de alimentos.
Más aún, el recrudecimiento de la crisis alimentaria comienza a agravar las condiciones de violencia contra mujeres e infancias, quienes se ven forzadas a la mendicidad, el trabajo infantil o lo que denominan «sexo transaccional» para poder cubrir necesidades básicas. Las personas que participaron en la elaboración del diagnóstico del PMA describieron la suspensión de los alimentos calientes y la reducción de las raciones de comida como un «punto de quiebre» que ha implicado saltearse comidas, sacar a la infancia de las escuelas y enrolarse en trabajos de alto riesgo.
El análisis del PMA contempla en el corto plazo que el vacío por la falta de financiamiento pueda llenarse por el Estado, la sociedad civil y la diáspora haitiana. Hacia esta última, señala el informe, deberían dirigirse los esfuerzos de las agencias de Naciones Unidas.
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Nació en el entonces Distrito Federal, esa ciudad donde —como escribió Monsiváis— “lo invivible tiene sus compensaciones, la primera de ellas el nuevo estatus de la sobrevivencia”. Creció bajo el cuidado de sus abuelos maternos: con su abuelo descubrió a Juan Rulfo y las canciones de Chava Flores, Los Panchos y Pedro Infante; con su abuela aprendió los secretos de la cocina y las artesanías. Desde 2020 vive en Buenos Aires, Argentina, donde continúa su historia como migrante.
