La administración Trump avanza en un decreto que obligaría a los bancos a verificar la ciudadanía de sus clientes, en un contexto marcado por operativos migratorios en expansión y una tasa de mortalidad en centros de detención de ICE que alcanzó su nivel más alto en 22 años.
La administración Trump profundiza una estrategia de control migratorio que opera simultáneamente en la frontera, en el territorio interior y ahora también en el sistema financiero. Una propuesta en elaboración desde el Departamento del Tesoro busca ordenar a los bancos que recopilen información sobre el estatus de ciudadanía de sus clientes –incluyendo a quienes ya tienen cuentas abiertas–, en un contexto marcado por el aumento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y una creciente preocupación internacional por las condiciones en los centros de detención.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó en una entrevista que el decreto está “en proceso”. La medida requeriría que las instituciones financieras soliciten documentación adicional –pasaportes u otros comprobantes de ciudadanía– tanto a clientes nuevos como existentes. Las credenciales REAL ID no serían consideradas válidas bajo esta exigencia, dado que no acreditan ciudadanía. Hasta ahora, los bancos en Estados Unidos están obligados a verificar identidad, no ciudadanía, bajo las regulaciones conocidas como “Know Your Customer”, que recopilan números de seguro social, fechas de nacimiento y domicilios, entre otros datos.
La medida generó rechazo inmediato en el sector financiero. Fuentes de la industria consultadas por CNN la describieron como una “mala idea” y advirtieron que los ejecutivos bancarios temen quedar convertidos en agentes de cumplimiento de las políticas migratorias. Las mismas fuentes señalaron que verificar el estatus ciudadano de cada cliente sería inviable en la práctica.
Más detenciones, más presión sobre el sistema
El avance de esta propuesta se da en paralelo a un endurecimiento sostenido de los operativos migratorios. Desde el inicio de la segunda administración de Trump, las autoridades federales intensificaron los operativos de detención en territorio estadounidense, una tendencia que se mantuvo durante 2025 y los primeros meses de 2026, que derivó en una mayor presión sobre un sistema que ya opera cerca de su capacidad.
El decreto bancario es parte de una estrategia más amplia de restricción de acceso a servicios. La Administración de Pequeñas Empresas anunció que bloqueará a todos los no ciudadanos del acceso a su programa principal de préstamos, mientras que el Departamento de Justicia y la Oficina de Protección Financiera al Consumidor retiraron una advertencia de 2023 que prohibía usar el estatus migratorio como criterio de solvencia crediticia. La administración también profundizó los acuerdos de intercambio de datos entre agencias federales, acuerdos que son objeto de impugnaciones legales en curso.
Aumento de muertes bajo custodio
Uno de los datos que más preocupación genera es el aumento de muertes en los centros de detención migratoria. La tasa de mortalidad en el sistema de detención de ICE alcanzó en el año fiscal 2026 su nivel más alto en 22 años, superando incluso un pico registrado durante la pandemia de COVID-19, según un informe publicado en la revista médica JAMA. Desde el inicio de la administración Trump, 47 personas han muerto bajo custodia de ICE.
Organizaciones de derechos humanos advierten que estas muertes no son hechos aislados. Especialistas en medicina y derechos humanos las describieron como el resultado de “debilidades sistemáticas en la atención médica, la salud mental y la revisión de mortalidad” en una población completamente dependiente del estado, agravadas por políticas que expandieron la detención a niveles históricamente altos y debilitaron los mecanismos de control. En varios casos, las muertes ocurrieron en instalaciones privadas contratadas por el gobierno federal, lo que reavivó el debate sobre la tercerización del sistema de detención.
Del control territorial al control financiero
La incorporación del sistema bancario como herramienta de identificación migratoria marca un cambio en la lógica de estas políticas. Tradicionalmente centrado en la vigilancia fronteriza y los operativos en territorio, el enfoque actual se expande hacia mecanismos administrativos y financieros que intervienen en la vida cotidiana de las personas.
Los riesgos no se limitan a la población migrante. El Centro Brennan para la Justicia estima que más de 21 millones de ciudadanos estadounidenses en edad de votar no tienen acceso inmediato a documentos que acrediten su ciudadanía. Efrén Olivares, vicepresidente de litigación del Centro Nacional de Derecho de Inmigrantes, advirtió además que personas no ciudadanas presentes legalmente en el país aportan “millones y probablemente miles de millones”, a la economía.
Un sistema bajo tensión
El cruce entre mayor control, expansión de la detención y condiciones cuestionadas en los centros migratorios configura un escenario de creciente tensión. Setareh Ghandehari, directora de incidencia de Detention Watch Network, señaló que nunca había visto una situación en la que ICE reportara al menos una muerte por semana y que las personas “están llegando a situaciones de emergencia por problemas que podrían resolverse fácilmente si se les diera atención médica adecuada”.
Mientras la administración defiende las medidas como herramientas necesarias para el cumplimiento de la ley migratoria, el debate ya no se circunscribe a la política de fronteras. Se extiende a los límites del control estatal y al equilibrio entre seguridad, privacidad y derechos humanos. Si el decreto bancario avanza en los términos planteados, añadirá un eslabón nuevo a esa cadena: uno que opera antes de cualquier detención, en el momento en que una persona intenta abrir una cuenta, cobrar su sueldo o pagar impuestos.
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Soy Licenciado en Comunicación Social por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) y actualmente curso la Maestría en Periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella. Desde 2024 me desempeño como periodista y corresponsal en Enterate Noticias, donde realizo coberturas en Buenos Aires y la redacción de notas para distintas secciones, con especial interés en la política internacional.
A lo largo de mi trayectoria también trabajé en radio, multimedios y agencias de marketing digital, lo que me permitió desarrollar un perfil que combina práctica periodística con el manejo de herramientas digitales, estrategias de comunicación y producción audiovisual. Además, colaboro como voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), espacio en el que profundizo mi interés por la política internacional y la geopolítica.
