Nueva York, 23 de abril (Documented NY) – Cada año, miles de menores no acompañados llegan a los Estados Unidos en busca de protección frente a la violencia y la inestabilidad en sus países de origen. Sin embargo, el mes pasado, la administración Trump recortó el financiamiento a más de 80 organizaciones que brindan servicios legales gratuitos a través de un programa destinado a representar a estos niños en los procedimientos de inmigración. Los defensores de derechos humanos en Nueva York y en todo el país advierten que esta medida dejará a los menores, algunos de tan solo 18 meses, con la pesada carga de representarse a sí mismos en un país desconocido y en un idioma que no dominan.
“Si no se restablece la representación legal y finalmente se elimina, los niños de apenas dos años, o incluso más pequeños, se verán obligados a acudir a los tribunales, sentarse frente a un abogado altamente capacitado del Departamento de Seguridad Nacional e intentar defender su caso por su cuenta, en una lengua que no es la suya”, señaló Ailin Buigues, directora general de los programas de representación legal del Acacia Center for Justice, una organización nacional que ofrece asistencia jurídica a menores no acompañados.
Los abogados y proveedores de servicios legales que trabajan para restaurar este programa sostienen que muchos de estos niños han huido de abusos, abandono, negligencia, o bien han sido víctimas de trabajo forzoso o trata de personas. Buigues agregó que, mientras algunos buscan reunificarse con sus familias y tener la oportunidad de acceder a la educación, otros escapan de la persecución religiosa o de desastres climáticos. Sin apoyo legal, advierten, estos menores corren un riesgo mucho mayor de ser deportados.
Durante el último año fiscal, la Oficina de Reubicación de Refugiados recibió 98.356 derivaciones de menores no acompañados procedentes del Departamento de Seguridad Nacional. Al momento de la suspensión de los fondos, más de 26.000 niños y niñas recibían representación a través de dicho programa y sus organizaciones asociadas. En tanto, conforme a una encuesta nacional, el 61% de los estadounidenses apoya la provisión de servicios legales gratuitos a estos menores.
En Nueva York, la mayoría de los niños no acompañados provienen de países de América Latina como Honduras, Guatemala, El Salvador y Ecuador. La representación legal suele ser el factor decisivo entre la seguridad y la deportación para los niños inmigrantes, afirmó Angela Fernández, directora ejecutiva del Proyecto Camino Seguro, que representa a niños inmigrantes en Nueva York. “El Programa de Menores No Acompañados no es solo un salvavidas”, sostuvo Fernández. “Es una obligación moral proteger a los niños migrantes”.
El Proyecto Camino Seguro ha logrado el 90% de éxito en sus casos de protección infantil. Sin embargo, Fernández alertó que sin representación legal, esa tasa de éxito se reduce drásticamente a menos del 20%.
“Estos niños enfrentan uno de los sistemas legales más complejos del país, sin tener derecho a un abogado de oficio”, explicó. “Pueden ser deportados de regreso a los mismos peligros de los que huyeron, sin tener ni siquiera una oportunidad real de defender su caso”.
Michelle Ortiz, directora de Servicios Legales de EE.UU. del Comité Internacional de Rescate (IRC por sus siglas en inglés) —organización que brindó representación legal directa a 500 niños el año pasado— relató que ha representado a menores que ni siquiera podían articular su nombre completo y que, en algunos casos, se debatió si era necesario cargarlos en brazos para entrar a la sala de audiencias debido a su corta edad. Ortiz calificó de inadmisible esperar que un niño comparezca ante un tribunal y se enfrente a un fiscal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) decidido a deportarlo.
“Estamos esperando que niños de apenas 18 meses, cinco, nueve o incluso 15 años enfrenten estos procedimientos extremadamente complejos, que tendrán un enorme impacto en su futuro: si estarán a salvo de daños, abusos o explotación”, declaró Ortiz. “Hay demasiado en juego para estos niños, y el gobierno ahora pretende que presenten sus casos solos”.
Ortiz advirtió que los menores que no cuenten con representación legal tienen menos probabilidades de asistir a las audiencias, ya que pueden sentirse intimidados, lo que a su vez los expone a un mayor riesgo de detención y deportación. En cambio, quienes tienen abogados tienen más posibilidades de recibir protección legal.
“Creo que todos los estadounidenses deberían preguntarse por qué esta administración prioriza devolver a los niños al peligro, y por qué el gobierno no prioriza brindar el apoyo que necesitan para solicitar el estatus migratorio al que legalmente tienen derecho”, sostuvo Roxana Ávila-Cimpeanu, subdirectora del Proyecto Florence para la protección de los derechos de Inmigrantes y Refugiados en Arizona, que brindó representación legal directa a más de 1.000 niños en 2023.
Ávila-Cimpeanu añadió que la falta de abogados no disuadirá a los menores no acompañados que llegan a Estados Unidos —ya que muchos desconocen qué es un abogado—, pero sí los expondrá a situaciones peligrosas. En un caso, el Proyecto Florence representó a una menor no acompañada que huyó del abuso de su tía en Guatemala, quien le había obligado a ingerir un té con ingredientes abortivos en contra de su voluntad. La niña escapó hacia Estados Unidos buscando reencontrarse con su madre, mientras enfrentaba un embarazo nuevamente. Tras ser internada en un albergue infantil y puesta en proceso de deportación, logró ganar su caso de asilo gracias a la representación del Proyecto Florence.
Tras el recorte de fondos al Programa de Niños No Acompañados por parte de la administración Trump, 11 organizaciones proveedoras de servicios legales presentaron una demanda a fines de marzo para restablecer el programa y continuar brindando representación a los menores. A principios de este mes, un juez federal emitió una orden de restricción temporal que permitió la continuidad de los servicios legales hasta el 16 de abril, plazo que luego se extendió hasta el 30 de abril.
No obstante, Buigues informó que el Acacia Center for Justice aún no ha recibido notificación alguna del Ministerio del Interior ni del gobierno federal para reanudar los servicios, por lo que el programa permanece suspendido. Dado que el gobierno no ha cumplido la orden judicial que debía garantizar la financiación hasta la fecha límite, la demanda incluye ahora una “moción para hacer cumplir” el fallo.
Buigues subrayó que los procesos judiciales no se detienen: “Esta semana, la pasada y en las próximas, los niños tienen audiencias y necesitan desesperadamente la orientación y el apoyo de un adulto de confianza para transitar este proceso”.
Además de la demanda judicial presentada para revertir el recorte, se está impulsando una iniciativa legislativa para garantizar el acceso a representación legal para los menores migrantes. El senador Jeff Merkley (Demócrata por Oregón) se prepara para reintroducir la Ley de Bienvenida Segura para niños, que anularía la orden de la administración Trump de recortar los fondos del programa.
Sin embargo, los abogados defensores que patrocinan casos de migrantes temen que los niños sigan enfrentando los tribunales sin representación legal mientras se resuelve la situación. Desde la suspensión de la financiación, algunas de las más de 80 organizaciones afectadas han logrado mantener su labor recurriendo a sus propias reservas financieras y donaciones privadas.
“Será una batalla larga”, advirtió Avila-Cimpeanu. “Estamos plenamente comprometidos a luchar por la protección de los niños, asegurar su acceso efectivo a la defensa legal y exigir al gobierno que cumpla su obligación de financiar esta labor”.
Artículo original publicado en Documented NY: Trump Cuts Leave Thousands of Immigrant Children to Face Immigration Court Alone. Traducción realizada por Refugio Latinoamericano.
Imagen de portada: Anna Watts para Documented NY
Victoria Valenzuela es una periodista independiente que cubre temas de justicia penal, inmigración y activismo. Se graduó recientemente de la Universidad del Sur de California con una maestría en periodismo especializado, con enfoque en justicia social e investigaciones. Su trabajo ha sido publicado en The Guardian, BuzzFeed News, Bolts, Waging Nonviolence y otros medios. Anteriormente, trabajó como pasante en The Marshall Project y en la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. También ha participado en programas de becas de ProPublica, del Law and Justice Journalism Project, y más recientemente fue becaria Uprising Fellow en Justice Media.
