El «Foro Regional de Líderes Migrantes, refugiados o retornados en América Latina y el Caribe 2025-2026» organizado por la OIM, reunió en Brasil a 40 voces de la región para intercambiar experiencias, fortalecer capacidades y articular respuestas comunitarias frente a un escenario marcado por la xenofobia, mayores restricciones y la búsqueda de una vida digna.
El calor de finales de marzo en Río de Janeiro cobijó el encuentro de dirigentes y representantes de diversas nacionalidades y organizaciones que acudieron al espacio formativo para cerrar el ciclo del «Foro Regional de Líderes Migrantes, refugiados o retornados en América Latina y el Caribe 2025-2026», organizado por la OIM.
A Brasil, —país que recibió a 1.430.745 personas migrantes y refugiadas venezolanas (2017-2025), de las cuales 761.302 permanecen actualmente en su territorio—, llegaron alrededor de 40 líderes y lideresas migrantes de la región para intercambiar experiencias, fortalecer capacidades y pensar de manera conjunta en la articulación de respuestas comunitarias frente a realidades más restrictivas con prácticas y discursos antimigrantes.
Los datos del contexto en que se llevó a cabo el encuentro permiten hacer una lectura actualizada de la movilidad humana. Según cifras de la OIM a octubre de 2025, el número de personas migrantes en América Latina y el Caribe aumentó de 14,3 millones en 2020 a 17,5 millones en 2024, un incremento del 23% en apenas cuatro años (UNDESA, 2024). De ese total, alrededor del 80% se desplazó dentro de la propia región, principalmente en Sudamérica, siendo la migración venezolana la más numerosa: para mayo de 2025, cerca de 6,9 millones de personas migrantes y refugiadas de esa nacionalidad habitaban en distintos países de la región (R4V, 2024).
En este escenario, el Foro Regional de Líderes Migrantes se presentó como un espacio de fortalecimiento para las organizaciones que desarrollan sus actividades en medio de la tensión política y social.
Un proceso de formación para la incidencia
El encuentro presencial en Río de Janeiro no fue el punto de partida, sino el desenlace de un proceso formativo que empezó en noviembre de 2025. En su primera etapa, el foro se desarrolló de forma virtual, abordando ejes temáticos como el liderazgo, la comunicación estratégica, la negociación, la formulación y gestión de proyectos, los mecanismos de recaudación de fondos y el desarrollo de buenas prácticas, con la participación de 120 líderes y lideresas de diferentes países y nacionalidades, de los cuales 40 fueron seleccionados para continuar el intercambio de manera presencial en Brasil.
Durante el taller en Río de Janeiro, en el que profundizaron en herramientas para el monitoreo y evaluación de proyectos, y la sostenibilidad de las organizaciones, Julio Croci, oficial Regional de Políticas de Enlace de la OIM, explicó el espíritu del proceso: «lo que esperamos de este encuentro es que sea un punto de partida de trabajo en red y conocimiento, de saber que del otro lado de Latinoamérica y el Caribe hay un migrante que tiene nuestra misma historia y trabajo, y al que podemos pedirle un consejo o una palabra. La migración genera desafíos y obstáculos en el país de acogida… Pero como lo hemos demostrado, es un motor de desarrollo para la sociedad de acogida».
Croci subrayó también el papel de la comunicación basada en evidencia: «La comunicación es clave, no negar la información, pero transmitirla con cuidado y difundir a través de datos empíricos», una consideración en un momento en que los discursos antimigrantes ganan espacio en la esfera pública de la región.
En las sesiones de intercambio del Foro, cada participante llevó no solo una historia personal, sino también la voz de su comunidad. Sus testimonios dibujaron un mapa común de barreras y luchas.
Nancy Navas Vargas, presidenta de VENEICA, organización que opera en Ica —una de las regiones con mayor concentración de población migrante en Perú, pero lejos de la capital, donde se concentran los servicios—, expresó que «el desafío más importante ahora es la regularización, porque una persona que llega y no tenía visa, no tiene oportunidad de adquirir un documento y poder tener los servicios básicos».
Por su parte, Amelia Cárdenas Lucana, presidenta de Voces de las Mujeres Indígenas y Poblaciones Clave (Perú), y quien trabaja con mujeres andinas que enfrentan una doble vulnerabilidad, manifestó: «En las mujeres migrantes se da mucho más la vulneración y el acceso al tratamiento integral en la salud. Es un reto para nosotros apoyar y acompañarlas en el proceso de tomar el tratamiento».
Desde Bolivia, Adriana Miranda, de Desafío ODS en Tarija, también llegó a participar del encuentro y describió una de las tensiones más complejas que se presentan en la integración: «El 80% de mi ciudad tiene empleo informal, y vemos que personas originarias perciben a otros como competencia. Pero estamos luchando junto a las autoridades para gestionar nuevas políticas públicas», explicó.
Para Lorenzana Zambrano, representante de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO) en Chile, «uno de los grandes desafíos es volver a reintegrar la confianza de las mismas organizaciones… cómo nos vamos a presentar ante un Estado que ha sido implacable con la comunidad migrante y es un desafío tanto para los que estamos regularizados como para quienes no lo están».
Una posición similar expresó Argenis García, representante de CoArtRe, una organización que desde 2016 apuesta por el arte y la cultura como vías de integración migrante en Chile. «Luchamos por un mundo y un país mejor para que los migrantes tengan esos derechos y no los pierdan», dijo el facilitador intercultural, quien identificó la falta de regularización como el obstáculo que persiste.
Entre tanto, Pilín León, vicepresidenta de la Red de Lideresas de la Diáspora Venezolana y presidenta de Venezolanos en Barranquilla (Colombia), fue enfática: «la articulación regional no es opcional, es la única respuesta posible a una crisis que no respeta fronteras. Acá pudimos compartir con diásporas de Colombia, de Nicaragua, de Haití, y con los mismos brasileños recibiendo gente de otros países. Y vemos que es posible, sobre todo si se consigue el apoyo institucional y gubernamental».
Además, León puso sobre la mesa una realidad dolorosa: «La mujer ha sido víctima de violencia y de trata, y es histórico. Uno de los grandes desafíos es cómo esta mujer que a veces viaja con familia o pareja es abandonada en medio de la ruta».
Siguiendo con otra de las demandas más sentidas de las comunidades migrantes, Clefaude Estimable, quien preside Sante Lakay en Curitiba (Brasil), conoce de cerca lo que significa enfrentar obstáculos que van más allá de las fronteras administrativas. Expresó que la comunidad haitiana en Brasil vive hoy una situación particular, dado que el embargo internacional no solo aísla a su país de origen, sino que corta los lazos de su diáspora. «El mayor desafío es el de la reunificación familiar para poder viajar entre Haití y Brasil. Estamos viviendo un embargo y eso dificulta porque muchas personas también se enferman y no pueden salir del país», precisó el dirigente.
Desde otra orilla, Egda Karolina Castillo, coordinadora de Incidencia Política de la Red de Mujeres Pinoleras en Costa Rica, manifestó: «estamos en una crisis intencional y con unos discursos de odio a los que tenemos que hacerles una contracampaña». En este sentido, para Castillo, la respuesta no pasa solo por resistir sino por reposicionar, ubicando a las personas migrantes en el centro del debate económico, demostrando su aporte, y sosteniendo la financiación de los procesos organizativos aunque el contexto lo dificulte.
Las buenas prácticas y una región en movimiento
Una de las presentaciones más significativas del Foro fue la del Directorio Regional de Denuncia contra la Violencia hacia la Mujer Migrante y/o Refugiada, elaborado por la Red de Lideresas de la Diáspora Venezolana. Ante las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a servicios de atención cuando atraviesan situaciones de violencia de género en sus países de destino, levantaron un diagnóstico, trazaron rutas de atención y construyeron una herramienta de acceso directo. (informe completo aquí)
Directorio-Regional-de-Denuncia-contra-la-Violencia-hacia-la-Mujer-Migrante-yo-RefugiadaEl directorio incluye información actualizada sobre recursos disponibles en varios países de la región en materia de violencia de género, programas sociales y otros trámites relevantes para las mujeres migrantes. La derivación de casos entre organizaciones que integran la red desde diferentes países ha resultado eficaz, en palabras de Pilín León.
«Lanzamos un directorio de ruta de atención para violencia de género. En él están incluidos varios países donde la mujer puede acceder. Hemos articulado con todas las organizaciones que forman parte de la red en la derivación de casos, y las especialidades de las mujeres de la red ayudan a otras desde diferentes países», explicó la lideresa.
Esta herramienta es un ejemplo concreto de innovación comunitaria con perspectiva de género, que nace de mujeres que identificaron una brecha, la documentaron y construyeron una respuesta colectiva.
Así, una producción que fue bien valorada por los participantes del Foro fue el Compendio de Buenas Prácticas, presentado oficialmente en Río de Janeiro, en el cual se incluye el directorio mencionado anteriormente y otras iniciativas de diversas organizaciones. (informe completo aquí)
Cuaderno-Buenas-Practicas-OIM-Foro-Regional-Lideres-2026El documento fue construido colectivamente y reúne las experiencias de 36 organizaciones de líderes y lideresas migrantes, refugiados y retornados de América Latina y el Caribe que cubren un espectro plural: asociaciones civiles, redes comunitarias, cámaras empresariales, organizaciones de mujeres, espacios pastorales, colectivos LGBTIQ+ y plataformas de comunicación, entre otros. El listado completo incluye a: Casa de Inmigrantes y Refugiados de Rio Grande do Sul (CIRRS, Brasil); Voces de las Mujeres Indígenas y Poblaciones Clave (México); Asociación Civil Lluvia de Arcoíris (Argentina); Centro Pastoral para Migrantes (Chile); Sante Lakay (República Dominicana/Brasil); AMPRO Tarapacá (Chile); Cámara de Comercio Venezolana Ecuatoriana, CCVE (Ecuador); Asociación Civil Haitiana de Rosario (Argentina); Red de Lideresas de la Diáspora Venezolana (Regional); Fundación Mulier (Colombia); Hecho x Refugiados (Brasil); ARRO – Comunidad Afgana en Brasil; Fundación Nakama’s (Costa Rica); Second Chance Latam (Colombia); Pastoral dos Migrantes (Brasil); Panamerican and Caribbean Union For Human Rights, PACUHR (Ecuador); Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica – IRCA CASABIERTA (Costa Rica); Idas y Vueltas (Uruguay); CoArtRe – Corporación de Artistas por la Rehabilitación y Reinserción Social a través del Arte (Chile); Asociación de Venezolanos en Chiclayo, ASOVENCHIC (Perú); Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana; Associação dos Jovens Haitianos no Brasil, AJHAB; PSICOVEN (Argentina); Venezuelan’s International Care Assistance (Perú); Asociación para Refugiados en Izabal, ASOREFI (Guatemala); Desafío ODS (Bolivia); Cooperación Orientada a la Integración Social del Inmigrante y Peruano Vulnerable (Perú); Red de Periodistas Migrantes (Chile); Corporación Rostro Caribe (Colombia); Ação Social Irmandade Sem Fronteiras, OASISF (Brasil); Festival Latitudes (Argentina); Asociación Venezuela Global (Brasil); Casa Arcoiris LGBTIQ+ (México); Venezolanos en Barranquilla (Colombia); Asociación Civil Colectividad de Migrantes Colombianos en Mendoza (Argentina); y Tras la Huella del Mesías (Colombia).
En este compendio sobresalen algunos ejes que concentran las buenas prácticas de la región, como son: el acceso a derechos y regularización migratoria, a través de la orientación jurídica, acompañamiento documental, jornadas territoriales, articulación con servicios públicos y derivaciones institucionales; la integración socioeconómica y empleabilidad; la atención psicosocial y protección integral; la educación intercultural, formación lingüística y desarrollo de capacidades; y la comunicación, arte, cultura e incidencia pública, por medio de festivales, teatro testimonial, radios comunitarias, muralismo, campañas antirracistas y formación periodística como herramientas para disputar narrativas xenófobas y racistas.
Al explorar el documento se puede evidenciar que la región está transitando hacia modelos integrales, participativos y autónomos, donde la población migrante deja de ser concebida como receptora pasiva de ayuda para posicionarse como actor político, cultural y económico capaz de producir soluciones comunitarias replicables.
Por ello, la articulación regional que promovió el primer Foro Regional de Líderes Migrantes, Refugiados o Retornados en América Latina y el Caribe, se puede interpretar como una necesidad estratégica en un momento de cambios geopolíticos que inciden en la respuesta humanitaria.
A escala global, el reciente Informe sobre las Migraciones en el Mundo (mayo de 2026) estima que a mediados de 2024 había 304 millones de migrantes internacionales, equivalentes al 3,7% de la población mundial. A finales de ese mismo año, más de 120 millones de personas estaban desplazadas en el mundo, incluyendo refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos. Sin embargo, la magnitud de estos flujos no ha estado acompañada de políticas de protección suficientes, ya que las personas que migran de forma irregular enfrentan riesgos letales. Desde 2014 hasta septiembre de 2025, el Proyecto Migrantes Desaparecidos (MMP) registró cerca de 11.200 personas migrantes desaparecidas en el continente. En 2024 se documentaron las cifras más altas de muertes en las rutas del Caribe y el Darién desde que comenzó el monitoreo: 341 muertes en el Caribe y 173 en la selva que separa Colombia de Panamá (OIM MMP, 2025).
En este escenario, la regularización migratoria emerge como una herramienta necesaria de protección de derechos. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su estudio El derecho a pertenecer: regularización de migrantes en América Latina y el Caribe (Van der Werf, Harris y Velásquez, editores, noviembre de 2025), documenta que entre 2010 y 2025 se implementaron 70 programas de regularización extraordinarios en 26 países de la región. El análisis es contundente al identificar que un documento de identidad es la llave que abre el acceso al trabajo, la salud y la educación.
No obstante, el horizonte político en la región es complejo. En Chile, el presidente electo José Antonio Kast prometió deportar a más de 300.000 migrantes indocumentados y tipificar como delito la migración irregular, mientras que en Argentina, los servicios de inmigración fueron trasladados al Ministerio de Seguridad Nacional, y en Perú, una operación de control de inmigración llevada a cabo en diciembre (2025) interceptó a 1.500 extranjeros en la vía pública, una acción que fue criticada por organizaciones de derechos humanos, argumentando que hubo abusos durante su ejecución.
Frente a este panorama, el foro demostró que la innovación comunitaria en materia migratoria está creando herramientas, construyendo redes, formando líderes y disputando narrativas desde las comunidades que sostienen las demandas de la regularización y la integración.
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Comunicador social y periodista colombiano radicado en Chile. Fundador de la Red de Periodistas Migrantes. Se vincula a iniciativas en derechos humanos y migración desde la comunicación crítica, el periodismo y el enfoque intercultural.
