La llegada de miles de personas desde Marruecos llevó al límite el sistema de protección de Ceuta. Más de 2.000 menores han sido identificados desde el 30 de julio, mientras España prepara el traslado urgente a la península de alrededor de 500 niñas y adolescentes. Las organizaciones de infancia reclaman que cualquier decisión sobre su futuro se adopte de forma individualizada y atendiendo al interés superior de cada menor. La delicada situación tiene lugar en un momento en el que se multiplican las protestas en España en apoyo a los ceutíes.
Más de dos mil niñas, niños y adolescentes han sido identificados en Ceuta desde el 30 de julio, después de que una entrada sin precedentes de personas desde Marruecos desbordara la capacidad de protección de la ciudad. El debate de las autoridades se concentra ahora en la emergencia humanitaria: qué hacer con los menores no acompañados que permanecen en Ceuta. Los interrogantes en torno a trasladarlos a otros territorios de España, explorar una eventual reunificación familiar en Marruecos o garantizar su permanencia bajo protección mientras se evalúa cada caso, forman parte de las opciones que se manejan hasta el momento, en un momento en el cual las protestas se multiplican en España en «solidaridad» con los habitantes de Ceuta y Melilla que rechazan la presencia de personas migrantes en el espacio público.
Cuando la frontera también es un sistema de protección
Entre el 30 y el 31 de julio de 2026, unas 72.000 personas ingresaron a Ceuta desde Marruecos, según la cifra oficial actualizada por el Ministerio del Interior español. Entre ellas había miles de niñas, niños y adolescentes, muchos de los cuales llegaron sin sus padres o referentes familiares.
La entrada masiva se produjo en un contexto marcado por llamamientos difundidos a través de redes sociales, la interpretación que circuló en Marruecos sobre una sentencia del Tribunal Supremo español dictada el 8 de julio y la actitud de las autoridades marroquíes durante esas horas. Estos factores contribuyeron a generar expectativas sobre las posibilidades de acceso a Ceuta, aunque no existe una única causa oficialmente establecida para explicar la magnitud del movimiento.
La magnitud del episodio llevó al límite la capacidad de respuesta de la ciudad autónoma. Desde entonces, las autoridades han avanzado en la identificación de los menores y en su incorporación al sistema de protección, aunque muchos de ellos siguen durmiendo en las calles y playas ceutíes. Según datos difundidos por Interior y recogidos por la Agencia EFE, 2.168 menores habían sido identificados por la Policía Nacional y puestos a disposición del gobierno de Ceuta desde el 30 de julio. Sin embargo, el gobierno estima que actualmente permanecen en la ciudad alrededor de 2.400 o 2.500 menores, aunque reconoce que la cifra podría ser mayor debido a las dificultades para localizar y contabilizar a todos.
La diferencia entre quienes llegaron, quienes han podido ser identificados y quienes efectivamente se encuentran bajo protección muestra la dimensión del desafío y plantea una pregunta que excede la gestión de una frontera: ¿qué debe hacer un Estado cuando una persona que acaba de ingresar irregularmente en su territorio es, al mismo tiempo, un niño que necesita protección?
Antes que migrantes, niños y niñas
La legislación española establece un régimen específico para los menores extranjeros no acompañados. Cuando un niño llega solo y se encuentra en situación de desamparo, las administraciones públicas deben garantizar su protección y adoptar las medidas necesarias para preservar sus derechos.
Ese sistema se encuentra atravesado por principios internacionales como el interés superior del menor y el derecho a ser escuchado, establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. Su artículo 3 establece que, en todas las medidas que afecten a niños y niñas, su interés superior debe ser una consideración primordial. El artículo 12, por su parte, reconoce su derecho a expresar su opinión en los asuntos que les afectan y a ser escuchados en los procedimientos administrativos o judiciales correspondientes, teniendo en cuenta su edad y madurez.
Por eso, la llegada de un menor no debería reducirse a una cuestión de entrada irregular o de control fronterizo. Antes de determinar qué ocurrirá con su futuro, las autoridades deben establecer su identidad y edad, conocer su situación familiar, detectar posibles necesidades específicas de protección y escuchar su opinión de acuerdo con su grado de madurez. La condición migratoria no elimina automáticamente la condición de menor.
Un acuerdo que no equivale a una devolución automática
España y Marruecos firmaron en Rabat, en 2007, un acuerdo sobre cooperación para la prevención de la migración irregular de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, que entró en vigor en 2012.
El acuerdo establece que el interés superior del menor debe constituir la base de la cooperación entre ambos países y dispone que las autoridades españolas deben facilitar la asistencia y protección de los menores marroquíes no acompañados en condiciones equivalentes a las de los menores nacionales.
El texto contempla también la identificación de los menores y de sus familias y establece que España y Marruecos deben llegar previamente a un acuerdo sobre los casos que puedan ser objeto de regreso y sobre su número. En caso de retorno, prevé la reunificación familiar efectiva o la entrega del menor a una institución de tutela en Marruecos.
El acuerdo, por tanto, no establece una devolución automática de los menores marroquíes que llegan a España. Las decisiones sobre su futuro deben ajustarse a las garantías previstas por la legislación española y al interés superior de cada menor. Sin embargo, el gobierno de Marruecos exigió a España la devolución de los menores no acompañados llegados a Ceuta en julio pasado.
Cuando la capacidad de protección no alcanza
La capacidad de protección de Ceuta resulta muy inferior a la cantidad de niños, niñas y adolescentes que la ciudad debe atender después de las entradas de finales de julio. Ante situaciones de contingencia extraordinaria, el ordenamiento español prevé mecanismos para distribuir la protección entre distintos territorios, con el objetivo de que la responsabilidad no recaiga exclusivamente sobre las comunidades fronterizas. El procedimiento contempla la identificación del menor, la evaluación de su situación, su derecho a ser escuchado y la intervención de las autoridades competentes. En el esquema ordinario de traslado, la comunidad autónoma de destino asume la tutela y protección del menor.
Sin embargo, la aplicación de este mecanismo está encontrando dificultades políticas y administrativas. Según distintas declaraciones recogidas por medios españoles, algunas comunidades han expresado su disposición a colaborar, mientras otras han rechazado o cuestionado los traslados planteados por el gobierno.
El caso de las alrededor de 500 niñas y adolescentes que el gobierno busca trasladar a la península presenta, además, un mecanismo diferente. Entre las opciones analizadas se encuentra mantener la tutela en Ceuta y trasladar el acogimiento y cuidado a entidades especializadas en la península, sin transferir necesariamente la tutela a otra comunidad autónoma. El objetivo es ofrecer una respuesta inmediata a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad mientras se buscan soluciones más estables para el conjunto. La propuesta, sin embargo, todavía no había sido aceptada por el gobierno de Ceuta a la fecha de referencia de esta nota. La medida fue avalada por la propia ACNUR y organizaciones como Save The Children.
La medida también se encuentra atravesada por el debate político: mientras el gobierno defiende la necesidad de descongestionar Ceuta y garantizar la protección inmediata de los niños, niñas y adolescentes, el Partido Popular reclama priorizar su retorno a Marruecos.
Así, mientras se discute cuál será la solución definitiva para estos niños, niñas y adolescentes, las autoridades deben resolver primero una cuestión más inmediata: cómo garantizar que quienes todavía permanecen en Ceuta estén efectivamente protegidos mientras se decide su futuro.
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¿Reunificación familiar o retorno?
La posibilidad de que algunos menores regresen a Marruecos ha adquirido un nuevo peso en el debate político.
Tal como publicó El País, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han defendido el retorno de los menores a Marruecos, mientras el gobierno central sostiene que una devolución colectiva no puede realizarse sin cumplir las garantías jurídicas correspondientes.
La discusión se volvió todavía más compleja el 18 de agosto, cuando la Comisión Europea señaló que el derecho de la Unión Europea contempla el retorno de personas que permanecen irregularmente en Ceuta, incluidos menores no acompañados, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa europea. Dos días más tarde, Bruselas introdujo una precisión sobre la necesidad de garantizar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.
El pronunciamiento europeo no equivale, sin embargo, a una autorización para realizar una devolución colectiva de todos los menores. La cuestión central continúa siendo qué procedimiento debe aplicarse a cada niño y qué garantías deben cumplirse antes de decidir su futuro.
En ese punto, reunificación familiar y devolución no son necesariamente términos intercambiables. Una reunificación supone localizar a la familia, comprobar el vínculo y evaluar si el regreso responde al interés superior del menor.
Las organizaciones: primero identificar, luego escuchar y proteger
Las organizaciones que protegen a las infancias insisten en que la saturación del sistema no puede traducirse en una reducción de las garantías. En ese marco, UNICEF reclamó el 12 de agosto que ningún niño o niña no acompañado sea retornado o trasladado sin una evaluación individualizada de su situación y sin las garantías de protección previstas por la legislación española e internacional. El 19 de agosto pasado, además, la misma organización informó que, ante la situación de inseguridad e insalubridad en la que se encuentran cientos de niños en Ceuta, trabaja junto al Ministerio de Juventud e Infancia en la puesta en marcha urgente de una Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias (UMAIME). Dicha unidad busca facilitar la identificación, registro y derivación de los menores a lugares seguros donde puedan recibir apoyo psicosocial.
Además, las organizaciones han señalado la necesidad de identificar posibles situaciones de especial vulnerabilidad, como la trata, la separación familiar o la necesidad de acceder a protección internacional.
En otras palabras, la respuesta no puede comenzar ni terminar con una pregunta sobre dónde devolver a estos niños, niñas y adolescentes. Primero es necesario saber quiénes son, qué les ocurrió, dónde están sus familias y qué necesita cada uno de ellos.
Lo que queda por fuera de las cifras
El crecimiento de las cifras oficiales no elimina la incertidumbre sobre cuántos menores permanecen todavía fuera de los dispositivos de protección. Los 2.168 menores identificados desde el 30 de julio constituyen un registro oficial, mientras que el gobierno estima que alrededor de 2.400–2.500 permanecen actualmente en Ceuta.
Save the Children, por su parte, ha estimado que unos 4.000 menores podrían encontrarse fuera del sistema de protección. Se trata de cifras que responden a universos y metodologías diferentes, por lo que no son directamente comparables.
La cuestión no es solamente estadística. Cada menor que todavía no ha sido identificado representa también un niño cuya situación familiar, necesidades de protección y eventual destino todavía no han podido ser evaluados. En este sentido, UNICEF también ha señalado que existen familias en Marruecos que buscan información sobre sus hijos llegados a Ceuta.
La pregunta, entonces, no es solamente dónde estarán estos niños, niñas y adolescentes dentro de unas semanas. También es cómo se decidirá ese destino y si, en el camino, el Estado conseguirá garantizar aquello que su propio sistema jurídico establece: que cada niña, niño y adolescente sea escuchado, protegido y considerado ante todo como sujeto de derechos.
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Amante del Jazz, el tenis, el yoga y los idiomas.
La temática migrante condensa algunos pilares que, desde mi punto de vista, son de suma importancia en cuanto seres intrínsecamente sociales: la empatía, el diálogo y el intercambio cultural como formas de construir una mundo más justo, sustentado en el amor y la hospitalidad.
