Todo lo que tenés que saber si sos migrante sobre el decreto 2025 de la Policía Federal Argentina

El Decreto 383/2025 firmado por Javier Milei y Patricia Bullrich redefine el rol de la Policía Federal Argentina: amplía sus facultades sin control judicial, habilita detenciones y requisas discrecionales, patrullaje digital y un esquema de emergencia operativa con menos controles externos.

El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmaron el 17 de junio el Decreto 383/2025, que modifica sustancialmente el funcionamiento de la Policía Federal Argentina (PFA). Esta medida reconfiguró su rol, ampliando sus facultades para actuar sin intervención judicial en múltiples ámbitos. En términos simples: ahora la Policía puede detener personas, requisar pertenencias y patrullar redes sociales sin necesidad de tener la orden de un juez.

Por ello, presentamos este análisis para que las personas migrantes puedan comprender las modificaciones de esta ley y cómo puede impactar sus vidas. Además, también brindamos algunas informaciones importantes que pueden servir en caso de sufrir alguna violencia institucional. 

¿Qué habilita concretamente el decreto?

El decreto redefinió por completo el papel de la PFA. Ya no se inscribe como una fuerza de seguridad pública orientada a proteger personas o bienes en el marco del sistema judicial, sino como una fuerza al servicio de la “seguridad nacional”, una categoría difusa y tendenciosa que puede abarcar casi cualquier situación según criterio político o policial.

En los hechos, esto se traduce en:

• Detenciones sin orden judicial, cuando el agente presuma que alguien ha cometido o podría cometer un delito.
• Requisas de personas, pertenencias o vehículos, en cualquier espacio público, sin intervención de un juez.
• Patrullaje digital sin control judicial: la PFA puede vigilar redes sociales, páginas web y otras plataformas públicas, recolectando datos sin necesidad de autorización previa.
• Acceso a bases de datos públicas y privadas, e incluso la creación de sus propias bases de información personal.
• Uso ostensible de armas de fuego, incluso como método de “prevención”, según el criterio del agente.
• Prohibición de que civiles dirijan la PFA: solo un oficial de máxima jerarquía podrá estar a cargo, designado por el Poder Ejecutivo.
• Emergencia operativa por dos años: esto permite al Ministerio de Seguridad hacer compras, contrataciones o inversiones sin pasar por procesos de licitación tradicionales. Es decir, sin concursos públicos ni controles externos, lo que facilita las decisiones rápidas, pero también abre paso a operaciones arbitrarias sin revisión ni conocimiento acerca de los procesos de elección. 

Una inversión de roles que modifica el sistema judicial

En este contexto es que se crea el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y se establece un programa de “modernización” que, según el gobierno, será financiado reduciendo el ingreso de nuevos agentes.

Uno de los aspectos más graves y menos visibles del decreto es que invierte el funcionamiento tradicional del sistema penal. Hasta ahora, la Policía sólo podía actuar a partir de la orden de un juez o una denuncia judicial previa. Con el nuevo modelo, es la Policía la que decide qué investigar, sobre quién y cómo, y recién después eleva esos datos al Poder Judicial.

Este cambio es mucho más que simbólico. Implica que no se necesita más un delito flagrante o una denuncia judicial para actuar y puede hacerlo “espontáneamente”, por orden del Ejecutivo o por su propio criterio. Y lo puede hacer en nombre de una amenaza abstracta: la seguridad nacional.

Esto significa que el control judicial sobre las fuerzas de seguridad queda debilitado, y se reemplaza por la arbitrariedad de las fuerzas armadas del Estado, muchas veces guiadas por sesgos ideológicos, raciales, de clase o conveniencia política. 

La PFA ahora define los hechos, produce pruebas, accede a datos personales, e incluso puede solicitar que los jueces autoricen procedimientos iniciados por la propia fuerza policial.

¿Por qué esto es preocupante?

Organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) alertan sobre el avance hacia un “cambio de régimen”, en el que la Policía se vuelve cada vez más autónoma y menos controlada por el poder judicial. En un comunicado reciente titulado “Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión”, denunciaron que el decreto consolida un Estado policial donde las garantías constitucionales quedan suspendidas de hecho.

María del Carmen Verdú, abogada de CORREPI, expresó con claridad que “ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas”.

¿Cómo afecta a las personas migrantes?

Este nuevo marco agrava la situación de vulnerabilidad de las comunidades migrantes en Argentina. La posibilidad de ser detenidas por no portar un documento, ser requisadas en controles callejeros o vigiladas por sus publicaciones en redes sociales coloca a las personas migrantes como blancos fáciles de la discrecionalidad policial.

Además, se profundiza el vínculo entre seguridad nacional y control migratorio, un modelo que ya ha mostrado consecuencias dramáticas en otros países, como Estados Unidos. La figura del “enemigo interno” toma forma en personas pobres, racializadas, migrantes, disidentes, construidas como amenazas a la soberanía nacional.

¿Qué otros riesgos plantea esta reforma?

• Estigmatización y persecución: aumenta el riesgo de abusos sobre poblaciones históricamente marginadas.
• Militarización de la vida cotidiana: la exhibición armada de los policías en espacios públicos normaliza la violencia institucional.
• Criminalización de la protesta social: las nuevas facultades pueden ser usadas para reprimir manifestaciones o reclamos.

¿Por qué esto va más allá de la Policía?

Porque no se trata solo de un cambio operativo. Se trata de una nueva forma de concebir el orden social, donde el Estado ya no se muestra como garante de derechos, sino como máquina de control, con herramientas legales para reprimir, vigilar y castigar a quienes considera “enemigos”.

No es casual que se declare a la Policía en emergencia mientras se recorta el presupuesto en salud, educación y políticas sociales. No es casual que se apele a una retórica de guerra interna. La seguridad nacional como bandera, en contextos de desigualdad estructural, suele consolidarse como el mejor argumento para perseguir a las poblaciones más vulnerables.

El terrorismo de Estado y la mano dura neoliberal

La experiencia histórica argentina demuestra los peligros de otorgar poder discrecional a las fuerzas de seguridad sin el aval de un debido control judicial. Durante la última dictadura cívico-militar, la Policía Federal y otras fuerzas actuaron como brazo represivo del Estado, cometiendo secuestros, torturas y desapariciones en nombre de la “seguridad nacional”. De este modo, el Estado persiguió y buscó eliminar a quienes consideraba “enemigos internos”, sin ningún tipo de garantías constitucionales. Esta doctrina, importada desde los Estados Unidos bajo el paraguas de la “Doctrina de Seguridad Nacional” buscó justificar la represión sistemática de la militancia política, sindical, estudiantil y barrial, generando un aparato represivo basado en la impunidad, el miedo y el silencio.

Esa misma lógica reapareció con fuerza en los años 90, en un contexto de neoliberalismo y ajuste estructural, cuando el discurso de “mano dura” y “tolerancia cero” reforzó el poder de las fuerzas de seguridad mientras se desmantelaban políticas públicas de inclusión. El foco se desplazó del delito hacia quienes consideraban potencialmente peligrosos: personas pobres, racializadas, migrantes, habitantes de villas o barrios populares. La criminalización de la pobreza se volvió política de Estado y las consecuencias de todo esto fueron el aumento de la violencia institucional, el recrudecimiento del gatillo fácil, la persecución de la protesta social y la construcción de un sistema de exclusión sostenido por la estigmatización y la represión. 

Durante la crisis de 2001‑2002, la represión institucional alcanzó niveles extremos: en diciembre de 2001 hubo al menos 39 asesinatos en manifestaciones en manos de las fuerzas de seguridad, y ese mismo año se registraron casi 1000 homicidios por gatillo fácil. El Estado, que venía de instaurar una política de criminalización de la pobreza y de la protesta, respondió a la movilización popular con balas y detenciones masivas, prolongando hasta 2002 una lógica represiva que no se interrumpió tras la caída del gobierno.

La historia muestra que cuando el Estado cede su función protectora y legaliza el uso de la fuerza sin controles, no se refuerza la seguridad: se profundiza la desigualdad y se debilita la democracia. Como hemos visto en estos casos, en nombre de la “seguridad nacional” se habilita la persecución de sectores sociales enteros y quienes quedan más expuestos son las personas migrantes, racializadas, empobrecidas, disidentes y organizadas. Se profundiza una lógica de enemigo interno, en la que el Estado abandona su función como protector de derechos para dedicarse a protegerse de su propio pueblo. 

El caso Osqui Guzmán

Un episodio protagonizado por el actor Osqui Guzmán volvió a poner en el centro del debate el accionar de las fuerzas de seguridad y los límites del uso de la fuerza pública. El actor denunció el miércoles, 1 de octubre, que fue golpeado por una agente de la Policía de la Ciudad en la estación Dorrego del subte B, luego de que la oficial lo “confundiera” con un delincuente y lo acusara de haber sido reconocido por “el algoritmo” de las cámaras de seguridad. Según relató, la agente le arrebató el DNI, lo insultó, lo golpeó con la macana y lo interrogó sobre si era peruano al asumir que, por su color de piel, era extranjero. 

El hecho —investigado por la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad porteño— expuso nuevamente el racismo institucional y la discrecionalidad policial que atraviesan los controles de identidad y las prácticas de “reconocimiento facial”, pese a que este sistema no se encuentra operativo por decisión judicial desde hace años. 

A pesar de involucrar la Policía de la Ciudad, casos como el de Guzmán muestran que el Decreto 383/2025 de la Policía Federal Argentina, inscripto bajo el argumento de la “seguridad nacional”, es un terreno fértil para la legitimación de conductas policiales rutinarias abusivas y arbitrarias basadas en prejuicios y estereotipos raciales, sea cual sea la fuerza de seguridad.

¿Qué podemos hacer?

Informarnos, organizarnos y acompañar. Este decreto no es solo una noticia jurídica: es una señal de alarma democrática. Su impacto real dependerá también de la respuesta colectiva que podamos construir, porque cuando se naturaliza la excepcionalidad, cuando se permiten retrocesos en nombre del orden o la seguridad, los derechos humanos dejan de ser garantías universales para estar a merced del control del poder. La historia demuestra que las políticas represivas no se frenan solas: necesitan ser denunciadas, enfrentadas y desarmadas desde la acción colectiva de un pueblo dispuesto a defender las libertades democráticas como un bien común.

¿Dónde podés acudir si sufrís o sufriste violencia institucional?

A continuación, te dejamos una guía práctica con organizaciones e instituciones a las que podés acudir:

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