Durante el Mundial 2026 se instaló globalmente la idea de una Argentina racista. La acusación creció al calor de una campaña de desinformación que circuló vertiginosamente, amplificada por la réplica de figuras del espectáculo y también de intelectuales progresistas del norte global. Mientras tanto, en Argentina, funcionarios y legisladores del oficialismo replicaban en sus redes aquello mismo que se le reprochaba al país, y convertían ese clima en excusa para impulsar proyectos de ley: arancelar la salud y la universidad para las personas migrantes en la provincia de Buenos Aires, y habilitar en el Senado la venta de tierras a extranjeros ya que, según Patricia Bullrich, tienen los mismos derechos que un argentino, un estándar que no aplica para el primero.
A medida que Argentina avanzaba en el Mundial 2026, crecía en paralelo algo que no estaba previsto en el fixture: una campaña sostenida, alimentada partido a partido, de hostilidad hacia la Argentina. Insultos, memes, videos descontextualizados, cuentas que amplificaron mensajes de odio y que, potenciadas por posteos de perfiles con alcance masivo, comenzaron a instalar no solo que Argentina estaba siendo favorecida por la FIFA, sino que además se trataba de un país «racista». Repasemos los hechos.
El miércoles 15 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra y se clasificó a la final. Terminado el partido, algunos jugadores desplegaron sobre el césped, frente a la tribuna argentina, una bandera escrita a mano con la siguiente leyenda: «Las Malvinas son argentinas». La FIFA, por pedido del propio gobierno argentino, había incorporado esa consigna a su lista de símbolos políticos prohibidos en la previa del cruce. El gobierno británico pidió que el organismo investigara el episodio y la conversación digital recrudeció aun más contra el país del sur.
Veinticuatro horas después, mientras seguía la discusión por la bandera, el jueves 16 de julio el senado argentino intentó sesionar para tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto que, entre otras cosas, prevé la derogación de los límites a la compra de tierras argentinas por parte de capitales extranjeros. Los senadores de la oposición vincularon públicamente el fracaso de esa sesión al clima de euforia nacional. El proyecto pasó a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.
Tres días más tarde, el domingo 19, España venció a Argentina 1 a 0 en tiempo suplementario en New Jersey. El clima contra el país del sur se exacerbó todavía más en las redes, potenciado por posteos de figuras del espectáculo y referentes intelectuales —incluso progresistas— que reforzaron la idea de una Argentina «racista».
¿Cómo se conjuga este clima con el actual momento político argentino? ¿Por qué se profieren estas acusaciones desde países cuya historia está efectivamente vinculada al racismo y al colonialismo? ¿Quiénes serían los beneficiarios y quiénes los damnificados de esta operación? La superposición de hechos nos obliga a realizar un ejercicio de interpretación conjunta.
El fútbol como catalizador de las tensiones geopolíticas en la era del algoritmo
La rivalidad entre selecciones en los mundiales no es nueva. Aparece sobre todo cada cuatro años, con cada avance de cualquier equipo que acumulen historias, sean rivalidades deportivas o tensiones de carácter político-cultural. Y en tiempos de redes sociales y emociones potenciadas por el algoritmo, lo que sí es cualitativamente diferente es la escala, la velocidad y, sobre todo, la rentabilidad de esa hostilidad expresada desde las tribunas digitales.
Eduardo Galeano construyó buena parte de El fútbol a sol y sombra (1995) sobre una imagen que se volvió célebre: la del fútbol como espejo del mundo. Tenía razón, y en doble sentido: el fútbol refleja el mundo, pero el mundo también se hace eco del fútbol. En los mundiales más que en cualquier otro torneo, los seleccionados encarnan proyectos de identidad nacional. Cada victoria es una afirmación identitaria; cada derrota, una herida que puede tocar nervios sensibles que afectan la autoestima nacional. Como ilustró el periodista deportivo venezolano Alfredo Coronis: «De alguna forma, los equipos de fútbol sustituyen a los pelotones de ejército. Si hay alguna herida entre los países, el fútbol hará que esa herida se abra».
Este Mundial ofreció el caso más extremo de esa superposición. Estados Unidos, uno de los países anfitriones y en conflicto militar abierto con Irán, negó visados a integrantes de la delegación iraní, entre ellos el secretario general y el vicepresidente de la federación. La selección tuvo que mudar su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, México. Tras el empate 2 a 2 con Nueva Zelanda, las autoridades locales le negaron el permiso para pernoctar en Los Ángeles. La Federación Iraní presentó una queja formal ante la FIFA por violación del principio de igualdad de condiciones entre selecciones participantes; su entrenador, Amir Ghalenoei, describió a su equipo como el «más oprimido» del torneo, y el delantero Mehdi Taremi pidió públicamente la intervención del organismo.
Conviene ser precisos, porque el matiz importa: puede haber una guerra —y la hubo—, pero eso no justifica que una selección clasificada no tenga los mismos derechos que las demás en un cotejo deportivo. Poder concentrarse en el país sede, poder descansar entre partidos, poder viajar con el propio cuerpo técnico: son condiciones básicas que el resto de los equipos tuvo garantizadas.
La geopolítica entró al Mundial sin pedir permiso. Así fue que vimos banderas de Palestina desplegadas por selecciones de varios países árabes. Y así también fue Argentina e Inglaterra jugaron sobre la memoria reciente de una guerra de ocupación colonial que ningún reglamento de la FIFA mencionaba y que gran parte del mundo desconoce.
Sin embargo, el fenómeno que se registró durante los últimos dos meses fue un cambio de otra naturaleza en la conversación pública digital sobre la selección argentina. La analista @therosieum lo documentó en un informe técnico publicado en la red social X —replicado luego por numerosos medios— que da cuenta de cómo, a partir del comienzo de la Copa del Mundo y sobre la base de la viralización no orgánica de noticias falsas, Lionel Messi y, por extensión, la selección argentina, pasaron de ser un deportista ejemplar a un villano.
Ese hallazgo tiene respaldo independiente. Las verificadoras Chequeado, en Argentina, y Maldita.es, en España, confirmaron que ninguna de las acusaciones que circularon se apoyaba en documentos, testimonios identificables ni denuncias formales. Medios como Euronews documentaron incluso videos generados con inteligencia artificial y citas inexistentes atribuidas a estrellas del fútbol. La teoría que Argentina era la principal beneficiaria de la FIFA ganó tracción masiva, sobre todo, después de la victoria agónica de la selección nacional frente a Egipto el pasado 7 de julio.
El mecanismo es conocido. La emocionalidad explotada por los algoritmos facilita la propagación de información no verificada a una velocidad mucho mayor que la de la información con respaldo. En un contexto donde los medios pierden terreno frente a las redes como principal fuente de acceso a la información, y donde el modelo de negocios de esas redes se sostiene sobre la confirmación de sesgos y la explotación de la ira, el resultado no es un debate sustentado por fuentes sólidas sino un «todos contra todos» que vuelve la conversación digital un maremágnum de agresiones.
Sobre esas bases, se estructuraron las intervenciones de varias personalidades públicas. El actor Samuel L. Jackson compartió en sus historias de Instagram, horas después de la final, una pieza gráfica originada en la SEC Black Alumni Network que pedía a las personas negras no alentar a Argentina porque el país «ha sido históricamente uno de, si no el más racista de los países del mundo», acompañada de una imagen de Stephen —el personaje que Jackson interpreta en Django Unchained, arquetipo del Tío Tom— con la camiseta argentina. Jackson no escribió el texto, pero su amplificación desde una cuenta verificada fue leída como respaldo, y así circuló.
El caso del economista Yanis Varoufakis merece una lectura un tanto distinta. Si bien su publicación en X tras la final no menciona explícitamente el racismo argentino, celebra victoria de España como la expresión de un «multiculturalismo sano y funcional» por oposición a lo que expresaría la selección albiceleste.
Argentina, ¿el país más racista del mundo?
El debate que circuló en redes sobre la selección argentina y la raza no tuvo una sola dirección: tuvo dos vectores. Por un lado, la acusación —esgrimida también durante el Mundial de 2022— de que Argentina no tiene jugadores negros, lo que en teoría revelaría algo central sobre su racismo. Por el otro, los lugares de enunciación de esas acusaciones: Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos, que sí tienen jugadores negros en sus selecciones, algo que representaría muy bien su «multiculturalismo», pero poco de sus historias nacionales asociadas a la colonización y la esclavitud de poblaciones africanas. Vamos a diseccionar ambas.
Empecemos por la primera. La comunidad afroargentina no desapareció: fue invisibilizada por el concurso de distintos factores. Según consigna el historiador Ezequiel Adamovsky, Argentina tuvo una población afrodescendiente considerable: en el Buenos Aires de 1800 se estima que entre el 25% y el 30% de sus habitantes eran negros o afrodescendientes. El censo de 1810 respalda ese orden de magnitud —registra 9.215 pardos y morenos sobre 32.558 habitantes— y las proporciones son considerablemente más altas en varias provincias del interior.
Sin embargo, gran parte de esa población fue disminuyendo gradualmente por las Guerras de Independencia y la Guerra del Paraguay, en parte como producto de las propias guerras y también por el mestizaje que se producía entre el bajo pueblo que nutría a las tropas; luego, como producto de las epidemias de fiebre amarilla y cólera, que golpearon con mayor mortalidad a los sectores más pobres y hacinados; y, sobre todo, por la política demográfica de la Generación del 80, que desde 1880 promovió activamente la inmigración masiva europea como mecanismo de blanqueamiento.
A ese proyecto le siguieron décadas de borramiento cultural y estadístico: los censos dejaron de registrar la ascendencia africana durante buena parte del siglo XX. Y conviene detenerse acá, porque es el punto que las organizaciones afroargentinas vienen señalando hace años: la comunidad no desapareció, fue invisibilizada. El propio Adamovsky lo formuló en una entrevista reciente: desde fines del siglo XIX el Estado argentino gestionado por las élites promovió una narrativa según la cual Argentina es un país blanco y europeo, la enseñó en las escuelas y presionó con ella hacia la invisibilización de la comunidad afroargentina, que recibió una violencia simbólica doble —el desprecio hacia lo negro y la negación de su existencia.
Esta lectura tiene, entonces, una base real: hay racismo en la historia argentina, y negarlo sería tan falso como universalizarlo. Pero no es homologable al racismo estructural de sociedades donde se aplicaron regímenes de segregación o apartheids. El problema es que, desde el norte global, se pretende con frecuencia universalizar un marco de análisis del racismo que se corresponde solo con la historia de sociedades norteamericanas o europeas.
Ahora la segunda lectura. La presencia afrodescendiente en las selecciones de Francia, España, Inglaterra o Estados Unidos no es el resultado de una mayor apertura racial ni de políticas más progresistas. Es el resultado directo de siglos de esclavitud, colonialismo y expoliación de las riquezas de los países periféricos: esas potencias trasladaron por la fuerza a millones de personas desde África a sus colonias y territorios, y forzaron después la migración de millones más que fueron a buscar un futuro en el seno de las sociedades coloniales. Que muchas de esas personas sean visibles en el campo de juego no dice que esas sociedades superaron el racismo. La apariencia demográfica de un plantel no alcanza para comprender el trato que esos Estados dispensan a sus comunidades racializadas. Y ahí es donde los datos del presente resultan indispensables.
- España ejecutó 10.773 expulsiones entre 2021 y 2024 —2.025, 2.627, 3.090 y 3.031 respectivamente—, a las que se sumaron 3.398 en 2025, para un total de 20.682 desde 2019, según datos del Ministerio del Interior remitidos al Congreso. Son expedientes tramitados por motivos de seguridad nacional y por la Ley de Extranjería, sin contar las devoluciones de migrantes en situación irregular, que elevan la cifra real bastante más arriba. En julio de este año, el Partido Popular anunció que registrará una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para amparar legalmente las devoluciones en caliente de quienes intenten entrar a nado a Ceuta y Melilla. La iniciativa responde a un fallo del Tribunal Supremo que declaró ilegales los rechazos inmediatos en el mar pero los mantuvo permitidos en los elementos de contención terrestres, como la valla.
- El Reino Unido implementó durante años la «política del ambiente hostil» y firmó en 2022 un acuerdo para deportar solicitantes de asilo a Ruanda. El esquema costó cientos de millones de libras, nunca despegó un vuelo —salvo cuatro personas que viajaron voluntariamente— y fue cancelado por Keir Starmer en julio de 2024, en su primer día completo de gestión. Que un plan de esa naturaleza haya sido concebido, legislado y financiado por un gobierno europeo es el dato; que haya fracasado no lo borra.
- Francia deporta masivamente a migrantes subsaharianos mientras sus equipos los celebran en los estadios.
- Estados Unidos ejecuta la campaña de deportaciones más agresiva de su historia reciente. El ICE deportó 442.637 personas en el año fiscal que cerró en septiembre de 2025 —unas 171.000 más que el ejercicio anterior— y hacia enero de 2026 la cifra acumulada de la agencia rondaba las 540.000. Los operativos, con despliegue de recursos militares, afectaron de manera desproporcionada a comunidades latinoamericanas: mexicanos, venezolanos, colombianos, centroamericanos.
La diversidad multicultural que se apreció dentro del campo de juego y la existencia de racismo de muchos de estos países no necesariamente se contradicen. Y en muchos casos son producto de la misma historia colonial, vista desde dos prismas diferentes.
El racismo realmente existente en Argentina
Como señalamos, el racismo argentino existe. Pero su forma predominante no es la que aparece en los debates sobre la selección. Es la que opera en el cruce de raza y clase, en categorías como «cabecita negra»: ese insulto que surgió a mediados del siglo XX para estigmatizar a los migrantes internos morenos y pobres que llegaban a Buenos Aires durante el primer peronismo no designa un color de piel específico, sino una posición social racializada. Es el punto donde clase y raza se funden en una misma marca de exclusión, y ese dispositivo se proyecta hoy sobre personas migrantes de países limítrofes y también entre aquéllas que llegan del continente africano.
Hay que decir también que este tipo de racismo de clase no es una anomalía argentina. Es, en distintas formas e intensidades, una de las operaciones constitutivas del Estado-nación moderno. Lo que sí es específico del momento actual es que el gobierno de Javier Milei lo convirtió en política explícita y deliberada.
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Los alineamientos internacionales de Argentina: claves para entender la efectividad de la campaña
El 25 de marzo de este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/RES/80/250, presentada por Ghana y titulada «Declaración sobre la calificación de la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos como el crimen de lesa humanidad más grave». Obtuvo 123 votos a favor y 52 abstenciones. Votaron en contra tres países en todo el mundo: Estados Unidos, Israel y Argentina. No fue un gesto aislado, sino la expresión de un alineamiento en materia de política exterior que carece de antecedentes en la historia argentina reciente.
Asimismo, en mayo de 2024, Argentina votó en contra de la admisión de Palestina como Estado miembro de las Naciones Unidas: fue la primera vez, y rompió con una tradición diplomática que incluía el reconocimiento del Estado palestino en 2010 y el acompañamiento, en 2012, de su estatus de Estado observador. En diciembre de ese mismo año rechazó una resolución que exigía el alto el fuego en Gaza. El 12 de junio de 2025 votó nuevamente en contra —esta vez de un texto impulsado por España y Palestina que reclamaba el fin del bloqueo y denunciaba el uso del hambre como arma de guerra—, aprobado por 149 votos contra 12, mientras Javier Milei se encontraba de visita oficial en Israel reunido con Benjamin Netanyahu. Y en septiembre de 2025 rechazó la resolución sobre la solución de dos Estados, respaldada por 142 países.
Estas votaciones fueron en el plano formal lo que, en marzo pasado, fue una declaración de principios del primer mandatario argentino. Durante una conferencia que brindó en marzo pasado en la Universidad Yeshiva en Nueva York, el mandatario expresó que se consideraba «el presidente más sionista del mundo» y celebró los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. A pesar de que pese sobre el actual premier israelí, Benjamin Netanyahu, un pedido de arresto por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, y aún cuando la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados de Naciones Unidas determinaron que se están cometiendo acciones genocidas en la Franja de Gaza, el presidente Milei tomó partido abiertamente por las decisiones criminales de Netanyahu. Todo ello puede dar pábulo a que caracterizaciones de la Argentina como «el país más racista del mundo» tengan efecto a nivel global, y gran parte de los motivos detrás de la viralización de esta imagen del país.
Hay otro tramo de esta historia que la conversación internacional pasó por alto y que es, sin embargo, el más notable: cómo se reproducen manifestaciones racistas desde el propio aparato digital del oficialismo argentino y sus satélites. Mientras algunos referentes intelectuales alineados con el gobierno de Javier Milei como Agustín Laje intentam culpar al wokismo internacional como los responsables directos de esta campaña en contra de Argentina, se omiten hechos concretos de discriminación y racismo ejecutados por funcionarios y propagandistas del oficialismo.
El domingo 5 de julio, tras la eliminación de Brasil ante Noruega por 2 a 1 en octavos de final, Santiago Caputo —principal estratega de Javier Milei, sin cargo formal pero vinculado al Estado mediante una contratación como monotributista— publicó en su cuenta de X: «Qué piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas». Asimismo, el propagandista Daniel Parisini, conocido como «Gordo Dan», dedicó al partido con Egipto una serie de mensajes islamófobos.
Dos días después de la final, el 21 de julio, el diputado bonaersense Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. presentó un proyecto para arancelar la atención en hospitales públicos provinciales y las carreras de grado en universidades estatales de la provincia para extranjeros que no acrediten residencia permanente. Lo anunció en X con estas palabras:
La secuencia es explícita y no requiere interpretación: el propio autor del proyecto de ley ató su iniciativa a las burlas que circularon en redes tras la derrota. Firmaron el texto dieciocho de los veinte legisladores del bloque de La Libertad Avanza y un diputado del PRO, y recibió el respaldo público de Patricia Bullrich. El régimen propuesto no dice nada muy distinto a lo que ya se encuentra normado en el Decreto 366/25: que las personas extranjeras sin residencia permanente deberán costearse las prestaciones de salud, con excepciones para urgencias con riesgo de vida, víctimas de trata y campañas de vacunación y control de enfermedades transmisibles.
La venta de tierras y el dóble estándar sobre la igualdad ante la ley de argentinos y extranjeros
Durante los días previos, más precisamente el jueves 16 de julio, veinticuatro horas después de la semifinal del mundo en la que Argentina le ganó a Inglaterra, el senado de la nación intentó tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, diseñada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. El capítulo central de la iniciativa deroga los topes que fija la Ley de Tierras 26.737, sancionada en 2011: un límite del 15% de suelo rural en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, y un máximo de mil hectáreas por titular extranjero en zona núcleo. El proyecto delega en las provincias la facultad de fijar sus propias condiciones, lo que en los hechos disuelve el piso nacional. El mismo paquete incluye desalojos sumarísimos y una flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego que reduce protecciones sobre bosque nativo y habilita construir en tierras incendiadas.
La fecha de la sesión estaba fijada de antemano y el proyecto venía de intentos fallidos previos: no fue el Mundial el que puso el tema en el calendario. Pero la coincidencia en sí fue un hecho político, y fue leído como tal en el propio recinto. El senador riojano Fernando Rejal lo dijo con todas las letras: «Si había un momento inoportuno para tratar este proyecto era el día de hoy, que estábamos festejando la argentinidad y después de que ayer todos salimos a celebrar con los colores de Argentina». Y agregó: «Hoy, el bloque oficialista vino con la camiseta argentina pero para tratar la ley de extranjerización de la tierra, que significa la entrega de nuestro territorio al capital especulativo extranjero». El oficialismo consiguió quórum, pero no los votos. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, pidió el cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.
Y el viernes 24 de julio, tres días después de que Romo presentara su proyecto para cobrarles el hospital y la universidad a los extranjeros, Bullrich salió a defender ante la prensa el capítulo más cuestionado de la iniciativa del gobierno nacional. Su argumento fue constitucional: sostuvo que un extranjero que vive en la Argentina «tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades que un nacional», y que por eso puede comprar tierras, un departamento o una fábrica. Consultada sobre la posibilidad de fijar un tope de hectáreas, lo rechazó comparando el caso con la cantidad de departamentos que una persona puede tener. Aclaró, eso sí, que ningún Estado extranjero podrá adquirir territorio: la soberanía, dijo, queda resguardada.
Como dijimos, Bullrich había respaldado públicamente el proyecto de Romo. Es decir: la misma dirigente, en la misma semana, sostuvo que a los extranjeros hay que cobrarles la atención médica y que gozan de idénticos derechos constitucionales para comprar el suelo del país. Y es el mismo principio constitucional el que opera en ambos casos, pero en la lógica del gobierno se puede aplicar de manera selectiva: si el extranjero quiere comprar tierras de manera ilimitada, lo puede hacer porque goza de los mismos derechos que un ciudadano argentino. No sería el caso de las personas migrantes que carecen del dinero necesario para justificar sus ingresos a la hora de tramitar su residencia permanente. No es una incoherencia: es un criterio perfectamente consistente para el gobierno nacional, siempre que se entienda cuál es la variable que ordena el discurso. No es la nacionalidad: es la clase. Un extranjero con capital tiene los mismos derechos que un argentino. Un extranjero sin capital debe pagar para acceder a los mismos.
¿Quiénes se benefician con todo esto?
¿Quiénes se benefician con esta campaña de odio centrada contra un país del sur global? La respuesta no parece tan difícil. Ganan los que endurecen políticas antimigratorias mientras dicen celebrar la diversidad. Ganan los que necesitan que América Latina permanezca dividida para permanecer explotable.
Frantz Fanon describió este mecanismo en Los condenados de la tierra: una de las marcas más profundas del colonialismo es que desplaza la violencia hacia adentro. Los oprimidos, impedidos de dirigir su rabia hacia el sistema que los oprime, la dirigen hacia los costados, hacia el vecino, el hermano, hacia el que habla parecido pero no igual, al que comparte la misma historia opresiva. La violencia horizontal entre colonizados es uno de los efectos buscados por el sistema colonial.
Así, el discurso antiargentino viralizado en las redes sociales —y el antichileno, el antivenezolano, el antiboliviano, etc.— no es lo opuesto del colonialismo: es una de sus derivaciones. Que los pueblos que compartimos una historia de dominación, extracción y racismo ejercido por los países imperialistas terminemos peleándonos entre nosotros, en el contexto de un campeonato mundial de fútbol y a partir de una campaña inducida, beneficia a los mismos de siempre: los sectores que, so pretexto de defender la diversidad y el multiculturalismo, endurecen las políticas migratorias de sus países y siguen expoliando las riquezas del sur global.
Y hay que decir algo más, porque de lo contrario esta nota sería otra pieza del mismo mecanismo. Esos sectores no son solo los beneficiarios del odio que circuló: fueron también, en buena medida, sus productores. El asesor gubernamental que escribe «qué piedra se volvió ser negro» y el gobierno que vota junto a Estados Unidos e Israel contra una resolución sobre la esclavitud son la misma administración que quiere entregar la tierra y los recursos naturales al mejor postor. Que el mensaje se haya viralizado sobre todo a partir de desinformación y fake news, también tiene, en estos hechos reales, un punto de apoyo que explica por qué esta campaña logró penetrar tanto en la opinión pública.
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Antropóloga. Se especializa en el campo de la antropología forense, particularmente en temas como las desapariciones en democracia y la violencia de género. Su familia tiene raíces en Alessandria, Calabria, Cataluña y Roma. Le gusta el mar, escribir, viajar y conocer nuevas historias.
