La nueva administración chilena se decide a priorizar el control fronterizo y las expulsiones, mientras la sociedad civil y la academia advierten sobre la desprotección de los derechos humanos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas.
El Gobierno de Chile, encabezado por el presidente José Antonio Kast, ha puesto en marcha una ofensiva legislativa y administrativa para modificar la Constitución y la Ley de Migraciones 21.325. Esta reforma, que se discute actualmente en el Congreso, contempla la penalización con cárcel del ingreso por pasos no habilitados, la exigencia de cédula de identidad nacional para acceder a beneficios sociales y la autorización de detenciones en domicilios por parte de la Policía de Investigaciones (PDI). Según David Arboleda, presidente de la Red de Periodistas Migrantes, y Francisca Vargas Rivas, jurista y directora de las Clínicas Jurídicas de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, estas medidas profundizan un enfoque de seguridad que asocia la movilidad humana con la criminalidad. El proceso ha impactado la regularización de más de 182.000 personas empadronadas voluntariamente, cuyas solicitudes permanecen pendientes en el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).
El proyecto de reforma y un giro securitista
El proyecto busca que el ingreso por pasos no autorizados sea sancionable y, a la vez, restringe el acceso al Registro Social de Hogares únicamente a quienes posean documentación nacional. Francisca Vargas Rivas señala que este endurecimiento busca abordar la migración como un problema de seguridad nacional: «Se intenta establecer una vinculación entre la movilidad y el crimen organizado que a menudo carece de evidencia sólida y que solo refuerza estereotipos negativos en la opinión pública», advierte la académica.
Como parte de esta estrategia de «mano dura», el Gobierno concretó recientemente su primer vuelo de expulsión masiva con 40 ciudadanos de Colombia, Bolivia y Ecuador. Sin embargo, la gestión enfrenta un muro diplomático con Venezuela, lo que ha llevado al Ejecutivo a facilitar la «salida voluntaria» ante la imposibilidad de coordinar vuelos forzosos con Caracas. Desde la asunción de Kast el pasado 11 de marzo, 2.180 personas migrantes venezolanas han abandonado el país bajo este mecanismo, una cifra que la Administración destaca como un éxito de gestión, pero que para David Arboleda oculta una realidad más compleja: «Detrás de cada salida voluntaria hay una historia de supervivencia y, muchas veces, de una integración fallida por falta de voluntad política; estas medidas no detienen el flujo, sino que exponen a nuestra población a una mayor precariedad».
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El impacto negativo en los derechos fundamentales y el riesgo humanitario
La restricción de servicios y la criminalización de la movilidad humana pueden acarrear consecuencias severas para la dignidad de las personas en situación irregular. David Arboleda, quien aporta su perspectiva como periodista y persona migrante, destaca la gravedad de este escenario: «Estas medidas no detienen el flujo, sino que alientan la persecución y exponen a nuestra población a una mayor explotación y precarización de la vida. Se está ignorando que detrás de cada cifra hay una historia de supervivencia», afirma Arboleda.
Por otro lado, el cierre de pasos fronterizos obliga a las personas desplazadas forzosamente a buscar rutas desérticas de alto riesgo. Esta situación expone especialmente a niños, niñas, mujeres y personas LGBTIQ+ a condiciones de violencia, trata y vulnerabilidad extrema en zonas de frontera.
Otro de los cambios relevantes que introduce la reforma es la creación de una dirección especializada en fiscalización y expulsiones dentro del SERMIG. Esta unidad tiene como objetivo centralizar y acelerar los operativos de salida del país mediante una ejecución constante y sistemática de vuelos masivos, financiados mediante partidas presupuestarias específicas. Al respecto, Vargas Rivas destaca que el énfasis actual se vuelca hacia la sanción administrativa en lugar de promover una migración ordenada: «El foco actual se aleja del análisis individual de cada caso para centrarse casi exclusivamente en operativos de salida rápida, una asociación que a menudo carece de evidencia sólida y que refuerza estereotipos negativos sobre la movilidad humana».
La actual gestión del SERMIG bajo la presidencia de Kast evidentemente prioriza las penalizaciones frente a la regularización de las 182.000 personas que se registraron voluntariamente para normalizar su estatus legal. Ante esta tendencia, David Arboleda subraya la importancia de la organización social: «Como redes de periodistas y movimientos civiles, nuestro trabajo es fortalecer la incidencia mediante información verificada. La migración es un proceso multicausal que requiere respuestas integradoras, no solo de carácter policial», concluye.
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