El presidente de los Estados Unidos anunció en las últimas horas su plan para utilizar la base militar de Guantánamo como centro de detención para migrantes irregulares. La medida, que contó con el apoyo de algunos demócratas, fue anunciada durante la firma de la Laken Riley Act, una ley que amplía las facultades de las fuerzas de seguridad para detener y deportar a personas migrantes en situación irregular.
En un acto realizado en la Casa Blanca, Donald Trump firmó la Laken Riley Act, una nueva ley que refuerza las políticas de deportación masiva. Bajo esta normativa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibirá nuevas facultades para detener y deportar de inmediato a personas migrantes irregulares involucradas en delitos menores, incluso si no han sido condenadas. En ese marco, el presidente norteamericano también anunció que está dispuesto a utilizar la base militar de Guantánamo (ubicada en Cuba) como centro de detención para personas migrantes irregulares. Manifestó además que la base tiene la capacidad de albergar hasta 30 mil personas y que podría ser utilizada para deportar a los “criminales extranjeros más peligrosos” que amenazan la seguridad de los estadounidenses.
Trump ya había anticipado su idea de ampliar Guantánamo para detener migrantes irregulares de todo el mundo durante la campaña presidencial de 2020. Es importante destacar que el uso de esta base para la detención de migrantes no es una novedad. Desde hace años, migrantes detenidos en altamar (especialmente de Cuba y Haití) han sido confinados en este centro, donde permanecen detenidos sin las garantías del marco legal estadounidense, ni las que rigen en el derecho internacional. En ese sentido, la posibilidad de ampliar y formalizar su uso como centro de detención de migrantes es una novedad que reabre el debate sobre Guantánamo en la política de seguridad estadounidense. Aunque durante el gobierno de Biden se intentó reducir su uso, la nueva administración republicana parece decidida a seguir utilizándola, esta vez con un enfoque aún más radical hacia la inmigración.
Es importante destacar que el uso de esta base para la detención de migrantes no es una novedad. Desde hace años, migrantes detenidos en altamar (especialmente de Cuba y Haití) han sido confinados en este centro, donde permanecen detenidos sin las garantías del marco legal estadounidense, ni las que rigen en el derecho internacional. En ese sentido, la posibilidad de ampliar y formalizar su uso como centro de detención de migrantes es una novedad que reabre el debate sobre Guantánamo en la política de seguridad estadounidense.
Guantánamo cuenta con un oscuro historial de denuncias de abusos a los derechos humanos. Desde su apertura en 2002, durante la presidencia de George W. Bush, en el marco de la “Guerra contra el Terrorismo” tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, la base ha sido objeto de cuestionamientos a nivel internacional por el trato que se da a los detenidos, que incluye denuncias de tortura y falta de respeto al debido proceso, como el encarcelamiento sin juicio previo durante años. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue la primera instancia internacional en pedir el cierre de la base y en instar a proteger los derechos fundamentales de los detenidos.
La Laken Riley Act y el apoyo de senadores demócratas
La nueva ley que permitirá a las fuerzas de seguridad estadounidenses detener y deportar migrantes irregulares sin juicio previo lleva el nombre de Laken Riley, una joven enfermera asesinada en enero de 2024 en el estado de Georgia por un inmigrante de origen venezolano. Esta es la primera ley que promulga el presidente estadounidense. Durante el acto, que contó con la presencia de la madre de Riley (quien le agradeció al presidente por su homenaje, asegurando que su hija “no había muerto en vano”), Trump presentó el caso como justificación para tomar medidas drásticas.
“Esta es una ley muy importante, que ha logrado unir a demócratas y republicanos, lo cual no es fácil de lograr. Laken lo logró. América nunca olvidará a Laken”, manifestó Trump ante la presencia de John Fetterman, senador demócrata de Pensilvania, quien apoyó el proyecto de ley porque quiere una “frontera segura”. Fetterman fue el primer demócrata del Senado en reunirse con Trump después de las elecciones.
Las grandilocuentes palabras del presidente no fueron casuales, pues se referían al apoyo que brindaron a la ley doce senadores demócratas. Entre ellos se encuentran personas de origen migrante-latinoamericano, como la senadora Catherine Cortez Masto (nieta de un inmigrante mexicano) y el senador de Arizona Rubén Gallego (hijo de una madre colombiana y padre mexicano).
El arquitecto en las sombras de la política migratoria
Republicano y ultraconservador, Stephen Miller, de 39 años, es el cerebro que planifica las medidas más crueles del gobierno de Donald Trump. Cercano de Elon Musk, fue designado subdirector de políticas y asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, consolidando su influencia en la agenda migratoria de la segunda gestión.
Ya desde su primer mandato se atribuyó a Miller el sesgo xenófobo y anti inmigrante de las políticas de Trump, en particular el veto migratorio a países de mayoría musulmana y la separación de familias de migrantes irregulares.
Miller fue el encargado de redactar las órdenes ejecutivas del presidente, como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento o la declaración de la emergencia nacional en la frontera sur, para justificar la militarización de los operativos de deportación. Previamente, reinstauró el Título 42, que permite cerrar la frontera con México en nombre de la salud pública.
Su discurso público ubica las políticas migratorias en el marco de una guerra interna: “Usaremos todo el poder de las fuerzas federales bajo el mando y dirección del presidente Trump para salvar a este país de esta ocupación”, declaró este miércoles por TV.
Imagen de portada: Gage Skidmore (licencia bajo CC BY-SA 2.0, sin cambios)
