Los ataques contra la atención médica en los conflictos armados han alcanzado niveles sin precedentes. Un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) documenta el creciente incumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de las partes beligerantes, incluidos los Estados, y alerta sobre una peligrosa normalización de la impunidad.
Los ataques contra la atención médica en los conflictos armados alcanzaron niveles sin precedentes. Un nuevo informe publicado por Médicos Sin Fronteras (MSF) documenta el creciente incumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH) por parte de las partes beligerantes, incluidos los Estados, y advierte sobre una peligrosa normalización de la impunidad.
Casi diez años después de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —que condena los ataques contra la asistencia médica y exige el fin de la impunidad— los Estados siguen sin cumplir con sus obligaciones en virtud del DIH. El respeto por la vida de los civiles, la protección de las instalaciones médicas y la rendición de cuentas continúan siendo gravemente vulnerados.
El informe, titulado “La atención médica en el punto de la mira”, recopila información de bases de datos internacionales existentes y de la experiencia directa de MSF en contextos de conflicto armado. Según el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2025 se registraron 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que provocaron la muerte de 1.981 personas.
Las muertes de personal médico y pacientes en zonas de conflicto se duplicaron en comparación con 2024, cuando se habían registrado 944 fallecimientos. Sudán fue el país más afectado, con 1.620 personas asesinadas, seguido por Myanmar (148), Palestina (125), Siria (41) y Ucrania (19).
Ataques a la atención médica: de «error» a «pérdida de protección»
El informe de MSF señala un preocupante deterioro en el respeto del DIH por parte de las partes beligerantes, una tendencia que se refleja tanto en los datos estadísticos como en declaraciones de gobiernos, figuras militares y otros actores involucrados en conflictos armados.
En algunos casos, los ataques contra la atención médica se explican por interpretaciones erróneas del DIH o por el aprovechamiento de ambigüedades del derecho convencional y consuetudinario. Como consecuencia, la carga de la responsabilidad se ha invertido: en lugar de ser consideradas automáticamente civiles y protegidas, las comunidades y las instalaciones sanitarias deben ahora demostrar que no son objetivos militares.
La destrucción sistemática de hospitales, centros de salud y servicios médicos esenciales agrava las condiciones de vida de la población civil y empuja a comunidades enteras a abandonar sus territorios, profundizando los procesos de movilidad forzada en contextos de conflicto armado.
Colombia, entre los países afectados por ataques a misiones médicas
Si bien el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria no dispone de datos de Colombia, la Defensoría del Pueblo del país registró 325 agresiones contra la misión médica entre enero y octubre de 2025. Estas incluyen agresiones, retenciones ilegales, amenazas, restricciones a la movilidad del personal de salud y ataques con explosivos contra infraestructura hospitalaria.
“En nuestro trabajo en Colombia hemos sido testigos de cómo estos ataques tienen consecuencias directas en el acceso de la población civil a servicios esenciales de salud”, señala Siham Hajaj, coordinadora de MSF en Colombia. “En 2025 conocimos casos de hospitales que, tras ataques a ambulancias, suspendieron durante meses sus actividades extramurales hacia veredas alejadas de los cascos urbanos, así como personal de salud que se vio forzado a desplazarse por amenazas. Por eso insistimos en que es fundamental que todas las partes en conflicto respeten y protejan la asistencia médica”.
Reforzar el respeto del Derecho Internacional Humanitario: el rol de los Estados
El 3 de octubre de 2015, MSF sufrió uno de los ataques más mortíferos contra su personal, pacientes e instalaciones, cuando un avión de combate AC-130 de Estados Unidos bombardeó el centro de traumatología de Kunduz, en Afganistán. El ataque causó 42 muertes, entre ellas 14 miembros del personal de MSF.
Siete meses después, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2286 sobre la protección de las instalaciones y el personal médicos. Sin embargo, más de diez años después, la atención médica y la acción humanitaria continúan siendo objeto de ataques, posiblemente más que nunca.
Las propias leyes y la legislación de un país, que en última instancia incorporan las obligaciones jurídicas internacionales, desempeñan un papel clave en la protección de la atención médica. Cuando no se elaboran teniendo debidamente en cuenta el DIH, pueden socavar en la práctica el derecho a la atención médica para todas las personas, incluidas aquellas calificadas como “enemigas” por una parte beligerante.
“Los Estados deben cumplir el derecho internacional, y todas las partes beligerantes deben garantizar mecanismos adecuados para la intervención militar, proteger la atención médica, impedir el uso de instalaciones sanitarias con fines militares e integrar la protección de las misiones médicas en la doctrina y la toma de decisiones militares”, afirma Erik Laan, experto en incidencia política de MSF. “También deben rendir cuentas cuando incumplen estas leyes, aceptar misiones independientes de investigación, llevar a cabo investigaciones propias y compartir los resultados de forma transparente”.
Los Estados, responsables de la mayoría de los ataques a la atención médica en 2024
Según los últimos datos disponibles de la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos, en 2024 se documentaron 3.623 incidentes dirigidos contra la atención sanitaria, un 15 % más que en 2023 y un 62 % más que en 2022. Aproximadamente el 81 % de estos incidentes se atribuyeron a grupos estatales.
“La participación del Estado en los conflictos armados plantea retos específicos para la protección de la atención médica, ya que los grupos estatales son más propensos a realizar ataques aéreos y utilizar explosivos, especialmente en zonas densamente pobladas”, afirma Raquel González, coordinadora de MSF España. “La violencia contra la atención médica provoca el cierre de servicios esenciales y la retirada de organizaciones humanitarias, lo que corta el acceso a la atención sanitaria de comunidades que a menudo no tienen alternativas”.
El personal contratado localmente es el más afectado por estos ataques. De acuerdo con la Base de Datos sobre Seguridad de los Trabajadores Humanitarios, entre 2021 y 2025, 1.241 trabajadores humanitarios locales fueron asesinados, 1.006 resultaron heridos y 604 fueron secuestrados en todo el mundo. Representan el 98 % de los trabajadores humanitarios asesinados, el 96 % de los heridos y el 94 % de los secuestrados.
Este contexto no solo impacta en el acceso inmediato a la salud, sino que genera efectos más amplios y persistentes sobre la vida de las poblaciones civiles.
El informe completo de Médicos Sin Fronteras (MSF), aquí
En el siguiente enlace, Refugio Latinoamericano reproduce el informe “La atención médica en el punto de mira”, elaborado por Médicos Sin Fronteras, que documenta los ataques contra la atención médica en el contexto de conflictos armados:
202601-MSF-Medical-Care-in-the-Crosshairs-The-Attack-on-Humanity-report-finalImagen de portada: El hospital Al Shifa, gravemente destruido, en la Ciudad de Gaza | Foto: Nour Alsaqqa/MSF©
Contenidos relacionados:
Haití: Médicos Sin Fronteras alerta sobre el aumento de la violencia sexual contra mujeres y niñas
Reconstruir tras la tormenta: la migración que se quedó en Ciudad de México
Somos una organización humanitaria internacional que brinda atención médica a poblaciones afectadas por catástrofes naturales, conflictos armados, epidemias, pandemias y enfermedades olvidadas.
Nuestro trabajo está guiado por la ética médica, por los principios de la acción humanitaria y por el compromiso con valores que ponemos en práctica todos los días en las acciones y decisiones que tomamos. Respetarlos y defenderlos nos permite prestar ayuda urgente a quien más lo necesita.
