La activista Vanessa González Peña detalla el trabajo territorial y político de Organización Migrantas frente al endurecimiento de las leyes migratorias y el avance de los discursos de odio en Chile.
Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), en 2022 Chile contaba con más de 1,62 millones de personas extranjeras residentes en su territorio. Ese mismo año, ACNUR reportó en el país 2.142 personas refugiadas, 11.918 solicitantes de asilo y 5.138 nuevas solicitudes de reconocimiento de la condición de persona refugiada. En este contexto, el país se ha consolidado como uno de los principales destinos de movilidad humana de América del Sur, en un escenario atravesado por desplazamientos forzados y crisis sociales, regionales y económicas.
A su vez, este crecimiento ha ido acompañado de un endurecimiento progresivo de las políticas migratorias y de un aumento sostenido de los discursos xenófobos y racistas en el debate público. Desde la pandemia en adelante, la migración comenzó a ser asociada con la inseguridad, el crimen y la crisis social, consolidando un enfoque más restrictivo por parte del Estado y generando un clima de creciente hostilidad hacia las comunidades migrantes, especialmente aquellas provenientes del Caribe y otros países atravesados por crisis humanitarias.
En este contexto, entrevistamos a Vanessa González Peña, una de las impulsoras de Organización Migrantas, un espacio colectivo formado por mujeres migrantes que articula el activismo feminista con la defensa de los derechos humanos. Con una trayectoria previa en movimientos de migración y refugio, ha sido parte de la construcción de redes comunitarias que buscan no solo visibilizar las condiciones de vida de las personas migrantes en Chile, sino también generar estrategias de organización, formación y acompañamiento. Desde una perspectiva feminista, intercultural y territorial, su trabajo se enfoca en promover la autonomía, la participación política y la defensa de derechos frente a un escenario cada vez más adverso.
González Peña es una psicóloga social venezolana formada en la Universidad Central de Venezuela y actualmente cursa un magíster en Migraciones, Derechos Humanos y Gestión Social en la Universidad Viña del Mar, Chile. Su trayectoria combina el trabajo comunitario con el activismo, especialmente desde una perspectiva ecofeminista, migrante y antirracista.
Participó activamente en distintos movimientos sociales en Chile vinculados a causas socioambientales, feministas y de migración. Además, forma parte de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, el Movimiento por el Agua y los Territorios y de la organización Mujeres, Cuerpos y Territorios de Venezuela, desde donde impulsa reflexiones y acciones en torno a las luchas territoriales, feministas y de los pueblos en movimiento.
Origen, organización y construcción colectiva
¿Cómo surge la Organización Migrantas? ¿Con qué propósitos u objetivos?
«Lo fundamos personas migrantes en Chile que ya teníamos una trayectoria dentro de los movimientos de migración y refugio, justamente desde la noción de poder tener un espacio donde construir con otras mujeres y diversidades migrantes, refugiadas y desplazadas, ya que en los movimientos en los que habíamos participado había lógicas todavía muy patriarcales. Entonces nosotras, siendo feministas, quisimos comenzar a proponer otras formas de organización migrante desde los feminismos también, pero desde una mirada comunitaria, intercultural, de derechos humanos, que es uno de nuestros objetivos: la defensa de los derechos humanos de las comunidades migrantes».
¿Cuántas personas integran el espacio y cómo se organizan?
«Actualmente la organización está compuesta por unas 45 a 50 mujeres. Nos organizamos por programas o líneas de trabajo y también a partir de los encuentros y las actividades presenciales que hacemos, donde vamos construyendo y tejiendo redes presencialmente, sobre todo en la Región Metropolitana y en la región de Valparaíso (Chile), pero también hacemos actividades de alcance nacional, que son online, sobre todo en temas formativos o los encuentros nacionales de mujeres migrantes que ya tenemos tres años haciéndolos».
¿Son todas mujeres migrantes?
«Somos principalmente mujeres migrantes de países de Latinoamérica y el Caribe, pero también tenemos colaboradoras que son de nacionalidad chilena pero que han vivido experiencias de migración en sus vidas».
Tejer redes desde la experiencia migrante
¿Qué tipo de acciones concretas llevan adelante en el territorio?
«Activamos presencialmente en la Región Metropolitana de Santiago y en la región de Valparaíso. En Valparaíso manejamos diversas líneas de trabajo, nuestro objetivo es la defensa de los derechos humanos de las comunidades de movilidad humana, y ahí una de las principales cosas que hacemos tiene que ver con la incidencia política, por ejemplo yendo a espacios de toma de decisiones, identificando y denunciando vulneraciones en temas legislativos, en políticas migratorias o en distintas normativas, también con instituciones del Estado. Pero al mismo tiempo, hemos fortalecido acciones comunitarias orientadas, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral para la autonomía económica de mujeres migrantes que no pudiesen trabajar en espacios más formales, ya llevamos tres años con una línea que se llama «Emprendimiento, empleabilidad y oficios», donde promovemos capacitaciones, espacios de formación, de desarrollo de oficios y talleres a mujeres migrantes por su autonomía económica y para mejorar sus condiciones laborales».
¿Qué otras áreas de trabajo desarrollan desde la organización?
«Otra de las cosas que hacemos es la formación de defensoras para que las mujeres migrantes también se reconozcan defensoras de los derechos humanos. Tenemos un área que tiene que ver con salud y ahí también estamos articuladas con otros espacios de este ámbito para promover todo lo que tiene que ver con la salud intercultural. Tenemos un área asociada a lo ambiental, donde trabajamos migraciones climáticas y ambientales y al mismo tiempo tenemos unos procesos en donde tratamos de generar una identificación de las personas migrantes que llegan a Chile con la naturaleza que hay acá, de manera de poder arraigarnos y también participar de la defensa de los territorios con las comunidades en donde vivimos ahora. Y, por supuesto, otro de los puntos importantísimos es el trabajo en torno a las violencias; no solo la violencia política con respecto a las medidas antimigratorias sobre la comunidad, sino también la violencia de género y hacia las diversidades. Entonces hemos desarrollado proyectos vinculados, por ejemplo, a migración en comunidades LGBTIQ+, jornadas de sostenibilidad para personas migrantes, hemos desarrollado talleres de violencia digital a propósito de la intensificación de los discursos de odio y también proyectos en comunidades con respecto a la prevención de la violencia de género hacia las mujeres migrantes, para su erradicación y también todo lo que implica el ser mujer migrante y recibir violencia en un país donde no se tienen redes y donde, además, la irregularidad migratoria aumenta esos factores de riesgo. Tenemos articulación también con movimientos sociales, feministas, de derechos humanos y socioambientales. También somos puente o red de apoyo porque de los casos o situaciones que llegan a nuestra organización hacemos rutas de derivación, de asistencia en temas específicos que se necesiten, humanitarios, migratorios. Eso es un poco del trabajo que realizamos».
¿Trabajan en conjunto con otras organizaciones similares, ya sea dentro o fuera de Chile? ¿Podrías contar alguna que hayan realizado en conjunto?
«Trabajamos con redes feministas, la Coordinadora 8M, somos parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, que es un movimiento socioambiental a nivel nacional, donde también hacemos acciones relacionadas al refugio climático, las migraciones climáticas y ambientales. También trabajamos con Amnistía Internacional, con quien ahora tenemos una campaña dirigida en niñeces y juventudes que se llama Alas de Papel, que se puede ver en su página web, la estamos haciendo en conjunto con el Colectivo Sin Fronteras. Se trata de un concurso de microrrelatos para hablar sobre experiencias migratorias desde la voz de los más jóvenes y está abierto a niñas, niños y adolescentes entre 8 y 18 años de la Región Metropolitana o en la región de Valparaíso, sin importar su nacionalidad».
La defensa de los derechos en un contexto hostil
¿Qué rol tiene la formación en derechos humanos y la organización política dentro de Migrantas, especialmente en el contexto que atraviesa Chile?
«Dentro de todo esto por supuesto hay un proceso de politización en donde visibilizamos la importancia de tener voz como mujeres migrantes, refugiadas o desplazadas, en torno no solo a nuestro propio ámbito migratorio, sino a nuestras vidas en el país a donde ahora vivimos, que además está marcado por un fuerte contexto creciente de racismo y de xenofobia, alimentado por el ultranacionalismo que promueven distintos sectores políticos».
¿Con qué obstáculos suelen encontrarse con mayor frecuencia?
«Como parte de los obstáculos que nos encontramos, por supuesto que tienen que ver el contexto de criminalización de la migración. Siendo activistas migrantes y reconociéndonos también como defensoras de derechos humanos no estamos exentas de estar en una situación de exposición o de riesgo frente a grupos que promueven más bien la expulsión de migrantes, la denegación de derechos ya adquiridos. Entonces el contexto siempre es un obstáculo y sobre todo porque la violencia política y comunicacional se ha masificado mucho en el país. Se han masificado los discursos de odio, hay una xenofobia generalizada, por supuesto con un contenido mucho más racista pero también contra ciertas nacionalidades. Entonces eso siempre va a ser un desafío para nosotras, porque uno de los objetivos termina siendo también y de las acciones que hacemos es poder generar campañas de sensibilización e información; de información a la comunidad migrante sobre las medidas que están ocurriendo, sobre distintas temáticas y acceso a derechos. Y por el otro lado campañas que tienen que ver con sensibilización hacia la comunidad chilena de las situaciones que vivimos como comunidad migrante y que puedan no solo solidarizarse sino por supuesto ser parte activa de la defensa de estos derechos. Si un grupo retrocede en derechos afecta a toda la sociedad, no solo al grupo al que le están quitando los derechos».
Contexto político y desafíos legislativos
Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno de Sebastián Piñera implementó una serie de restricciones y reformas migratorias que marcaron un giro hacia políticas más restrictivas. El cierre temporal de los pasos habilitados para ingreso y egreso de personas extranjeras se dispuso el 16 de marzo de 2020 y, posteriormente, fue reemplazado por el Decreto Supremo n.º 295/2021, que mantuvo restricciones y habilitó una reapertura gradual desde diciembre de 2021, bajo condiciones sanitarias y administrativas específicas.
Paralelamente, en abril de 2021 se promulgó la Ley 21.325 de Migración y Extranjería que sustituyó la legislación vigente y permitió exigir visas o autorizaciones consulares para «nacionales de determinados países por razones de interés nacional o reciprocidad internacional» (art. 27), además de establecer mecanismos de regularización más acotados y discrecionales.
A esta situación se sumó el impulso de políticas de expulsión y control migratorio que continuaron durante los gobiernos posteriores. En 2022, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley 21.325 bajo el fundamento de que «el desbocado aumento de los flujos migratorios clandestinos hacia Chile está provocando consecuencias negativas que deben ser abordadas con urgencia» y hablando de los «efectos negativos de la migración clandestina y su influencia en el fenómeno criminal». Esta modificatoria fue aprobada en 2024 por la Cámara de Diputados y en mayo de 2026 por el Senado.
Por otro lado, en marzo de este mismo año, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones sobre la Ley 21.325 para restringir el acceso de migrantes «en situación irregular» a beneficios otorgados por el Estado. Estas medidas exigen una cédula de identidad vigente para poder acceder a subsidios y, al mismo tiempo, limitan los subsidios a quienes tengan residencia definitiva.
¿Cómo describirías el contexto migratorio en Chile previo a los gobiernos recientes?
«Con respecto al contexto migratorio, este ya se venía agravando desde hace varios años, no solo ahora que asumió un presidente abiertamente antimigrante, que es Kast, sino que desde la pandemia ya habíamos visto diferentes situaciones que habían impulsado profundizado los problemas vinculados al acceso a derechos y regularización migratoria que con la pandemia, con el cierre de fronteras y muchas comunidades remigrando entre países en esas situaciones de emergencia sanitaria, comenzó a verse la migración en Chile desde una mirada muy criminalizadora. Obvio que podía existir racismo, xenofobia o haber discriminación, pero desde ese momento, desde el segundo gobierno de Piñera, comenzó a hablarse mucho de la migración de una mirada justamente de asociar la migración a todos los problemas que tenía el país, a criminalizarla, a responsabilizar a las comunidades migrantes del COVID, de haber traído el COVID. Eso justificó medidas restrictivas y un enfoque basado puramente en la seguridad. Luego, el promulgar una ley de migraciones que, por ejemplo, impedía la regularización dentro del propio país en el sentido de imponer visas consulares y otra serie de medidas que más bien buscaban hacer que las leyes migratorias no se basaran en la inclusión de las personas migrantes, sino más bien en restringir la migración hacia Chile y restringirla hacia comunidades que, por supuesto, venían de países que enfrentan crisis humanitarias. Entonces, ya se venían arrastrando esas medidas, ese discurso político contra la migración. El gobierno de Piñera, además de la imposición de visas consulares, ya se venía arrastrando este tema de la persecución para las expulsiones».
¿Qué cambios o continuidades observaste durante el gobierno de Boric?
«En el gobierno de Boric la política migratoria también se enfocó en las políticas de expulsión, de agilizar las expulsiones de migrantes. En 2023 se hizo un registro nacional llamado Empadronamiento Biométrico que buscaba hacer un registro de las personas que estaban en situaciones de irregularidad, distintas organizaciones migrantes y de derechos humanos señalaron que este registro podría abrir la puerta a futuros procesos de regularización, pero eso no se concretó durante el gobierno, nunca ocurrió, nunca hubo una regularización para esas personas y el nuevo gobierno heredó un registro de aproximadamente 182.000 personas en situaciones de irregularidad. El gobierno de Boric siguió implementando políticas de control fronterizo, empadronamiento y expulsión de personas en situación migratoria irregular».
¿Qué caracteriza al escenario actual bajo el gobierno de José Antonio Kast?
«Lo que se ha anunciado ahora, desde sus medidas de campaña hasta ahora, tiene que ver con desincentivar la migración, impedir que las personas que ya están acá puedan acceder a distintos derechos sociales, y más bien restringir derechos en general. Y acá el gobierno, a pesar de no tener las capacidades técnicas por el momento, también pretende que su principal política migratoria sea aumentar las fiscalizaciones a migrantes, tener mecanismos para persecución y expulsar a las personas en situaciones de irregularidad o desincentivar su vida en el país, como hacer que su vida sea difícil, que no tengan acceso de manera que se quieran ir voluntariamente».
¿Qué implicancias tienen estas políticas y qué preocupaciones generan?
«Es súper preocupante, porque esto lo que conlleva es sostener una política migratoria de persecución a personas migrantes. Entonces ahí, por supuesto que hay una gran preocupación entre las organizaciones migrantes, porque además está muy validado. Ha sido un tema de populismo y se ha ligado mucho a la seguridad y al crimen organizado el vincular la migración con la delincuencia y eso ha llevado, por ejemplo, a los proyectos de ley que están ahora en el Senado. Uno tiene que ver con tipificar la migración por ingreso irregular como delito y el otro tiene que ver con restringir el acceso a personas en condición de irregularidad a beneficios del Estado, incluyendo el priorizar a personas chilenas en el acceso a la salud y a la educación. Y sabemos que en la práctica esto es discriminar, institucionalizar la discriminación y además impedir que las personas tengan algún número de identificación».
¿Cómo están respondiendo desde las organizaciones migrantes frente a este escenario?
«Estamos ahora enfrentando estas situaciones y en este sentido son obvio que graves retrocesos los que se están impulsando y por tanto lo que estamos haciendo como organización es tratar de generar plataformas de coordinación, hacer seguimiento de los proyectos de ley, informar a las comunidades migrantes sobre qué hacer ante estas medidas que buscan perseguir y prepararnos como comunidad porque las migraciones van a continuar en un mundo que está atravesando guerras, genocidios, que está atravesando crisis climáticas, conflictos políticos, autoritarismos de Estado. Ya es parte de nuestro quehacer migrante el entender estas realidades y tratar de hacerlas comprender también para al menos luchar por políticas públicas que no busquen perseguir a las personas, que se reconozcan, porque el escenario hacia la comunidad migrante en general es de deshumanización».
Periodista recibida en TEA, fotógrafa y estudiante de Letras en la Universidad de La Plata. Conurbano bonaerense como identidad. Con raíces italianas y españolas.
