Cada 24 de marzo, Argentina recuerda uno de los capítulos más oscuros de su historia: el golpe de Estado de 1976 y la instauración de una dictadura militar que sembró el país de terror y violencia sistemática. En este contexto, la persecución, desaparición y asesinato de miles de personas marcaron una herida profunda en la memoria colectiva. En este recorrido intentamos visibilizar algunas historias de personas migrantes detenidas y desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar atendiendo a la multiculturalidad que atraviesa la historia de nuestro país y reivindicando el papel que estos grupos jugaron en la recuperación y consolidación de la democracia.
El Plan Cóndor: una maquinaria represiva transnacional
La dictadura argentina no actuó de manera aislada. Formó parte de un engranaje represivo mucho mayor: el Plan Cóndor. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), este plan, instaurado oficialmente el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, fue un sistema de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil) para la persecución, secuestro, tortura y asesinato de opositores políticos en toda la región. Contó con la participación activa de los servicios de inteligencia de cada país, y con el respaldo logístico y tecnológico de la CIA, que proporcionó herramientas clave como un banco de datos centralizado y un sistema de comunicaciones encriptado denominado Condortel, con base en el Canal de Panamá.
El Plan Cóndor se ejecutó en tres fases. En la primera, se crearon bases de información con datos detallados sobre militantes políticos, sindicalistas, intelectuales, estudiantes y opositores, muchas veces construidas con el intercambio de listas entre países. En la segunda fase, se llevaron a cabo operativos de captura y traslado clandestino de personas entre los países miembros. Según documentos desclasificados del Departamento de Estado de EE.UU., la tercera fase fue la más secreta y sofisticada: operativos especiales para el asesinato de disidentes en el exterior, incluyendo Europa y Estados Unidos.
Uno de los casos más emblemáticos de esta última fase fue el asesinato de Orlando Letelier, ex ministro de Relaciones Exteriores y Defensa de Chile bajo el gobierno de Salvador Allende. Letelier, quien en 1973 ocupaba el cargo de Ministro de Defensa durante el golpe de Estado en Chile, fue uno de los primeros altos funcionarios del gobierno de Salvador Allende en ser detenido por las fuerzas militares. El arresto ocurrió cuando Letelier ingresó a su despacho en el Ministerio de Defensa, ubicado en el centro de Santiago, a metros del Palacio de La Moneda. Tras su detención, fue sometido a torturas en varias instalaciones militares, comenzando en el Regimiento de Artillería Tacna y la Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins. Posteriormente, fue trasladado al Campo de Concentración de Isla Dawson, en el estrecho de Magallanes, donde permaneció durante ocho meses. Luego, Letelier pasó por el subterráneo de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea y el Campamento de Ritoque en Valparaíso.
Su liberación fue posible gracias a la presión internacional y comités de apoyo que lucharon incansablemente por su libertad. Letelier, tras el golpe de 1973, se convirtió en una de las voces más activas en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en Chile. Exiliado en Estados Unidos, trabajaba como director del Instituto de Estudios Políticos en Washington D.C. y escribía artículos en revistas y periódicos internacionales, donde exponía la represión ejercida por la dictadura de Pinochet. Su influencia creciente y sus contactos en altos niveles del Congreso estadounidense lo convirtieron en un objetivo prioritario de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
El 21 de septiembre de 1976, Letelier fue asesinado en Washington D.C. junto a su asistente Ronni Moffitt, de 25 años, cuando un artefacto explosivo colocado en su automóvil detonó mientras circulaban por Sheridan Circle, cerca de la embajada de Chile. La investigación del FBI concluyó que el atentado fue planificado por la DINA con apoyo de agentes anticastristas de origen cubano, contratados por el régimen de Pinochet. Documentos desclasificados han revelado que el entonces secretario de Estado de EE.UU., Henry Kissinger, estaba al tanto de los planes de asesinato y que el gobierno estadounidense no intervino hasta que la operación comenzó a generar tensiones diplomáticas.
El asesinato de Letelier fue un punto de quiebre en la política exterior de EE.UU. hacia Chile y el Plan Cóndor, ya que expuso internacionalmente la capacidad de las dictaduras sudamericanas para operar fuera de sus fronteras. Décadas después, varios responsables fueron juzgados, incluyendo el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, Manuel Contreras, quien fue condenado en Chile por este crimen. Para la represión interna y transnacional, el Plan Cóndor articuló la desaparición forzada como una metodología sistemática con el fin de aterrorizar a la población y desarticular cualquier tipo de resistencia.
Automotores Orletti: el epicentro del terror regional
En el marco del Plan Cóndor, cada país debía contar con centros operativos estratégicos para el procesamiento de los detenidos. En Argentina, el punto neurálgico de esta maquinaria fue Automotores Orletti. Según el CELS, este taller mecánico ubicado en el barrio porteño de Floresta (Ciudad de Buenos Aires) funcionó entre mayo y noviembre de 1976 como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. El lugar también sirvió como una base para el robo de bienes de los detenidos. Muchos de los represores se apropiaban de dinero, propiedades y objetos personales de los secuestrados, justificándolo como una estrategia para desfinanciar a la “subversión”, aunque en la práctica se convirtió en una red de corrupción interna dentro del aparato represivo.
Uno de los casos más emblemáticos de Orletti fue el secuestro y asesinato de los funcionarios cubanos Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández, quienes trabajaban en la embajada de Cuba en Buenos Aires realizando tareas administrativas. Ambos fueron secuestrados el 9 de agosto de 1976 en plena vía pública, en la intersección de las calles Arribeños y Pampa, en el barrio porteño de Belgrano. Testimonios de sobrevivientes y documentos desclasificados han permitido reconstruir su paso por Orletti, donde fueron torturados por agentes de la DINA chilena y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) argentina.
El régimen de Pinochet, aliado estratégico de Estados Unidos en la región, tenía un interés particular en vigilar y hostigar a los diplomáticos cubanos, a quienes consideraba “agentes subversivos” por su apoyo a los movimientos revolucionarios en América Latina. Tras semanas de encierro, Cejas Arias y Galañena Hernández fueron asesinados y sus cuerpos introducidos en barriles metálicos rellenos de cemento y arrojados a un arroyo en la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires.
Durante décadas no se tuvo registro del destino de los diplomáticos cubanos hasta que en 2012 y 2013 sus cuerpos fueron hallados e identificados gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El terreno en el que fueron hallados los restos había sido rellenado con tierra proveniente del dragado del Río Luján, lo que resulta relevante porque en ese mismo río fueron encontrados en 1976 ocho tambores de similares características, que contenían los cadáveres de otras víctimas que habían sido mantenidas cautivas en Automotores Orletti.
Este hallazgo permitió reforzar las investigaciones sobre el papel de Automotores Orletti en la represión transnacional y fue clave en los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor.
La política migratoria de la dictadura: exclusión y criminalización
El terrorismo de Estado no solo persiguió a opositores políticos, sino que instauró un modelo de sociedad basado en la exclusión y la discriminación. Según Lucila Sabrina Nejamkis en su artículo Políticas migratorias y dictadura militar en Argentina (1976-1983): la construcción de un modelo migratorio, la dictadura impulsó una política migratoria restrictiva con el objetivo de consolidar una población “homogénea” y eliminar cualquier “amenaza ideológica” proveniente del exterior. Esto quedó plasmado en la Ley Videla de 1981, que estableció criterios de “selección” de inmigrantes en función de su origen y “aporte” al país. Se priorizó la inmigración de europeos y se impusieron trabas para el ingreso y permanencia de latinoamericanos, especialmente aquellos considerados potenciales “subversivos”.
El Decreto 3.938/77 estableció políticas de control poblacional que reforzaron la vigilancia sobre los inmigrantes. Se les negó acceso a derechos básicos como salud y educación, se les dificultó la obtención de documentación y se fomentó su expulsión en caso de que fueran considerados una amenaza para la “seguridad nacional”. Además, se otorgaron amplias facultades a la Policía Migratoria Auxiliar, que operaba como un brazo represivo más del Estado, facilitando detenciones arbitrarias y deportaciones express.
La desaparición en la desaparición
La desaparición forzada implica de por sí un despojo absoluto: del cuerpo, de la historia, de la identidad. Pero en el caso de los migrantes desaparecidos, ese despojo podría pensarse doble. Para muchos, migrar significa dejar atrás una parte de sus vidas y reconstruirse en un nuevo país. Pero cuando un migrante desaparece, su identidad queda suspendida entre dos ausencias: la de su origen y la de su país de destino.
Los exiliados políticos también cargan con esta fractura. Expulsados de su tierra por la persecución, muchos vivieron en la incertidumbre absoluta: sin certezas sobre si podrían volver, ni si su identidad política los marcaría para siempre. Algunos desaparecieron en el extranjero, como Letelier en Washington. Otros, con suerte de regresar, se encontraron un país muy distinto al que habían dejado.
El caso de los migrantes desaparecidos es especialmente paradigmático en términos identitarios porque cuentan con mayores posibilidades de que sus nombres se diluyan en el olvido. Mientras el desaparecido local deja al menos una ausencia y una búsqueda abierta que su familia y su comunidad pueden reclamar, el migrante tiene menos posibilidad de formar parte de una búsqueda personal, de figurar en expedientes, o de ser parte de un espacio en la memoria colectiva. Es la desaparición dentro de la desaparición.
Sin embargo, la lucha colectiva y el valioso y sostenido trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense demuestran que aún con mayores dificultades no siempre se puede borrar la memoria. En el caso de Antero Daniel Esquivel resurge la esperanza que se abre paso en cada nueva identificación. Nacido en Paraguay en 1945, Daniel migró a Argentina en los años 70 y desapareció en febrero de 1977. Su familia lo buscó durante años, pero su identidad permaneció desconocida hasta hace poco. En 2005, el EAAF exhumó una fosa común en el cementerio de Lomas de Zamora donde se hallaban sus restos, pero sin muestras de ADN disponibles en ese momento, no pudo ser identificado. Años después, una nueva investigación permitió dar con su hermana Genoveva y, mediante pruebas genéticas, confirmar su identidad. El pasado viernes 21 de marzo, sus restos fueron restituidos a su familia y este domingo 23, inhumados en la Parroquia Nuestra Señora de los Trabajadores de Villa Caraza en una emotiva ceremonia.
“Costó casi 50 años reconstruir su historia”, expresó Daniela, la nieta de Genoveva, según el propio EAAF. La identificación de Daniel refleja no sólo que es posible sino también fundamental seguir buscando a quienes aún esperan justicia, porque cada identidad recuperada es una victoria sobre el olvido.
Son 30.000
La cifra de 30.000 desaparecidos se ha consolidado como un emblema de la memoria colectiva y la lucha por los Derechos Humanos en Argentina. No es solo un número, sino la expresión de una realidad que las organizaciones de derechos humanos comenzaron a denunciar en plena dictadura, basándose en testimonios de sobrevivientes, familiares y exiliados. Tras el retorno de la democracia, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) logró documentar 8.960 casos, una cifra parcial que reflejaba las denuncias recibidas en ese momento, pero que nunca pretendió establecer un número definitivo. La propia dinámica clandestina del terrorismo de Estado –con la desaparición de cuerpos, la falta de registros oficiales y el temor de muchas familias a denunciar– vuelve imposible conocer el alcance real del genocidio. En este contexto, la cifra de 30.000 no sólo visibiliza la dimensión del plan de exterminio sistemático, sino que también se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a los intentos de relativización y negacionismo, hoy más vigentes que nunca.
El reconocimiento de las víctimas migrantes del terrorismo de Estado también es una deuda pendiente en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina. La apertura de archivos y la identificación de los desaparecidos transnacionales son pasos esenciales para completar la reconstrucción histórica de lo ocurrido. Los migrantes, especialmente chilenos, paraguayos, bolivianos y peruanos, formaron parte activa de la clase trabajadora y de los movimientos de resistencia en Argentina durante los años 70.
Según los datos relevados por la Dirección Nacional de Migraciones, en Argentina hubo alrededor de 500 personas migrantes víctimas del terrorismo de Estado. A partir de lo recuperado en el Memorial Virtual Presentes, en el caso de la provincia de Córdoba, durante la dictadura cívico-militar, fueron detenidas alrededor de 25 personas migrantes procedentes de países como Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Colombia, Perú, Rumania, Brasil, Italia, España, Checoslovaquia y Lituania. Entre los detenidos se encontraban estudiantes, trabajadores y trabajadoras, así como militantes de organizaciones políticas y sociales, miembros de sindicatos, gremios y centros de estudiantes, entre otros.
Por otro lado, un informe elaborado por la Universidad Nacional de La Plata publicado en 2020 identificó al menos 191 migrantes desaparecidos, aunque la cifra real podría ser mucho mayor debido a la falta de registros oficiales y a la sistemática destrucción de archivos.
A 48 años del golpe, la memoria sigue viva. Lugares como Automotores Orletti, hoy un sitio de memoria, permiten visibilizar la conexión de la dictadura argentina con la represión transnacional.
Imagen de portada: Pablo Flores (CC BY-NC-ND 2.0, sin cambios).
Antropóloga. Se especializa en el campo de la antropología forense, particularmente en temas como las desapariciones en democracia y la violencia de género. Su familia tiene raíces en Alessandria, Calabria, Cataluña y Roma. Le gusta el mar, escribir, viajar y conocer nuevas historias.
