Por segunda vez en menos de un año, el gobierno liberal-libertario de Javier Milei vuelve a anunciar una reforma del régimen migratorio en Argentina. La jugada ya no sorprende, pero sí preocupa: el uso sistemático de la política migratoria como herramienta electoral reactiva un viejo recurso de campaña que, aunque pueda resultar insuficiente para el gobierno, se inscribe en un contexto político regional y global muy favorable.
El miércoles pasado, al mediodía, el vocero presidencial y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, Manuel Adorni, volvió a anunciar que el gobierno nacional avanzará con una reforma migratoria mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El anuncio —virtualmente un copy/paste del realizado en diciembre de 2024— ocurre en el sprint final de la campaña por las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, la intervención de Adorni no solo buscó “marcar agenda”, sino también agitar el voto xenófobo para seducir a los sectores más derechistas del electorado porteño.
Apelando a una retórica fuertemente maniquea —marcando una frontera entre “inmigrantes de bien” versus “inmigrantes delincuentes”—, Adorni sugirió que el gobierno deportará a cualquier persona migrante condenada por la justicia. Además, anunció que se acortarán los plazos de apelación, se endurecerán los requisitos para acceder a la ciudadanía y se buscará cobrar los servicios de salud a personas extranjeras no residentes.
Más allá del tono, el contenido del anuncio del gobierno de Javier Milei no se apoya en evidencia, sino en prejuicios. La idea de “recuperar el control migratorio” es funcional a un discurso de orden que no distingue entre gestión y exclusión, y que alimenta los climas de sospecha y hostilidad hacia comunidades migrantes.
Los datos sin fuentes, la racionalidad del baiteo y la disputa de los votos por derecha
Adorni afirmó, sin citar fuente alguna, que “en los últimos 20 años ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares” y que esas personas “lejos están de venir a este país de forma honrada”. También aseguró que el sistema de salud pública gastó “114 mil millones de pesos para atender extranjeros”, aunque no presentó respaldo técnico ni informes oficiales que sustenten esa cifra.
Estas afirmaciones contrastan con estudios disponibles que muestran que el cobro de servicios públicos a personas migrantes tendría un impacto fiscal marginal, pero un enorme costo humanitario y jurídico. Aun así, el gobierno vuelve a apostar por el baiteo, esta vez en clave electoral: lanzar un tema polémico para polarizar el debate público y ocupar el centro de la conversación, aún a costa de los derechos de las personas migrantes.
Apelando a una retórica fuertemente maniquea —marcando una frontera entre “inmigrantes de bien” versus “inmigrantes delincuentes”—, Adorni sugirió que el gobierno deportará a cualquier persona migrante condenada por la justicia. Además, anunció que se acortarán los plazos de apelación, se endurecerán los requisitos para acceder a la ciudadanía y se buscará cobrar los servicios de salud a personas extranjeras no residentes.
A pesar de ello, las encuestas no muestran por estos días un escenario favorable para Javier Milei ni para su hermana Karina —la principal estratega de la campaña— en la Ciudad de Buenos Aires. Ante este escenario, donde el mínimo margen de ventaja puede decidir el resultado final, resulta claro que el vocero-candidato busca disputarle votantes al ex libertario y actual candidato de la UCeDé, Ramiro Marra.
El caso de Marra es digno de atención. A pesar de su expulsión por parte de Karina Milei, Marra sigue considerando a Javier Milei como su “referente político e ideológico”. Por ello su disputa con Adorni es, en los hechos, una interna por el mismo electorado, donde existen sectores de derecha radicalizados, movilizados por discursos duros sobre seguridad, inmigrantes y estigmatización de los pobres e indigentes.
No obstante, es importante remarcar que no todos dentro de La Libertad Avanza coinciden con esta línea discursiva. Daniel Parsini, conocido como “el Gordo Dan”, ha tomado distancia en redes sociales de algunos discursos abiertamente xenófobos, tanto de los propios como de los sectores aliados. Su postura evidencia tensiones internas sobre hasta dónde estirar la retórica antiinmigrante sin perder legitimidad ni audiencia.
Pero Marra va incluso más lejos: acusa a las personas migrantes irregulares de ser masa de maniobra de la izquierda y de saturar el sistema de salud y educación. Su retórica —más frontal y extrema— busca fidelizar un voto profundamente antiinmigrante. Esta narrativa encuentra gran eco en redes sociales, el territorio de batalla preferido de la militancia liberal-libertaria.
Una “reforma” que repite errores y propone regulaciones que ya existen
Lo que el gobierno presenta como una reforma disruptiva ya está, en buena medida, contenido en la Ley de Migraciones N.º 25.871, vigente desde 2003. El artículo 29 de esa norma ya impide el ingreso y permanencia a personas que hayan sido condenadas por delitos graves, ingresen por pasos no habilitados o usen documentación falsa. La normativa también prevé que la Dirección Nacional de Migraciones puede cancelar una residencia si la persona fue condenada a más de cinco años de prisión. Y una vez cumplida la pena, deben pasar dos años antes de dictar la cancelación definitiva.
Otro aspecto importante del anuncio es el de los tiempos de apelación. En enero de 2017, el gobierno de Mauricio Macri firmó el DNU 70/2017, que endurecía las condiciones de expulsión y limitaba los tiempos de apelación. En marzo de 2018, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal lo declaró inconstitucional por violar el debido proceso y apropiarse de facultades legislativas. El intento actual del gobierno de Milei parece reeditar el mismo camino, pese al precedente judicial. La herramienta vuelve a ser un DNU y el objetivo vuelve a ser el mismo: mostrar mano dura y polarizar el debate público.
Otro eje del anuncio oficial es el cobro por servicios públicos. Sin embargo, cinco provincias (Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires) ya aplican algún tipo de arancel a personas extranjeras con residencia transitoria o precaria. En muchos casos, estas medidas fueron más simbólicas que efectivas, y generaron más exclusión que ahorro fiscal.
Lo que el gobierno presenta como una reforma disruptiva ya está, en buena medida, contenido en la Ley de Migraciones N.º 25.871, vigente desde 2003. El artículo 29 de esa norma ya impide el ingreso y permanencia a personas que hayan sido condenadas por delitos graves, ingresen por pasos no habilitados o usen documentación falsa
Respecto de la educación, el Ministerio de Capital Humano aclaró que la educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos los residentes, pero el gobierno promueve que las universidades nacionales cobren matrícula a personas extranjeras, si así lo deciden.
Una tendencia regional y global: migrantes como chivo expiatorio electoral
El giro discursivo del gobierno argentino no ocurre en el vacío. A nivel regional e internacional, se observa un clima político cada vez más hostil hacia las personas migrantes, donde los discursos anti-inmigrantes resurgen como tácticas efectivas para captar votos, incluso desde sectores que tradicionalmente defendían políticas inclusivas.
En Estados Unidos, Donald Trump centró su campaña presidencial en la promesa de deportaciones masivas y militarización de fronteras. En Europa, la reciente reforma del Pacto Europeo de Migración y Asilo endurece el control fronterizo y restringe los derechos de solicitantes de asilo. Incluso algunos candidatos progresistas han comenzado a proponer restricciones migratorias para no perder terreno electoral.
Argentina no es una excepción. En un contexto de crisis económica y polarización política, convertir a las personas migrantes en chivos expiatorios parece estar adquiriendo el cariz de una herramienta eficaz para ganar adhesión en los sectores más reaccionarios del electorado.
A nivel regional e internacional, se observa un clima político cada vez más hostil hacia las personas migrantes, donde los discursos anti-inmigrantes resurgen como tácticas efectivas para captar votos, incluso desde sectores que tradicionalmente defendían políticas inclusivas.
Por ahora, nada nuevo bajo el sol
En síntesis, el anuncio del gobierno no propone, en principio, herramientas sustancialmente nuevas, sino que reempaqueta normas ya existentes y se propone reeditar estrategias ya declaradas inconstitucionales. En ese marco, lo que se presenta como una “reforma valiente” no parece ser, hasta el momento, más que un discurso de campaña que busca obtener rédito en las franjas más derechistas del electorado.
Es importante destacar, asimismo, que hasta el momento el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado no fue publicado oficialmente. Por eso, aún no es posible conocer con precisión el contenido normativo ni los alcances reales de esta “reforma migratoria” anunciada reiteradamente. En ese vacío, lo que prevalece por ahora es el efecto mediático del anuncio, más que su sustancia legal.
Frente a esto, especialistas y organizaciones de derechos humanos advierten que reducir el debate migratorio a una narrativa de seguridad y exclusión, sin evidencia ni visión de largo plazo, pone en riesgo derechos fundamentales y debilita aún más la legitimidad democrática de las instituciones.
También te puede interesar:
¿Países seguros? La trampa legal que puede condenar a miles de personas migrantes en Europa
Consultor en comunicación estratégica. De raíces criollas y mestizas, sus antepasados se remontan a la historia del Alto Perú y también a la llegada de migrantes españoles en el siglo XIX. Apasionado por la historia y cultura latinoamericana.
