El primer «Informe de gestión y estado de situación nacional sobre trata» puso el foco en la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad como un factor de riesgo clave, visibilizando cómo este flagelo también afecta a los varones migrantes. En este marco, la jurista y docente de la Universidad de la República, Lucía Remersaro, analiza la complejidad de esta problemática y plantea la necesidad de fortalecer una respuesta especializada.
Uruguay tiene un nuevo perfil de víctimas de trata: varones migrantes en situación de explotación laboral. Así lo establece el primer Informe de Gestión y Estado de Situación Nacional del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas (CNTE), presentado el 30 de julio de 2026. El documento advierte, en base a datos cuantitativos, un aumento de casos que involucran a población masculina de origen migrante, y asimismo expone un déficit de la respuesta estatal: todavía no existe un servicio de atención especializado para con este sector de la población.
El CNTE es el ente rector y articulador de las políticas sobre trata en el país. Fue creado por la Ley N.º 19.643, de 2018 de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, que entre sus presupuestos, obliga al ente a rendir cuentas públicamente al menos una vez al año. Lo preside el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) a través del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y lo integran otros ministerios, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Fiscalía General de la Nación (FGN), el Poder Judicial y tres organizaciones de la sociedad civil. Además, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) participa como asesora.
El documento cubre el período entre el 1 de marzo de 2025 y el 30 de junio de 2026, aunque sus datos estadísticos corresponden a 2025. Además de plantear los desafíos pendientes, describe el marco legal uruguayo, ofrece un panorama del flagelo de la Trata de Personas a partir de los registros disponibles y repasa los avances institucionales desde la implementación de la Ley N.º 19.643. Desde luego, el documento también describe las acciones, la coordinación y las medidas de protección para abordar la problemática.
Si bien el informe advierte que todavía no hay cifras consolidadas, a partir de los registros disponibles para 2025, el informe señala que durante el periodo consignado, el servicio de Inmujeres atendió a 37 mujeres en situación de trata: el 42 % era de nacionalidad uruguaya y el 39 %, mujeres de origen dominicano.
Asimismo, en el sistema de justicia, la FGN y el Ministerio del Interior registraron 81 personas imputadas por delitos de trata y asociados: 68 hombres y 13 mujeres. El Poder Judicial informó 65 condenados por trata con fines de explotación sexual, aunque solo cinco lo fueron bajo la legislación específica de trata. Son cifras de imputados y condenados, por lo que no se tomaron en cuenta a quienes sufrieron el delito.
Por su parte, la organización CasAbierta identificó a 76 mujeres con indicadores de explotación sexual y laboral.
Un flagelo asociado a la migración que también afecta a la población masculina
El informe señala que, según los casos abordados por instituciones y organizaciones de la sociedad civil, la trata de mujeres con fines de explotación sexual sigue siendo la más identificada, mientras que en los hombres predomina la explotación laboral.
Entre los escenarios, el estudio señala un incremento de migrantes y refugiados entre quienes son víctimas de trata. El equipo técnico del Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata de Inmujeres observa que el problema va en ascenso, especialmente por la alta vulnerabilidad asociada a algunas experiencias de migración internacional y al crecimiento de las redes de crimen organizado.
A partir de lo recopilado por el equipo, las mujeres migrantes atendidas, en su mayoría con educación terciaria, reconocen haber sido captadas mediante engaños: los expertos señalan que muchas viven esta experiencia con vergüenza y tienden a ocultarla. En el proceso, se identifica un vínculo entre las condiciones de vulnerabilidad presentes en algunas trayectorias migratorias y un mayor riesgo de explotación. A ello se suma que varias usuarias del servicio están o han estado en situación de calle debido a la falta de una respuesta adecuada, lo que las expone a las redes de trata o a nuevas captaciones.
El informe también menciona que, durante el último tiempo, empezó a cobrar fuerza la tendencia de mujeres de origen cubano que utilizan Uruguay como país de tránsito hacia Estados Unidos. «Pese a esta nueva tendencia, encontramos ciudadanas cubanas que se han establecido en el país desde hace 3 o 4 años, en locales donde se ejerce el trabajo sexual en condiciones de alta vulnerabilidad, donde la explotación laboral se manifiesta —por ejemplo— con días y horas superiores a lo estipulado. Y, la explotación sexual, con exigencias de atender a ‘clientes de la casa’ sin la remuneración correspondiente», cita el documento.
Uno de los datos más relevantes revelados por el informe es que el problema no afecta solo a las mujeres. La Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT) de la FGN precisa que en los últimos dos años hubo un aumento de varones migrantes en situación de trata con fines de explotación laboral. Menciona dos casos como hitos; el primero, de febrero de 2024, involucró a 28 migrantes: 27 hombres y una mujer. El segundo, de diciembre de 2025, a 50: 49 hombres y una mujer.
En diciembre de 2025, un operativo conjunto de la FGN y la Inspección General del Trabajo en Paysandú, preparado con reserva durante meses, constató la presencia de 58 trabajadores de distintas nacionalidades (56 hombres y dos mujeres). La inspección halló irregularidades en los servicios de bienestar, las instalaciones eléctricas y la maquinaria, y clausuró la totalidad de las viviendas, los comedores y los servicios por riesgos higiénicos, eléctricos y estructurales.
El estudio señala que, a partir de operaciones de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol del Ministerio del Interior, se observa que hace cinco años las víctimas de trata eran casi en exclusividad mujeres, captadas con fines de explotación sexual. «Esto ha cambiado en el último lustro, donde se han realizado intervenciones vinculadas a trata con fines de explotación laboral, cuyas víctimas han sido varones», recalca el documento.
Más visibilidad
El aumento de hombres entre las personas identificadas en situación de trata también plantea interrogantes sobre la explotación laboral y cómo diferenciarla de otros incumplimientos o abusos en el ámbito del trabajo. Lucía Remersaro, profesora adjunta del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República (UDELAR), explica que por esta razón resulta particularmente complejo definir y abordar desde el derecho penal.
«Lo que en general se toma como definición es un desmedro de los derechos laborales que no es simplemente del campo laboral, sino que es bastante más intenso y que se relaciona con la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso, que son las formas más importantes, más terribles y más graves de explotación. Es decir, no son meros incumplimientos laborales, sino que, bueno, hay un montón de factores que contribuyen en una disminución prácticamente total de lo que son los derechos laborales y, por lo tanto, no hay una relación laboral ahí», recalcó Remersaro.
Sobre por qué la mayoría de las víctimas de la explotación laboral son varones, Remersaro detalló que son los casos que, por tratarse de labores que requieren de la fuerza física, están más masculinizados. No obstante, el delito aclaró que pueden darse situaciones asociadas a las tareas de cuidado, algo más asociado a lo femenino, pero que sin embargo ha sido poco estudiado.
«Yo creo que se está visibilizando esta nueva esclavitud que es súper importante y que obviamente toda la criminalidad ha mutado. Las estafas ahora son electrónicas, las formas de ir contra la libertad sexual también tienen nuevas modalidades, es decir, todo lo que es narcotráfico ha mutado (…) Es relativamente nueva la criminalización de la trata de personas. Y está teniendo muchísima más visibilización», recalcó Remersaro.
Las acciones para asistir a las víctimas
Frente a este escenario, el informe indica que la Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT) de la Fiscalía General de la Nación (FGN) acompañó a los afectados y coordinó con la OIM y los consulados correspondientes los retornos asistidos y las reunificaciones familiares de extranjeros en situación de trata. Lo hizo sobre todo en el trabajo con grupos migrantes más numerosos entre 2024 y 2026.
Aunque las conclusiones valoran los avances en la política de trabajo con población migrante, el informe reconoce un vacío importante en la atención a hombres en situación de explotación laboral. Lo señala como un punto crítico discutido con las autoridades en diciembre de 2025.
Según el documento, la UVyT ha llenado ese vacío acompañando más allá de sus competencias, mientras el Ministerio de Desarrollo Social define el diseño de un servicio focalizado. Se entiende que la respuesta con la mirada esté puesta sobre todo en las mujeres que fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual, lo cual ha hecho que los dispositivos del Estado estén pensados y desarrollados para ese tipo de intervención, afirma la investigación.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social conformó en 2024 un espacio tripartito de diálogo sobre migración y trabajo, y acordó realizar espacios formativos para que sus actores conozcan el fenómeno y su tratamiento institucional. Además, un proyecto financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y ejecutado por la OIM y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apoyará, entre 2026 y 2029, el abordaje de la trata con fines de explotación laboral, con énfasis en varones.
Remersaro destaca precisamente que durante este año se han desarrollado estas instancias entre distintos organismos. «Yo no sé si tienen el presupuesto necesario y las herramientas necesarias para poder abordar este fenómeno con las dificultades que acarrea. La sensación es que la gente aislada, que forma parte de las instituciones, sí que le interesa, sí que está haciendo esfuerzos, pero no sé si como política pública son suficientes», agregó.
La jurista plantea que uno de los pasos que podría fortalecer la respuesta uruguaya sería la creación de una fiscalía especializada en la trata, con alcance nacional y capacidad de coordinación con otros organismos. Y planteó la necesidad de conformar equipos de trabajo más abarcativos, que sean capaces de comprender los delitos asociados a la trata y mas allá, que puedan trabajar junto al Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. «Si la política pública no tiene personas dedicadas a pensar, si no le damos plata, si no hacemos un esquema, todo va a quedar solo como un lindo comentario», enfatizó.
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Periodista venezolana con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación de Venezuela y Chile. Es egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con formación en migración y protección de refugiados por la Universidad de Buenos Aires y recibió una mención de honor del premio «Journalism Without Labels» de ACNUR Chile en 2021.
