Ambas mandatarias informaron en sus redes sociales que coordinan protocolos para el retorno voluntario o la expulsión por vía aérea de personas venezolanas en situación migratoria irregular.
La presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, informó ayer jueves 15 de octubre a través de sus redes sociales que conversó telefónicamente con la presidenta interina de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el fin de coordinar el retorno desde territorio peruano de personas venezolanas en situación migratoria irregular, tanto mediante vuelos de repatriación voluntaria como de expulsión.
La medida, anunciada por la mandataria peruana a través de su cuenta oficial en la red social X, contempla la expulsión de personas venezolanas como parte de la estrategia gubernamental de seguridad pública, que busca, entre otros objetivos, establecer una relación causal entre la criminalidad y la migración irregular. Sin embargo, hasta el momento no se han especificado las salvaguardas de protección internacional previstas ni los cronogramas para su implementación.
Según detalló la propia mandataria peruana en X, la comunicación entre ambas jefas de Estado tuvo como propósito definir mecanismos bilaterales para el retorno de personas migrantes de origen venezolano en territorio peruano. En ese sentido, la presidenta Keiko Fujimori precisó que el diálogo contempló la cooperación con el programa Gran Misión «Vuelta a la Patria», la iniciativa gubernamental venezolana orientada a facilitar la repatriación voluntaria de personas venezolanas a su país de origen.
Según informó el portal Infobae, ambas administraciones evaluaron, además, los procedimientos administrativos para ejecutar la expulsión por vía aérea de personas de nacionalidad venezolana que permanecen en territorio peruano en situación migratoria irregular. En ese marco, la jefa de Estado peruana indicó que los titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y de la cancillería venezolana se encuentran elaborando los protocolos técnicos para que los vuelos se realicen de forma «ordenada y segura». Asimismo, Fujimori agradeció públicamente la disposición de las autoridades de Caracas para «colaborar» en la instrumentación de estas medidas de traslado aéreo.
La reanudación gradual de las relaciones diplomáticas tras la ruptura de 2024
El restablecimiento de la comunicación entre los ejecutivos de Lima y Caracas tiene como antecedente directo la reactivación paulatina de los vínculos bilaterales iniciada en agosto de 2026. En ese marco, el Poder Ejecutivo peruano designó a Alicia María Espinoza como cónsul general del Perú en Caracas mediante una resolución suprema refrendada por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Dicha decisión tuvo entre sus objetivos restablecer las gestiones consulares para las personas ciudadanas de ambos Estados, tras más de dos años de interrupción de las relaciones entre ambos países.
La ruptura se había producido en el marco de las elecciones venezolanas de julio de 2024. Tras los comicios, el Gobierno de Venezuela retiró a su personal diplomático de Lima y, luego de que el Estado peruano reconociera a Edmundo González Urrutia como presidente electo frente a Nicolás Maduro, rompió relaciones con el Perú y clausuró su embajada y sus oficinas consulares. Como consecuencia de ello, miles de personas integrantes de la comunidad venezolana quedaron sin acceso a trámites de identidad ni renovación de pasaportes, lo que profundizó su situación migratoria irregular.
De acuerdo con los registros de la Plataforma R4V (Refugiados y Migrantes de Venezuela) correspondientes a 2026, en Perú residen aproximadamente 1,64 millones de personas de nacionalidad venezolana, siendo el segundo país del mundo con mayor cantidad de migrantes y refugiados venezolanos, detrás de Colombia. Asimismo, el Estado peruano contabiliza más de 548.000 personas solicitantes de asilo de ese origen, lo que representa una de las cifras de peticiones de protección internacional más elevadas a escala global.
Resulta importante recordar, no obstante, que conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y a la Declaración de Cartagena de 1984, la repatriación voluntaria exige el consentimiento libre e informado de la persona en condiciones de seguridad y dignidad, a diferencia de la expulsión o el retorno forzoso.
El derecho internacional de los refugiados consagra, además, el principio vinculante de no devolución, por el cual ningún Estado puede expulsar ni devolver a una persona solicitante de asilo o refugiada sin evaluar antes su solicitud mediante un debido proceso individualizado, ni sancionarla por su situación irregular.
Los datos penitenciarios frente al discurso que asocia migración y criminalidad
En el ámbito penitenciario, las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario de Perú, correspondientes a mayo de 2026, indican que 4.748 personas de nacionalidad venezolana se encontraban privadas de libertad en cárceles nacionales, frente a las 64 registradas en 2018.
Ese total equivale al 75,8 por ciento de las 6.267 personas extranjeras recluidas en establecimientos penitenciarios del país y comprende tanto a personas con condena judicial firme como a procesadas bajo régimen de prisión preventiva.
En términos demográficos, las 4.748 personas recluidas representan cerca del 0,29 por ciento de los 1,64 millones de personas de origen venezolano que habitan en el Perú. Es decir, más del 99,7 por ciento de esa comunidad no se encuentra privada de libertad, un dato que se da de bruces con la asociación entre migrantes y criminalidad que la nueva administración suele establecer en su discurso.
Imagen de portada: Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y Keiko Fujimori, presidenta del Perú (recorte de la imagen difundida por Delcy Rodríguez en su cuenta de X el 15 de octubre de 2026)
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