Los diputados de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, presentaron un recurso de amparo para frenar la aplicación del DNU 681/2026, la medida que habilita al gobierno nacional expulsar personas migrantes por «discursos de odio» y violentar símbolos patrios. En la presentación, ambos legisladores cuestionaron el carácter inconstitucional de la medida, el carácter lesivo de la misma respecto de principios como la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, y el desconocimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en defensa de los derechos de las personas migrantes.
Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, integrantes de la Coalición Cívica, presentaron una acción de amparo ante la Justicia para suspender de forma inmediata la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026. La norma, dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, introdujo nuevas modificaciones a la Ley de Migraciones N° 25.871, las cuales habilitan al gobierno expulsar a las personas migrantes que insulten o agravien a la Argentina, a sus ciudadanos o a sus símbolos patrios. La medida también establece que no podrán ingresar al país personas extranjeras que hayan dirigido «mensajes de odio» contra el país y sus habitantes.
Frente a esta situación, la acción judicial presentada por los diputados de la Coalición Cívica, presentada ante el fuero federal, busca que la Justicia declare la nulidad e inconstitucionalidad de la medida, y exige que se suspenda la aplicación de dicho DNU a todos sus efectos. La presentación se basa en que la disposición adoptada por el gobierno nacional carece de fundamentación respecto de las circunstancias excepcionales que justifiquen su necesidad y urgencia, y que además pasó por alto las facultades del Congreso de la Nación para el tratamiento de dicha materia.
La presentación del amparo judicial fue asignada al Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 9, a cargo del juez Pablo Gabriel Cayssials.
![[TEXTO_ALT_DE_LA_IMAGEN]](https://refugiolatinoamericano.com/wp-content/uploads/2026/07/Javier-Milei-2026-1536x1024.png)
Los contenidos de la presentación, según Mónica Frade
La demanda plantea que las conductas tipificadas como causantes de expulsión en el marco del DNU no están definidas de forma precisa, lo cual otorga un margen de discrecionalidad preocupante a la autoridad migratoria. En ese sentido, la presentación judicial advierte que el decreto pretende sancionar discursos que no necesariamente constituyen una incitación directa a la violencia, estableciendo una «tipología penal abierta» dependiente de la «valoración subjetiva» de la Dirección Nacional de Migraciones.
Consultada por este medio, la diputada Mónica Frade indicó que el rechazo a esta discrecionalidad forma parte central de la acción de amparo. Según explicó, en el DNU la determinación de las causales de expulsión «queda en lo que las autoridades estimen que lo es, y eso es inadmisible».
Asimismo, la presentación judicial sostiene que la medida resulta del Ejecutivo lesiva de los principios de libertad de expresión y de igualdad ante la ley, ya que los legisladores consideran que se trata de una medida lesiva de las opiniones personales y manifestaciones públicas y que la condición de persona extranjera no habilita al Estado a establecer distinciones incompatibles con el principio de igualdad ante la ley a la hora de aplicar sanciones.
En ese sentido, la diputada enfatizó que el DNU contradice los compromisos asumidos por el Estado argentino en de la causa de Juan Carlos De la Torre, un ciudadano uruguayo que residía en el país desde 1974. En 1996, la Dirección Nacional de Migraciones ordenó su expulsión en el marco de la antigua Ley de Migraciones N° 22.349 (conocida como «Ley Videla»), lo cual impulsó un histórico litigio llevado adelante por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A partir del caso se alcanzó una solución amistosa que sentó un precedente clave: el Estado argentino se comprometió a garantizar una cobertura más amplia y efectiva de los derechos de las migrante en igualdad de condiciones. «Este compromiso establece garantías de defensa en juicio e igualdad de trato para las personas migrantes», explicó.
Por último, la legisladora manifestó que, desde su perspectiva, el gobierno de Javier Milei carece de una política migratoria y se apropia de una agenda importada: «No hay una política migratoria. Hay medidas sueltas de perro faldero de Donald Trump», sentenció.
Contenidos relacionados:
El gobierno de Javier Milei busca expulsar a personas migrantes que hablen mal de Argentina
La CIDH advirtió por el giro restrictivo en política migratoria y de refugio en Argentina
Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y estudiante de la Maestría en Periodismo Narrativo (UNSAM). Especialista en comunicación institucional, atención al público y producción de contenidos creativos.
Consultor en comunicación estratégica. De raíces criollas y mestizas, sus antepasados se remontan a la historia del Alto Perú y también a la llegada de migrantes españoles en el siglo XIX. Apasionado por la historia y cultura latinoamericana.
