La norma ingresada al Congreso, que ingresó Gabriel Boric en 2024 y reimpulsó José Antonio Kast, permitirá a la Policía allanar viviendas, mediante una orden judicial, con el objetivo de detener a quienes tengan órdenes de expulsión.
El Congreso de Chile aprobó el martes 20 de octubre de 2026 una ley para agilizar la expulsión de migrantes en situación irregular. La norma permite que la policía solicite a un juez autorización para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona que tenga una orden de expulsión. La medida, impulsada en su momento por el expresidente Gabriel Boric, responde a la promesa de campaña del presidente José Antonio Kast de expulsar a los más de 330.000 migrantes irregulares que se estima viven en el país. Además, las autoridades podrán pedir a organismos públicos información sobre personas en situación irregular para notificarles sus órdenes de expulsión.
La ley exige autorización judicial para ingresar a un domicilio
Según el comunicado del Senado, la nueva norma habilita a la policía a pedir a un juez una autorización «para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión». El texto de la comunicación subraya así el carácter acotado de la facultad: no se trata de un ingreso discrecional, sino sujeto a una decisión judicial previa. En ese marco, la facultad corresponderá a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y se refiere a personas con una orden de expulsión administrativa firme.
La ley también prevé que las autoridades puedan pedir a organismos públicos información sobre personas en situación irregular, con el fin de notificarles sus órdenes de expulsión. Sin embargo, aún no queda claro qué organismos quedarían alcanzados por la nueva normativa, qué datos podrían solicitarse ni qué resguardos de protección de datos personales se aplicarían.
Un proyecto presentado por Boric en 2024
La iniciativa fue ingresada originalmente en 2024 por el entonces presidente Gabriel Boric, de orientación izquierdista. Sin embargo, es retomada por la nueva administración del derechista José Antonio Kast, quien asumió el poder en marzo de 2026.
Kast, abogado de 60 años, tuvo entre sus principales banderas de campaña la expulsión de las más de 330.000 personas en situación irregular que se estima que viven en Chile. Sin embargo, en sus primeros seis meses de gobierno, la nueva administración expulsó a unas 1.874 personas, en su mayoría de nacionalidad colombiana, peruana, ecuatoriana y boliviana. Cabe destacar que la brecha con la cifra estimada de personas en situación irregular es de varios cientos de miles, y la nueva ley se inscribe en el intento del Ejecutivo de acelerar el ritmo de identificación y expulsión de las personas migrantes bajo esa condición.
Es importante recordar que, según los datos oficiales relevados por el Servicio Nacional de Migraciones de Chile (SERMIG), la mayoría de las personas migrantes en situación irregular en Chile son venezolanas, aunque ese grupo no figura entre las nacionalidades más expulsadas. Ello obedece, en gran medida, a que las relaciones entre Chile y Venezuela no han profundizado el vínculo diplomático. Chile acordó normalizar las relaciones con Venezuela en julio, pero eso todavía no se refleja en la expulsión de ciudadanos de esa nacionalidad.
El Gobierno busca por separado ampliar el plazo de detención de migrantes irregulares
Una segunda iniciativa, distinta de la ley aprobada el 20 de octubre, sigue en trámite. Se trata de la reforma para ampliar el plazo de detención de migrantes irregulares, impulsada por el Ejecutivo. La iniciativa fue rechazada hace un mes en la Cámara de Diputados: requería un quórum de 4/7, equivalente a 89 votos, y obtuvo 88 a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.
El miércoles 21 de octubre, Kast pidió al Senado una «reflexión profunda» para avanzar con esa reforma. Durante el Encuentro Nacional del Agro (Enagro) sostuvo: «Necesitamos que el Senado nos autorice a ampliar los cinco días que tenemos para detener, retener y expulsar a un inmigrante irregular».
El ministro de Seguridad, Martín Arrau García-Huidobro, se manifestó esta mañana en el mismo sentido: «Es probable que la próxima semana ya estará en tabla para poder avanzar en un plazo mayor a cinco días, que sería el siguiente escollo a superar para poder avanzar más rápido de lo que hacemos hoy día».
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