La migración ha ganado un lugar cada vez más visible en la agenda del gobierno de Javier Milei, pese a no figurar entre las principales preocupaciones de los argentinos. En los últimos meses, nuevas medidas y discursos oficiales apuntaron contra las personas migrantes, apoyados en datos erróneos que contradicen, incluso, los propios registros oficiales. Expertos consultados vinculan este posicionamiento con una estrategia política que trasciende la cuestión migratoria y busca instalar un visión ideologizada y subordinada al norte global. Opinan Pablo Knopoff, María Inés Pacecca y Juan Gabriel Tokatlian.
28 de julio de 2026. El vocero presidencial, Adrián Ravier, con el fin de aclarar una estadística brindada durante una conferencia de prensa realizada ese día, declara en la red social X: «el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires son extranjeros y disfrutan gratis de los servicios financiados por los pagadores de impuestos argentinos».
30 de julio de 2026. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 681, el gobierno modifica nuevamente la Ley de Migraciones N° 25.871 con el fin de incluir una causal que prohíba el ingreso y promueva la expulsión del territorio de personas extranjeras que emitan «mensajes de odio» contra la Argentina.
El 11 de agosto de 2026. El Ministerio de Salud de la Nación reglamentó el mecanismo dispuesto por el DNU N° 366/25, que establece el cobro de la atención médica en hospitales nacionales a personas extranjeras sin residencia permanente. La medida se basó en un dato estadístico de 2024 —citado en los considerandos del decreto— que atribuía a la población extranjera un 10,58 % de los egresos hospitalarios.
La migración, para este gobierno, ha ocupado cada vez más sitio dentro de la agenda pública, consolidándose durante este último mes. Sin embargo, una reciente encuesta de AMLAT Radar 2026, un sondeo regional que mide la opinión pública de 12.000 ciudadanos en América Latina, demuestra que solamente el 20% de los argentinos ven la migración como el principal desafío de la región. Se encuentra entre las prioridades más bajas, solo por encima de la crisis climática (17%) y el «ser irrelevante en el mundo» (15%). Por otro lado, asuntos como la pobreza (76%) y el crimen organizado (65%) acaparan la atención de la mayoría de los encuestados.
Al parecer existe una discrepancia entre las prioridades del gobierno y las del ciudadano promedio, que se profundiza en cada acción que apunta contra las personas migrantes y no hacia asuntos más urgentes para la ciudadanía argentina. En una encuesta realizada por la Universidad de San Andrés que indaga sobre tales asuntos, se encontró que la falta de trabajo, los bajos salarios y la corrupción lideran las preocupaciones nacionales. La pregunta que surge es: ¿Por qué la migración ha cobrado tanta relevancia en esta administración?
El migrante como «caja negra»
A través de amplias reformas a leyes migratorias mediante decretos, modificaciones o medidas operativas, el gobierno de Milei ha restringido, reforzado o reorientado el marco migratorio y de refugio en este país. «El migrante se convirtió en una suerte de caja negra, donde el gobierno deposita distintos objetivos de su agenda de ajuste», dice Maximiliano Mendoza, director del medio Refugio Latinoamericano. «Son una pieza con la cual el poder experimenta», continúa. Sin rumbo fijo a su disposición, el recién llegado se encuentra en un entorno donde no solo se dificulta el proceso de regularización sino que también se endurecen los mecanismos de control. En palabras de Mendoza: «el gobierno promueve la irregularidad y, al mismo tiempo, la persigue». La centralidad que adquiere «el extranjero» dentro de la agenda pública se entiende dentro de un contexto regional cada vez más sospechoso y reticente hacia el que viene de afuera.
En Argentina, la movilidad humana se mantiene al margen de las principales preocupaciones ciudadanas, a diferencia de otros países donde el tema domina el debate público. Al analizar estos climas sociales, Pablo Knopoff, director de Isonomía Consultores, sostiene que en gran parte de la región, la migración es percibida como «un tema asociado al cambio de los hábitos de sus ciudadanos». No obstante, el analista destaca que en el escenario local, la presencia de población extranjera no se encuentra entre las principales preocupaciones del país ni tampoco es percibida como una alteración de la vida cotidiana, en contraste con casos como Chile o España, donde la discusión social y mediática vincula la migración con tensiones en «la inseguridad, el empleo y hasta en la configuración de las ciudades».
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Primero el relato, después la prueba
El 11 de agosto, Chequeado, un medio digital dedicado a la verificación del discurso público y al periodismo basado en datos, publicó un reporte cuestionando las bases estadísticas en las que el gobierno sustentó su decisión de avanzar con la medida de cobrar a personas extranjeras por servicios de salud (excluyendo los de emergencia). En los considerandos del mencionado DNU en el que se indica que un 10,58% de los egresos hospitalarios correspondía a personas extranjeras, no presentó ningún sustento empírico ni explicó la metodología utilizada para llegar a esa cifra. Lo concreto es que los registros muestran que las personas migrantes no residentes representan menos del 1% de quienes utilizan el sistema público en la Ciudad de Buenos Aires, con un patrón similar en otros grandes hospitales del país.
Incluso cuando el Gobierno intentó exponer la metodología detrás de sus cifras, surgieron inconsistencias que pusieron en duda el rigor técnico de las afirmaciones oficiales. Tal fue el caso del vocero presidencial Adrián Ravier, quien detalló en la red social X el cálculo para sostener que el 39 % de los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) eran extranjeros. Como también advirtió una verificación de Chequeado, el indicador adoptado resultó sumamente falible al tomar el país de egreso secundario como sinónimo de nacionalidad. Al respecto, la antropóloga María Inés Pacecca, aclara: «Una persona argentina puede haber hecho la secundaria en otro país y luego regresar a Argentina para estudiar. El lugar donde cursó la escuela no es un indicador de cuál es su nacionalidad».
Para Knopoff, vivimos una era en la que importa menos la precisión de los datos como la construcción de sentidos. Al respecto, el politólogo y consultor dice: «Estamos en un mundo donde la verdad ha perdido fuerza. Un sistema de gobernanza puede sostener argumentos con verdades parciales o mentiras. Esa no es la discusión, porque la discusión tiene que ver con lo simbólico». En este marco, Knopoff señala que la administración se alinea con una agenda occidentalista que sobrepondera y distorsiona los temas importantes para la Argentina. «No sé si el gobierno realmente cree en el tema de la migración, pero sí cree en la agenda de Occidente y de Trump», sostiene.
La batalla cultural
Siguiendo el análisis del terreno de lo simbólico, Juan Gabriel Tokatlian, especialista en relaciones internacionales y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, explica: «el punto de partida es entender la naturaleza de lo que este gobierno llama batalla cultural. Esta batalla cultural implica un conflicto integral que atraviesa los valores, la historia, la educación, el género, la raza y también la migración». Dentro de este marco, las políticas dirigidas a las personas migrantes forman parte de una estrategia más amplia que combina una serie de medidas destinadas a trazar una línea clara en el terreno sociopolítico: el «nosotros» frente a «los otros».
A este respecto, cabe subrayar que el decreto que habilita la expulsión de personas migrantes que emitan «mensajes de odio» contra la Argentina, tuvo lugar apenas una semana antes del último intento oficial para reformar la Ley de tierras, proyecto que habilitaba la eliminación de los límites establecidos para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. De acuerdo con Tokatlian, ambas medidas expresan diferentes manifestaciones de la misma disputa cultural, en la que el gobierno establece una distinción entre «extranjeros del bien», asociados a la inversión, y «extranjeros del mal», vinculados al aprovechamiento de los recursos públicos o que participan en lo que el gobierno determina como «discursos de odio». El timing de estas políticas, y el ruido que causan, no es casual. Para Knopoff: «cada centímetro de un diario que escriba de esto, cada minuto que en una radio hable de esto, es un minuto que no hablás de otras cosas, como salarios o inseguridad. Cuando vos dominás la agenda, lográs que la oposición no pueda imponer la suya».
Cada vez más, cada vez menos
En términos de «gasto», las personas migrantes no representan un porcentaje significativo en ninguno de los rubros que el Estado ha buscado ajustar o modificar, ya sea en salud, educación o seguridad. Sin embargo, constituyen un grupo desproporcionadamente afectado por estas mismas políticas. Para Mendoza: «convertir al migrante en sospechoso de criminalidad es un cambio que empezó a intensificarse con este gobierno. No solamente con la retórica, sino también con las prácticas». Estas prácticas se manifiestan en un aumento de controles migratorios en zonas urbanas de alto tránsito, una creciente dificultad para regularizar su situación migratoria y una incertidumbre general que perdura en medio de una población cada vez más vulnerable frente a la securitización de la agenda, en un contexto de ajuste.
Aún así, la población no parece haber acompañado plenamente el intento del gobierno por instalar un «chivo expiatorio», y frente al avance de retóricas anti-migrantes tanto a nivel interno como internacional, la sociedad parece mantener cierta distancia respecto del discurso oficial. En efecto, Argentina resalta como uno de los países en América Latina cuyos ciudadanos están menos preocupados por sus vecinos migrantes. Desde luego: en el actual panorama priman inquietudes más vinculadas al sustento económico y las condiciones de vida de los argentinos (la pobreza, el desempleo, la corrupción, etc.). En este contexto, la securitización de las políticas migratorias sirve menos para apaciguar estos temores que para avanzar en una agenda intrínsecamente excluyente y con un fuerte alineamiento con el norte global, en la que el gobierno intenta mostrarse como vanguardia: «La decisión no es aleatoria. Es una decisión calculada que forma parte de un repertorio destinado a sostener una determinada visión ideológica que atraviesa distintos ámbitos, temas y frentes y, por lo tanto, se hace efectiva tanto en posturas hacia afuera como hacia adentro», advirtió Tokatlian.
Imagen de portada: alocución del presidente Javier Milei en el Consejo de las Américas (20/08/2026) | Fuente: captura de pantalla
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Bruno Piccinini Sancho es un escritor radicado en Buenos Aires, con una trayectoria que entrelaza el periodismo independiente, la creación literaria y las artes visuales. Músico y director visual, ha orientado su trabajo hacia la exploración del relato humano, entendiendo las historias como una herramienta de memoria, identidad y transformación social.
Su mirada multifacética se nutre de una experiencia de vida marcada por el desplazamiento y la diversidad cultural: creció en cuatro países y se expresa en tres lenguas —español, inglés y francés—. Esa condición transnacional ha convertido a la comunidad, la pertenencia y las dinámicas de poder en ejes centrales de su investigación y de su práctica creativa.
