Los arrestos de personas migrantes de la administración Trump superaron los 50.000 casos durante julio, impulsados por la intensificación de operativos aeroportuarios y los desplegados por las autoridades federales. La preocupación de los organismos de herechos humanos y de Naciones Unidas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia federal de los Estados Unidos encargada de aplicar las leyes de inmigración y control aduanero dentro del país, alcanzó en julio de 2026 la cifra más alta de arrestos registrada en la administración Trump, superando las 46.000 detenciones de personas migrantes en todo el territorio nacional. Así lo reveló un informe realizado por Camilo Montoya-Gálvez, corresponsal especializado en migraciones de CBS News.
La cifra supera las 43.000 aprehensiones registradas en junio, convirtiéndose en el registro mensual más elevado del segundo mandato del presidente Donald Trump. Esta intensificación en materia de arrestos responde a las directrices de la Casa Blanca, que estableció un estándar represivo para ejecutar 2.000 arrestos diarios mediante procedimientos encubiertos en aeropuertos, controles vehiculares y despliegues territoriales, lo que ha desencadenado severas críticas por violaciones a los derechos humanos y un incremento en los decesos de personas migrantes que se encuentran bajo custodia federal.
Despliegues encubiertos en aeropuertos y el uso indebido de los datos personales
Una de las tácticas más agresivas adoptadas durante este periodo ha sido la expansión de los operativos en terminales aéreas. Según informó The New York Times, las fuerzas de seguridad han arrestado entre 20 y 40 personas por día en al menos 15 aeropuertos del país, marcando un incremento sustancial frente al promedio de 10 detenciones diarias reportado en mayo de 2025.
Esta modalidad de persecución se ejecuta mediante la intervención de agentes vestidos de civil situados estratégicamente cerca de mostradores y puertas de embarque. Las detenciones afectan a personas cuyos visados han expirado, incluyendo a cónyuges de ciudadanos estadounidenses.
El incremento de estas acciones ha sido posible gracias a un convenio de intercambio de datos entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y el ICE, mediante el cual es posible identificar de manera anticipada a los pasajeros no ciudadanos en las listas de viaje. Según un informe de American Oversight, una organización que promueve el control público de la administración federal, este acuerdo vulnera la privacidad de los datos personales, pues permite «identificar, rastrear y seleccionar personas para fines de control migratorio», y advierten que con ello gobierno de Trump busca ampliar el uso de la información personal de todos los ciudadanos estadounidenses.
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Un despliegue represivo de baja efectividad
La administración Trump argumenta que los operativos anti-inmigrantes de captura están orientados a identificar y expulsar a personas con antecedentes criminales peligrosos. Sin embargo, los hallazgos contradicen esta versión gubernamental sobre el perfil de la población intervenida.
Un estudio realizado por la Universidad de Colorado en Boulder indica que solo el 34 % de las personas arrestadas por las autoridades migratorias desde enero de 2025 contaba con una condena penal previa. La mayoría de la población bajo custodia no registra antecedentes delictivos, lo que evidencia que la persecución alcanza de manera generalizada a trabajadores e integrantes de familias asentadas.
A pesar de los cuestionamientos, las autoridades federales han ratificado la continuidad de los procedimientos. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin reafirmó en recientes declaraciones que el organismo intensificará la presencia operacional en las calles para hacer cumplir la legislación de manera irrestricta.
El uso de la fuerza letal y las denuncias sobre el clima en los centros de reclusión
La intensificación de los patrullajes territoriales y los controles vehiculares han detonado serios episodios con desenlaces fatales. Durante el mes de julio, Lorenzo Salgado Araujo en Texas y Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine fueron asesinados por agentes del ICE a plena luz del día durante los operativos.
Estos sucesos generaron protestas civiles y motivaron una suspensión temporal de las inspecciones vehiculares, medida que, sin embargo, fue revocada a las 24 horas por orden del propio Donald Trump. Datos del portal especializado The Trace señalan que se han registrado al menos 30 incidentes con armas de fuego que involucran a agentes federales contra civiles, dejando un saldo de ocho personas fallecidas.
En simultaneidad con los operativos en la vía pública, las condiciones dentro de las instalaciones de reclusión presentan un panorama crítico. Según un reciente informe de Human Rights Watch, más de 50 personas han perdido la vida bajo la custodia del ICE durante los primeros 500 días del segundo mandato del presidente Trump, lo que refleja un fuerte aumento de la tasa de mortalidad en contextos de reclusión. Cabe aclarara que 22 de esos fallecimientos corresponden a los primeros meses de 2026. El mismo informe consigna que el número de personas detenidas por ICE aumentó un 77 %, pasando de unas 40.000 a más de 71.000 durante el primer año del mandato de Trump.
Ante este escenario, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó al gobierno estadounidense a permitir investigaciones independientes e imparciales sobre los decesos de personas migrantes bajo custodia. El representante internacional denunció además la falta de transparencia en los casos reportados.
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