La expansión de las redes sociales y el avance de la inteligencia artificial han facilitado la proliferación masiva de noticias falsas. En el ámbito de las movilidades, las fake news contribuyen a reforzar prejuicios sobre las personas migrantes, lo que muchas veces deriva en situaciones de violencia, tanto simbólica como concreta. En esta nota, analizamos la circulación de noticias falsas sobre mujeres bolivianas que llegan al país atravesando un embarazo, en contraste con el trato diferencial que reciben las ciudadanas rusas que arriban a la Argentina en la misma situación, y de cómo los discursos excluyentes se alimentan de los mecanismos de desinformación para legitimar políticas lesivas de los derechos humanos.
En mayo de 2026 circuló en redes sociales una noticia falsa sobre un supuesto grupo de mujeres embarazadas provenientes de Bolivia que habría intentado ingresar a la Argentina para dar a luz en hospitales públicos. Aunque el episodio fue desmentido pocos días después, la noticia ya había alcanzado una amplia circulación. El caso, puesto en contraste con la llegada de mujeres embarazadas desde Rusia que ocupó la agenda pública en 2022 y 2023, permite preguntarse por qué, cómo y en qué contextos algunas movilidades son presentadas como «turismo», mientras otras son construidas como abuso, amenaza o fraude.
La expansión del uso de las redes sociales y el impacto de la inteligencia artificial son dos elementos claves que confluyen en la producción y difusión masiva de noticias falsas conocidas popularmente como fake news. El uso de este tipo de contenido con fines de ejercicio del poder no es nuevo. Sin embargo, adquiere características particulares en el momento histórico que atravesamos.
En el campo de las migraciones, diversos estudios demuestran que las fake news juegan un papel crucial en el refuerzo de las representaciones sociales, la intensificación de la polarización y el recrudecimiento de la xenofobia. La circulación de desinformación incide incluso en la construcción de los imaginarios sociales sobre las personas migrantes, llegando a condicionar su legitimidad según su origen étnico-racial, nacionalidad o clase social y, al mismo tiempo, contribuyen a legitimar mecanismos de control y clasificación que generan y refuerzan desigualdades sociales, condicionando el acceso a derechos elementales tales como el derecho a la salud o la educación.
En mayo de 2026, en plena gestión de Javier Milei, circuló una noticia falsa sobre un supuesto micro de mujeres embarazadas provenientes de Bolivia que habría intentado ingresar a la Argentina con el fin de dar a luz en hospitales públicos. Días después el episodio fue desmentido, pero la noticia ya había generado efectos. Un contrapunto crítico con la llegada de mujeres embarazadas desde Rusia, que ocupó la agenda pública en 2022 y 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, permite reflexionar sobre por qué, de qué forma y en qué contextos sociohistóricos algunas movilidades son presentadas como «turismo» y otras como abuso o amenaza.
El caso de la fake news sobre un supuesto micro de mujeres embarazadas provenientes de Bolivia
Como mencionamos, la «noticia» se difundió en múltiples plataformas y redes sociales. Según la versión que circuló aquel 20 de mayo, las mujeres embarazadas de origen boliviano que viajaban en el micro afirmaron inicialmente que estaban haciendo turismo, pero luego habrían admitido que su «verdadero objetivo» era dar a luz en hospitales argentinos. La versión relataba, asimismo, que el ingreso al país fue denegado por las autoridades. Y una de las notas que circuló con la fake news finalizaba con el siguiente párrafo: «Desde la Dirección Nacional de Migraciones señalaron que los controles continuarán reforzándose en los distintos pasos fronterizos del norte del país con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y prevenir irregularidades vinculadas con el ingreso al territorio nacional». De esta forma se observa cómo la circulación de una noticia falsa contribuyó a «reforzar controles» y prevenir «irregularidades».
Posteriormente, el día 25 de mayo, Gendarmería Nacional desmintió totalmente el hecho y el medio argentino Chequeado publicó una nota exponiendo la falsedad de la noticia, donde además mencionaba que las fotografías utilizadas se habían generado con inteligencia artificial. Asimismo, identificaron a la cuenta que efectuó el posteo inicialmente (la cual posee más de 420 mil seguidores en Facebook) y a otras cuentas que compartieron la noticia. Analizando a las más virales, detectaron que se trataba de cuentas que suelen compartir contenido afín al gobierno nacional y que ya habían difundido previamente noticias falsas (algunas de estas vinculadas a Evo Morales, Nicolás Maduro y Juan Grabois).
La desmentida, que se efectuó una semana después, no evitó que esta fake news recorriera intensamente redes sociales y hasta se reprodujera en medios de comunicación tradicionales como Crónica y Diario Jornada. Según datos de la herramienta de monitoreo Brandwatch citados por Chequeado, hubo más de 1200 menciones sobre el tema en la red X, con un alcance de más de 6 mil millones de visualizaciones. Además, las cuentas en X de los usuarios analizados poseían el tilde azul, lo que quiere decir que sus respuestas demuestran preferencia.
Los comentarios como reacción a la noticia reflejaron racismo, xenofobia, prejuicios respecto a las personas migrantes y la idea recurrente de «abuso de servicios públicos». Entre los mismos aparecieron expresiones como «que se atiendan en su país», «vienen a aprovecharse de nuestros hospitales», «vienen para cobrar planes sociales», «son unas vivas», «hay que cerrar la frontera», «Argentina primero para argentinos», «no más bolitas», «gracias Milei», «esto era culpa de los kukas», etc. Por otro lado, algunos comentarios expresaban que «las embarazadas debían pagar por el servicio» y otros contestaban que «ni pagando deberían poder venir», dando cuenta con claridad de que lo que se discute es la legitimidad misma de ciertas personas para cruzar la frontera.
Resulta a su vez significativo lo ocurrido en un programa de streaming salteño, donde se habló del caso exponiendo que, si bien fue una noticia falsa, «es algo que sí pasa» y que, considerando que la atención médica en los efectores públicos de Salta se encuentra arancelada para personas migrantes sin residencia permanente desde 2024 y a partir del DNU provincial 129/2024, ahora «las embarazadas buscan llegar a Tucumán o provincias no limítrofes donde aún es gratuita la atención». Esto puede leerse como un intento de «advertencia» a las demás provincias para que comiencen a aplicar cobros, en un contexto donde crece la legitimación para realizarlo tras la sanción del DNU 366/2025 y la Resolución 1066/26, por la cual el gobierno establece el cobro para efectores de salud administrados por el Estado nacional. Cabe aclarar que las provincias en Argentina conservan competencias sobre la organización y administración de sus sistemas sanitarios, por lo cual no es posible que la Nación las obligue a imponer cobros.
Este caso expone los límites actuales de la verificación y desmentida de información. Una noticia puede ser oficialmente reconocida como falsa, pero permanece relativamente intacta en el sentido común. La falta de proporcionalidad entre la circulación de las noticias falsas y sus desmentidas, así como la viralización de la desinformación facilitada por los dispositivos tecno-emocionales que contribuyen a tal fin (como las redes sociales que explotan sentimientos de odio), también se apoyan en representaciones sociales, arraigadas históricamente en la sociedad argentina.
En publicaciones de Refugio Latinoamericano, por ejemplo en «Genealogía del odio antimigrante: el asedio a las comunidades limítrofes entre la era analógica y digital», se trabajó acerca del arraigo existente de una noción que ubica a la migración de países limítrofes como «indeseable». Esta asociación tiene una larga historia enraizada en el propio inicio del Estado-nación erigido sobre un proyecto de homogeneización de la población bajo el paradigma europeo, y que fue transformándose sin desaparecer a lo largo de las décadas. En los años 90, durante el gobierno menemista y bajo el influjo del ideario neoliberal, esta asociación adquirió particularidades y se intensificó. En un contexto de crisis económica, aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad, tuvieron protagonismo diversos discursos xenófobos y racistas que en el campo político y de los medios de comunicación responsabilizaban a las personas migrantes de países limítrofes de diversas problemáticas sociales. Esta construcción tampoco quedó restringida a los medios de comunicación. Episodios de extrema violencia, como el asesinato en 2001 de Marcelina Meneses —una mujer migrante de origen boliviano— y de su hijo de diez meses, Joshua Torres, tras ser arrojados del tren Roca, ilustran cómo estas representaciones trascienden el discurso para materializarse en la acción social y estatal.
Hoy discursos y actos de odio vuelven a recrudecerse, amparados y amplificados a partir de las plataformas digitales, donde existen, por ejemplo, comunidades virtuales antiinmigrantes y supremacistas que reproducen y magnifican el odio hacia personas bolivianas, peruanas y paraguayas. Y, como en años previos, continuamos observando episodios de extrema violencia que siguen demostrando que estas representaciones no permanecen confinadas al plano discursivo.
Control y producción de irregularidad migratoria, miradas desde los estudios críticos
Referentes del campo han señalado la importancia de estudiar críticamente las diversas prácticas de control y vigilancia de la migración en América del Sur. En este sentido, el investigador Eduardo Domenech ha advertido que, si bien a comienzos de los años 2000 distintos países de la región impulsaron medidas que parecían marcar un cambio significativo respecto de las políticas migratorias restrictivas, estos avances no significaron el fin de las prácticas de control y vigilancia con las que coexistieron. Entre los cambios observados pueden mencionarse el reconocimiento de la migración como un derecho humano en Argentina, principios asociados a la ciudadanía universal en Ecuador, la suspensión de visados y otras políticas de ampliación de derechos, las cuales fueron implementadas al mismo tiempo que se sostuvieron deportaciones, centros de detención, operativos fronterizos «de combate al narcotráfico», e incluso programas laborales temporales o de «regularización» con base explícita o implícita en razones «de seguridad», entre muchas otras.
Otras investigadoras como Verónica Jaramillo, Sandra Gil Araújo y Carolina Rosas también observaron que, aun siendo importantes los avances en materia de derechos, como la Ley de Migraciones 25.871 sancionada en 2003 en Argentina, continuaron apareciendo en la misma componentes securitistas y economicistas en relación con la manera de comprender la legitimidad de las personas migrantes. En este mismo sentido, el politólogo Andrés Pereira puso en cuestión una manera dicotómica de pensar la relación entre las políticas migratorias «garantistas» de derechos humanos, y las «securitistas», y señaló la importancia de entenderlas como comprendidas en un complejo proceso por el cual ambas se imbrican y donde muchas políticas de control se asientan y legitiman desde narrativas y prácticas «humanitaristas», sin dejar de entender y abordar las migraciones en tanto riesgo o amenaza.
Sin embargo, y pese a que nunca fueron superadas del todo, actualmente y en el marco de procesos globales, la gestión actual del gobierno de La Libertad Avanza viene produciendo un fuerte retroceso en los derechos de las personas migrantes y un recrudecimiento de las políticas de enfoque securitista. Autores como el sociólogo Didier Bigo consideran que en este proceso se reafirma el rol de ciertos actores políticos en tanto «proveedores de protección», que utilizan o generan el malestar como dispositivo de gobernabilidad.
Una de las categorías que más se ponen en juego a la hora del ejercicio del poder y la vigilancia sobre las personas migrantes es la «ilegalidad» o «irregularidad». En este sentido es importante tomar en cuenta la advertencia de Jaramillo, Gil Araújo y Rosas, quienes exponen que tanto la «ilegalidad» como la «irregularidad», como construcciones sociales, no forman parte intrínseca de la naturaleza de las migraciones o de las personas migrantes, sino que son producidas por determinadas reglas y normativas que legitiman ciertas presencias y criminalizan otras, es decir, que la irregularidad no se genera pese a las políticas migratorias, sino justamente como consecuencia de las mismas. En un artículo de 2020, intitulado «Control migratorio y producción de irregularidad. Normas, prácticas y discursos sobre la migración en Argentina (2016-2019)», las autoras exponen que las políticas migratorias «estratifican los derechos de las personas y crean nuevas formas de desigualdad, pero también refuerzan desigualdades políticas, económicas y sociales preexistentes, atravesadas por el género, la edad, la clase social y el origen nacional, entre otros factores (…) siendo la criminalización de la inmigración una de las aristas del proceso más amplio de criminalización de la pobreza».
Dispositivos de control, clasificación e ilegalización: «falso turista» y «turista sanitario»
La fake news que analizamos se emparenta con categoría importante que se ha constituido como dispositivo de control al interior de las políticas migratorias y fronterizas de Argentina. Se trata del «falso turista». Al respecto, la investigadora Angélica Alvites Baiadera en un trabajo del año 2020 explica que «clasificar a los extranjeros como falsos turistas, y definir su rechazo, busca reducir los potenciales futuros ilegales por permanencia (migrantes “indocumentados”) que quieren trabajar, acceder al sistema de salud y/o de educación en Argentina». La propia autora expone que esta categoría fue plasmada oficialmente en la Resolución 1089 (1985) de la Dirección Nacional de Migraciones, y si bien hubo modificaciones y suspensiones posteriores de la misma, los usos de la categoría en cuestión no han variado sustancialmente, y han sobrevivido a cambios de legislación y enfoque en torno a las migraciones desde entonces, afectando principalmente a personas provenientes de países limítrofes. Esto resulta relevante en la búsqueda por analizar críticamente las tecnologías de control y vigilancia de la migración que han existido siempre en América del Sur, aun cuando la legislación y políticas de algunas gestiones hayan reivindicado los derechos humanos de las personas migrantes. Tal como analiza Alvites Baiadera, la categoría de «falso turista» no sostiene su aplicación únicamente apelando a cuestiones de documentación sino también a características socioculturales y físicas, discrecionalmente leídas por funcionarios de fronteras a partir de observación y cuestionarios, constituyéndose claramente en una tecnología de clasificación social y construcción de subjetividad que afecta diferencialmente a las personas en función de su nacionalidad, origen étnico-racial y clase social.
![[TEXTO_ALT_DE_LA_IMAGEN]](https://refugiolatinoamericano.com/wp-content/uploads/2026/08/Javier-Milei-en-COA-2026-1536x1024.png)
Otra de las construcciones promovidas a nivel institucional y que resulta relevante traer a colación es la del llamado «turismo sanitario». En ese sentido, la investigadora Lourdes Basualdo propone hablar de movilidades por salud para referir a «movimientos que involucran un cruce de fronteras con el objetivo de acceder a servicios de salud, independientemente de la situación administrativa migratoria de las personas, de la duración o la periodicidad de estos desplazamientos y del carácter público o privado de los establecimientos de destino de la movilidad». En su trabajo, intitulado «Argentina world friendly. Turismo médico y facilitación de la movilidad por salud» (2020), Basualdo cuenta cómo en nuestro país en ciertos períodos se han desarrollado políticas particulares de atracción de «turistas sanitarios» con exenciones impositivas, simplificación o flexibilización de requisitos migratorios, diseño de itinerarios de atención sanitaria internacional, etc. A partir de su trabajo también es posible analizar cómo estas políticas expresan la existencia de dispositivos de selección entre movilidades, en tanto algunas personas son caracterizadas como «falsos turistas» y sospechadas de querer «abusar ilegítimamente» de derechos sociales (como la salud o el trabajo) y otras son activamente promovidas en función de su poder de consumo. Estas categorías, prácticas y procedimientos expresan con claridad la existencia de procesos de estratificación de la movilidad.
El lugar de las fake news en la producción/reproducción de sentidos y control de la migración
Estos procesos que se relatan no ocurren únicamente en Argentina y la región. Un trabajo publicado en España por María Luisa Notario Rocha y María Cárdenas Rica en 2020 analizó los bulos (noticias falsas) sobre la migración y las personas migrantes mostrando que la gran mayoría de fake news giraba en torno a ideas recurrentes de «invasión», «abuso de servicios», «criminalidad» y «disolución cultural», y que, si bien las estadísticas y datos oficiales contradicen y desmienten estas narrativas, aun así la circulación de las noticias falsas consigue influir en la opinión pública, reforzando prejuicios y alimentando la xenofobia. Por su parte, Attila Juhász y Patrik Szicherle analizaron desde Hungría cómo se utilizan las fake news para construir una idea de amenaza en torno a la migración y cómo esta se proyecta sobre la seguridad, la economía, los servicios públicos e incluso la identidad nacional. Ambos autores dan cuenta de la eficacia de las fake news para producir y reforzar este sentido común, y del modo en que se apoya en los miedos que son magnificados y distorsionados. Además, muestran que la asociación en estas narrativas de las personas migrantes con la delincuencia o el abuso de recursos configura un sentimiento de pánico social desde el cual no resulta difícil la aceptación de políticas securitistas y de recorte de los derechos de personas migrantes.
Por otro lado, se pone de relieve en ambos estudios citados que, si bien el uso de fake news con fines políticos siempre ha existido, con el advenimiento y popularización de las redes sociales y luego con la emergencia de la Inteligencia Artificial, el alcance se magnifica y los algoritmos permiten no solo su difusión a gran escala, sino también la reiteración infinita de mensajes que terminan por ser incorporados al sentido común. Este esquema se refuerza por el proceso de «viralización» que termina por invisibilizar la fuente original del mensaje, además de socavar el interés en la veracidad del contenido. Si además consideramos que las redes sociales, como fuente de información, vienen desplazando a los medios tradicionales, asistimos a un presente donde las personas cuentan con cada vez menos herramientas para identificar los contenidos falsos.
Cabe destacar que en diferentes lugares han surgido plataformas que buscan investigar y exponer contenidos falsos que circulan en las redes sociales. Sin embargo, como señalan Notario Rocha y Cárdenas Rica, no resultan suficientes, puesto que la viralización de las fake news se produce a una velocidad significativamente mayor que sus desmentidas (ya que los contenidos que generan indignación, enojo y pánico son los contenidos con mayor interacción y difusión en las redes sociales), y que incluso aunque la desmentida alcance gran difusión y las personas acepten la falsedad de la desinformación, eso no elimina del todo el efecto producido por las mismas. En este sentido, Notario Rocha y Cárdenas Rica, citando las tesis de Corey Borel, explican que «las fake news ponen de relieve un fenómeno social en juego: la lucha entre diferentes personas que imaginan el tipo de mundo que cada uno quiere para sí. Una visión que explica el éxito de la difusión de este tipo de contenidos como una afirmación de ideales políticos o sociales» en los que las personas creen con anterioridad (el llamado sesgo de confirmación).
Así, es posible entender que las narrativas que circulan en redes sociales a través de fake news pueden constituirse en potenciadoras de tecnologías de poder y gestión de las migraciones al conformar el ecosistema social que legitima ciertas políticas. Además, el control de la migración no es ejercido únicamente a través de leyes y procedimientos de frontera o programas de regularización, sino también a partir de discursos y narrativas que producen representaciones sociales sobre las personas migrantes impactando en la subjetividad de estas personas y en la percepción que la sociedad tiene de ellas.
Los debates y representaciones alrededor de la llegada de mujeres embarazadas desde Rusia
Según las cifras publicadas en diferentes medios, habrían ingresado a la Argentina 10.500 mujeres embarazadas provenientes de Rusia durante el año 2022. Este número llamó la atención y se convirtió en tema de debate entre 2022 y 2023. Al interior de la controversia aparecía el cuestionamiento a las organizaciones que gestionaban estos viajes ofreciendo el servicio a las mujeres en su país de origen y obteniendo ganancias. Se puso en duda la legitimidad de las mismas y se desplegaron investigaciones para detectar la existencia de redes criminales asociadas. Asimismo, la información que circulaba en diferentes medios caracterizaba a las mujeres como personas provenientes de sectores socioeconómicos medios y altos que venían con el objeto de obtener los «beneficios de la ciudadanía argentina» y también se hablaba de riesgos futuros de utilización de esta ciudadanía para la realización de «espionaje». Solo algunos medios mencionaron la guerra en Ucrania como un factor impulsor.
Cabe señalar que, de acuerdo a las declaraciones de Florencia Carignano (por entonces directora nacional de Migraciones durante la gestión del presidente Alberto Fernández), «no es un delito venir a tener un hijo a la Argentina». Esto parece contrastar con la fake news analizada anteriormente (sobre embarazadas de Bolivia), donde se buscaba remarcar la «ilegitimidad» del hecho mismo de venir a dar a luz, en el marco de un gobierno que busca restringir los derechos de las personas migrantes. Sin embargo, y pese a los dichos de la citada funcionaria, en aquel momento se desplegaron operativos de interrogatorio a las mujeres rusas e investigaciones tendientes a detectar posibles ilícitos por detrás. La misma directora ante medios de comunicación expuso: «Nosotros encantados de que vengan a hacer su vida a la Argentina, pero el problema es que tienen hijos, los anotan como argentinos, se van y no vuelven más (…) Se está usando nuestro pasaporte y los perjudicados vamos a ser argentinos cuando pasen cosas, como los espías rusos que encontraron en Eslovenia y tenían nacionalidad argentina».
De esta forma observamos que, aun durante una gestión de gobierno de mayor apertura con los derechos de las personas migrantes (como lo fue la de aquel momento), se aplicaron dispositivos y procedimientos de control de la movilidad bajo fundamentos de «seguridad». Por otro lado, y si bien en el caso de las mujeres embarazadas de Rusia también se desplegó la categoría de «falso turismo», surgió paralelamente una especie de noción o subcategoría mediática para nominar al fenómeno: «turismo de parto» o «turismo de maternidad». Esta denominación social parecía no portar connotaciones negativas en aquel momento, más bien aparecía como una especie de variante del «turismo sanitario» que, como se mencionó, contó con políticas específicas para su impulso.
Además, este caso nunca fue presentado en los medios como una «invasión» ni como un posible «abuso» de servicios sanitarios, y esto puede deberse a que, al caracterizarlas como pertenecientes a la clase media o alta, se entendía que el parto ocurriría en efectores privados pagos. Por el contrario, en el caso de la fake news de las mujeres embarazadas de Bolivia se cuestionaba a las mismas por el uso de efectores públicos, existiendo incluso, y como se mencionó más arriba, comentarios que exponían desacuerdo con la llegada de las mujeres «aunque» pagaran el servicio. Además de este tipo de comentarios, en las redes sociales se manifestaron muchos otros mensajes también xenófobos y racistas, que no se encontraron con las mujeres embarazadas rusas. De hecho, incluso algunos usuarios profirieron comentarios que explícitamente comparaban ambas nacionalidades y definían como válida la migración rusa e inválida la boliviana, al expresar que los padres rusos de una persona «vinieron a trabajar, trajeron conocimientos e ideas, como muchos europeos montaron negocios, construyeron un hogar, aportaron al renacimiento del país. Esta gente (en referencia a los ciudadanos de Bolivia) viene a vivir de arriba». Asimismo, la denominación de «turismo de parto o maternidad» no se observó en las variantes de la fake news sobre embarazadas de Bolivia consultadas.
Por otro lado, en el caso de las mujeres rusas, al no presentarse como algo ilegítimo el hecho de venir a dar a luz, las sospechas de delito recaían principalmente sobre las agencias que brindaban el servicio y no sobre las mujeres. El cuestionamiento a las mujeres se situaba en un posible «uso estratégico» de la ciudadanía argentina, y en el hecho de que una vez obtenida no se tuvieran intenciones reales de residir en el país, lo que no constituye ningún delito, pero sí conllevó en aquel momento sanciones del tipo moral por parte de funcionarios, medios de comunicación y de la propia población. Cabe señalar, además, que también aparecía en los debates el «riesgo de que el pasaporte argentino sea utilizado para realizar espionaje». Es interesante cómo aquí aparecen miedos basados en representaciones previas y prejuicios asociados específicamente a la nacionalidad rusa: la asociación entre Rusia y espionaje ilegal deviene de los tiempos de la Guerra Fría y se ha constituido en un cliché altamente extendido que bajo el gobierno nacional actual ha tomado mayor énfasis.
Estas diferencias dan cuenta de la forma en que los dispositivos de control y vigilancia son construidos y retroalimentados con base en jerarquías previas de raza, nacionalidad y clase social que a su vez contribuyen a reafirmar, y de que las fake news forman parte del entramado social que permite la institucionalización y el ejercicio de estos mecanismos de control y clasificación de las migraciones.
Del «turismo de parto» al «falso turismo»: construcción diferencial de la legitimidad migratoria
Todo lo aquí analizado permite observar la forma en que las fake news, como dispositivos ideológicos, participan de procesos de producción y reproducción de representaciones sociales sobre las personas migrantes, el reforzamiento de estereotipos y la legitimación de mecanismos de control sobre estas personas. Aunque las noticias puedan ser desmentidas, las representaciones sociales negativas sobre la migración se continúan reforzando debido a la intensificación de las políticas securitistas a nivel nacional, regional y global. Este fenómeno se sostiene sobre imaginarios históricos que asocian a las personas migrantes —principalmente de países limítrofes— con amenazas, desborde de servicios y delincuencia, incluso cuando los datos empíricos lo contradigan.
Por otro lado, la comparación con el caso de las embarazadas provenientes de Rusia permite analizar cómo el aparato ideológico y las propias categorías de gestión de las migraciones son desigualmente utilizadas para designar en función de las características socioeconómicas y étnico-raciales del colectivo del que se trate. Aunque no existe ninguna prohibición legal de que una persona migrante venga a la Argentina para dar a luz, incluso la legislación argentina ampara el derecho a la salud (aunque ahora condicionado por el DNU 366/2025) y además otorga la ciudadanía por nacimiento (ius soli). Y aunque en algunas gestiones se pretendió dar impulso al «turismo sanitario», resulta claro cómo en los dos casos analizados las categorías fueron desigualmente aplicadas. En el caso de las mujeres rusas se remarcó la legitimidad del hecho en declaraciones propias de las autoridades (aunque no por eso libre de sospechas y control) y en el caso de la fake news sobre mujeres bolivianas se pretendió constituir al hecho mismo de arribar al país como ilegítimo, al tiempo que se homologaba la irregularidad con el delito y por ende, la necesidad de incrementar los procedimientos de control.
Asimismo, para el caso de las mujeres rusas, circulaba la noción de «turismo de maternidad», que no ocurrió durante la circulación de la fake news sobre embarazadas bolivianas. Dicha categoría puede ser emparentada con la categoría de «turismo sanitario», que no solo no es delito, sino que fue activamente promovido por políticas públicas de gobiernos anteriores. Aunque en ambos casos hubo sospechas, en un caso terminaron siendo «turistas de maternidad» y en el otro «falsas turistas». Estos acontecimientos permiten dar cuenta de que las interpretaciones, opiniones y respuestas se articulan y refuerzan un imaginario previo de jerarquías étnico-raciales y de clases sociales. De este modo, y tal como advertían Jaramillo, Gil Araújo y Rosas en su trabajo de 2020, los discursos, prácticas y políticas migratorias exceden la dimensión jurídica participando y reproduciendo estructuras sociales desiguales.
Es menester señalar, por último, que entre ambos episodios existió un cambio de gestión y se observaron transformaciones en el contexto político nacional y global. Sin embargo, aunque con matices, lo que vemos es una continuidad en el ejercicio de mecanismos de control de la migración que cobran un lugar de mayor relevancia en un contexto actual de creciente securitización de las políticas migratorias, reforzando la idea de un Estado en ejercicio de su papel como «proveedor de protección» frente a «enemigos» que amenazan la seguridad y la capacidad de los servicios públicos. Cabe destacar que en la gestión del gobierno actual se han endurecido mucho más que los controles y trámites administrativos para que las personas vengan a dar a luz al país o realicen «turismo de maternidad».
Todo lo expuesto evidencia la urgencia de diseñar estrategias que fortalezcan el pensamiento crítico en la sociedad de acogida. El objetivo no debe limitarse a identificar la veracidad o falsedad de los contenidos que circulan en redes sociales, sino que debe apuntar a desactivar aquellas visiones del mundo que continúan relegando a las personas migrantes a lugares de exclusión, explotación, sospecha y control.
Imágenes de portada y cuerpo de la nota: representaciones conceptuales de mujeres migrantes embarazadas y el impacto de las noticias falsas en el ámbito digital (Ilustración generada con IA por Refugio Latinoamericano usando Nano Banana)
Contenidos relacionados:
A un año del DNU 366/25: securitización, producción de irregularidad e incertidumbre
Nacida en Córdoba (Argentina), es licenciada en Trabajo Social y posee un Máster en Migraciones Internacionales, complementado con formación especializada en Antropología. Cuenta con amplia experiencia en gestión territorial, abordaje intercultural, derechos humanos y acompañamiento a personas migrantes y refugiadas. De ascendencia migrante, ha residido en México, Brasil y España. Además, es poeta y apasionada por la literatura en todos sus géneros.
