La última oleada de represión migratoria en la República Dominicana ha suscitado una fuerte condena internacional, mientras emergen informes de mujeres embarazadas expulsadas por la fuerza de los hospitales, bebés separados de sus madres y comunidades enteras de ascendencia haitiana desplazadas en lo que organizaciones de derechos humanos describen como una “campaña de terror racial” disfrazada de política migratoria.
La Red Hemisférica por los Derechos de los Migrantes Haitianos (REDMA) denuncia las medidas implementadas desde el 6 de abril, que incluyen controles de identificación obligatorios en hospitales y deportaciones masivas. Agentes de inmigración están desplegados en 33 hospitales públicos —especialmente en las maternidades— donde las mujeres haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana son arrestadas si no poseen documentos legales.
Una guerra contra los más vulnerables
Desde la entrada en vigor de estas medidas el 21 de abril, las autoridades han intensificado las redadas, arrestando y deportando a cientos de mujeres embarazadas y en posparto. Testimonios escalofriantes describen a mujeres aún sangrando tras el parto siendo obligadas a salir de los hospitales escoltadas por agentes de inmigración. Las autoridades haitianas confirmaron que solo a finales de abril, 154 recién nacidos —sin sus madres— fueron deportados por un solo paso fronterizo.
Un caso emblemático ilustra la crueldad de esta política: Lourdia Jean-Pierre, de 32 años, falleció el 9 de mayo tras dar a luz en su casa, demasiado asustada para acudir al hospital por miedo a ser deportada. Su muerte, según defensores, es consecuencia directa de un sistema que niega a las mujeres haitianas acceso a atención médica.
“¿Es humano deportar a una mujer que acaba de tener una cesárea, aún con puntos, en un camión con un bebé de un día?” se pregunta la presidenta de la Asociación Médica Dominicana.
Un patrón de violencia estatal
No es la primera vez que el gobierno del presidente Luis Abinader ataca a las mujeres haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Políticas similares en 2021 y 2022 provocaron indignación internacional, pero hoy, con la República Dominicana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los abusos se han intensificado. Más de 119,000 personas han sido deportadas a Haití en 2025, un aumento del 71 % respecto al año anterior.
La violencia va más allá de los hospitales. A principios de abril, el gobierno demolió el barrio mayoritariamente haitiano de Mata Mosquito en Punta Cana, desplazando a más de 500 personas. Grupos ultranacionalistas, alentados por la inacción estatal, aterran a las comunidades haitianas. El 30 de marzo, una multitud marchó en Friusa, escoltada por policía y ejército, coreando consignas anti-haitianas.
Los defensores de derechos humanos que documentan estos abusos también han sido atacados. El 27 de abril, miembros de REDMA fueron agredidos por militantes de extrema derecha durante una protesta que conmemoraba la Revolución de Abril dominicana, sin intervención policial.
Complicidad internacional
Mientras la República Dominicana denuncia públicamente la crisis haitiana y llama a la ayuda internacional, continúa deportando personas hacia lo que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) califica como una zona de guerra “inhabitable”. Muchos deportados nacieron en República Dominicana, pero fueron despojados de la ciudadanía por una sentencia judicial de 2013 que negó retroactivamente la nacionalidad a personas de ascendencia haitiana.
“Estamos presenciando un apartheid”, dijo Gabrielle Apollon, coordinadora de REDMA, en un foro de la ONU. “Esto es terror racial disfrazado de política migratoria.”
Llamados a la acción
REDMA insta al gobierno dominicano a:
1. Suspender inmediatamente las deportaciones de mujeres embarazadas, bebés y enfermos.
2. Investigar los abusos cometidos por agentes de inmigración y grupos ultranacionalistas.
3. Cumplir con el derecho internacional, incluyendo el llamado de la ONU a suspender los retornos forzosos a Haití.
La red también hace un llamado a la solidaridad global, invitando a las comunidades negras y sus aliados a boicotear el turismo dominicano mientras persista la violencia. “Este sistema,” advierte Apollon, “solo caerá bajo presión transnacional —como ocurrió con el apartheid sudafricano.”
Mientras continúan las deportaciones, una pregunta persiste: ¿cuántas vidas más deben perderse antes de que el mundo actúe?
Imagen de portada: captura de pantalla. Informe de France 24 sobre el drama de las madres haitianas en República Domincana.
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Licenciado en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Miembro de Red Hemisférica por los Derechos de los Migrantes Haitianos (REDMA).
