El nuevo presidente de Colombia anunció operativos de control para identificar a personas migrantes con antecedentes penales o en situación irregular. La medida, alineada con un discurso punitivista que ya había manifestado en campaña, tiene lugar en un momento en que el país es el principal epicentro de los movimientos migratorios de la región, y contrasta incluso con los posicionamientos de los sectores conservadores del país.
Desde Barranquilla, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó ejecutar operativos conjuntos entre la Policía y Migración Colombia con el fin de identificar y expulsar a personas extranjeras con antecedentes penales y también a migrantes en situación irregular. La disposición constituye una de las primeras medidas del nuevo gobierno en materia de políticas migratorias, y se inscribe la tendencia regional de securitización de las políticas migratorias.
Colombia es un país marcado por la migración, en el que coexisten tipologías múltiples de movilidad humana y es el principal corredor de migración intrarregional que no está dirigida hacia los Estados Unidos. En ese sentido, es relevante tener presente que Colombia acogió a más de 2,8 millones de personas provenientes de Venezuela en los últimos años.
Una nueva política de alcance nacional
Si bien el primer mandatario colombiano ratificó que los operativos comenzarán en la ciudad de Barranquilla, el objetivo trazado por la nueva administración apunta a una nueva política migratoria de carácter nacional. La decisión fue comunicada en una rueda de prensa en la que De la Espriella subrayó que asumirá el costo institucional de este cambio de rumbo.
«No voy a aceptar la migración ilegal, que empiecen los operativos coordinados. Primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación, y en el término de la distancia tendrán que ser deportados», enfatizó el primer mandatario.
Asismismo, De la Espriella aseguró durante su alocución ante los medios que la nacionalidad de las personas involucradas no determinará el alcance de las medidas, y remarcó la instrucción de aplicar retornos de carácter expedito para quienes se encuentren en situación de irregularidad dentro del territorio colombiano.
Un giro que contrasta incluso con el posicionamiento reciente de la derecha colombiana
Resulta importante advertir que este giro punitivo de la migración irregular contrasta incluso con el posicionamiento público de referentes de la derecha colombiana, muchos de los cuales habían manifestado la necesidad de acoger y brindar protección a las personas que abandonaron Venezuela durante el régimen de Nicolás Maduro.
En ese sentido, baste con recordar que la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, una herramienta creada para facilitar la regularización y el acceso a derechos para personas migrantes y refugiadas del país caribeño, fue impulsada por el presidente derechista Iván Duque.
Al día de hoy, no obstante, las estadísticas oficiales señalan que cerca de medio millón de personas permanecen fuera del esquema formal de regularización y corren el riesgo de ser alcanzadas por los operativos anunciados por el nuevo mandatario.
Organismos como la OIM han advertido de forma reiterada sobre la necesidad de garantizar el acceso a la regularización y agilizar mecanismos de asilo, evitando la criminalización de la población en condición irregular que huye de escenarios complejos y requiere de la solidaridad en sus comunidades de acogida.
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