Las organizaciones migrantes rechazan el DNU 366/2025. El decreto impulsado por el gobierno de Milei modifica la Ley de Migraciones y ha sido denunciado como arbitrario, inconstitucional y xenófobo. Agrupaciones migrantes, el CELS, CAREF y diputados del FIT-U y Unión por la Patria se unieron para exigir su derogación.
Organizaciones de migrantes y de DDHH propusieron la derogación del DNU 366/2025. La iniciativa contó con el respaldo del Bloque de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), La norma, impulsada por el Poder Ejecutivo, ha sido señalada como arbitraria e inconstitucional por criminalizar la migración y atacar derechos históricamente conquistados.
La iniciativa fue acompañada por un amplio arco de organizaciones migrantes, activistas, académicos/as— como Pablo Ceriani Cernadas— y defensores de derechos humanos, que se congregaron en el Congreso para denunciar cómo este decreto refuerza la xenofobia institucional y vulnera la vida de quienes eligieron vivir en el país. Esta reunión abierta fue impulsada por la congregación migrante Argentina Tierra de Migrantes y contó con múltiples organizaciones de migrantes que se hicieron presentes.
A su vez, el martes 1 de julio distintos referentes de agrupaciones migrantes y defensores de los derechos humanos se reunieron en el Congreso de la Nación, con diputados del bloque de Unión por la Patria, para solicitar su apoyo en el rechazo a la modificación de la Ley 25.871, que impone el DNU.
La diputada Carolina Gaillard encabezó la reunión llevada a cabo con diferentes representantes y agrupaciones, donde también participaron las diputadas Paula Penacca, Mónica Macha, Carolina Yutrovic, Cecilia Moreau, Florencia Carignano y el diputado Ramiro Gutierrez. También participó la diputada Vanina Biasi, del FIT-U, quien estableció la importancia de impulsar el proyecto de Ley presentado por este arco político el 6 de junio en la Cámara de Diputados.
En nombre de las comunidades migrantes se presentaron, al inicio de la reunión, los diferentes puntos del decreto que generan mayor preocupación. Al igual que en la reunión con el FIT-U, se desplegó la reforma y eliminación de derechos en torno a cuatro leyes: Ley de Migración, Ley de Educación Nacional, Ley de Educación Superior y Ley de Ciudadanía. Estas modificaciones afectan el acceso a derechos sociales, de educación y salud para personas que no tengan residencia permanente. Los nuevos requisitos que se consolidan en trabas para la adquisición de la documentación —como la demostración de solvencia económica—, la eliminación del derecho a la residencia permanente para personas que tengan hijos/as o cónyuges con nacionalidad argentina y las modificaciones de obtener la ciudadanía entre otros.
Diputadas de UxP escuchando los representantes de las organizaciones migrantes. Foto: Maren Souza
En relación a esto, representantes defensores de derechos humanos —como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), CAREF (Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes) y de la Red Intersindical de Migración Laboral y múltiples referencias de organizaciones migrantes— coincidieron en afirmar que se trata de un retroceso y de algo que “nunca existió en las leyes migrantes” de nuestro país.
Advirtieron, además, sobre las graves consecuencias sociales que esto puede tener a futuro: “nos preocupa el efecto derrame que va a tener, no solamente sobre las personas migrantes, sino sobre las familias en las cuales hay personas migrantes y personas que nacieron en Argentina, familias que nacieron en otro país, pero que viven y tienen su proyecto de vida en Argentina”, aseguro María Inés Pacceca en su intervención.
También alertó sobre el riesgo de que surjan actividades ilegales alrededor de estas nuevas restricciones: “La otra cosa que sabemos hace muchísimos años, y que sean han mostrado en todas las partes del mundo, es que la irregularidad migratoria es una maravillosa fuente de ingreso para quienes lucran con documentos falsos, con celulares truchos, con alquileres truchos. Abren todo un campo de marginalidad económica y social que surge de las dificultades que tienen las personas para obtener un documento y regularizar su situación migratoria”.
Luego, diferentes referentes aportaron sus palabras y puntos de vista. Remarcaron la necesidad de acción por parte de legisladores y legisladoras, en tanto “portavoces” de los sectores populares y remarcaron en la urgencia de rechazar el DNU por las situaciones de riesgo y discriminación que ya están viviendo muchas personas migrantes en el presente.
Para las distintas agrupaciones, la intención de esta legislación es fomentar el odio: “Lo que hace este DNU es aumentar la xenofobia y el miedo entre la comunidad. Desviar el ojo de los verdaderos culpables. Quieren imponer en nosotros una división entre la comunidad argentina y la comunidad migrante. Nosotros no venimos a sacarle nada a nadie, nosotros venimos acompañar a transformar y a ser parte del crecimiento económico popular. Desde la educación, desde la salud y de todo lo que nosotros hacemos día a día desde nuestro territorio”, comentó Tiffany Guzmán, secretaria de Juventud de la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina.
En la misma línea, María Alva, concejala en Avellaneda aseguró que “no son más que discursos para aumentar el odio entre nosotros” y lo comparó con la situación en Estados Unidos: “este presidente está haciendo copia y pega de lo que está haciendo el presidente en Estados Unidos, persiguiendo estigmatizando, criminalizando a la migrantada allá, que día a día lo vemos sin respetar derechos. Lo mismo quieren hacer acá”.
Como contraparte, se reiteró que la historia Argentina promueve su origen como “país de migrantes” y que no pueden ser utilizados como “chivos expiatorios de una política xenófoba y racista”.
También se reafirmó la reivindicación a la ley 25.871, impulsada por Néstor Kichner, lograda luego de constantes luchas y militancia por parte de los movimientos de derechos humanos y migrantes: “Los migrantes tenemos derechos, porque aportamos y porque necesitamos que se respeten. Muchos queremos vivir tranquilos, vivir y aportar también en esta Argentina que nos ha dado la posibilidad de salir adelante”, aclaró Jeanette Flores, migrante con 25 años de residencia en el país.
A su testimonio se sumó el de Francisco Asarte, con 34 años de residencia: “Hemos tenido el DNU 70 en el 2017 durante el gobierno de Macri, que también fue en contra de nuestros derechos, esos derechos que hemos ganado también con constante luchas en el gobierno de Néstor Kirchner, de la gran patria grande y esas constantes luchas no las queremos perder”.
En general todos y todas sostuvieron la necesidad de la lucha colectiva ante el avasallamiento de todos los derechos por parte del gobierno de Milei. Lourdes, sobreviviente de la tragedia del taller clandestino de la calle Luis Viale sintetizó: “Debemos unirnos, debemos luchar unidos, sin mirar de qué color somos o de qué nacionalidad somos porque quien nos gobierna viene por todos, como acá mismo los hermanos argentinos, a los jubilados, a mucha gente que está quedando sin trabajo”.
Desde el grupo de diputados y diputadas de los dos arcos políticos, FIT-U y Unión por la Patria, se consolidó el compromiso de continuar sumando votos a favor de este rechazo y de mantener el trabajo conjunto en pro de la comunidad migrante.
La diputada Paula Penacca afirmó: “Queremos junto con ustedes, a la par de ustedes, construir una estrategia que también permita generar mayor organización para dar estas discusiones, que son discusiones difíciles de dar, pero nuestra carta de presentación es que sin dudas somos parte del proyecto político que junto con ustedes construyó esa legislación”.
Mientras que la diputada Gaillard también enfatizó: “Por supuesto que estamos con ustedes, estamos a disposición y para nosotros esta reunión es muy importante. Entendemos lo que significa y la inseguridad que da esta modificación de las leyes migratorias”.
Es comunicadora social y periodista, especializada en comunicación política. Sus raíces migratorias provienen de Italia y Francia, de donde sus antepasados arribaron a Argentina a principios del siglo XX.
Es Licenciado en psicología por la Universidade Estadual Paulista (UNESP/Brasil), con un magíster en Derechos Humanos y Sociedad, Migrante brasileño, reside en la Argentina desde 2018. Actualmente cursa la carrera de periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).
Licenciada en Filosofía por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia con experiencia en procesos socio-jurídicos y formativos en torno a los derechos humanos y la movilidad humana. Especialista en migración UNLa y actual maestranda en comunicación y derechos humanos UNLP.
