En medio de un contexto cada vez más hostil en Estados Unidos contra las personas migrantes, el caso de Agustín Gentile, un ciudadano argentino con residencia legal desde hace 18 años, ha puesto en evidencia los efectos de la política de “tolerancia cero” impulsada por la actual administración de Donald Trump. Gentile fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en febrero pasado tras regresar de un viaje al exterior. Las autoridades le confiscaron su green card y su pasaporte argentino en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde detectaron una antigua condena menor por lesiones en California. Desde entonces, permanece detenido en Georgia, a más de 850 kilómetros de su hogar y separado de sus dos hijos estadounidenses, de seis y ocho años.
A sus 13 años, Agustín Gentile (31) emigró desde Argentina a Estados Unidos, país en el que reside legalmente desde entonces y donde ha formado una familia con dos hijos, ambos ciudadanos estadounidenses de 6 y 8 años. Gentile vive actualmente en Raleigh, Carolina del Norte, aunque anteriormente residió en Florida.
En 2020 fue acusado de “lesiones leves” (infliction of injury) en California, un delito considerado menor. Esta carátula legal engloba diversas situaciones de agresión física sin armas, incluso cuando ambas partes hayan consentido la pelea. Las penas posibles van desde multas y servicios comunitarios hasta clases de manejo de ira. Gentile recibió inicialmente una condena de cinco años de libertad condicional, luego reducida a tres. Cumplió con todos los requerimientos legales y la causa fue cerrada en 2023. Según sus padres, solo pasó dos días en la cárcel del condado de Los Ángeles, aunque la notificación de ICE indicaría erróneamente que cumplió parte de la sentencia en confinamiento.
En febrero de este año, al regresar de un viaje al exterior, el Departamento de Seguridad Nacional detectó el antecedente en el aeropuerto de Los Ángeles, le confiscó su pasaporte argentino y su green card, y lo instó a presentarse en una oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Raleigh. El 14 de abril, cuando Gentile se presentó, fue detenido y enviado a una cárcel local. Dos días después, fue trasladado al Centro de Detención Stewart, en Lumpkin, Georgia, a más de 850 kilómetros de su casa. Allí conviven aproximadamente 1752 personas detenidas. Múltiples organizaciones han denunciado al centro y a su concesionario, CoreCivic, por negligencia médica, confinamiento en solitario, abusos sexuales y muertes bajo custodia.
Si bien la detención ocurrió en abril, se conoció públicamente esta semana gracias a una entrevista publicada por el medio The Atlanta Journal-Constitution a Débora Rey y Martín Verdi, padres del detenido.
Durante la entrevista, ambos declararon sentirse “traicionados” por el discurso de Donald Trump en materia de migración. La pareja, que se trasladó desde Carolina del Norte hasta un centro de asistencia a familiares de inmigrantes detenidos llamado “El Refugio” para residir cerca de su hijo, afirmó haber votado por el actual presidente de Estados Unidos creyendo, según sus propias palabras, que el retroceso en las políticas migratorias se centraría en personas “ilegales y criminales”.
“No dijo que iba a hacer esto, que iba a perseguir a personas que han estado aquí durante mucho tiempo”, se quejó Rey. Otros allegados a la familia insisten en que “Agustín es el único detenido con papeles ahí adentro. Si hubieran imaginado que una locura así iba a pasarles, no lo habrían votado”.
La audiencia judicial que evaluará el caso aún no tiene fecha firme, pero se estima que será posterior al 12 de mayo. La familia presentó una petición de hábeas corpus para impugnar la detención. El consulado argentino en Atlanta intercede desde el 21 de abril por las condiciones en las que se encuentra Agustín, luego de que sus padres denunciaran el hacinamiento, la falta de higiene y el deterioro físico y emocional que está sufriendo. “A veces me llama y ni siquiera sabe qué día o qué hora es”, comentó su madre.
El órgano que decidirá si se autoriza un nuevo beneficio migratorio o si se emite una orden de expulsión es la Junta de Apelaciones de Inmigración, dependiente del Departamento de Justicia.
A pesar de que Trump ha manifestado recientemente su incapacidad para interferir en el ámbito judicial, desde su asunción la independencia de este poder ha sido puesta en tela de juicio, especialmente por la cantidad de jueces, el cierre de programas para la defensa legal de las personas migrantes y empleados despedidos en el área migratoria.
Este caso evidencia el recesivo y autoritario momento que atraviesa Estados Unidos en cuanto a migración, a partir de la implementación de políticas que no solo afectan a recién llegados y “potenciales delincuentes”, sino que también criminalizan a residentes legales y ciudadanos con trayectoria en el país. Los casos de este tipo siguen multiplicándose y, en medio de un contexto poco esperanzador, los padres de Gentile esperan que en el peor de los escenarios lo deporten a Argentina, país al que no estaba en sus planes volver pero representa la mejor alternativa ante la posibilidad de ser trasladado a la megacárcel del CECOT en El Salvador.
Imagen de portada: Martín Verdi y Débora Rey, padres de Agustín. Captura de video de The Atlanta Georgia-Constitution (AJC)
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Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes. Especializada en prensa escrita, con experiencia en cobertura periodística de consumos culturales, géneros y políticas urbanas.
