La Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal encabezaron un nuevo operativo conjunto en el Barrio Chino. El procedimiento se sumó a una serie de controles desplegados tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el AMBA en los últimos meses, en un contexto en el cual el Estado argentino sigue obstaculizando el acceso a la regularización migratoria y en medio de las alarmas encendidas por las insólitas medidas del gobierno de Javier Milei para expulsar personas migrantes por supuestos «discursos de odio». A ello, se suma la sistemática promoción oficial de la línea 134 como canal de delación ciudadana.
Como suele suceder durante los días viernes, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) junto a la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un nuevo operativo conjunto de control migratorio en el Barrio Chino, en la Ciudad de Buenos Aires. El despliegue, que incluyó nuevamente controles biométricos en la vía pública, se suma a los operativos que a lo largo de los últimos siete meses tuvieron lugar en los principales centros comerciales y de alta concurrencia, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el AMBA.
Realizados bajo el argumento oficial de identificar a personas con antecedentes penales o en situación irregular, estos operativos se han convertido en la expresión más visible del giro securitario en la política migratoria de la era Milei. La secuencia de controles comenzó en enero en las ferias comunitarias de Villa Celina (La Matanza, Prov. de Buenos Aires) y continuó entre marzo y abril con despliegues en los barrios porteños de Liniers y Once. En mayo, las intervenciones tuvieron lugar en Flores y en la estación de Constitución, para luego hacer lo propio en la terminal de Retiro durante el mes de junio. En todos los casos, el patrón es similar: zonas comerciales y de alta circulación de público, donde trabajan y circulan personas de distintas nacionalidades.
Consultada por este medio, Yudy, una joven de origen venezolano que trabaja en uno de los locales de la zona en la que se realizó el operativo, comentó que el personal policial irrumpió en horas del mediodía, sin previo aviso y realizaron un retén en las adyacencias de las galerías conocidas como Via Viva. Si bien comentó que no afectó la actividad comercial del local gastronómico donde trabaja, se impresionó porque fue la primera vez que vivió un operativo de estas características en este país.
Otra trabajadora migrante de origen ecuatoriano (que prefirió preservar su identidad), comentó a Refugio Latinoamericano que el operativo fue «un poco intimidante» y que le pareció innecesario, ya que afectó la tranquilidad habitual de la zona e incomodó a algunos de los clientes que frecuentan el local gastronómico donde trabaja. «Yo tengo la ciudadanía desde hace varios años, pero entiendo que estos controles exponen las fuentes de trabajo de muchos recién llegados que trabajan acá honestamente», manifestó.
Otro de los testimonios corresponde a la periodista Ingrid Sarchman, quien se desplazaba por la zona del operativo: tras recorrer las dos cuadras peatonales entre Olazábal y Juramento, observó cerca de 15 efectivos por esquina entre la Policía Federal y agentes de la Dirección Nacional de Migraciones. Al intentar salir de la zona, fue abordada por tres oficiales que la rodearon para exigirle su DNI y, ante sus objeciones sobre la legalidad del procedimiento, dos agentes más se sumaron argumentando que se trataba de un «control ciudadano» de rutina. Ante la evidencia de que no le iban a permitir salir si continuaba negándose, entregó su documento para el escaneo de datos y la lectura biométrica de sus pulgares en un dispositivo portátil antes. Según detalló, el control no masivo ni respondía a un criterio claro, aunque aclaró que se trató un despliegue policial desproporcionado en una zona de alta concurrencia turística y gastronómica.
Grandes despliegues, resultados inflados
Según los números difundidos por la propia cartera de Seguridad Nacional en junio pasado, se habrían expulsado a más de 14.000 personas extranjeras con antecedentes penales o pedidos de captura durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, un reciente análisis de datos públicos realizado por Chequeado desmiente lo engañoso de estas cifras oficiales: según los registros de la propia Dirección Nacional de Migraciones, las expulsiones efectivas por delitos previstos en el Código Penal rondan apenas los 600 casos anuales (620 en 2024 y 662 en 2025). El número de 14.000 esgrimido por el Ejecutivo surge a partir de inflar las estadísticas sumando los rechazos migratorios en frontera, es decir, personas a las que no se les permitió ingresar al país por falta de algún trámite o por la aplicación discrecional del criterio de «falso turista» (un supuesto que escaló del 8% al 41% de los rechazos en dos años, según la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes – CAREF).
De este modo, la espectacularización de los operativos ilustra esa profunda desproporción: finalmente, se terminan movilizando recursos públicos para desplegar personal de las fuerzas de seguridad con el fin de justificar cifras infladas, nutridas principalmente por la inadmisión en los pasos de frontera antes que por la identificación y expulsión de personas con antecedentes penales. En la práctica, los procedimientos detectan mayoritariamente faltas administrativas ligadas a trámites de regularización y terminan afectando la dinámica habitual de los comercios, los trabajadores y el público en general.
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La promoción estatal de la irregularidad y la delación ciudadana
Tal como analizó el especialista Pablo Ceriani Cernadas en este medio, la constante promoción de la línea 134 por parte del Ministerio de Seguridad instrumentaliza la delación ciudadana como herramienta de control migratorio. Tras la finalización de cada procedimiento, la gestión de Alejandra Monteoliva refuerza el mensaje oficial a través de los posteos en redes sociales: «Si conocés a un extranjero que se encuentra en situación migratoria irregular o que cometió un delito, denuncialo de forma anónima y segura a la Línea 134». Al homologar la irregularidad migratoria —una infracción de carácter administrativo— con el delito penal, la narrativa gubernamental criminaliza a la población migrante e instituye un clima de sospecha comunitaria que replica dispositivos de control social propios de los Estados de Excepción.
La persecución de la migración irregular, además, incurre en un contrasentido: es el mismo Estado el que obstaculiza el acceso a la regularización y al mismo tiempo la persigue. Desde la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 de reforma migratoria, el gobierno de Javier Milei modificó de manera sustancial los requisitos para acceder a la residencia permanente, introduciendo exigencias que organismos especializados califican como barreras estructurales.
Entre los requisitos incorporados por la reforma figura la acreditación de solvencia económica: la persona solicitante debe demostrar ingresos o bienes suficientes para sostenerse sin depender de empleos informales. El problema es que ese umbral resulta muchas veces inalcanzable para buena parte de las personas migrantes en Argentina, cuya inserción laboral tiene lugar mayoritariamente en la economía informal. Pero no solo para ellas: en el contexto de crisis económica que atraviesa el país, ese estándar de solvencia sería difícil de cumplir para una porción significativa de la población nacida en Argentina.
Los propios datos oficiales confirman el impacto de la reforma. Entre 2021 y 2024, el Estado argentino aprobó un promedio de 90.000 residencias permanentes por año. En 2025, ese número cayó a 41.000, menos de la mitad. No porque hayan dejado de llegar personas migrantes, sino porque el sistema administrativo se cerró sobre sí mismo. La consecuencia directa es un incremento de la irregularidad que el propio Estado genera y luego persigue.
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