Mientras el fuego arrasa bosques, viviendas y medios de vida en la Comarca Andina, crecen las preguntas sobre la intencionalidad de los incendios, la inacción estatal y el avance de intereses extractivos en un territorio cada vez más afectado por la sequía y la crisis climática. Entre el abandono oficial y la autoorganización comunitaria, habitantes y brigadistas advierten que la reiteración de las llamas no solo devasta el ambiente, sino que empuja al desplazamiento de quienes viven en la Patagonia.
Nuevamente la Patagonia es una zona de desastre como producto de los incendios. En la última semana, más de 12.000 hectáreas de bosque se quemaron al noroeste de la provincia de Chubut, en las zonas de Puerto Patriada y sus áreas aledañas, como Epuyén, El Hoyo y el Parque Nacional Los Alerces. El fuego avanzó sobre bosques nativos e implantados, matorrales, animales y viviendas. En muchos casos, las familias lograron rescatar algunas pertenencias y huir antes de la llegada de los focos; en otros, las pérdidas fueron totales. Hoy, amplias extensiones del territorio patagónico quedaron reducidas a cenizas y silencio.
Mientras desde sectores oficiales se volvió a señalar de manera inmediata a comunidades mapuche y a vecinos de la zona como responsables, las respuestas y soluciones concretas por parte del gobierno de Chubut y del gobierno nacional siguen ausentes. Los incendios, inscriptos en un entramado de responsabilidades que abarca desde la posible intencionalidad humana hasta la crisis climática y la disputa por los bienes comunes, configuran un escenario que dista de ser excepcional y vuelve a poner en el centro los interrogantes sobre un proceso sostenido de presión y desplazamiento de quienes habitan estas regiones.
Más allá de los daños inmediatos, las consecuencias sociales, económicas y ecológicas de largo plazo de los incendios recurrentes en el sur resultan incalculables. La degradación de la vegetación, la alteración de los paisajes, la pérdida de fauna, el empobrecimiento del suelo y la contaminación de los cursos de agua no solo afectan a los ecosistemas, sino que impactan de manera directa en la vida de las comunidades locales. En muchos casos, quienes habitan estos territorios no solo han perdido sus viviendas y han sido testigos de la devastación de sus entornos, sino que además carecen de apoyos concretos para iniciar una recuperación en el corto plazo. La regeneración ecológica y la resiliencia social se ven así severamente limitadas por la reiteración anual de estos incendios devastadores, que terminan haciendo del majestuoso paisaje de la comarca andina un área de emergencia ambiental y social permanente. En suma, un conjunto de condiciones empuja a muchos de sus pobladores a considerar la emigración como la opción más viable.
Intencionales o no, los incendios se agravan por el cambio climático
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut señaló en un comunicado que “existen elementos suficientes para presumir una intervención humana deliberada” como la causa de la catástrofe. Frente a ello, comenzaron a circular diversas hipótesis. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación incriminaron a “grupos terroristas autodenominados mapuches” como los responsables, mientras que en las redes sociales (especialmente en X) comenzaron a circular videos e imágenes señalando la presencia de soldados israelíes en la Patagonia que reflotaron teorías conspirativas. Ambas hipótesis fueron desestimadas por el fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, quien declaró que las mismas constituyen “un invento” y que “la investigación no va por ese lado”.
Sin embargo, según informó el diario Tiempo Argentino, fuentes judiciales señalaron que la principal línea de investigación apunta a un conflicto interno dentro de la comunidad mapuche Pulgar Huentuquidel. En ese marco, a mediados de la semana pasada la Justicia ordenó allanamientos a una mujer identificada como Rocío Brizuela, oriunda de la localidad bonaerense de Pergamino y residente en la zona desde hace dos años, y a otras dos personas de su entorno. La hipótesis se sustenta en declaraciones de testigos que se presentaron de manera espontánea ante la fiscalía, solicitaron reserva de identidad y afirmaron haber observado movimientos sospechosos en los momentos iniciales del incendio, presuntamente corroborados por cámaras de seguridad. A partir de estos testimonios y del hallazgo de una causa judicial previa vinculada a un conflicto en la comunidad, se dispusieron las medidas judiciales. Sin embargo, el matutino también señaló que existen dudas respecto a estar versiones, pues según la Justicia de Chubut hay “otras líneas de investigación” sobre las cuales todavía no brindaron mayores detalles .
De cualquier manera, más allá de estas hipótesis sobre la intencionalidad detrás de las llamas, un factor poco ponderado por los grandes medios de comunicación detrás de la recurrencia de los incendios es la crisis climática. Una reciente investigación de Ashley Kirk and Pablo Gutiérrez publicada en The Guardian señala, en base a una investigación del World Resources Institute (WRI), que los incendios forestales actuales destruyen el doble de la masa boscosa que hace dos décadas atrás como consecuencia del cambio climático. El informe advierte que el fenómeno está impulsando incendios cada vez más extensos, prolongados y destructivos, ya que las condiciones más cálidas y secas extienden las temporadas de fuego y favorecen eventos extremos. Y señala que, a escala global, 2023 y 2024 registraron la mayor superficie forestal quemada por incendios, en coincidencia con el hecho de que ambos fueron los dos años más calurosos hasta ahora registrados. Y según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el tercer año más caluroso fue 2025.
En este marco, atravesado por una crisis climática global y por el aumento sostenido en la magnitud y recurrencia de los incendios, lo que ocurre en la Patagonia no puede interpretarse como un fenómeno aislado. Por el contrario, la región atraviesa una sequía prolongada que ha alcanzado niveles críticos. Un informe reciente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) advierte sobre la gravedad del déficit hídrico, producto de una reducción del 30% al 40% en las precipitaciones respecto de los promedios históricos y de la ausencia de acumulación de nieve en las altas cumbres durante el invierno. Ambos factores han provocado una disminución drástica del caudal de las cuencas hídricas y una menor recarga de las napas subterráneas, en un proceso que se extiende desde hace más de quince años. Según consigna el informe, el cambio climático constituye la causa principal de este fenómeno.
Actividades extractivas en la Patagonia
En la Patagonia argentina, el avance del extractivismo configura un modelo de acumulación basado en la explotación intensiva de recursos naturales —negociados inmobiliarios, hidrocarburos, minería, grandes proyectos energéticos, industria maderera, etc.— orientado principalmente a la exportación de materias primas. Este esquema de economías de enclave, con escaso procesamiento local y mínimos beneficios para las comunidades locales, profundiza los conflictos socioambientales en una región ya tensionada por el cambio climático. El retroceso de glaciares, el estrés hídrico, la degradación de bosques y la creciente recurrencia de megaincendios se combinan con la presión de intereses inmobiliarios que buscan revalorizar territorios estratégicos que, una vez degradados, facilitan los cambios en el uso del suelo para desarrollos turísticos o residenciales. En este contexto, los incendios y la desertificación operan muchas veces como antesala de procesos de desplazamiento y despojo, mientras las comunidades locales resisten la consolidación de verdaderas “zonas de sacrificio” en defensa del agua, el territorio y sus formas de vida.
Un aspecto a considerar en todo este entramado extractivo es el rol de las plantaciones forestales con especies exóticas, en particular los pinos, cuya expansión en la Patagonia ha mostrado evidencias de impactar directamente en la propagación y la intensidad de los incendios. Diversos estudios advierten que el fuego se propaga hasta cinco veces más rápido en plantaciones de pino que en bosques nativos, y que estas especies —algunas de ellas, introducidas para abastecer a la industria maderera local— poseen una alta inflamabilidad. Lejos de ser afectadas de manera terminal por los incendios, variedades como el pino radiata liberan sus semillas con el calor extremo y germinan con mayor facilidad en suelos quemados, generando un ciclo de retroalimentación que incrementa la masa combustible y vuelve cada incendio más voraz que el anterior.
Este fenómeno ha sido documentado en zonas como Puerto Patriada, donde tras sucesivos incendios se registró una invasión masiva de plántulas de pino en áreas previamente forestadas, en detrimento de la biodiversidad nativa. Introducidas a principios del siglo XX, algunas de estas plantaciones abastecen hoy a aserraderos y emprendimientos madereros, pero al mismo tiempo agravan el riesgo ambiental y territorial. En un contexto de sequía prolongada y crisis climática, la persistencia de este modelo productivo no solo incrementa la peligrosidad de los incendios, sino que también contribuye a la degradación del suelo, facilita el cambio de uso de la tierra y profundiza los procesos de expulsión de comunidades locales, que vuelven a quedar en el centro de las acusaciones cuando el fuego arrasa con todo.
La inacción de los gobiernos
A nivel nacional, este escenario se desarrolla bajo un gobierno que desconoce la existencia de una crisis ecológica y climática y que, en el marco de una política de ajuste fiscal, ha reducido de manera sostenida las políticas ambientales. En este contexto, los incendios forestales se multiplican y provocan la pérdida de bosques, ecosistemas, viviendas, animales y vidas humanas. El desfinanciamiento alcanza tanto al nivel nacional como al provincial: representantes parlamentarios de provincias afectadas por el fuego (entre ellas, Chubut) aprobaron un presupuesto que disminuye los recursos destinados a la prevención y el combate de incendios. Según la Ley de Presupuesto 2026, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) contará con $20.131 millones, lo que representa una caída real del 69% en comparación con 2023 y del 78,5% respecto de 2025.
La reducción presupuestaria tiene efectos directos en la capacidad operativa del Estado. Durante 2024, el Gobierno ejecutó solo el 22% del presupuesto asignado al SNMF, a pesar de tratarse del año con mayor cantidad de focos ígneos de al menos los últimos ocho años. En 2025, la subejecución volvió a repetirse: el organismo dejó sin ejecutar el 25% de los recursos disponibles, equivalente a unos $20.000 millones que podrían haberse destinado a infraestructura, equipamiento, capacitación y condiciones laborales de los brigadistas. Para 2026, las metas físicas del SNMF contemplan una reducción en las horas de vuelo, que pasan de 5.100 programadas en 2023 a 3.100, así como una disminución en los informes de alerta temprana y evaluación del peligro de incendios, que se reducen de 2.310 previstos en 2025 a 1.850.
La reducción de recursos también impacta directamente en las condiciones laborales de quienes combaten los incendios. Los brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de Parques Nacionales registran salarios iniciales de $860.000 mensuales, equivalentes a unos 590 dólares estadounidenses, según los valores vigentes, en un contexto de alta exposición al riesgo. A ello se suma un déficit estructural de personal: la planta de brigadistas en Parques Nacionales es de 391 trabajadores, cuando estimaciones internas indican que serían necesarios al menos 700 para una cobertura adecuada del territorio. Durante las últimas temporadas, estas condiciones motivaron reclamos salariales y laborales que se difundieron a través de redes sociales, en paralelo al aumento de la superficie afectada por incendios.
En términos presupuestarios, esta situación contrasta con la asignación de recursos a otros sectores. De acuerdo con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Presupuesto 2026 destina $651.600 millones a subsidios a la oferta de combustibles fósiles, lo que representa un aumento real del 6% respecto de 2025.
Las consecuencias de esta política se constatan en el territorio. El 13 de enero, el Concejo Deliberante de Epuyén declaró el estado de catástrofe mediante la Ordenanza N°1388/2026 como respuesta a los incendios forestales en la localidad, una situación que podría haberse mitigado mediante una gestión preventiva y temprana. En un escenario de reducción del 53,3% del presupuesto del SNMF respecto de 2025, la contención del fuego recae en gran medida en brigadas autogestivas y vecinos organizados, mientras la lluvia se convierte en un factor central para frenar el avance de los incendios.
“Sentimos que nos vienen quemando hace años”
Frente a la expansión de los incendios y la inacción estatal, la respuesta principal en la Comarca Andina fue la decidida autoorganización comunitaria. Además del encomiable trabajo de los Bomberos Voluntarios de la Federación Chubutense, brigadas vecinales y autoconvocadas surgieron y se consolidaron a partir de los grandes incendios de los últimos años, especialmente desde 2021.
“La brigada se creó hace cinco años, con el incendio del 2021. Ahí se vio claramente la organización de la población: mucha gente salió a combatir el fuego porque avanzaba hacia comunidades y barrios urbanos”, relata Magalí, integrante de la Brigada Andina. Lo que comenzó como una reacción espontánea ante la emergencia se transformó en una red estable de brigadas que hoy actúan de manera coordinada en distintos puntos del territorio.
El trabajo en el territorio se organiza en distintos niveles. Magalí describe las tareas de primera línea: “Muchas veces estamos en primera línea, cuando el fuego está descontrolado y amenaza bosques y casas. Salimos en cuadrillas de cinco o seis personas en vehículos 4×4, con equipos de ataque rápido: un tótem de mil litros, motobombas, mangas y herramientas de mano como motosierras, rastrillos y pulaskis”. Cuando el incendio baja su intensidad, el trabajo continúa en segunda línea: “Ahí hacemos fajas de seguridad, separando el suelo vegetal quemado de lo no quemado, dejando franjas de tierra mineral compacta para impedir que el fuego siga avanzando de forma subterránea, que es como se comporta normalmente en la Patagonia”.
Los testimonios coinciden en que muchos incendios permanecen activos aun cuando se los declara “contenidos”. “El fuego en el bosque nativo avanza de manera subterránea. Parece que está todo tranquilo, pero cuando llega a ramas finas o arbustos, vuelve a exteriorizarse”, explica la brigadista. Sobre los incendios de Puerto Patriada y Epuyén, señala: “Hoy los frentes siguen activos, humeantes y calientes, y las condiciones climáticas que vienen son complicadas”. Esta dinámica obliga a mantener una presencia constante en el territorio durante semanas o meses, incluso cuando la emergencia deja de ocupar el centro de la agenda pública.
Magalí subraya que las condiciones climáticas extremas vuelven previsible la propagación del fuego. “Nosotros trabajamos mucho con la regla del 30-30-30: más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad y vientos de más de 30 kilómetros por hora. Cuando se da ese escenario, el incendio es prácticamente incontrolable”, explica. “Cualquier chispa se transforma en un frente enorme en minutos. Por eso insistimos tanto en la prevención y en atacar el fuego apenas aparece: después ya es tarde”.
A esta situación se suma la falta de recursos estatales para la prevención y la respuesta temprana. “Durante meses se habló de 600 millones de pesos que el gobierno de Chubut anunció para el combate del fuego, pero esa plata nunca bajó al territorio”, denuncia Magalí. Según relatan los brigadistas y algunos pobladores, esos fondos estaban destinados a equipamiento y logística, pero no se tradujeron en mejoras concretas. “Mientras nosotros combatimos incendios con donaciones, rifas y aportes solidarios, hay presupuestos que se anuncian y no llegan. Eso también es una forma de abandono”, agrega.
En este contexto, los incendios no son leídos únicamente como eventos climáticos extremos, sino como parte de un proceso más amplio. La reiteración de focos simultáneos, iniciados en franjas horarias críticas y bajo condiciones climáticas adversas, alimenta la sospecha de una intencionalidad persistente. “En 2021 arrancaron cuatro o cinco focos prácticamente al mismo tiempo. Lo mismo pasó el año pasado y vuelve a pasar ahora”, señala Magalí. Según su testimonio, varios incendios se iniciaron en zonas de conflicto territorial previo: “El centro del fuego fue el lugar donde nos juntábamos a manifestarnos contra la megaminería en Chubut”.
Las brigadas también denuncian acciones que habrían obstaculizado directamente el combate del fuego. Magalí relata que durante el incendio de Mallín del año pasado se intentó impedir el funcionamiento de los medios aéreos. “Hubo personas a caballo atravesándose en el aeropuerto donde cargan agua los aviones hidrantes. Fueron identificados por todos nosotros: son hombres de la comarca que hoy trabajan para Joseph Lewis, como parte de su seguridad en Lago Escondido”, afirma. Según su testimonio, esos mismos grupos protagonizaron episodios de violencia días después en el centro de El Bolsón. “Estuvieron en la plaza Pagano pegando rebencazos y generando disturbios con cualquiera que se les cruzara. Lo que se buscó fue generar una psicosis social y que el pueblo no sepa a quién creerle”.
Para quienes habitan la comarca, el fuego aparece así como un factor que empuja al desplazamiento forzado. “Después de cada incendio hay gente que pierde su casa, su trabajo, su tranquilidad, y empieza a pensar en irse”, explica la brigadista. En su lectura, la destrucción del bosque nativo cumple un rol clave: “Cuando el incendio es tan feroz, el bosque tarda décadas en recuperarse. Se degrada el suelo, avanzan especies exóticas y se facilita el cambio de uso de la tierra. Así se vuelve cada vez más difícil vivir acá”. Esta percepción se resume en una frase que circula entre las brigadas: “Sentimos que nos vienen quemando hace por lo menos cinco años, de manera sistemática”.
La organización comunitaria también cumple funciones de logística, comunicación y gestión. “Cuando no podemos estar en territorio, hacemos tareas de comunicación, logística y organización. Entre todos nos ayudamos a sostener lo que implica una brigada, que es muchísimo”, señala Magalí. Otra vecina de El Bolsón agrega: “A través de donaciones de la gente fuimos comprando equipamiento. Hay muchísima solidaridad, pero hay que visibilizarla porque sin eso no podríamos actuar”.
Pese a este escenario, la autoorganización no se debilita, sino que se expande. “Lejos de lograr que nos vayamos, estamos cada vez más unidos”, afirma Magalí. Otra brigadista lo sintetiza así: “Las montañas y el bosque son una extensión de nuestro ser. No solo defendemos nuestras casas: defendemos la vida del territorio”. En un contexto de incendios recurrentes, ausencia de políticas preventivas y fuerte disputa por los bienes comunes, estas redes comunitarias se consolidan como una respuesta solidaria y horizontal frente a un proceso que muchos habitantes identifican como un intento sostenido de despoblar la Patagonia.
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Consultor en comunicación estratégica. De raíces criollas y mestizas, sus antepasados se remontan a la historia del Alto Perú y también a la llegada de migrantes españoles en el siglo XIX. Apasionado por la historia y cultura latinoamericana.
Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y estudiante de la Maestría en Periodismo Narrativo (UNSAM). Especialista en comunicación institucional, atención al público y producción de contenidos creativos.
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