El pasado 20 de abril, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) formalizaron un convenio para agilizar el cotejo genético de personas migrantes desaparecidas durante el tránsito hacia Estados Unidos.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) firmaron el 20 de abril un convenio de colaboración científica para fortalecer los procesos de identificación de personas desaparecidas en territorio mexicano. La iniciativa, encabezada por la administración de la gobernadora Delfina Gómez, busca responder a la crisis humanitaria en la entidad con mayor índice de personas no localizadas del país. Mediante el uso de genética forense y mecanismos regionales de intercambio de información, el acuerdo se enfoca en dos grupos: migrantes mexiquenses desaparecidos en otras jurisdicciones y extranjeros cuyo rastro se perdió en suelo mexicano hacia EE. UU. El objetivo es agilizar la restitución de restos a través del Proyecto Frontera, que conecta bases de datos en el corredor Centroamérica-México-EE. UU.
La incorporación de la metodología del EAAF a las tareas de búsqueda en el Estado de México, oficializada este 20 de abril, representa un avance sustancial en la gestión de datos genéticos. Bajo la dirección del titular de la COBUPEM, Avelino Blanco Guido, los expertos forenses realizarán entrevistas con familiares para recolectar información física y circunstancias de cada desaparición. Este proceso técnico incluye la toma de muestras de ADN para generar perfiles genéticos que serán contrastados con sistemas de morgues y servicios médicos forenses en México y Estados Unidos.
El sustento de esta operación es el Proyecto Frontera, una iniciativa de carácter humanitario liderada por el EAAF que gestiona el intercambio de información técnica entre países de la región. Estas acciones son fundamentales para humanizar los procesos de búsqueda, tratando a los desaparecidos como personas con identidades únicas y no solo como cifras estadísticas. La intervención científica permite una comunicación fluida entre instituciones internacionales para realizar cotejos que, de otra forma, quedarían cercenados por los límites jurisdiccionales.
Las madres buscadoras: cuando la búsqueda antecede al Estado
En paralelo al despliegue institucional, en México existe desde hace más de una década un actor central en la búsqueda de personas desaparecidas: los colectivos de familiares, conocidos públicamente como «madres buscadoras». Surgidos en razón del aumento sostenido de desapariciones desde mediados de los años 2000, estos grupos han desarrollado metodologías propias para rastrear a sus seres queridos en contextos donde las respuestas estatales resultaron insuficientes o tardías.
Organizadas en redes territoriales, las madres buscadoras realizan búsquedas en campo, reciben información anónima y, en muchos casos, localizan fosas clandestinas con herramientas rudimentarias. Su trabajo no solo ha permitido el hallazgo de restos humanos, sino que también ha producido información clave para orientar investigaciones oficiales y visibilizar la magnitud de la crisis.
Colectivos como Madres Buscadoras de Sonora o Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México han sido impulsores de cambios en las políticas públicas, incluyendo la creación de registros, protocolos y mecanismos de identificación.
En este escenario, la incorporación de herramientas científicas como las que aporta el Equipo Argentino de Antropología Forense fortalece e institucionaliza estas búsquedas. La posibilidad de articular el trabajo territorial de los colectivos con sistemas de identificación genética abre una vía concreta para transformar hallazgos en identidades restituidas y respuestas para las familias.
Emergencia humanitaria en la entidad con más casos de desaparición
El contexto que motiva este convenio es crítico, ya que informes internacionales sitúan al Estado de México como el epicentro de la problemática de personas no localizadas en la federación. Según datos del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, la entidad concentra cerca de 15 000 casos, lo que representa una porción significativa del total nacional de 132 000 registros. Esta realidad exige mecanismos de respuesta más efectivos que superen la inmediatez y se enfoquen en la identificación forense de alta complejidad para resolver la situación de vulnerabilidad de las familias buscadoras.
La labor del EAAF en México cuenta con una trayectoria de más de una década de respaldo a procesos de justicia, destacando su participación en casos de relevancia internacional como la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. En esta nueva etapa, el enfoque se desplaza hacia la movilidad humana y el riesgo que enfrentan quienes transitan por el estado. El convenio asegura que el proceso de identificación sea más rápido y efectivo al integrar criterios técnicos internacionales, garantizando el derecho a la verdad para los colectivos y familias que han denunciado históricamente la lentitud en el contraste de datos genéticos.
Impacto en la ruta migratoria y protección de derechos humanos
El tránsito hacia el norte del continente expone a las personas a riesgos de violencia y desaparición que este convenio intenta mitigar mediante la coordinación científica. La estrategia contempla no solo la búsqueda de personas migrantes mexicanas fuera de su estado, sino también la atención a extranjeros que atraviesan la región. La utilización de términos precisos en el reporte de estos hechos es una directriz de ACNUR para evitar la criminalización de las personas en movilidad y asegurar que reciban el trato digno que establece el Derecho Internacional de los Refugiados y el marco de derechos humanos vigente en México.
Desde la COBUPEM se enfatizó que el trabajo conjunto con una institución no gubernamental y científica como el EAAF permite fortalecer las células de búsqueda locales mediante la capacitación en ciencias forenses y restitución. El objetivo final es consolidar un modelo de atención directa que escuche a las familias y utilice la ciencia para cerrar los ciclos de incertidumbre provocados por el desplazamiento forzado y la violencia. Este acuerdo sitúa al Estado de México en una posición novedosa en la aplicación de estándares internacionales para la identificación de restos, en un esfuerzo por revertir las cifras de impunidad que afectan a la población migrante en la región.
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