Un reciente informe de Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica de Derechos Humanos de UC Berkeley documenta cómo, en el norte de Centroamérica, los efectos del cambio climático se combinan con la violencia de género para empujar a las mujeres a migrar. Conversamos con Miriam González Sánchez, coordinadora de Comunicación de la institución que promueve los derechos de las mujeres en la migración.
Hablar de movilidad desde una perspectiva de género implica reconocer que mujeres y hombres no experimentan los desplazamientos de la misma manera. Durante mucho tiempo, las políticas migratorias y buena parte de las investigaciones se construyeron sobre una imagen predominantemente masculina de las personas migrantes, lo que invisibilizó las experiencias de millones de mujeres que migran y, muchas veces, lo hacen por ser el principal sostén económico de sus hogares o porque huyen de contextos de violencia.
El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), fundado en 2010 y con sede en la Ciudad de México, es una organización de la sociedad civil mexicana que promueve y defiende los derechos de las mujeres en situación de movilidad. Su trabajo, centrado en el análisis de la movilidad desde una perspectiva de derechos humanos y género abarca a mujeres que viven en comunidades de origen, se encuentran en tránsito o residen en México o Estados Unidos.
En una de sus investigaciones más recientes (publicada en abril de 2026), realizada junto a la Clínica de Derechos Humanos de UC Berkeley, muestra que el cambio climático puede intensificar otras condiciones que impulsan la migración. Miriam González Sánchez, coordinadora de comunicación de IMUMI, explicó a Refugio Latinoamericano que el objetivo del informe es «comprender cómo los crecientes impactos del cambio climático se entrecruzan y agravan condiciones preexistentes de desigualdad o de pobreza» en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y que esa combinación «es lo que impulsa el desplazamiento internacional». En el norte de Centroamérica, los impactos ambientales se superponen con desigualdades económicas y sociales y con dificultades para acceder a mecanismos de protección.
El trabajo de campo para esta investigación se realizó entre julio y diciembre de 2024: se aplicaron más de 100 encuestas, de las cuales el informe final recoge 87. El 56% de las personas encuestadas eran mujeres, el 43% hombres y el 1% personas transgénero; el 11% se identificó como indígena, y por país de origen la mayoría era hondureña (49%), seguida de la salvadoreña (25%), la guatemalteca (15%) y la nicaragüense (11%).
Casi la mitad de las personas encuestadas señaló que factores ambientales o climáticos habían influido en su decisión de migrar, aunque ninguna los consideró la única razón para hacerlo. La exposición a estos riesgos resultó generalizada entre la población encuestada: según el informe, más del 80% experimentó al menos un evento climático —huracanes, inundaciones, olas de calor o deslizamientos de tierra fueron los más reportados— en los cinco años previos a salir de su país, y el 55% enfrentó cuatro eventos o más. Los testimonios mostraron cómo las pérdidas de cosechas, los daños en viviendas y los efectos sobre el acceso al agua y los alimentos se combinan con factores como la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades.
Comprender la interrelación de estos fenómenos implica abandonar una visión simplificada de la llamada migración climática, puesto que no se trata únicamente de personas que huyen de un desastre natural, sino también de comunidades cuyos medios de vida en general se deterioran en contextos donde los impactos ambientales se combinan con otras formas de vulnerabilidad.
Migrar siendo mujer: desigualdades, violencia y cuidados
Cada vez más mujeres se desplazan de forma autónoma en busca de oportunidades laborales, para garantizar la subsistencia de sus hogares o para escapar de contextos de violencia, discriminación o persecución. Según ONU Mujeres, las mujeres representan aproximadamente el 48% de las personas migrantes internacionales a nivel mundial. La movilidad puede ampliar su autonomía y sus oportunidades económicas, pero las desigualdades de género continúan influyendo en las distintas etapas del proceso migratorio.
No obstante, la autonomía en la decisión de migrar no elimina las brechas existentes. En muchos casos, las mujeres parten con menos recursos económicos y enfrentan mayores dificultades para acceder a documentación, empleo formal o redes de apoyo. Estas dificultades condicionan tanto la planificación del viaje como las posibilidades de reconstruir un proyecto de vida en otro lugar.
A estas desigualdades se suma una mayor exposición a distintas formas de violencia. Las mujeres en situación de movilidad pueden enfrentar violencia basada en género, trata de personas, explotación laboral y trabajo forzoso durante diferentes etapas de la migración. Estos riesgos se intensifican para quienes se desplazan sin documentación o por rutas irregulares y pueden continuar en los países de tránsito y destino. González Sánchez citó una cifra concreta del informe: «el 22% de las mujeres que encuestamos huyó de sus países tras haber experimentado episodios de violencia de género».
En este marco, Miriam González Sánchez relató a Refugio Latinoamericano el caso de una mujer salvadoreña cuyos cultivos se vieron dañados por una sequía persistente de varios años; ante la caída de sus ingresos, dejó la actividad agrícola y abrió una tienda de abarrotes. «Las pandillas en El Salvador comenzaron a exigirle el pago de una cuota que ella no pudo cubrir con las ganancias de su negocio de abarrotes porque este no era muy rentable», relató González Sánchez, y agregó que la mujer tenía tres hijos e hijas que alimentar. La extorsión terminó por obligarla a dejar el país. El caso muestra cómo un deterioro ambiental puede afectar los medios de vida y, al combinarse con violencia y falta de protección, reducir progresivamente las posibilidades de permanecer en el territorio.
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El cambio climático: multiplicador de las desigualdades
Para las mujeres, este cruce de factores tiene consecuencias particulares y mensurables. Según González Sánchez, «las mujeres reportaron tasas más altas que los hombres en ámbitos como la pérdida de empleo, la interrupción en el acceso a alimentos y al agua, la pérdida o daño en los cultivos y la incomunicación con el exterior».
A esa brecha en los impactos directos se suma el reparto desigual del trabajo de cuidados: ONU Mujeres señala que las mujeres y las niñas suelen asumir una parte desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado y que, en contextos rurales, las dificultades de acceso al agua pueden aumentar las tareas vinculadas con su abastecimiento. A ello se suma que las desigualdades en el acceso a recursos económicos, tierra y otros medios productivos pueden limitar su capacidad de adaptación frente a los impactos climáticos. El informe de IMUMI y la Clínica de Derechos Humanos de UC Berkeley documenta esta misma dinámica en la región. En palabras de González Sánchez, las mujeres «(…) son las que asumen mayores responsabilidades de estas tareas de cuidado y enfrentan mayores riesgos de explotación, por ejemplo, tras la destrucción de sus hogares por algún huracán o sequía».
Cuando la crisis climática deteriora los recursos disponibles, las tareas se vuelven más exigentes y consumen una mayor cantidad de tiempo y esfuerzo. La combinación de estas cargas con la pérdida de ingresos o de medios de subsistencia puede reducir las alternativas disponibles para las mujeres y sus familias, factores que las empujan a migrar.
La situación también pone en evidencia un vacío en los sistemas de protección internacional. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 establece que una persona puede ser reconocida como refugiada cuando existe un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. En América Latina, la Declaración de Cartagena de 1984 amplió esta definición para incluir, entre otros supuestos, a quienes hayan huido de su país debido a circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Aunque el valor de esta declaración es de carácter no es vinculante por sí misma, su definición ha sido incorporada a las legislaciones de numerosos países de la región.
El marco regional se actualizó además con la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adoptada el 29 de mayo de 2025 y notificada el 3 de julio de 2025, sobre emergencia climática y derechos humanos. En su párrafo 433, la Corte estableció que los Estados deben contar con mecanismos legales y administrativos efectivos para garantizar la protección jurídica y humanitaria de las personas desplazadas a través de fronteras internacionales por los efectos del cambio climático. Entre las posibles herramientas menciona visas humanitarias, permisos de permanencia temporal y mecanismos de protección internacional, junto con garantías contra la devolución cuando corresponda.
Sobre el alcance real de esta opinión, González Sánchez aclaró: «lo que pasa con las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que estrictamente no son vinculantes para los Estados que forman parte del Sistema Interamericano, pero sí que les sirven para orientar o aclarar el alcance de la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados». Sobre su aplicación en el país fue igual de directa: «En México como tal no ha habido una aplicación real de esta opinión consultiva y estrictamente el Estado mexicano no está obligado a que exista esa aplicación», aunque la calificó como «una opinión bastante progresista» que el Estado debería tomar en cuenta.
De hecho, González Sánchez subrayó que la propia opinión recoge medidas que IMUMI también propone: «esta opinión destaca la responsabilidad compartida entre los Estados, la responsabilidad consular, también algo que nosotros recomendamos en el informe: la emisión de visas humanitarias para las personas que son desplazadas por motivos climáticos».
Por eso el punto crítico hoy está también en la distancia entre los marcos jurídicos existentes y su aplicación efectiva. El informe identifica brechas entre la legislación, las políticas públicas y las prácticas de protección en México. El estudio señala que algunas vías humanitarias previstas para personas afectadas por desastres se conceden con poca frecuencia y que los factores climáticos pueden quedar subregistrados en las solicitudes de protección.
A partir de estos hallazgos, IMUMI plantea tres recomendaciones concretas. «Es muy importante que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados emita lineamientos para incluir los impactos climáticos en el análisis del reconocimiento de persona refugiada», señaló González Sánchez.
La segunda es que la protección se diseñe con perspectiva de género, dado que las mujeres enfrentan riesgos diferenciados; y la tercera, que el Instituto Nacional de Migración de México garantice la entrega regular de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias para personas afectadas por los efectos adversos del cambio climático, de modo que, según señaló, «puedan estar en México sin estar en situaciones de riesgo».
Lejos de tratarse de un problema futuro, la relación entre cambio climático y migración ya forma parte del presente. Las respuestas no deben limitarse a la gestión de emergencias ambientales: también deben garantizar el acceso a derechos, la protección frente a la violencia y la participación de las mujeres en las decisiones sobre las estrategias de adaptación y movilidad. Como sintetiza González Sánchez: «El cambio climático no es solo algo ambiental, también es un tema de derechos humanos y de acceso a protección».
Las proyecciones muestran que estas dinámicas podrían intensificarse en las próximas décadas. El informe Groundswell Part II: Acting on Internal Climate Migration, publicado por el Banco Mundial en 2021, estima que, bajo un escenario de referencia pesimista, hasta 216 millones de personas podrían convertirse en migrantes climáticos internos para 2050 en seis regiones del mundo. Para América Latina, la proyección alcanza los 17,1 millones de personas.
Los datos reflejan la tarea pendiente de construir políticas que reconozcan la estrecha relación entre movilidad humana y crisis climática y que contemplen que sus impactos no se distribuyen de manera igualitaria. Incorporar una perspectiva de género en las políticas de protección y movilidad será fundamental para reducir las desigualdades que condicionan las posibilidades de las mujeres frente a un clima cambiante. Como advierte González Sánchez: «detrás de todos estos datos, de todos estos testimonios que nosotras recogemos en nuestro informe, hay historias de personas que tal vez no querían desplazarse, que tal vez no querían salir de sus países de origen, pero que no tuvieron otra opción».
Imagen de portada: asesoría a mujeres y familias migrantes que han llegado a México en busca de protección internacional | Foto: Archivo IMUMI
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Licenciada en Periodismo. Se desempeña como redactora y coordina talleres de escritura, brindando asesoramiento en la producción y desarrollo de textos literarios.
