El médico paraguayo Agustín Goiburú Jiménez, conocido por su férrea oposición a la dictadura de Alfredo Stroessner, fue blanco de una implacable persecución por parte del régimen. Su militancia lo convirtió en un enemigo del gobierno, obligándolo a exiliarse en Argentina a finales de los años 50. Junto a su familia, se estableció primero en la provincia de Misiones y luego en Entre Ríos, donde retomó su profesión y su militancia, aunque la dictadura continuaba persiguiéndolo.
El Plan Cóndor fue una operación clandestina de coordinación represiva entre las dictaduras militares que asolaron América Latina en las décadas del 70 y fines de los 80. Su alcance transnacional permitió perseguir opositores más allá de las fronteras, facilitando su captura, intercambio y desaparición, algo que muchas veces dificultó la investigación y el castigo de los crímenes.
En Paraguay, la dictadura de Alfredo Stroessner, instaurada tras el golpe de Estado del 4 de mayo de 1954 y prolongada por 35 años, constituyó un régimen emblemático y constitutivo de este esquema represivo. Según la Comisión de Verdad y Justicia, establecida por el gobierno paraguayo en 2003, el horror del régimen stronista dejó un saldo de al menos 19.862 detenciones ilegales, 18.772 casos de tortura, 3.470 exiliados, 58 ejecuciones extrajudiciales y 337 desaparecidos.
El hallazgo de los Archivos del Terror en 1992, los documentos de la dictadura de Stroessner encontrados en la ciudad de Lambaré (Paraguay), marcó un hito fundamental en la investigación de estos delitos de lesa humanidad de alcance transnacional. Los archivos evidenciaban una red de coordinación represiva integrada por las dictaduras de Paraguay, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay que permitía a las fuerzas de seguridad de los países miembros construir una base de datos de disidentes políticos exiliados en el extranjero. En este marco, uno de los casos más resonantes es, sin dudas, el de Agustín Goiburú Jiménez, médico traumatólogo y militante político paraguayo, secuestrado y desaparecido en 1977.
Nacido un 28 de agosto de 1930 en Carmen del Paraná, Goiburú participó en política desde muy joven en el Grupo Universitario Colorado. Terminó sus estudios universitarios en Asunción, donde a poco de graduarse como médico traumatólogo comenzó a trabajar en el Hospital Policial “Rigoberto Caballero” de la misma ciudad. A partir de allí, comenzaría su calvario. La policía de Stroessner intentó presionarlo para que falsificara las actas de defunción de los militantes opositores asesinados por el régimen. Debido al acoso sufrido por parte de las fuerzas de seguridad, Goiburú perdió su trabajo y se vio forzado a exiliarse junto a su familia a fines de los 50 en la provincia de Misiones, al noreste de Argentina, donde trabajaría después como médico rural y en un hospital de la ciudad de Posadas.
A partir de allí, Goiburú se convertiría en un referente de los migrantes políticos paraguayos en Argentina. Fue uno de los fundadores e integrantes del Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), una corriente política interna del Partido Colorado de Paraguay que, tiempo después de ser expulsados del mismo, propugnaron por el retorno de la democracia en ese país. Militantes de las causas populares, y muy jóvenes en su mayoría, debieron abandonar el Paraguay en el contexto del golpe de Estado perpetrado por Stroessner. Ya en el exilio, los integrantes del MOPOCO (entre ellos, Goiburú) se encargaron de nuclear a los migrantes paraguayos que habían tenido que refugiarse en la Argentina, y comenzaron a organizarse para resistir a la distancia a partir de reuniones, congresos y publicaciones como Patria Libre, el periódico del movimiento de exiliados paraguayos que denunciaban al régimen stronista. Su primer congreso se realizó en marzo de 1960 en la ciudad de Resistencia (Chaco, Argentina), y su primera mesa de conducción estaba conformada por Enrique Riera Figueredo, Osvaldo Chávez, Mario Mallorquín, el diplomático José Zacarías Arza y el músico, poeta, periodista y caudillo colorado Epifanio Méndez Fleitas, acaso el opositor más célebre del stronismo en el exilio. Quienes conocieron esta etapa organizativa del MOPOCO en el exilio, recuerdan que sus militantes muchas veces hablaban en guaraní para protegerse y evitar que eventuales infiltraciones policiales que les robaran información.
En noviembre de 1969, mientras Goiburú pescaba con su hijo Rolando a orillas del río Paraná, un grupo comando de la Prefectura Naval de Paraguay los secuestró, dejando a Rolando en Posadas antes de cruzar la frontera. Goiburú fue confinado a un sótano de la Armada en Asunción y, luego de ser trasladado por varias dependencias policiales lo dejaron detenido en la Comisaría Séptima, de la cual se fugó un año después a través de un túnel que cavó con una cuchara junto con otros presos políticos. Al no poder escapar del país, permanecieron ocultos durante un tiempo hasta lograr obtener asilo en la embajada de Chile, desde donde luego se trasladaron a la ciudad de Santiago antes de regresar a Misiones junto a su familia
Con el propósito de ponerle fin a lo que sucedía en su país, Goiburú intentó organizar, junto otros a exiliados paraguayos, operativos para atentar contra la vida de Stroessner en varias oportunidades. Una de ellas tuvo lugar en 1974, cuando intentó hacer volar una camioneta cargada con explosivos en el trayecto que el auto oficial realizaba cotidianamente para trasladar al dictador. Sin embargo, el operativo fracasó: fue descubierto y desbaratado por la inteligencia de las fuerzas policiales. Goiburú logró escapar, pero el resto de los organizadores del fallido atentado—Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, Carlos Mancuello Bareiro y Amílcar Oviedo—fue detenido en noviembre de ese mismo año. Los cuatro permanecieron encarcelados y sometidos a torturas durante 22 meses., y se encuentran desaparecidos desde septiembre de 1976. Algunos de ellos, como Goiburú, también eran migrantes políticos-exiliados de origen paraguayo residentes en Argentina.
Tras el frustrado atentado, Goiburú fue acusado públicamente en el Paraguay de ser el cerebro de esa operación y, a pesar de que no fue denunciado formalmente, el hostigamiento por parte del gobierno de facto escaló al punto de obligarlo a buscar refugio en la ciudad de Paraná (Provincia de Entre Ríos) en 1975. Al parecer, fue el propio gobierno argentino el que le recomendó permanecer al menos a mil kilómetros de distancia de la frontera. Por aquel entonces, el gobierno provincial de Enrique Cresto lo ayudó a permanecer y conseguir trabajo en la capital entrerriana, donde terminó siendo jefe de traumatología del Hospital San Martín y también se incorporó al equipo médico del Sanatorio Rivadavia. Incluso había montado un consultorio en su casa.
No obstante, Goiburú prosiguió con sus actividades políticas en Paraná. La diáspora de exiliados paraguayos seguía muy atenta a la situación de los presos políticos del régimen stronista. Según lo declarado por Elva Elisa Benítez Feliu (esposa de Agustín Goiburú) ante organismos internacionales, hubo reiterados intentos de secuestrarlo nuevamente. Con el golpe de Estado en Argentina en marzo de 1976, la situación se volvió todavía más crítica ya que tanto agentes argentinos como paraguayos intensificaron la vigilancia que mantenían de manera constante sobre él y su familia.
19760618_antecedentesInforme de inteligencia del Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción, Paraguay sobre la historia política de Agustín Goiburú (18/06/1976) | Fuente: NSA Archive – The George Washington University
Finalmente, en la mañana del 9 de febrero de 1977, se llevó a cabo el secuestro por parte de las fuerzas represivas argentinas: un Ford Falcon chocó contra el auto estacionado de Goiburú para simular un accidente, y cuando el médico salió de su casa para ver los daños, fue capturado por un grupo de hombres armados y de civil que lo forzaron a entrar en el vehículo. La familia inició una búsqueda en la que comprobaron que el médico había sido entregado a las autoridades paraguayas luego de su secuestro. Un informe oficial y los testimonios recabados por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina indican que su paradero final fue el Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción. Hoy, a 48 años de su secuestro, Agustín Goiburú Jiménez permanece desaparecido. Tenía 47 años.
Rogelio Goiburú, quien desde 2006 ha desempeñado una incansable labor a esclarecer las circunstancias del secuestro de su padre y las de innumerables desaparecidos por el régimen stronista, es actualmente director de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia de Paraguay. Según sus investigaciones, al momento de su secuestro, su padre fue trasladado al Regimiento 9 de Infantería en la provincia de Corrientes, entonces bajo el mando del represor Cristino Nicolaides, y desde allí habría sido llevado a la zona fronteriza, donde fue entregado a la policía paraguaya.
El 22 de septiembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado paraguayo por la desaparición de Agustín Goiburú y de otros ciudadanos de este país, en la causa conocida como “Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay” (Sentencia nº 153, CIDH). En el dictamen, el Tribunal explicó: “la desaparición del doctor Goiburú ha sido considerada como una ‘acción coordinada entre las fuerzas de seguridad paraguaya y argentina’ que formó parte del ‘Plan Cóndor’” y habló del “carácter continuado o permanente” de este delito.
El caso de Goiburú es solo uno de los tantos crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el marco del Plan Cóndor. Estas épocas no solo marcaron un período de violencia extrema y represión en los países de América Latina, sino que también dejaron expuesta la red de complicidades entre las dictaduras militares de la región respaldadas por los Estados Unidos. La cooperación entre los regímenes de Argentina y Paraguay en la desaparición de Goiburú resalta el carácter sistemático de las violaciones a los Derechos Humanos y expone las magnitudes de la persecución que alcanzó incluso a quienes intentaron encontrar refugio en otras tierras.
La falta de justicia y el encubrimiento de crímenes facilitados por esta operación entre gobiernos dificultaron el acceso a la verdad y la reparación para las víctimas, sus familias y también para los pueblos donde tuvieron lugar estas atrocidades. La reflexión sobre estos hechos es necesaria y nos interpela a reconocer la importancia de la memoria histórica y el compromiso con la verdad como fundamentos para garantizar una justicia duradera, con el fin de que estos casos no se repitan nunca más.
Imagen de portada: Archivo fotográfico del Registro Único de la Verdad (Gobierno de Entre Ríos, Argentina).
