La trata de personas constituye uno de los negocios criminales más rentables del mundo y es la expresión actual de esclavitud. Miles de personas son captadas y trasladadas con fines de explotación sexual, laboral, para servidumbre o incluso extracción de órganos. Uruguay dejó de ser solo un país de origen y tránsito: desde hace algunos años también se consolidó como destino de estas redes.
Uruguay Mira la Trata es un proyecto que tiene como objetivo indagar en la problemática y recoger datos a partir de la realización de una investigación social que profundice los conocimientos sobre el tema en el país. En dicho marco se llevó a cabo la investigación “Dueños de Personas, Personas con Dueños”, la cual tiene como finalidad conocer las formas en las que se produce y reproduce la trata de personas en mujeres con fines sexuales y laborales y promover la implementación de políticas públicas sobre trata de personas en el país. Fue realizado por la Asociación Civil El Paso, asociada a la Agencia Voz y Vos de la organización El Abrojo, en un marco de cooperación de la Unión Europea en Uruguay.
Sandra Perroni forma parte desde hace trece años del equipo de coordinación de la Asociación Civil El Paso, una organización no gubernamental comprometida con la defensa de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y mujeres afectados por la violencia, el abuso sexual y la exclusión social.
Desde el espacio desarrollan estrategias de intervención en el campo social y comunitario, brindan talleres de formación y asesoramiento a víctimas. Además, participan en el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas (CNTE) del período 2025-2030 e integran la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
Mujeres migrantes
“En Uruguay se visibiliza más la trata transnacional que la trata interna. En el servicio nos llegaban más derivaciones de mujeres migrantes que de la trata interna”, afirma Perroni.
La investigación “Dueños de Personas, Personas con Dueños” presentó información que recabaron de consultas y personas asistidas en los Servicios de Atención a Mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual entre los años 2011 y 2018. Las principales víctimas son mujeres jóvenes y mujeres trans provenientes de República Dominicana, Venezuela, Cuba y Perú.
“A las mujeres, adolescentes y niñas se les agrega el problema de que pueden ser captadas en esa experiencia migratoria para la trata de personas con fines de explotación sexual”, explica Perroni.
Durante la investigación se analizaron 448 carpetas de situaciones vinculadas a la trata. Del total, 415 eran extranjeras y 410 de ellas provenían de países latinoamericanos. El promedio anual de personas atendidas se incrementa desde 2013, con un promedio que supera las 100 personas por año entre 2014 y 2017.
Según los datos analizados, entre 2014 y 2018 Uruguay recibió un gran flujo migratorio proveniente de países latinoamericanos como República Dominicana, Cuba, Perú y Venezuela. Entre 2018 y 2022 el 62,7% de las mujeres atendidas por situaciones de explotación eran extranjeras. La cifra refleja lo consolidado que se encuentra el país como lugar de destino para la trata de personas.
“Toda América Latina y el Caribe están en un momento de gran movilidad humana. Esa cantidad de gente moviéndose por el continente provoca que muchos derechos humanos sean violentados: niños que quedan solos en las grandes travesias, violencias y hasta la trata de personas”, afirma Perroni.
ELPASO_DUENOS-DE-PERSONASLa ruta hacia la trata
Los relatos de las víctimas revelan trayectos similares: largas travesías por tierra, en avión o hasta a pie. En esos desplazamientos, mujeres y niñas suelen ser captadas bajo promesas falsas de empleo o estudios.
“En un momento recibimos muchos casos de personas que venían desde Cuba hacia una ciudad muy chica de Canelones llamada Santa Rosa. Eso nos llamó la atención y nos alertamos porque atrás había algo más”, explica.
En la investigación “Dueños de Personas, Personas con Dueños” se realizaron diferentes entrevistas a víctimas, familiares y testigos con el objetivo de reunir información para identificar las rutas. En ella se expone el relato de dos mujeres que viajaron desde República Dominicana hacia Perú en avión y, desde allí, emprendieron un viaje de 13 días por tierra, en los cuales sufrieron situaciones de violencia y abusos. El relato de la entrevistada: “Hice parte del viaje en una avioneta. Éramos 12 personas dentro de la avioneta y el piloto. Fue un viaje inmenso”.
El proceso de identificación está vinculado con averiguar desde qué país viajó la persona, cómo llegó, qué medios de transporte utilizó y quien la contactó. A partir de la reconstrucción de la travesía y del relato de algunas víctimas lograron identificar algunas rutas similares y recorridos. Según datos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, existen corrientes migratorias desde República Dominicana y Cuba. Se registra el surgimiento de rutas de tráfico de migrantes y redes de trata de personas que trasladan mujeres para la trata sexual y varones para la trata laboral.
“En el servicio tuvimos casos de mujeres que lo decían muy claro. Uruguay es un país muy vendible porque tiene escuela y salud pública. El sueldo mínimo ronda los 500 dólares y para la región es mucha plata pero el nivel de vida del país es muy caro. Siempre fue un país de origen y desde el 2011 es un país de tránsito y de destino para la trata de personas”, explica Perroni.
En el caso de víctimas extranjeras, los Servicios de Atención del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), brindan asesoramiento respecto a sus derechos y alternativas de permanencia en el país o de retorno asistido.
Marco legal
Uruguay cuenta con la Ley 19.643 de prevención y combate a la Trata de Personas, que permite a las víctimas acceder a asistencia social y psicosocial sin necesidad de presentar denuncia, evitando así la revictimización y la exposición.
“Tiene que ver con un modelo ideológico de no poner a la persona en la obligación de denunciar ya que sino pasa a ser la prueba en países donde tenemos muy pocas capacidades de protección. Estamos hablando de crimen organizado”, expone Perroni.
La ley habilita a que la persona pueda recibir todas las prestaciones sociales: la tarjeta Uruguay Social, acompañamiento, atención psicosocial y apoyo para tramitar la documentación requerida. Sin embargo no alcanzan frente a la magnitud del problema.
“El acceso al sistema judicial es muy difícil. El delito de trata tiene poco nivel de resolución y condena porque es altamente lucrativo, bajo en lo punitivo y la prueba queda depositada en la misma víctima, que tiene todo el impacto y la consecuencia de la trata”, afirma Perroni.
Turismo sexual y fiestas vip
El turismo sexual es un fenómeno que encuentra en Uruguay un terreno atractivo. La combinación de estabilidad institucional y servicios públicos convierte al país en un destino deseable, lo que complejiza aún más la situación.
“En las entrevistas realizadas a víctimas y a personas que fueron atendidas en diferentes hospitales del país se repite el relato vinculado a fiestas electrónicas privadas en Punta del Este. Allí está lleno de gente con un altísimo nivel económico y han encontrado la forma de evadir los controles. En una fiesta privada el INAU (Instituto del Niño y Adolescente en Uruguay) no va y nadie se entera qué pasa ahí. Esa es la industria del sexo y se entreteje entre lo legal y lo ilegal. Uruguay tiene una ley de trabajo sexual pero no bajo cualquier condición ni mucho menos en menores”, explica Perroni.
En la investigación “Dueños de Personas, Personas con Dueños” se expone que las redes nacionales de trata principalmente operan dentro de fronteras, trasladando mujeres con fines de explotación sexual. También lograron identificar una ruta de trata de adolescentes desde el norte de Argentina con destino a Punta del Este vinculada al turismo sexual.
A partir de la información recabada lograron identificar que las fiestas y las whiskerías son lugares predominantes de destino para la explotación sexual. Asimismo muchos entrevistados señalan que las fiestas son un mecanismo para atraer adolescentes y jóvenes que luego son sometidas a la trata sexual.
En Uruguay los avances en legislación y asistencia son importantes, pero insuficientes frente a un crimen organizado que se nutre de la desigualdad y la migración forzada. El desafío, ahora, es transformar esa información en políticas efectivas que protejan a las víctimas y debiliten a las redes que se benefician de su vulnerabilidad. La trata de personas no es un fenómeno lejano, es una realidad presente que exige respuestas urgentes.
Imagen de portada: Karl Solano (Unsplash).
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Licenciada en Periodismo. Se desempeña como redactora y coordina talleres de escritura, brindando asesoramiento en la producción y desarrollo de textos literarios.
