El Informe Estadístico Migratorio de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, correspondiente al periodo enero-julio de 2026, evidenció un notable incremento en las expulsiones y salidas voluntarias de personas migrantes. Asimismo, el reporte reveló una baja del 33% en los ingresos irregulares y una caída del 86% en las detecciones por pasos no habilitados en la frontera norte.
El 6 de agosto de 2026, la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI de Chile presentaron el «Informe Estadístico Migratorio» del período enero–julio de 2026. El reporte sitúa como eje principal el aumento de las salidas del territorio nacional: en los primeros siete meses del año, las autoridades chilenas ejecutaron la expulsión de 1.330 personas migrantes —un incremento del 76,6% respecto a las 753 del mismo período de 2025— y contabilizaron por primera vez la salida voluntaria de 7.501 personas por pasos fronterizos autorizados.
En paralelo, el informe oficial da cuenta de una reducción del 33,0% en las denuncias por ingresos por pasos no habilitados, al registrar 11.242 personas frente a las 16.788 del lapso anterior. La institución policial atribuye este descenso al despliegue del plan estatal «Escudo Fronterizo», activo desde mediados de marzo, y al nuevo contexto político bajo el gobierno de José Antonio Kast.
Sin embargo, análisis como el que elaboró el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en la séptima edición de su Anuario Estadístico de Movilidad Humana en Chile (agosto de 2026), junto con investigaciones del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), señalan que la disminución responde a una dinámica multicausal. El reporte del SJM precisa dos factores centrales: la saturación de las rutas transfronterizas de tránsito y las elevadas exigencias de visado que restringen el acceso a vías regulares de permanencia en el país.
Los detalles del informe
Según consignaron las autoridades en el informe. entre enero y julio de 2026, la PDI ejecutó la expulsión de 1.330 personas, cifra que supera los registros del mismo período en los cuatro años anteriores (671 personas en 2022, 485 en 2023, 667 en 2024 y 753 en 2025). El incremento obedeció al aumento en las medidas administrativas (+105,0%, sumando 1.183 personas), mientras que las expulsiones dictadas por la justicia cayeron un 16,0% (147 personas).
Para concretar estos traslados se realizaron 9 vuelos chárter y de la Fuerza Aérea —cinco más que los 4 ejecutados en el mismo lapso de 2025—, trasladando a 484 personas expulsadas por vía aérea. Las medidas recayeron principalmente sobre 549 personas de nacionalidad colombiana, 261 de nacionalidad venezolana, 234 boliviana, 105 peruana, 68 dominicana y 68 ecuatoriana.
La magnitud de estos indicadores se encuadra en una realidad en la cual Chile posee una población extranjera residente de más de 1,6 millones, de las cuales más de 700.000 personas son de origen venezolano y existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes de ejecución. De hecho, Chile y Venezuela formalizaron recientemente el reinicio de sus relaciones consulares, condición que el Ejecutivo chileno considera clave para facilitar las expulsiones de personas migrantes de origen venezolano.
Asimismo, y por primera vez, la PDI incorporó en la estadística oficial la categoría de salidas voluntarias, que contabiliza a personas que ingresaron por pasos no habilitados y abandonaron el país por controles fronterizos autorizados al no mantener órdenes de expulsión vigentes. Un total de 7.501 personas optaron por este procedimiento, alcanzando su punto máximo en julio con 1.793 registros.
El 77,7% de estas salidas (5.826 personas) correspondió a población de nacionalidad venezolana. La encuesta regional de ACNUR aplicada entre enero y marzo de 2026 documenta que estos desplazamientos reflejan reorganizaciones familiares e itinerarios adaptativos ante las dificultades para sostener sus proyectos de vida y acceder a la regularización. Estas salidas se produjeron de manera autónoma y con anterioridad a la implementación del proyectado «Plan Retorno», iniciativa gubernamental que se encuentra aún en fase de diseño normativo.
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Irregularidad y precarización laboral
En el interior del territorio chileno, los operativos de fiscalización policial se incrementaron un 26,0%, pasando de 1.046 a 1.318 intervenciones, en las cuales se controló la documentación de 30.155 personas extranjeras (+44,3%).
Según datos de la Encuesta CASEN (2022) y análisis del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), la informalidad laboral de la población migrante a nivel nacional se ubica entre el 28,8% y el 31,8%. No obstante, presenta fuertes disparidades territoriales: las regiones de Arica y Parinacota (46,9%) y Tarapacá (44,5%) encabezan los picos de informalidad en el país, mientras que Antofagasta registra un 36,8%.
Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes en Chile y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, advierten que el aumento de controles sobre personas sin cédula de identidad vigente obstaculiza el acceso a fuentes de trabajo formales, lo que acentúa la vulnerabilidad social.
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