La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Superintendencia de Migraciones desplegaron operativos simultáneos en diversas regiones del país para verificar la situación legal de personas extranjeras con el fin de detectar irregularidades migratorias.
La Superintendencia Nacional de Migraciones, adscrita al Ministerio del Interior, verificó a más de 1800 personas extranjeras en 17 regiones del país durante una acción de fiscalización documental realizada el pasado viernes 16 de octubre de 2026. En coordinación con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, el organismo empleó equipos móviles y monitoreo virtual desde la Central General de Monitoreo y Seguridad Migratoria para verificar el cumplimiento del Decreto Legislativo 1582 y consultar requisitorias en puntos de tránsito. La medida busca iniciar procedimientos administrativos contra personas migrantes en situación irregular que, tras la evaluación individual de cada caso, pueden derivar en expulsiones.
Del reporte preliminar al cierre nacional con más de mil ochocientas personas verificadas
El despliegue nacional mostró una progresión constante de registros a lo largo de las seis horas previstas para la jornada de fiscalización. Durante el primer balance transmitido desde la Central General de Monitoreo y Seguridad Migratoria, el superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, informó la intervención inicial de 857 personas extranjeras.
Dentro de ese primer grupo verificado por las 17 jefaturas zonales de la entidad, las autoridades identificaron preliminarmente a 158 personas como presuntas infractoras de la normativa migratoria vigente.
A medida que los equipos en terreno consolidaron la información de los puntos de tránsito, el registro parcial ascendió a 892 personas extranjeras intervenidas al cierre de las primeras coberturas periodísticas de la tarde.
Posteriormente, el balance definitivo del Ministerio del Interior y de la Superintendencia Nacional de Migraciones elevó el total nacional a más de 1800 personas extranjeras verificadas en las 17 regiones y a más de 300 casos con presuntas infracciones administrativas.
La diferencia entre los registros de 857, 892 y más de 1800 personas intervenidas responde a los cortes sucesivos de recopilación informativa emitidos por la autoridad migratoria hasta la finalización del operativo nocturno.
Despliegue territorial en corredores fronterizos, regiones del norte y distritos de Lima
En las regiones del norte y de la Amazonía peruana se reportaron los primeros balances numéricos desagregados durante la tarde del viernes. La jefatura zonal de Tumbes contabilizó 148 personas extranjeras intervenidas, mientras que Chiclayo registró 108 y Pucallpa sumó 91 verificaciones.
En el departamento de Piura, las labores de control se focalizaron en el expeaje Bayóvar, un corredor terrestre habitual para personas en movilidad humana integradas mayoritariamente por población venezolana.
El responsable zonal de Piura comunicó que en dicho punto fueron intervenidas 74 personas extranjeras, de las cuales 13 se encontrarían preliminarmente en situación migratoria irregular a la espera del cómputo definitivo de la jornada.
En la capital peruana, la jefatura zonal de Lima concentró el despliegue en los distritos del cono norte, específicamente dentro de las jurisdicciones correspondientes a las divisiones policiales. Las acciones en territorio limeño contaron con la participación de 300 efectivos de la Policía Nacional del Perú, personal inspector de Migraciones y unidades móviles destinadas a la revisión documental en la vía pública.
Durante la transmisión oficial en directo, la jefatura zonal capitalina precisó que alrededor de 30 personas extranjeras permanecían bajo evaluación preliminar, aunque mantuvo en reserva la cifra global de Lima mientras continuaban las verificaciones.
Alcance del procedimiento administrativo sancionador especial frente al debido proceso
Desde el Centro de Monitoreo de Migraciones, el superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, mantuvo comunicación con los jefes zonales y sostuvo que la supervisión buscó garantizar los derechos humanos y la aplicación del Decreto Legislativo 1582.
«Estamos trabajando junto a la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para fortalecer el orden interno y la seguridad nacional. Unidos vamos a enfrentar la criminalidad en todo el país», afirmó Luis Fares Yunis Herrera, superintendente nacional de Migraciones, según el comunicado oficial de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Más allá del énfasis oficial en la seguridad interna, el propio titular del organismo aclaró que la detección preliminar de más de 300 casos con posibles infracciones no equivale a una orden automática de salida obligatoria del territorio peruano.
Las personas identificadas preliminarmente con faltas a la ley migratoria pueden quedar sujetas a un procedimiento administrativo sancionador especial, cuya resolución exige evaluar de manera individual cada expediente antes de dictar una eventual expulsión.
En el marco de los estándares internacionales de protección, la permanencia en situación migratoria irregular constituye una falta administrativa y no un delito penal, por lo que toda actuación estatal debe respetar el debido proceso y el principio de no devolución que ampara a personas refugiadas y solicitantes de asilo.
La comunidad venezolana en el Perú y la estrategia del Gobierno
De acuerdo con la Plataforma R4V (Refugiados y Migrantes de Venezuela), en el Perú residen aproximadamente 1,64 millones de personas venezolanas, lo que lo convierte en el segundo país de acogida de esa población después de Colombia. Además, el Estado peruano contabiliza más de 548.000 personas solicitantes de asilo de ese origen.
Las relaciones diplomáticas entre Lima y Caracas estuvieron interrumpidas desde julio de 2024, cuando el Gobierno de Venezuela rompió relaciones con el Perú tras las elecciones presidenciales venezolanas y cerró su embajada y sus oficinas consulares. Sin acceso a trámites de identidad ni a la renovación de pasaportes, miles de personas venezolanas vieron profundizada su situación migratoria irregular. En agosto de 2026, el Gobierno peruano designó una cónsul general en Caracas y comenzó a restablecer el vínculo bilateral.
El operativo se inscribe en la estrategia de seguridad del gobierno de Keiko Fujimori, que asocia la migración irregular con la criminalidad. Según el comunicado oficial de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la acción «fortalece el enfoque preventivo de la estrategia del Comando Unificado contra el Crimen Organizado, al complementar las intervenciones operativas con controles de identidad, fiscalización migratoria y verificación de posibles requisitorias». En septiembre, la presidenta impulsó ante el Congreso una reforma para extender la detención de personas migrantes en situación irregular hasta completar sus procesos de expulsión.
Sin embargo, las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario correspondientes a mayo de 2026 indican que 4748 personas venezolanas se encontraban privadas de libertad, cerca del 0,29 % de esa comunidad.
Negociaciones diplomáticas entre Lima y Caracas sobre traslados aéreos y retorno voluntario
El operativo simultáneo se ejecutó en un contexto de gestiones diplomáticas impulsadas por el Poder Ejecutivo peruano para viabilizar procedimientos de expulsión de personas extranjeras en situación migratoria irregular, particularmente de origen venezolano.
Consultado sobre estas diligencias, el superintendente Luis Fares Yunis Herrera indicó tener conocimiento de diálogos entre autoridades de Perú y Venezuela, contactos del Ministerio de Relaciones Exteriores con cancillerías de la región y reuniones técnicas con cónsules acreditados.
No obstante, el funcionario puntualizó que todavía no existía una fecha determinada para conocer los resultados concretos de las gestiones consulares, aunque manifestó su expectativa de que las conversaciones bilaterales avancen con prontitud.
En paralelo, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, informó que sostuvo una comunicación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el objetivo de coordinar la cooperación bilateral y los procedimientos de expulsión.
Luis Fares Yunis Herrera adelantó que las acciones de fiscalización continuarán en las distintas regiones del Perú, lo que plantea el reto institucional de asegurar que los controles migratorios y los acuerdos bilaterales respeten la protección consular y los derechos fundamentales de las personas en movilidad humana.
Imagen de portada: Agentes de la Superintendencia Nacional de Migraciones revisan documentos durante el operativo de fiscalización (Superintendencia Nacional de Migraciones)
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