La presidenta de Perú impulsa ante el Congreso una reforma para extender el periodo de detención de migrantes en situación irregular, con el objetivo de sincronizar los trámites de expulsión y evitar que las autoridades deban liberarlos por vencimiento de plazos. La iniciativa, presentada como una medida para combatir el «crimen transnacional», se anunció tras su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encuentro en el que se confirmó la incorporación de Perú al «Escudo de las Américas», la alianza militar regional promovida por la administración de Donald Trump.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, solicitó este viernes al Congreso facultades legislativas especiales para ampliar los plazos de detención de migrantes en situación irregular. La iniciativa apunta a sincronizar los tiempos administrativos, dada la imposibilidad legal de completar los expedientes de expulsión antes de que venza el periodo máximo de custodia y deban liberar a las personas retenidas, en un esquema que el Gobierno busca aplicar prioritariamente sobre migrantes de origen venezolano.
Durante una entrevista televisiva, la mandataria argumentó que su administración ha llegado al límite de lo permitido por la normativa actual y que, sin el aval del Parlamento, resulta inviable ejecutar las salidas forzosas. «Para poder ampliar estos periodos en los que están detenidos, para luego expulsarlos y que regresen a Venezuela», señaló Fujimori, tras insistir en que «todo lo que podamos avanzar sin facultades lo estamos haciendo, pero el resto de herramientas adicionales las necesitamos a través del Congreso».
Esta demanda de mayor margen de maniobra se articula directamente con un plan logístico de mayor escala que el Ejecutivo prepara tras bambalinas. Días antes del anuncio presidencial, el ministro del Interior, César Astudillo, reveló ante la Comisión de Defensa del Parlamento que el Gobierno negocia acuerdos con Caracas para implementar deportaciones masivas por vía marítima. Aunque hasta la fecha las fuerzas de seguridad reportan haber expulsado a 1.635 personas migrantes de origen venezolano mediante operativos policiales, el titular del Interior anticipó que esa cifra «va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela para mandarlos por barco».
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El endurecimiento de estas medidas afecta significativamente a la diáspora venezolana en el Perú, la segunda más grande del mundo. Según datos de ACNUR (actualizados a mayo de 2025), el país andino acoge a más de 1.6 millones de personas de origen venezolano. Si bien el discurso oficial se focaliza en la persecución de las redes de crimen organizado —a cuyos miembros Astudillo calificó de «criminales perversos» que operan en las calles—, la extendida situación de irregularidad de dicha diáspora responde mayoritariamente a factores estructurales, como las crecientes barreras burocráticas para renovar los permisos temporales de residencia y las dificultades para acceder al mercado laboral formal.
La estrategia de control y aceleración de expulsiones cuenta, además, con un explícito respaldo exterior. La ampliación de los periodos de detención fue uno de los temas centrales tratados en Lima durante la visita oficial del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, los pasados 9 y 10 de septiembre. En el marco de su gira por la región, el funcionario estadounidense transmitió el apoyo de Washington a las políticas de fiscalización fronteriza y deportación impulsadas por el Gobierno peruano.
Esta sintonía bilateral se inscribe en la adhesión de Perú al Escudo de las Américas, la alianza militar y de seguridad promovida por el gobierno de Donald Trump para «combatir al crimen transnacional» que también apunta contra «la inmigración ilegal y masiva». Para Fujimori, quien asumió la jefatura de Estado en mayo tras imponerse en segunda vuelta frente a Roberto Sánchez, el despliegue militar en fronteras y la intensificación de las expulsiones representan la consolidación de la línea dura en seguridad prometida desde su llegada a la Casa de Pizarro y del alineamiento con la política exterior estadounidense.
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