La Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF), la Red Nacional de Migrantes y Refugiados, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE/UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los efectos de la reforma migratoria en Argentina. Las organizaciones advirtieron sobre las dificultades para acceder a la residencia permanente, el giro securitario de las políticas migratorias, las restricciones en el acceso a la salud pública y los controles migratorios en la vía pública.
En el marco del 197.º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se realizó la audiencia «Argentina: Impactos de las políticas migratorias en los derechos humanos». Allí, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF), la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE/UTEP) expusieron sobre los efectos de la reforma migratoria impulsada por el gobierno de Javier Milei. La audiencia tuvo lugar en la ciudad de Panamá.
En dicho marco, las organizaciones de la sociedad civil expusieron sobre los efectos regresivos de las políticas migratorias del gobierno argentino y denunciaron el giro securitario de las mismas. En ese sentido, solicitaron a la CIDH que realice una visita al país e inste a la administración de Javier Milei a derogar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que modificaron la Ley de Migraciones n.º 25.871. En particular, señalaron los DNU 942/2024 y 366/2025, así como el reciente DNU 681/2026, que habilita la expulsión de personas migrantes por «discursos de odio».
Por su parte, la delegación argentina ante la audiencia estuvo integrada por el subsecretario de Derechos Humanos, Leonardo Fabián Suchet, y el subdirector nacional de la Dirección Nacional de Migraciones, Javier Rea.
Regularización y salud, en el centro de las denuncias
Lucía Galoppo, abogada del Equipo de Trabajo Internacional del CELS, abrió la exposición. Afirmó que la Argentina sostuvo durante más de 20 años una política que reconocía la migración como un derecho humano y que hoy atraviesa un proceso de «desarticulación abrupta». Según la jurista, desde 2024 el Gobierno adoptó medidas que no pasaron por el Congreso, que dificultan el acceso a la residencia permanente y al asilo, y que trasladaron la gestión migratoria al Ministerio de Seguridad, «acompañado de un discurso criminalizador y alarmista». En ese marco, citó una declaración reciente del presidente, quien dijo que su gobierno había expulsado a «30.000 terroristas», y sostuvo que esa cifra no encuentra respaldo en las estadísticas oficiales. También cuestionó que, mientras se endurecen los requisitos, se promuevan vías de naturalización para quienes hagan inversiones de cientos de miles de dólares.
Por su parte, Nicolás Figari, abogado de CAREF, se centró en el DNU 366, publicado en mayo de 2025. Explicó que el decreto exige acreditar medios económicos suficientes para obtener la residencia permanente o renovar la temporaria, y que solo admite pruebas vinculadas al trabajo registrado. Calificó ese requisito de «especialmente absurdo» en un país donde, según un informe oficial que citó, el 45 % de los trabajadores no está registrado. Además, señaló la reducción en el acceso a las residencias permanentes, cuyos otorgamientos cayeron de 24.000 a 8.000 por semestre. Señaló además que el decreto eliminó el derecho a la residencia permanente por tener hijos o cónyuges argentinos: «Ni siquiera la dictadura cívico-militar se atrevió a desconocer los vínculos familiares de semejante manera». En salud, describió, asimismo, tratamientos interrumpidos, solicitantes de asilo sin atención y mujeres embarazadas que no recibieron atención oportuna.
Controles en la vía pública y economía popular
Durante la audiencia también se expresó Lourdes Rivadeneyra, referente de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados de Argentina, quien alertó sobre las denuncias por controles migratorios en la vía pública, las requisas y las demoras arbitrarias ejecutadas con sesgo racial, dirigidas sobre todo hacia personas con rasgos indígenas o afrodescendientes, y advirtió que el miedo a las expulsiones expone a las personas migrantes a abusos laborales y violencia policial. «La irregularidad administrativa no nos convierte en delincuentes», remarcó.
En la misma línea se manifestó Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP. En su alocución, apuntó contra los operativos policiales de «control poblacional» y señaló que se focalizan en áreas urbanas de venta ambulante. Allí, las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular —principalmente migrantes— ven afectada una actividad que constituye su «única forma de subsistencia y de poder garantizar un plato de comida para nuestras familias y para nuestros hijos». Asimismo, advirtió que el requisito de acreditar ingresos formales para acceder a la regularización «deja en los márgenes a muchas personas migrantes que hoy hacemos parte de la economía popular», dado que, según explicó, «quienes integramos la economía popular no tenemos un recibo de sueldo».
Las preguntas de la Comisión
Por su parte, el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, destacó que «detrás de las políticas migratorias existen personas, familias, proyectos de vida y situaciones que merecen ser escuchadas con atención, con respeto, con sensibilidad», y sostuvo que «la soberanía de los Estados y la protección de los derechos humanos no deben concebirse como principios enfrentados», sino que «el verdadero desafío consiste en ejercer legítimamente las competencias estatales, garantizando al mismo tiempo el respeto a la dignidad humana y a las obligaciones internacionales asumidas».
En ese sentido, Ralón consultó a la representación del Estado argentino «si se han adoptado medidas para garantizar que las reformas introducidas por el decreto 366/2025» puedan aplicarse «sin que se genere una dificultad de acceso y de ejercicio a los derechos migratorios que puedan llevar a algún elemento de discriminación», y preguntó «si hay una posibilidad efectiva de establecer un procedimiento administrativo de regularización antes de llegar a un extremo de una expulsión». Asimismo, indagó «si existe alguna medida para evitar demoras administrativas o incrementos en las tasas migratorias o dificultades para obtener documentación que produzcan o prolonguen situaciones de irregularidad migratoria».
A su turno, el comisionado José Luis Caballero Ochoa centró su intervención en el acceso a la salud y la comunicación oficial. Tras recordar que el Principio 35 de los estándares interamericanos establece que «no se puede denegar la atención médica a un migrante por razón de situación migratoria, ni se puede negar los servicios de salud por falta de documentos de identidad», consultó a las partes cómo se garantiza la atención sanitaria universal sin discriminación. Asimismo, expresó su preocupación por la estigmatización y la xenofobia en el discurso público y preguntó: «El tema de equiparar a las personas migrantes con terroristas, ¿qué se está haciendo en Argentina para reconducir esa política comunicacional?».
Por último, la comisionada Gloria Monique de Mees advirtió que la igualdad, la no discriminación, el debido proceso y la no devolución son obligaciones, no preferencias de política pública. Además, inquirió sobre los mecanismos independientes para investigar denuncias de discriminación racial o abuso policial contra migrantes afrodescendientes sin exponerlos a represalias ni convertir la denuncia en un factor de control migratorio.
La posición del Gobierno argentino
El subsecretario de Derechos Humanos, Leonardo Fabián Suchet, se limitó a afirmar que el DNU 366/25 reformó la Ley 25.871 para atender «las exigencias contemporáneas en materia de seguridad interna», sin descuidar los derechos de las personas extranjeras. Luego cedió la palabra al subdirector nacional de Migraciones, Javier Rea, quien amplió la exposición del Estado argentino. Rea sostuvo que los cambios preservan «el núcleo de las garantías, el debido proceso, la revisión judicial, la reunificación familiar, el principio de no discriminación, la educación obligatoria y la atención sanitaria de emergencia, independientemente de la situación migratoria de la persona».
Asimismo, afirmó que se solicita documentación a todas las personas presentes «sin selección por apariencia» y que, entre enero y agosto de 2026, los operativos disminuyeron un 7,6 % respecto del mismo período de 2025. No obstante, subrayó que la irregularidad migratoria «es una falta administrativa, no un delito», lo que resulta llamativo frente al propio discurso oficial, que insta a denunciar a migrantes irregulares por canales previstos para delitos federales, como la línea telefónica 134.
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