En un encuentro convocado el diputado Carlos Castagneto junto a la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA) en la Cámara de Diputados, una diversidad de voces del sector analizó el impacto de la reforma migratoria en Argentina. Las participantes advirtieron sobre el círculo vicioso que genera la falta de regularización y la informalidad laboral en las tareas del hogar y del cuidado.
El pasado 28 de septiembre la Cámara de Diputados de la Nación fue sede de la mesa de diálogo «Cuidar es trabajar, regularizar es justicia: mujeres migrantes, trabajo de cuidados y derechos laborales», una iniciativa impulsada por el diputado Carlos Castagneto y la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA). El encuentro reunió a trabajadoras de casas particulares, representantes sindicales, activistas y académicas para abordar la encrucijada que afrontan las personas migrantes ocupadas en el sector de los cuidados ante los retrocesos normativos vinculados los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificaron las políticas en materia de migrantes y refugiados (el 366/2025, el 942/2024 y el 681/2026) y los retrocesos laborales implicados en la Ley 27.742 (la llamada «Ley Bases»). Ambas esferas normativas modificaron aspectos que impactaron de lleno entre las trabajadores y trabajadores migrantes, tales como la modificación del régimen de indemnizaciones por despido para el trabajo de casas particulares, la limitación al acceso gratuito a la salud y educación universitaria para los residentes no permanentes o el endurecimiento de los requisitos para obtener una residencia, dentro de los cuales se encuentra la acreditación de solvencia económica.
En ese marco, se llevó a cabo una mesa de diálogo que convocó a trabajadoras de origen migrante, legisladores, académicas, representantes de organismos internacionales y activistas. Allí se analizó cómo las reformas antedichas impactaron negativamente en dos sentidos excluyentes: el endurecimiento de los trámites para conseguir la residencia legal en Argentina obstaculiza el acceso al empleo para las personas migrantes, mientras que la falta de una relación laboral registrada imposibilita completar los requisitos necesarios para regularizar la permanencia en el territorio nacional. Las reformas de por sí golpean a un sector con alta exposición a la informalidad laboral, un universo en el que las mujeres migrantes que desempeñan tareas de cuidado se encuentran, ahora, más desprotegidas que antes.
A nivel global, la agenda de los cuidados y los derechos migratorios lograron articulaciones significativas, entre las que destacan el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho a un trabajo digno para las trabajadoras y trabajadores domésticos, y la conformación de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH) en 2013, el mismo año de la sanción de la Ley 26.844 en Argentina, por la cual se equipararon los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares con los del resto de los trabajadores. No obstante, el panorama actual en la Argentina genera una profunda preocupación entre los gremios y las organizaciones sociales. Los retrocesos en la protección del empleo formal y en las políticas de género, sumados a la nueva normativa migratoria, amenazan con desmantelar los derechos adquiridos durante la última década. Como resultado, la mayor carga de estas reformas regresivas recae sobre las trabajadoras de cuidados.
Las mediciones estadísticas del Centro de Estudios Atenea, presentadas durante la mesa de diálogo, reflejan la magnitud estructural de esta problemática. Según sus informes, en Argentina se contabilizan aproximadamente 900 mil trabajadoras domésticas, de las cuales un 78 % no cuenta con registración laboral. El estudio indica que las mujeres migrantes representan casi el 3 % de la totalidad de la población ocupada en el país, el 26,5 %, desempeña sus tareas en el trabajo doméstico, seguido por la rama del comercio con un 21,4 %. Asimismo, la investigación detalla que la mayor parte de las personas migrantes empleadas en este rubro proviene de Paraguay (41,5 %), Perú (18,2 %) y Bolivia (18 %).
Además de convocar a investigadoras del CONICET y del Centro Atenea, la mesa también contó con la presencia de mujeres representantes del Sindicato del Personal de Casas de Familia (SINPECAF) de Córdoba, del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) y trabajadoras de casas particulares como Ana Díaz, de Salta, y Verónica Marta di Marco, de La Pampa.
Natividad Obeso, una mujer migrante de origen peruano y presidenta de AMUMRA, historizó el recorrido del sector: «En 2009 nosotros presentamos un proyecto de ley porque ya eran 60 años que realmente había una deuda histórica con las trabajadoras de casas particulares argentinas, pero también para las trabajadoras migrantes. Es una lucha inmensa para nosotras, porque las que trabajan en casas particulares, las que trabajan de niñeras no se consideran trabajadoras de casas particulares». Obeso, quien ejerció esta labor durante ocho años tras haber sido empresaria en su país de origen, remarcó la importancia del soporte social para las mujeres migrantes: «Hasta ahora en todo el mundo, el primer trabajo de las mujeres migrantes es ser trabajadora de casa particular. La gran mayoría son mujeres cabezas de hogar, cabezas de familia, que realmente muchas veces están en la más absoluta soledad, porque al momento de emigrar al país de destino no tienen red de contención familiar. Están solas, desprotegidas. Necesitamos que esas mujeres se empoderen, que puedan llegar a tener un acceso a la economía digno».
Asimismo, Obeso alertó sobre la ineficacia práctica de las leyes vigentes ante las trabas de la irregularidad migratoria y el retroceso que representan en materia de derechos para las personas migrantes el DNU 366/2025, en cuyo marco las migraciones dejaron de pensarse desde un enfoque de derechos humanos para insertarse dentro de un paradigma securitista, y el DNU 681/2026, que permite la expulsión o impide el ingreso a personas extranjeras que hayan dirigido «mensajes de odio» hacia Argentina o sus habitantes.
En el mismo espacio, Farid Soberanis, encargado de la sección consular de México en Argentina, aportó la visión de su país y compartió algunos avances en la materia, como la posibilidad para sus migrantes de registrarse en el seguro social.
Por su parte, Ana Díaz, trabajadora de casa particular y perteneciente al grupo «Unidas podemos lograrlo» de Salta, destacó la importancia de estos espacios. «Las mujeres trabajadoras de casas particulares en el norte enfrentan una alta vulnerabilidad ligada al género, la nacionalidad y la clase social», señaló. «Miren mi cara, mi color: esta es la discriminación que sufrimos nosotras todos los días a la hora de ir a buscar un trabajo, lo que hace que a nosotras nos paguen menos, vulneren nuestros derechos y que, sobre todas las cosas, nos limiten a poder vivir dignamente», expresó.
Ante la falta de garantías institucionales, el desafío trazado por los colectivos participantes apunta a que las demandas planteadas en la jornada no permanezcan como un mero intercambio de diagnósticos, sino que se transformen en iniciativas legislativas concretas que tomen en cuenta las necesidades particulares de cada región y grupo poblacional. Las organizaciones esperan que los bloques de la oposición mantengan esta problemática en la discusión pública y construyan las herramientas para revertirla junto a las bases comunitarias. El propósito compartido es lograr un marco normativo definitivo que garantice el acceso efectivo a derechos laborales, salarios dignos y procesos expeditos de regularización migratoria para todas las trabajadoras de cuidados.
Esta nota fue elaborada con la asistencia de Chatbot Migrante, la herramienta de inteligencia artificial generativa de Refugio Latinoamericano para la producción de notas periodísticas, a partir del reporte de su corresponsal. El contenido fue revisado y editado por el equipo editorial antes de su publicación.
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Nació en el entonces Distrito Federal, esa ciudad donde —como escribió Monsiváis— “lo invivible tiene sus compensaciones, la primera de ellas el nuevo estatus de la sobrevivencia”. Creció bajo el cuidado de sus abuelos maternos: con su abuelo descubrió a Juan Rulfo y las canciones de Chava Flores, Los Panchos y Pedro Infante; con su abuela aprendió los secretos de la cocina y las artesanías. Desde 2020 vive en Buenos Aires, Argentina, donde continúa su historia como migrante.
