En Argentina se realizó un operativo de control migratorio en la localidad bonaerense de Villa Celina, en el partido de La Matanza, con participación de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección Nacional de Migraciones. El procedimiento, que tuvo lugar en la vía pública y sin allanamientos, incluyó la identificación de 385 personas extranjeras, de las cuales 16 fueron detectadas en situación migratoria irregular.
Según la información oficial difundida por la Policía Federal, a estas 16 personas no se las detuvo ni expulsó de manera inmediata, sino que se las intimó a regularizar su situación —obtener residencia y DNI— bajo apercibimiento de quedar sujetas a un eventual proceso administrativo de expulsión si no cumplen con los trámites correspondientes.
En su comunicación institucional, la Policía Federal informó que durante el operativo se utilizaron equipos biométricos portátiles (MorphoRapID) para la identificación rápida de personas, en el marco de acciones orientadas —según el comunicado— a la “prevención de delitos federales”.
Si bien se trató de un procedimiento limitado en términos operativos, el despliegue resulta significativo desde el punto de vista político y simbólico. El operativo fue presentado por el oficialismo como parte de una estrategia para reforzar los controles de permanencia en el conurbano bonaerense, mientras comenzaron a resonar las alarmas por una versión incipiente del modelo de control migratorio estadounidense, una suerte de “ICE argentino”.
Paradigma de la securitización de las políticas migratorias y fuertemente cuestionado por su accionar represivo, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se encuentra en el centro del debate internacional por sus redadas masivas, detenciones arbitrarias y asesinatos de civiles durante procedimientos recientes en la ciudad de Minneapolis, además del uso de estrategias que organismos civiles consideran violatorias de los derechos humanos.
Migración y securitización
El discurso oficial que acompañó el operativo volvió a asociar la migración irregular con la criminalidad, al señalar que los controles buscan “poner orden” frente a una supuesta falta histórica de fiscalización que habría permitido el ingreso de personas con fines delictivos. Organizaciones de derechos humanos y especialistas en migraciones cuestionan este enfoque por carecer de sustento empírico y por estigmatizar a la población migrante, reforzando prejuicios y habilitando prácticas de control poblacional.
En ese sentido, el operativo en Villa Celina no aparece como un hecho aislado. Se inscribe en un proceso más amplio de securitización de las políticas migratorias en Argentina, impulsado por el gobierno de Javier Milei, que incluye una reforma del enfoque migratorio con eje en la seguridad interior.
En ese marco, el Ejecutivo ha anticipado la creación de una nueva fuerza o policía migratoria, con mayores atribuciones para el control, la identificación y la expulsión de personas extranjeras. Este giro supone un desplazamiento del paradigma de derechos, consagrado en la Ley de Migraciones argentina, hacia un modelo que prioriza la lógica de control, vigilancia y castigo, en línea con tendencias regionales e internacionales de endurecimiento migratorio.
En Argentina, el control realizado en La Matanza no produjo detenciones ni expulsiones inmediatas, pero para distintos analistas funciona como un ensayo discursivo y operativo de un nuevo modelo de gestión migratoria que podría profundizarse en el corto plazo.
Contenidos relacionados:
Argentina: la defensa de quienes buscan refugio frente a un sistema migratorio que se endurece
Argentina anuncia la creación de la Agencia Nacional de Migraciones: ¿preludio del ICE argentino?
